Y ahora, ¿desde dónde van a pedir visas los migrantes para entrar a Estados Unidos? (La Jornada, Contraportada)
La tragedia de migrar, siendo un jodido latinoamericano, muta de nacionalidades y caminos, según coyunturas y políticas migratorias, como si fuera agua maldita repartida en algún bautizo: ayer le tocaba a los mexicanos, después a los centroamericanos, antier a los haitianos y hoy a los venezolanos. El punto es que nos acostumbramos –o nos convencieron– a que para los empobrecidos migrar es transitar entre círculos del infierno.
La Cepal calculó que durante 2020 en América el número de personas que vivían en un país que no era suyo estuvo cerca de 43 millones, principalmente en Estados Unidos y Canadá (59.5 por ciento). La migración ha crecido radicalmente en los últimos 10 años, principalmente hacia Norteamérica pero con más intensidad el último quinquenio. No obstante, la población emigrada en nuestro continente es sólo 6.6 por ciento del total de la población, y su tránsito lo convertimos en un calvario.
Lo cierto es que migrar no debería ser un rosario de violaciones, ultrajes y robos por estados y particulares sobre las familias; lo que dibuja el andar de los migrantes latinoamericanos es un continente convertido en una escalera que termina en Norteamérica. Antes, el primer escalón se asentaba en El Salvador, Guatemala y Honduras, en el último año, está mucho más al sur, en las trochas de los límites entre Colombia y Venezuela o en Ecuador, se adentran al Tapón del Darién entre Panamá y Colombia, y andan todo un continente hasta llegar al muro entre México y Estados Unidos.
En sólo septiembre pasado, 48 mil caminantes recorrieron 100 kilómetros del cruce del Darién, la profunda selva entre Colombia y Panamá, de los cuales 80 por ciento fueron venezolanos; 187 mil venezolanos llegaron a la frontera México-Estados Unidos entre octubre de 2021 y septiembre de 2022.
La oficina migratoria en Panamá calculó 15 venezolanos en los primeros cuatro meses de 2021; este mismo cálculo un año después fue de mil 100. La migración de cubanos, nicaragüenses y venezolanos se cuadruplicó entre 2021 y 2022, pasando de 94 mil a 438 mil en un año. Los colombianos son los siguientes en la lista, en una corriente silenciosa que está desocupando los barrios del país.
El escalón panameño está monitoreado. Esta semana estuvo la jefa del Comando Sur de Estados Unidos, Laura Richardson, visitando la frontera colombo-panameña para revisar los protocolos de seguimiento de estos migrantes, a quienes se les hace captura biométrica por el gobierno de Panamá.
El escalón mexicano hace lo suyo, el fiscal propuso dejar a la recién inaugurada Guardia Nacional la captura de migrantes y registrar de cerca a defensores de derechos humanos que los apoyan en el camino. En enero de 2022, este país impuso visa a los venezolanos por lo que disminuyó el flujo por aire y detonó a niveles sin precedentes el paso por el Darién colombo-panameño que ha resultado en la denunciada calamidad humanitaria.
Adicionalmente le está exigiendo a los colombianos que entran a México rellenar previamente un formato con su información personal, que no se sabe adónde va a parar.
A mediados de este año un periodista colombiano fue detenido y deportado. Denunció que en el interrogatorio participó un funcionario del gobierno de Estados Unidos, quien le revisó los celulares y sus documentos. No sobra seguir advirtiendo que la vulneración de derechos en los cuartos de las oficinas migratorias de los aeropuertos hacia colombianos y sus deportaciones han sido una queja cada vez más crítica, lo que contrasta con que aún no se define quién es el embajador de Colombia en México.
Como en los mejores tiempos en Colombia, cuando el gobierno estadunidense asperjaba con glifosato extensas regiones y en sus presupuestos Usaid ya incluía el pago de daños por aspersión, con la injerencia en Venezuela ocurre igual. El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró un apoyo reciente de 817 millones de dólares para la asistencia a migrantes, y Usaid en Colombia tiene como su principal rubro la “atención humanitaria” tras la crisis de migración venezolana. Pero las deportaciones arrecian. Ahora, el gobierno estadunidense anunció 24 mil visas –con restricciones– para venezolanos, cifra nimia frente a la magnitud del flujo de personas. La crisis no es la migración, la crisis está en el poder.
El 25 de noviembre se realizará en Oaxaca la cumbre de la Alianza del Pacífico, donde participarán los gobiernos de Perú, Chile, Ecuador, México y Colombia. Ojalá una migración digna esté en la agenda y logremos que la escalera en la que nos convertimos como continente pueda subirse y bajarse como un juego de Rayuela pero al revés, donde el cielo esté en nuestras montañas, selvas y ríos, y una que otra piedrita nos lleve –cuando nos venga en gana– a las tierras gabachas. (Estefanía Ciro, La Jornada, Opinión, p. 22)
(…) Desde 1940, los militares han sido formados para respaldar la democracia, no para gobernar. El diálogo, el debate, los consensos y el ejercicio de la política en general no les están permitidos por las leyes, al grado que ejercer esos derechos se considera contrario y opuesto a los deberes y quehaceres militares. Basta ver al respecto el artículo 129 constitucional, el 17 de la ley de disciplina del Ejército y fuerza aérea; el 28, 31, 42 y 92 del reglamento general de deberes militares y el 174 de la Ley Orgánica del Ejército, entre otros.
Si al Presidente —en su habitual y quizá único eje político interpretativo de “ganar o perder”— le estorban la Constitución y las leyes, debería ser más consciente de que su principal responsabilidad histórica como servidor público será apegarse a la Constitución para no equivocarse.
Es notable registrar el reciente discurso del secretario de la Defensa en Chapultepec al reiterar obediencia a su comandante supremo, el presidente de la República. Si en un futuro el Ejército es motivo de investigación por el desempeño en aduanas, AIFA, Tren Maya, Dos Bocas, Migración, Guardia Nacional, o en áreas de inteligencia, salud, turismo, etc., se colige que será inherente a la responsabilidad del comandante supremo.
En el sexenio de Vicente Fox la investigación por los trances dolorosos del 68 y el 71 empezó con su comandante supremo el expresidente Echeverría.
Inmerso en la militarización y después de cuatro años de demoler instituciones, el gobierno se enfila contra el INE como árbitro electoral ciudadanizado. Si logra sus fines habrá logrado romper toda transición democrática, reconstruyendo un régimen de partido de Estado, con poderes centralizados, un gobierno de espalda a normas de transparencia y de rendición de cuentas y sin apego a las normas electorales (…) (Ignacio Morales Lechuga, El Universal, Opinión, p. 15)
La elección intermedia de Estados Unidos en menos de dos semanas es la primera que se celebra a la sombra de una intentona de golpe de Estado en ese país. Será la primera que ocurre a partir de una decisión de la Suprema Corte que no solo evisceró un derecho establecido desde hace medio siglo sino que amenaza con rescindir otros. Y a raíz de que uno de los dos partidos políticos del país se ha dedicado a cuestionar el resultado electoral de 2020, a socavar metódicamente las premisas del derecho al sufragio y de quién cuenta los votos y a suprimir el voto de minorías, será la primera en la cual la verdadera naturaleza de la democracia y gobernanza estadounidenses estarán en juego en las boletas. Los votantes estadounidenses no han enfrentado desde 1860 una decisión con consecuencias tan onerosas como ahora.
Una muy alarmante encuesta de la semana pasada del New York Times/Siena Poll lo refleja de manera palmaria. Los votantes creen abrumadoramente que la democracia estadounidense está bajo amenaza, pero parecen notoriamente apáticos ante ese peligro, y pocos lo identifican como el problema más apremiante de la nación. De hecho, más de un tercio de los votantes independientes y un contingente más pequeño pero relevante de votantes que se identifican como Demócratas dijeron que estaban abiertos a apoyar a candidatos que rechazan la legitimidad de las elecciones de 2020, asignando mayor urgencia a sus preocupaciones sobre la economía que a los temores sobre el destino del sistema político del país.
La encuesta además demuestra que las dudas sobre las elecciones que han infectado como un virus a la política estadounidense desde la contienda de 2020 muestran todos los signos de persistir en el futuro: 28 por ciento de todos los votantes registrados, incluido 41 por ciento de los Republicanos, dijeron que tenían poca o ninguna fe en la validez de las elecciones legislativas este noviembre. La llamada “experiencia americana”, con sus mitos fundacionales y nacionales y sentido de “excepcionalismo”, parecen cegar a muchos estadounidenses ante la creencia de que su democracia está en peligro. En pocas palabras, demasiados aún piensan que “eso no puede pasar aquí”, cuando la verdad es que quizá ya empezó a ocurrir. Y con una potencial recesión en puerta en EE.UU, me recuerda mucho a las condiciones políticas, sociales, económicas e ideológicas -y los pactos faustianos que ésas generaron- en la Alemania de la República de Weimar camino a las elecciones de 1932. Pareciera que es así como muere una democracia: encogiéndose de hombros.
Pero así como lo que está en juego para los estadounidenses con estos comicios es existencial, para México la elección intermedia es también un momento de inflexión potencial. No solo porque, como he apuntado reiteradamente, a diferencia de Las Vegas, lo que sucede en EE.UU no se queda en EE.UU; es por el impacto inmediato que un Congreso, en el cual ciertamente la Cámara de Representantes -y potencialmente, el Senado- estará controlada a partir de enero de 2023 por el Partido Republicano, tendrá para la conducción de la agenda bilateral entre Estados Unidos y nuestro país. De entrada, el fantasma de una nación crecientemente autoritaria y antidemocrática es pésima noticia para la prosperidad, bienestar y seguridad de México y de los mexicanos a ambos lados de la frontera, factores que dependen -como con ningún otro país- de esa relación con nuestro vecino.
Ello es particularmente preocupante porque la panza de un Partido Republicano hoy trágica y crecientemente nativista, xenófobo, extremista, autoritario y anti-democrático, viene preñada de la piñata político-electoral mexicana, que es muy atractiva y que rinde dividendos en las urnas y en la movilización electoral. Si no pregúntenle a Trump y a los gobernadores de Texas y Florida que regurgitan ahora el manual de juego del ex mandatario. Y si algunos de ustedes, como yo, consideran que el parteaguas que significaron los comicios presidenciales de 2016 -cuando por primera vez en la historia moderna de EE.UU México jugó un papel “estelar” en su narrativa electoral- fue un nadir en términos de las percepciones y narrativa públicas acerca de nuestro país en ése, el futuro en el mediano plazo podría ser poco halagüeño.
Pero complicando aún más el cuadro, lo que ocurra en el legislativo tendrá un impacto inmediato y podría sentar el tono de cómo se encare la relación bilateral a ambos lados de la frontera, sobre todo en momentos cuando las dos naciones se encarrilen a elecciones presidenciales simultáneas, como ocurre cada 12 años, en 2024. Hay que subrayarlo sin rodeos: nunca en tiempos modernos, desde ese momento de tensión y recriminación detonado en 1985 por el asesinato de un agente de la DEA en suelo mexicano, había sido tan disfuncional como lo es ahora la relación entre un titular del Ejecutivo mexicano y el Congreso estadounidense. Se dice fácil pero en ninguno de los viajes del Presidente López Obrador a Washington se ha reunido éste con el liderazgo bicameral o con legisladores de ambos partidos; esto nunca había ocurrido en las últimas tres décadas. Y a la ya de por sí deteriorada relación con legisladores Demócratas como resultado de la percepción de que el presidente mexicano apostó por Trump y su reelección, ahora, en los últimos meses, se ha sumado el creciente antagonismo de legisladores Republicanos a raíz de los posicionamientos de López Obrador con respecto a Cuba, Venezuela y Nicaragua, el boicot a la Cumbre de las Américas arropando a esos tres regímenes y sobre todo por los ataques ad hominem a congresistas del GOP, con nombre y apellido.
Hay que recordar que en el sistema estadounidense, el partido que obtiene la mayoría en cualquiera de los dos recintos, Cámara o Senado, ocupa todas las presidencias de los comités y subcomités en el Congreso, y por ende controla y determina la agenda legislativa. Por ejemplo, el Representante Republicano por Texas, Michael McCaul, quien se perfila, con el triunfo y mayoría segura del GOP en la Cámara como el siguiente presidente del Comité de Relaciones Internacionales de ese recinto, ha calificado la estrategia de seguridad pública del presidente mexicano como una amenaza a la seguridad nacional de su país.
Con la creciente inquietud por los resultados de las políticas públicas mexicanas en materia de seguridad; el trasiego de fentanilo (al que los Republicanos ya bautizaron en sus campañas como el “fentanilo mexicano”); las demandas de que Biden canalice los recursos que está otorgando a Ucrania para defenderse de la agresión rusa para confrontar lo que caracterizan como la “verdadera amenaza” a la seguridad de EE.UU, que es la frontera mexicana; los ataques a la permisividad migratoria mexicana y la “invasión” que estamos “facilitando”; las lecturas en torno al hackeo a la Sedena; o con el proceso de consultas entre EE.UU y México en materia energética al amparo del TMEC (muchos de los legisladores Republicanos que asumirán presidencias en los comités y subcomités de la Cámara -y del Senado en caso de que también le arrebaten a los Demócratas la mayoría ahí- son de estados y distritos con fuerte presencia de empresas energéticas fósiles y renovables), la multiplicación de frentes en la agenda bilateral podría volverse exponencial a partir del próximo año.
Y el freno de mano que hoy, a pesar de los cuestionamientos de legisladores Demócratas, le ha puesto la Casa Blanca a su bancada para no hostigar del todo al mandatario mexicano y torpedear la voluntad mexicana de seguir cooperando con la administración en materia de controles migratorios, desaparecería con una mayoría Republicana dispuesta a minar en todo lo posible al Presidente Biden en la antesala de la elección presidencial. Por si fuera poco, la reelección casi segura en noviembre del gobernador de Texas, Gregg Abbott, quien aspira a la nominación de su partido en 2024 si Trump decide no contender -o llegase a encontrarse legalmente imposibilitado de hacerlo- no tendrá tapujo alguno en seguir recurriendo a los gimmicks que ha instrumentado en su interacción con México.
Toda elección conlleva consecuencias. Lo que está en juego para México, más allá de preferencias o sesgos ideológicos que uno u otros podamos tener, o de aquellos que en nuestro país han bebido el Kool Aid naranja del trumpismo, es enorme y obligan al gobierno a recalibrar posturas y, junto con sector privado y sociedad civil, a poner las barbas a remojar. (Arturo Sarukhán, El Universal, Nación, p. 15)
El próximo 4 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebrará una audiencia para determinar si los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de los Estados Unidos utilizaron el poder del Estado para matar a Anastasio Hernández Rojas, encubrir el homicidio y negar a la familia el acceso a la justicia.
En mayo de 2010, durante su proceso de deportación en la garita de San Ysidro en la frontera de Baja California y California, Anastasio, que llevaba viviendo en EU desde sus 15 años —en 2010 tenía 42—, tenía una mujer, madre de sus cinco hijos, María Puga. Lo habían arrestado y ahora lo deportaban.
Esposado, los agentes de la policía migratoria lo patearon, le quitaron los pantalones para utilizar una pistola taser, lo golpearon con sus bastones hasta que terminó en el hospital, donde murió dos días después. Como George Floyd pero muchos años antes.
Tres años después, el Departamento de Justicia anunció que no habría acusaciones contra los oficiales y que la fuerza utilizada había sido “razonable”.
Desde entonces María Puga, acompañada de varias organizaciones defensoras de derechos humanos, ha llevado el caso a varias instancias y ahora llega a la CIDH. En estos años se ha descubierto que en la primera investigación se ocultaron, alteraron y manipularon pruebas para obstruir las investigaciones.
Esta es la primera ejecución extrajudicial cometida por Estados Unidos que la CIDH somete a revisión. La CIDH ya estableció que la familia demostró violaciones de derechos humanos vinculadas a la tortura y asesinato de Anastasio. Se solicita a la CIDH que examine el estándar de uso de la fuerza en los Estados Unidos, que se basa en la “razonabilidad” en lugar del estándar internacional de derechos humanos de “necesario y proporcionado”. Si la CIDH falla favorablemente en este caso, podría marcar un punto de inflexión para la protección de los derechos humanos y allanar el camino para reformas al estándar del uso de la fuerza en los Estados Unidos.
En la audiencia se presentará, entre otros, el testimonio de James Tomsheck, ex jefe de Asuntos Internos de Customs and Border Patrol, uno de los cuatro funcionarios estadunidenses que presentaron declaraciones en apoyo de este caso.
Los abusos y barbaridades contra los migrantes son cosa de muchos años y casi de todos los días. Ningún caso había llegado a una instancia como la CIDH, de ahí su relevancia y posibles consecuencias. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)