Si una relación binacional ha sido compleja durante el año que estamos por despedir, es la de nuestro país con Estados Unidos y su veleidoso mandatario.
Campaña electoral de por medio, Trump ha puesto a trabajar horas extra a nuestro Gobierno; lo mismo para contener a migrantes que buscan su frontera sur que a componer la política laboral para destrabar el escurridizo T-MEC o para mostrar la puerta de salida a Evo Morales y apaciguar ánimos injerencistas
Sin embargo, la relación nacional más erosionada en el mismo periodo ha sido con Bolivia. A partir de la decisión de la 4T de dar asilo al renunciante mandatario boliviano, la tensión entre ambas soberanías crece y ni la partida de Morales la mitiga. (Carlos Urdiales, La Razón, Opinión, p.5)
El primer antihéroe de 2019 es Sebastián Piñera, todavía presidente de Chile. Como recordarán, queridos lectores, dicho país atraviesa un fuerte desequilibrio social —político y económico— que ha llevado a las calles a miles de ciudadanos quienes, en el ejercicio legítimo de su derecho a la protesta, exigen una reestructuración al presidente. Más allá de debatir si es adecuado el proyecto, si las fallas económicas son atribuibles a la Escuela de Economía de Chicago, o si los manifestantes causaron un trastorno en las calles, el asunto realmente perverso es la violenta respuesta del gobierno. Hasta hoy, más de 350 personas han perdido un ojo a manos de los policías; y, esto, no es una casualidad. Se trata, más bien, de una orden ejecutada por los carabineros, pero respaldada por el poder máximo del país. El gobierno de Piñera ha mutilado a sus opositores para mandar un mensaje cruelmente sonoro: o estás conmigo o te dejo tuerto.
El segundo antihéroe es Donald Trump. En esta ocasión lo sitúo en esta lista, pues la detención de niños migrantes en cárceles con condiciones mínimas de hospitalidad ha rebasado las fronteras de lo imaginable: campos de concentración para nuestros niños mexicanos, guatemaltecos y salvadoreños. (Valeria López Vela, La Razón Opinión, p.19)
Golpismo desesperado en Bolivia // Acoso a embajada mexicana // Temen que asilados se “fuguen”// Enojo por formas en Celac
El gobierno ilegítimo de Bolivia mantiene una inusual presión sobre la embajada de México en ese país, con la intención de conseguir que solicitantes de asilo ya instalados en esa sede diplomática, partícipes de la administración del renunciante Evo Morales, se entreguen para ser juzgados por tribunales locales. El exagerado despliegue de fuerzas policiacas y militares en torno a esa embajada obedece, también, al temor de que se estuviese organizando alguna maniobra de salida furtiva de esos solicitantes de asilo para internarse en un país cercano.
De manera oficial, la postura boliviana es de prevención ante eventuales ataques a la embajada mexicana: el secretario privado presidencial, Erick Foronda, dijo que cuenta con “información creíble de amenazas de violencia por parte de movimientos sociales de la ciudad de El Alto (…) quienes, según esa información, se aprestan a marchar hacia la residencia de la embajada de México con el objeto de exigir la expulsión del ex militar y ex ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana” (https://bit.ly/35ZDXAu ). (Julio Hernández López, La Jornada, Opinión, p.8)
Guerra Bolivia-México, las consecuencias | La Crónica de Hoy
No los lleva largos, pero si lo hiciera, el subsecretario Maximiliano Reyes, subsecretario para América Latina y el Caribe, de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se mesaría los cabellos porque —de acuerdo con su alarmado aviso—, el gobierno de Bolivia podría incursionar en nuestras sedes diplomáticas en La Paz, con el nada pacífico propósito de extraer a los refugiados políticos cuya carrera los llevó tras las murallas mexicanas cuando Evo Morales renunció al cargo.
Y ese intento de capturar a los ahí acogidos, explica el cerco de espionaje y sobrevigilancia policial y militar en torno de la embajada y la residencia de la señora María Teresa Mercado, nuestra representante ante el gobierno de Bolivia.
Por lo pronto, hoy tenemos una “guerrita” entre México y Bolivia. Gracias a la tecnología digital, esa condición se desenvuelve en los incruentos terrenos del ciberespacio, y se practica a base de mensajes de Twitter. (Rafael Cardona, La Crónica de Hoy, Opinión, p.3)
Contraofensiva diplomática
El asedio a la embajada de México en Bolivia es inadmisible.
El gobierno de nuestro país no puede intimidarse. Lo que procede es emprender una ofensiva diplomática equiparable a la presión de las fuerzas de seguridad bolivianas.
Las reglas del juego diplomático son de aplicación general e instancias como la OEA y la ONU tienen que pronunciarse al respecto de inmediato.
La embajada es, en rigor, territorio mexicano y la policía de Bolivia lo está pasando por alto.
Hay disposiciones que se aplican para las personas asiladas en embajadas que se tienen que respetar. No hay en este tema paréntesis navideño. No se puede bajar la guardia, hay que instrumentar una contraofensiva. (La Crónica de Hoy, Opinión, p.3)
Desde el momento en que el gobierno mexicano felicitó a Evo Morales, el pasado 24 de octubre, por su “victoria” en las elecciones presidenciales y le deseó “el mayor de los éxitos” en su gestión, a pesar de que el conteo de los votos era fuertemente criticado por voces bolivianas e internacionales, México comenzó una aventura diplomática que hoy se encuentra en un momento de tensión elevada.
Días después de la felicitación, el repudio a los resultados electorales del 20 de octubre en Bolivia subieron de tono y desencadenaron fuertes protestas. El gobierno de Morales convino con la Organización de Estados Americanos la realización de una auditoría a los comicios. Los hallazgos preliminares de la OEA, conocidos el 9 de noviembre, dieron cuenta de irregularidades que obligaron a la renuncia de Evo Morales. (El Universal, Editorial, p.12)
Tras el golpe de estado, Jeanine Áñez pretende que México entregue a miembros del gobierno de Evo Morales, asilados en la embajada y la residencia de México en La Paz, Bolivia, y en espera de un salvoconducto reiteradamente negado para salir de Bolivia. Utiliza para lograrlo el argumento falaz de que hay órdenes de aprehensión contra los asilados, mientras ejerce presión, violando el derecho internacional. Quién imaginara que las presiones ejercidas sobre la embajada de México son mayores a las que en su tiempo ejercieron gobiernos golpistas en Chile, Uruguay, Argentina y otros del Cono Sur durante dictaduras militares. Áñez, la cara más visible del golpe de Estado quien se autoproclamó presidenta, va más allá: acusa a nuestro país de ayudar a evadir la justicia a quienes se encuentran asilados en la embajada de México. Falso y desconocimiento del derecho internacional.
Las presiones sobre la embajada de México no dejan de aumentar: cerco de vigilancia y seguridad en torno a la embajada y la residencia de nuestro país, presiones permanentes sobre el personal diplomático, detención del vehículo de la embajadora de México, María Teresa Mercado, y revisión del mismo. Acción ilegal: la embajada y la residencia son territorio nacional y los vehículos y equipo utilizados son propiedad nacional de México. Bolivia negó el amago a nuestra embajadora y la canciller Karen Longarik acusó al gobierno de México de injerencia. Completa con otra falsedad la cancillería boliviana, al advertir que la seguridad en torno a la embajada mexicana en La Paz fue reforzada por “amenazas de violencia” supuestamente emitidas por parte de grupos afines a Evo Morales. (Enriqueta Cabrera, El Universal, Opinión, p.13)
Con la celebración del fin de año nos acercamos a los primeros seis meses de existencia del programa “Remain in Mexico”. El acuerdo firmado en lo oscurito por los gobiernos de México y Estados Unidos que ha convertido una crisis migratoria en un desastre humanitario.
Desde su implementación, cerca de 70 mil migrantes, en su mayoría familias centroamericanas, han sido retornados a México para esperar aquí la resolución de las solicitudes de asilo. Con excepción de algunos reportes periodísticos, los detalles sobre el origen, la operación y los objetivos de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), permanecen en la opacidad. Nadie rinde cuentas.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador accedió inexplicablemente a recibir a estos migrantes sabiendo que no podía brindar las condiciones mínimas necesarias para ello. La decisión ha tenido consecuencias predecibles. (Enrique Acevedo, Milenio, Opinión, p.3)