El trato diplomático entre México y Estados cambiará sustancialmente con la llegada de Joe Biden a la presidencia. Para empezar, se romperá con la anomalía de que el yerno del mandatario fuese el principal interlocutor en la relación bilateral. Con seguridad ya no habrá una figura como la de Jared Kushner para atender toda la gama de los asuntos que vinculan a los dos países. Lo que habrá en adelante serán puestos y funcionarios con encargos precisos en cada tema. Habrá nuevamente un Departamento de Estado coordinando a las distintas agencias que intervienen en la relación con México.
Por los nombramientos que se han anunciado hasta ahora se observa que Biden formará un gobierno plural y diversificado, con latinos, mujeres y afroamericanos en los primeros niveles del gabinete. Debe esperarse un equipo auténticamente profesional, como ya lo muestran las propuestas para ocupar el Departamento del Tesoro y los servicios de inteligencia. Esto, desde el punto operativo. Sin embargo, los cambios más relevantes tendrán lugar en el fondo de la política exterior norteamericana.
En algunos temas, México habrá de celebrar que se haya terminado la administración de Donald Trump y en otros aspectos, pondrá a prueba las capacidades diplomáticas y de negociación del gobierno mexicano.
En materia migratoria debemos esperar dos cambios significativos: un énfasis mayor de Washington para invertir en Centroamérica y detener desde la raíz el éxodo que cruza por nuestra frontera sur. Como Vicepresidente, Biden realizó un esfuerzo importante por ampliar la cooperación con los países del Istmo y generar los empleos que requiere la región. El segundo aspecto será revertir de inmediato las políticas de Trump de separación de las familias y denegación de procesos para otorgar o negar asilo a los migrantes. México tendría que analizar de una vez los escenarios que se perfilan, pues tendrán incidencia directa sobre la utilización de la Guardia Nacional en materia migratoria, en el manejo de la frontera sur, así como en la participación de nuestro país en programas de cooperación serios con la región. (Enrique Berruga Filloy, El Universal, Opinión, p.15)
El cambio de gobierno en Estados Unidos podría permitir a México recuperar su original política migratoria humanista que se vio forzado a modificar por las amenazas del presidente Donald Trump de lanzar una guerra comercial contra nuestro país.
Con el arribo del presidente Joe Biden, se podría replantear el diálogo con base en el respeto y el principio de responsabilidad compartida para acordar convenios regionales que permitan abordar el fenómeno de manera integral, no para controlar por la fuerza la migración en tránsito hacia Estados Unidos, sino como una oportunidad para impulsar el desarrollo en la región, como lo propuso en un principio el presidente Andrés Manuel López Obrador.
En este sentido, es coincidente la política migratoria del mandatario mexicano con la de Biden, quien siendo vicepresidente en el gobierno de Obama impulsó la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte, un plan de ayuda a Guatemala, Honduras y El Salvador que, mediante la mejora de sus condiciones de vida, buscó reducir el flujo migratorio de esos países hacia Estados Unidos.
Hace dos años, el 15 de noviembre de 2018 se celebró en Houston una reunión entre el designado secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, y su colega estadunidense, Mike Pompeo, para conversar sobre la migración centroamericana hacia Estados Unidos y negociar un acuerdo de tercer país seguro (ATPS).
Un ATPS consiste en que México (tercer país) estaría obligado a recibir de manera segura a solicitantes de asilo expulsados por Estados Unidos (segundo país) que son originarios de una nación centroamericana (primer país) que ingresaron al territorio estadunidense a través de la frontera mexicana.
La propuesta de tercer país seguro del gobierno de Trump fue contradictoria pues consideraba que México es un tercer país seguro para recibir a solicitantes de asilo, mientras que advertía que México no es seguro para viajar. (Agustín Gutiérrez Canet, Milenio, Opinión, p.8)
Aunque la relación entre Estados Unidos y México será menos ríspida de lo que algunos esperan, una de sus viejas-nuevas características que ofrecerá será la situación en México y sus efectos darán suficientes complicaciones como para recordar viejos tiempos.
Tras años de vínculos cada vez más institucionalizados, más amplios y profundos, representados en un creciente número de encuentros presidenciales, las llegadas de Donald Trump a la Casa Blanca y de Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional, marcaron un cambio.
Entre 1990 y 2016 los presidentes de Estados Unidos y México se reunieron en 52 ocasiones, una buena cantidad si se considera que entre 1900 y hasta agosto de 2020 hubo 85 encuentros.
Ciertamente no se trató de deshacer las relaciones, y los vínculos de colaboración se han mantenido hasta ahora, pero la prevalencia de las motivaciones políticas del Presidente fue muy visible en el caso estadounidense.
El cambio se marcó especialmente con las declaraciones de Trump sobre su propuesta de construir un muro en la frontera con México y las visitas que el entonces presidente Enrique Peña Nieto canceló por ese motivo, pero no impidió que la conexión y la colaboración se sostuvieran.
Las presiones de Trump continuaron con su política migratoria, en cuyo marco amenazó con imponer tarifas a la importación de productos mexicanos a menos que el gobierno de México, ya presidido por López Obrador, impusiera controles al paso de migrantes centroamericanos hacia EU.
Recientemente, el arresto del exsecretario de Defensa, el general Salvador Cienfuegos en Los Ángeles, obligó al gobierno López Obrador a presionar por su devolución a México para ser investigado aquí. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Opinión, p.28)
MIAMI, Fl.- A pesar de que el presidente López Obrador intervino en favor de la campaña de Donald Trump por su reelección, de nada tienen que preocuparse México ni el gobierno por la llegada de Joseph Biden a la Casa Blanca.
Lo único inaceptable para la nueva administración de este país, sería que el gobierno mexicano le haga el juego a la estrategia trumpista de torpedear a la administración Biden.
El equipo de política exterior de Biden estará ocupado en reconstruir el acuerdo nuclear con Irán, lo que tampoco será sencillo.
Y desde luego, tendrá que trabajar con denuedo para frenar el liderazgo chino que, siendo un régimen dictatorial, absorbió los espacios que abandonó Trump con su desastrosa política exterior.
¿México? La relación obviamente será fría, pero no mala. Profesional, como es el próximo presidente de Estados Unidos.
Habrá diferendos, desde luego. Y ahí nos van a aplicar la ley a secas. Medio ambiente, respeto a las empresas estadounidenses, a los acuerdos firmados. En fin, nada distinto a lo que ocurre entre países vecinos en cualquier parte.
Drogas. Ahí sí habrá problemas. Y también los íbamos a tener con un segundo periodo de Trump. Es un tema bilateral en el que más vale cooperar que confrontar, porque para México sería perder-perder.
Viene la legalización de indocumentados que ya viven en este país. Habrá protección a los dreamers.
Ningún niño será arrebatado de los brazos de sus padres, para extraviarlos luego, como ha sucedido con Trump.
México dejará de ser usado como garage donde Estados Unidos manda a los solicitantes se asilo, tengan la nacionalidad que tengan.
Nada de lo anterior será producto de la “magnífica relación entre ambos gobiernos”, como suelen adornarse los políticos. Será producto del índole humanista del presidente Biden, nada más.
La relación no será mala. Salvo que el gobierno mexicano asuma la agenda de Trump para debilitar a Biden. (Pablo Hiriart, El Financiero, Opinión, p.34)
Si el ranking de visitantes internacionales a los países es un tanto ocioso, debido a las reglas de medición de la Organización Mundial del Turismo (OMT), este año será más irreal debido a la pandemia.
Los expertos en ese tema en México, entre los que destacan Francisco Madrid, director del Cicotur, de la Anáhuac, sostienen que México no sólo se mantendrá dentro de los 10 más visitados en el año del covid-19, sino que, además, podría avanzar un escaño para llegar a la sexta posición.
Madrid dijo que dicha afirmación está implícita en la redacción de su reporte cuatrimestral de la Actividad Turística en México; pero que no lo escribió como una afirmación, pues hay un elemento de “intuición” que le quita rigor.
Así que resulta perfecto hacer ese análisis en una columna turística, que dista de ser un paper universitario.
El tema central es la flexibilidad mostrada por el gobierno mexicano para permitir la entrada de extranjeros, fundamentalmente estadunidenses, por la frontera norte.
Esto nos lleva a que la llegada de turistas internacionales haya caído 47.2% hasta agosto, contra los primeros ocho meses de 2019, sumando 15.7 millones de llegadas.
Mientras la caída de turistas no fronterizos fue de 56.9%; de los aéreos, 58.9%, y de los fronterizos “sólo” 35.8 por ciento.
Con ese nivel de arribo de viajeros fronterizos es probable que el próximo año, cuando la OMT dé a conocer su ranking, México se mantenga, al menos, como el séptimo más visitado. (Carlos Velázquez, Excélsior, Opinión Dinero, p.6)
Es innegable que la participación sin precedente de votantes latinos y jóvenes impulsó la victoria de Joe Biden en la contienda presidencial, en especial en estados como Arizona, Michigan, Pensilvania, Wisconsin y Nevada. Ahora nuestras comunidades tienen un claro mensaje para Biden: necesitamos restitución para los inmigrantes, acciones ejecutivas y legislación para protegerlos de inmediato. No esperaremos.
Biden necesita actuar de inmediato para promover la justicia para los inmigrantes. Desde los primeros momentos de su ingreso en la Casa Blanca, Donald Trump recurrió a la acción ejecutiva para promover su agenda nacionalista blanca y antinmigrante. En su primera semana, emitió una extensa prohibición de ingreso a musulmanes y refugiados y otra orden ejecutiva dirigida a los inmigrantes indocumentados. Tenía dos objetivos: evitar la entrada de inmigrantes negros y morenos, y hacer que los indocumentados que estaban en el país pudieran ser deportados de inmediato.
Mirando en retrospectiva, las órdenes ejecutivas iniciales de Trump en enero de 2017 marcaron de inmediato la pauta y agenda de cómo operaría su administración, enemiga de los inmigrantes. Fue una horrible anticipación de los cuatro años siguientes: asesinato de inmigrantes por agentes de la ICE y la Patrulla Fronteriza, familias separadas en la frontera, niños encerrados en jaulas, esterilización forzada de mujeres inmigrantes, esfuerzos por destruir el DACA y el estatuto de protección temporal, y nuevas restricciones sobre el número de extranjeros que pueden ingresar legalmente a la nación.
Ahora Joe Biden debe realizar acciones ejecutivas rápidas, no sólo para reparar el daño infligido por Trump a comunidades inmigrantes, sino también para crear un país mejor.
Después de una incansable organización y presión de la juventud inmigrante, Biden se comprometió durante su campaña a adoptar políticas que protejan a sus comunidades. Acordó poner fin al uso de instalaciones de detención de propiedad privada, frenar las deportaciones durante los primeros 100 días de su gobierno, expandir las protecciones para personas indocumentadas, presentar iniciativas de ley que abran camino hacia la ciudadanía, y garantizar asistencia médica gratuita a todas las personas, independientemente de su estatus migratorio, durante una pandemia como la de Covid-19.
Para el gobierno de Biden, la acción ejecutiva será la ruta más clara y rápida para avanzar en este tema. Pero el mandatario deberá también impulsar al Congreso para asegurar que todos los inmigrantes estén incluidos en el próximo paquete de asistencia por el Covid-19, sea cual fuere el partido que controle el Senado. Debe utilizar el periodo de transición para planear una serie de órdenes ejecutivas referentes a la inmigración y al Covid-19 que se puedan poner en marcha en enero de 2021. Al mismo tiempo, debe presionar a los líderes del Congreso para colocar a los inmigrantes en el centro de la próxima agenda legislativa federal. (Greisa Martínez Rosas, la Jornada, Opinión, p.32)