La educación inclusiva en México ante el fenómeno migratorio
La migración es un fenómeno multifactorial, tan antiguo como la propia humanidad y tan complejo que debe atenderse desde diversas ópticas y en sus diferentes contextos, en los que una población es orillada a buscar mejores condiciones de seguridad y de vida.
El vecino del norte ha sido el que presenta un mayor flujo migratorio; según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el corredor México-Estados Unidos es el más transitado del mundo en general y de América Latina en particular. En este sentido los datos de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, arrojan que en nuestro país se han registrado 120 mil niñas, niños y adolescentes en situación migrante que en su mayoría viajan en solitario sin ningún adulto familiar que los acompañe, procedentes de Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua, a los que recientemente se ha sumado la población haitiana.
La salida de origen y la llegada a cualquier región o país, es acompañada por una abrumadora carga de incertidumbre, en donde la educación quizá tenga incluso la menor de las prioridades ante otras necesidades como las fisiológicas, sin embargo, por ser considerada como una herramienta fundamental de protección de la dignidad humana y el mejor instrumento con que pueden contar los migrantes para integrarse a la sociedad que los acoge, la mayoría de los países tienen la obligación de dar servicios educativos y destinar recursos financieros para que nadie se vea privado de las competencias escolares, sin discriminación alguna e independientemente de su situación jurídica.
En el marco de la Nueva Escuela Mexicana, actualmente el Gobierno Federal opera acciones y programas de enseñanza con calidad, equidad e inclusión para estudiantes migrantes, como lo son: “Educación sin Fronteras “con el que podrán alfabetizarse hasta certificar la educación primaria y secundaria mediante la colaboración con organismos internacionales, públicos, privados y sociales, y el “Programa Binacional de Educación Migrante” que les permite la continuidad educativa en ambos lados de la frontera, como resultado de la colaboración binacional entre México y Estados Unidos.
Así mismo, el Gobierno Federal anunció recientemente la iniciativa “Construye aquí tu futuro. México te da la mano”, como una extensión del programa “Jóvenes Construyendo el Futuro” que busca la reintegración social y productiva de jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que sean retornados a nuestro país. Los connacionales repatriados recibirán una beca mensual para capacitarse y desarrollar o fortalecer hábitos laborales y competencias técnicas aprendidas en el exterior e incrementar sus posibilidades de empleabilidad.
Por su parte la Secretaría de Educación Pública, en coordinación con UNICEF, la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y la Cooperación Alemana al Desarrollo en México, realiza el proyecto “Inclusión educativa para niñas, niños y adolescentes en situación de migración”, con la finalidad de promover el acceso a la educación básica de las niñas, niños y adolescentes migrantes, incorporándolos a las escuelas del país.
La migración, por ser una constante a nivel mundial debido a una profunda desigualdad económica y social, nos exige buscar para las personas migrantes y refugiadas, su necesaria integración y las mejores oportunidades de desarrollo, con dignidad y protección a sus derechos humanos, en donde el acceso a la educación sea ampliamente reconocido para actuar en consecuencia y podamos edificar una sociedad mundial más incluyente y la solidaria. (Ulises Lara López, La Crónica de Hoy, Columnistas, p.5)
Todos somos el tomo 221
“Somos el tomo 221: las víctimas, los peritos independientes, los periodistas, los defensores”. Con estas palabras, Ana Lorena Delgadillo, defensora de derechos humanos, resumió el hallazgo del tomo 221 de la investigación que la subprocuraduría especializada en delincuencia organizada inició en contra suya, de Marcela Turati, periodista, y de Mercedes Doretti, antropóloga forense, en 2016. El delito del cual se les acusaba a estas personas era el de secuestro y delincuencia organizada respecto al caso de San Fernando en el que más de 72 migrantes fueron brutalmente asesinados en 2010. Y, ¿cómo fue posible que las propias víctimas que denunciaron, que una defensora, una periodista y una forense que dedicaron su tiempo y su esfuerzo para apoyar la investigación de este caso fueran ellas mismas las investigadas? Una palabra lo resume todo: la impunidad.
Pero esta impunidad puede explicarse de mejor manera volteando a ver el centro de la misma: la labor de las fiscalías. En México vivimos una crisis de impunidad por la labor de las fiscalías. En algunos casos tiene que ver con temas de falta de personal, falta de organización, de capacitación, de modelos de gestión, pero no podemos dejar de lado que también vivimos una crisis de impunidad porque las autoridades encargadas de investigar los delitos que ocurren están coludidas con las personas que los cometen. Esa es la verdadera delincuencia organizada, la que no distingue entre personas del Estado y criminales, la que al final busca hacer valer sus intereses a través de la violencia y que esperan que nunca se conozca la verdad ni se obtenga justicia para estos casos.
El hallazgo de este tomo de investigación, en el que se encontró evidencia de cómo la entonces PGR destinó recursos valiosos para investigar y rastrear la ubicación de los que deberían ser protegidos y escuchados, debería alarmarnos a todos. Porque manda una señal muy preocupante a todas las víctimas, defensores, periodistas y peritos en este país: el de que las instituciones de justicia no sólo no están de su lado, sino que podrán serán usadas en su contra. Esto sigue ocurriendo no sólo porque no se investigan los delitos que ocurren, sino porque tampoco se investiga a las autoridades que son cómplices de estos delitos y que con su actuar acaban poniendo en peligro a las personas e instituciones que se dedican a llegar a la verdad de estos casos. Por eso no podemos soltar la denuncia que se interpuso esta semana en contra de las autoridades al frente de esta investigación ilegal contra periodistas, defensores, peritos y víctimas.
Muchas cosas tiene de preocupante este caso: el saber que probablemente no es el único, que hay muchos otros activistas, defensores y peritos siendo investigados actualmente. El pensar que algunas de las autoridades que realizaron esta investigación ilegal están todavía en la FGR. Así como la impotencia de saber que este tipo de investigaciones tan urgentes y puntuales las podrían estar realizando sobre los casos reales de desaparición de personas.
Cuando le cuento a la gente sobre mi trabajo, casi siempre me dicen: ¿cómo es posible que te dediques a eso? Siempre les respondo lo mismo: porque creo que podemos vivir en un país más justo y menos violento si cada quien desde su lugar hacemos un poco por cambiar la realidad tan desigual, injusta y violenta en la que vivimos. Pero esto no podrá ser el caso si nosotros como sociedad no defendemos a todas las personas que han sufrido una injusticia y a todas las personas que dedican sus esfuerzos y su vida a defender a estas personas. No son solo las víctimas de San Fernando, Ana Lorena, Marcela y Mercedes, somos todos. Esa denuncia es un caso por el que todos tenemos que protestar por que se haga justicia, porque todos somos el tomo 221. (Irene Tello arista, El Universal, Opinión, p.20)
Desde Afuera / Honduras: Elecciones y perspectiva
El 28 de noviembre, los hondureños irán a las urnas para votar en la que se considera ya como una de las elecciones más importantes en la historia del país.
Será, dicen algunos, como optar entre la incertidumbre y la ruina.
Pero son también unos comicios que pueden tener un enorme impacto regional. Honduras no sólo se ha convertido en motivo de preocupación regional por la aparente influencia de grupos narcotraficantes, sino como origen de caravanas de migrantes sin documentos rumbo a Estados Unidos.
En 2017, las elecciones fueron el eje de acusaciones de fraude y ciertamente de un hecho desagradable: el presidente Juan Orlando Hernández y sus partidarios lograron reformar la Constitución para permitir su reelección, luego de que, en 2009, auspiciaron el derrocamiento de Manuel Zelaya con pretexto de que pretendía ese cambio. Y Hernández era entonces el presidente del Congreso.
Ahora la elección enfrenta al gobernante Partido Nacional, al que se atribuyen una corrupción generalizada y vínculos con el narcotráfico, a comenzar por el propio presidente Hernández, incluido en investigaciones estadounidenses, según revelaciones en 2019; su candidato Nasry Tito Asfura es el alcalde de Tegucigalpa, la capital del país, y está bajo indagación por el desvío de más de un millón de dólares de fondos municipales.
Del otro, está Xiomara Castro, esposa del depuesto expresidente Zelaya, candidata del partido Libertad y Refundación (LIBRE) y es la candidata favorita. Varios partidos más pequeños se han unido a lo que es efectivamente una coalición de izquierda, pero, sobre todo, una expresión de rechazo al partido Nacional y sus tácticas.
Un tercer candidato, Yani Rosenthal, del partido Liberal, aparece al último en las tendencias.
Ciertamente las últimas encuestas muestran a Castro con una ventaja sobre Asfura, pero dos factores pueden influir en esa situación. Por un lado, el gobierno inició el reparto de “bonos” de ayuda a los pobres y negocios pequeños por ocho mil lempiras, en lo que el comentarista Rodolfo Pastor calificó como una estrategia en la que “el diablo compra al pobre con lo que le robó”.
Por otro, el fantasma del “comunismo” evocado por los partidarios de Asfura se reflejó la semana pasada en una manifestación contra Castro y sus aliados. El partido también presenta posiciones antiabortistas. Si la compra de votos y los temas conservadores serán suficientes para cambiar la que parece una tendencia favorable, pero no absolutamente mayoritaria hacia Castro, está por verse.
Hay una preocupación creciente respecto al proceso electoral y su desarrollo, también sobre lo que ocurrirá después: las diferencias ideológico-políticas, sociales y económicas auguran problemas y ninguno de los candidatos parece tener capacidad para ofrecer estabilidad a un país enfermo de corrupción, pobreza, violencia y problemas de medio ambiente. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p.35)

(De la Torre, Excélsior, Nacional, p.18)