Opinión Migración 270125

Teléfono Rojo / Quitan protección a Cuauhtémoc Blanco para investigarlo

En cuanto tuvo los primeros expedientes y las pruebas pidió instrucciones sobre cómo proceder en contra de su antecesor y correligionario, Cuauhtémoc Blanco.

Adelante, le dijeron.

Y así, con la venia central, presentó la primera denuncia por irregularidades de su ejercicio en el Gobierno de Morelos por 40 millones de pesos.

-Es muy poco -digo a un político involucrado en las investigaciones y con suficiente información sobre malos manejos del exfutbolista profesional.

-Es apenas el comienzo -sostiene.

Había dudas sobre la reacción en Palacio Nacional, porque Andrés Manuel López Obrador fue pródigo en apoyos y elogios.

Abundaban las quejas y en algún tiempo, entre 2022 y 2023, no fue recibido por el Presidente a pesar de múltiples solicitudes de audiencias.

Pero, como informamos aquí en su oportunidad, a principios de 2024 todo cambió: Blanco invitó López Obrador a su casa en un fraccionamiento de Cuernavaca, comieron y salió con la promesa de una diputación federal.

PROTECCIÓN TETRATEÍSTA

Le cumplió y le dio fuero.

Desde hace tiempo el fiscal Uriel Carmona tiene listas varias denuncias, pero no actúa porque lo amedrentaron con procesos y ahora por el manto parlamentario.

En febrero del 2024, con la popularidad enlodada por su mal gobierno y abucheado ante López Obrador, Cuauhtémoc Blanco recibió el respaldo presidencial y le auguró espacio en el Poder Legislativo.

El castigo es inseguro porque debe darse un juicio de procedencia, al frente de la Comisión Instructora está quien le dio carrera política, Hugo Eric Flores, y la proclividad tetrateísta de proteger a los suyos aun cuando hoy se le acuse de acoso y amenazas a una media hermana.

Pruebas sobran, de Ignacio Ovalle Fernández tras el fraude en Segalmex a Francisco Garduño y la quemazón de migrantes en Ciudad Juárez y a Rubén Rocha Moya.

Vigentes están los dos últimos casos: a Garduño le fue suspendido su proceso y para Rocha Moya se prepara una gran campaña de respaldo popular armada desde las burocracias federal y estatal.

CLAUDIA REPARTE CARTAS

1.- Claudia Sheibaum reparte juego y candidaturas.

A la vista está Durango, donde habrá elecciones en junio y a donde será enviado a la capital José Ramón Enríquez, una carta genuinamente de Marcelo Ebrard.

Y para demostrar olvido de agravios entre corcholatas, a Gómez Palacio será postulada la diputada Betzabé Martínez, hoy al mando parlamentario de Ricardo Monreal pero afín a Adan Augusto López

Morena ya se decantó mientras la oposición (PAN y PRI) sigue en hibernación, aunque en teoría detente el gobierno estatal a través de Esteban Villegas, a quien sólo le falta cantarle Las Mañanitas a la Presidenta.

Y 2.- Las fuerzas federales y estatales se reorganizan en Guerrero.

Los grupos delincuenciales atacaron a trabajadores de empresas transportistas y varias de ellas suspendieron actividades para exigir mayor seguridad.

En reunión encabezada por la gobernadora Evelyn Salgado se acordaron dos acciones: ir por más cabecillas del crimen organizado y brindar protección a las unidades de carga.

Está en marcha el mayor operativo conjunto para detener criminales, armas y drogas bajo la supervisión del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. (José Ureña, 24 Horas, México, p. 5)

Las denuncias contra Cuitláhuac y Cuauhtémoc… y las que vienen

La presidenta Claudia Sheinbaum ha sido muy cuidadosa en sus palabras y referencias hacia Andrés Manuel López Obrador, para quien ha pedido respeto y que lo dejen “descansar” en su aparente retiro en Chiapas, de manera tal que su imagen y legado no se vean manchados.

Sin embargo, Sheinbaum y otros integrantes de Morena podrían no tener las mismas concesiones con otros personajes que, por sus antecedentes y presuntos actos de corrupción, se han convertido en verdaderos lastres para el movimiento.

Desde Palacio Nacional se estaría buscando la manera de implementar una estrategia para desechar a personajes indeseables, entre ellos los exgobernadores de Veracruz y Morelos, Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco. Para dicho objetivo, Sheinbaum cuenta con el apoyo y la operación de las mandatarias en turno en esas entidades, quienes impulsan denuncias e investigaciones contra sus antecesores, principalmente por delitos relacionados con corrupción.

Hace unos días se confirmó en Veracruz que el llamado Órgano de Fiscalización Superior, encabezado por Delia González Cobos, tiene abiertos alrededor de 300 expedientes contra la administración de Cuitláhuac García, los cuales podrían derivar en denuncias penales por presunto daño patrimonial al estado. La afectación al erario veracruzano se calcula en más de 200 millones de pesos, entregados a un puñado de empresas fantasma.

La punta de lanza de las investigaciones es la razón social denominada Soluciones y Milagros, una empresa constituida el 9 de septiembre de 2019 bajo el régimen de Sociedad por Acciones Simplificada —el único que puede concretarse en internet, en 24 horas y sin intervención de un notario— y colocada como una proveedora recurrente de la Secretaría de Educación de Veracruz tan sólo tres meses después. El administrador de la firma es Mauricio Gómez Castañeda, un militante activo de Morena.

Las pesquisas tendrían el aval de la gobernadora veracruzana, Rocío Nahle, quien habría dado la instrucción de acelerarlas y “socializarlas” hace un par de semanas, justo cuando la presidenta anunciaba a regañadientes en Palacio Nacional la designación de García Jiménez como director general del Cenagas, donde se anticipan días negros por el desconocimiento del sector de su nuevo, y quizá fugaz, titular.

Algo parecido sucede en Morelos con la cruzada de la gobernadora Margarita González Saravia, quien comenzó a denunciar públicamente las irregularidades de su antecesor Cuauhtémoc Blanco. En este caso, se sabe de la animadversión que Sheinbaum tiene por el exfutbolista, a quien bloqueó en todos sus intentos de colarse a la política capitalina. Blanco enfrenta seis denuncias penales y administrativas, y otra por presunto abuso sexual.

Otro caso es el del titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien ya debió haber sido relevado por el exgobernador interino de Puebla, Sergio Salomón Céspedes, pero el cambio no se ha concretado porque estaría en riesgo de quedar desamparado y enfrentar a la justicia por la muerte de 40 personas en la estación migratoria de Chihuahua, en el sexenio de López Obrador.

El viernes pasado, Garduño logró suspender su proceso penal por la tragedia de Chihuahua, por lo que su “periodo de transición” con el que Sheinbaum justificó la presencia de dos directores en la dependencia que cambiará su nombre por el del Instituto de Apoyo a la Movilidad Humana terminará en breve.

Así como estos personajes, se irán sumando otros que dejaron de gobernar sus estados o de dirigir dependencias federales y que, pese a haberse integrado al gobierno de Sheinbaum o al Congreso como legisladores, se buscará defenestrarlos y, de ser posible, llevarlos a juicio.

Posdata 1

La suspensión de visas que ordenó el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, para funcionarios del gobierno de Colombia por haberse negado a recibir dos vuelos de deportación de migrantes de su país, es un mensaje para todos aquellos gobiernos que se resistan a recibir a sus connacionales.

Más aún, la aplicación de aranceles de 25% y 50% que anunció el presidente Donald Trump como medida de represalia contra Colombia.

México, uno de los que más migrantes recibirá, deberá ser muy cuidadoso y no tomar a la ligera esa situación, al tiempo que negocia con Estados Unidos otros temas relacionados a la seguridad fronteriza, el tráfico de drogas y la imposición.

Y como dijo un empresario este fin de semana en sus redes sociales: que los funcionarios de la 4T que tanto gustan de viajar a Estados Unidos de vacaciones, enviar a sus hijos a estudiar o residir por temporadas en este país vayan poniendo sus barbas a remojar.

Posdata 2

A propósito del tema, se asegura que los dos hijos del expresidente López Obrador que solían viajar o pasar largas estancias en California y Texas, hoy tienen prohibido pisar Estados Unidos.

José Ramón y Gonzalo López Beltrán fueron instruidos de no viajar a Estados Unidos, por lo menos durante el mandato de Trump. Ambos se asentaron por un tiempo en Texas y California, respectivamente. José Ramón en la polémica “Casa Gris” de un contratista de Pemex y Gonzalo mientras hacía trabajos para el equipo de los Gigantes de San Francisco.

En esta situación están muchos otros hijos e hijas de morenistas que, si bien no temen alguna represalia del gobierno de Trump, fueron instruidos por el movimiento de la 4T de abstenerse a enviarlos a estudiar o trabajar a Estados Unidos, simplemente porque está “mal visto” ahora que las relaciones están muy tensas.

Posdata 3

Empresas trasnacionales como Coca Cola, Pepsico y Grupo Modelo fueron víctimas de ataques a repartidores en Acapulco, Guerrero, por lo que suspendieron sus operaciones.

El gobierno de la morenista Evelyn Salgado instruyó intensificar las acciones para que se reanuden las actividades de las empresas.

Las autoridades estatales argumentaron que estos ataques fueron una respuesta de los delincuentes ante las detenciones que se han realizado de líderes provocadores de violencia en El Puerto, así como por el decomisos de drogas y armas que se han realizado de manera coordinada con el gobierno federal.

Posdata 4

La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción de Tamaulipas llevó a cabo la audiencia inicial en contra del extitular de la pasada administración estatal de la Secretaría de Bienestar Social, Rómulo “N”.

Como resultado de dicho procedimiento, el 24 de enero pasado se determinó su vinculación a proceso por los delitos de uso ilícito de atribuciones y facultades, y desempeño de funciones judiciales o administrativas.

El juez impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso.

Rómulo Garza fue secretario de Bienestar Social en el gobierno panista Francisco Javier García Cabeza de Vaca y, junto con otros ex funcionarios, están siendo investigados y denunciados por presuntos actos de corrupción y otros delitos. (Mario Maldonado, El Universal, Nación, p. 9)

El correo ilustrado

Expulsión de migrantes será costosa, menciona

La política de deportaciones de indocumentados del presidente Donald Trump comienza a tomar forma. Todavía no se sabe si en su gobierno de cuatro años el mandatario estadunidense cubra la meta de expulsar a 11 millones de connacionales y de otros países latinoamericanos y caribeños.

La expulsión tendrá una erogación muy alta y, como anunciaba Arturo Sánchez en La Jornada, esta podría costar 315 mil millones de dólares, dado que se tiene que gastar en personal para el Servicio de Inmigración, pagarles a compañías privadas que administran cárceles, así como sostener a lo largo de la frontera a las fuerzas armadas.

La semana pasada, empezaron a realizarse con cautela las primeras redadas e incluso algunas se evidenciaron en ciudades santuarios estadunidenses.

La expulsión es una realidad por tierra y aire. Están saliendo aviones de la Fuerza Aérea estadunidense desde San Diego para dejar a guatemaltecos en su lugar de origen y, por su parte, la Patrulla Fronteriza está expulsando a mexicanos indocumentados a Tijuana, Reynosa y Matamoros.

Si bien es evidente que ya se cuenta con albergues temporales en Tijuana y Matamoros, hay que decir que al Instituto Nacional de Migración (INM) le falta mucho por hacer y no sólo para renovar de inmediato a quien lo dirija realmente, sino también tener un censo y registro de todos los connacionales que regresan a territorio mexicano.

De igual forma el INM debe frenar a la oleada de polleros, coyotes y estafadores que está haciendo su agosto al lucrar en ciudades fronterizas con “traslados de indocumentados seguros” con costos que oscilan entre 12 mil y 20 mil dólares para adultos y 10 mil para niños.

La última semana de enero será crucial para saber qué tan beligerante será la política de deportaciones; no obstante, lo que sí se puede adelantar es que le será caro al gobierno de Trump su promesa de expulsión, y también por consecuencia, al mismo gobierno mexicano que destinará presupuesto para recibir a miles de connacionales en albergues y después conseguirles trabajo seguro en nuestro país. (Mario Trujillo Bolio, La Jornada, Editorial, p. 2)

El dato incómodo / Garduño: el muro de Trump

Francisco Garduño no es un funcionario cualquiera: hombre de confianza de López Obrador, fundador de Morena y titular del Instituto Nacional de Migración (INM) desde 2019.

Fue clave en la contención migratoria que exigió Trump. Fue el muro invisible que detuvo a miles de migrantes en el sur de México. Y también en una máquina de abusos y negligencia.

La noche del 27 de marzo de 2023, 67 migrantes estaban encerrados en una celda de la estación migratoria de Ciudad Juárez. No tenían agua ni comida. Las condiciones eran inhumanas. La desesperación los llevó a protestar y prender fuego a unas colchonetas.

Las llamas se propagaron en segundos. Los guardias no abrieron la puerta. No hubo extintores. No hubo bomberos. 40 migrantes murieron asfixiados y calcinados. Otros 27 quedaron gravemente heridos.

La FGR procesó a Il personas, incluidos guardias privados y funcionarios del INM. A todos los acusó de homicidio y lesiones. Pero a Garduño solo le acusaron de un delito menor que apenas merece hasta siete años de cárcel.

El pasado 24 de enero, logró una suspensión condicional del proceso. Su castigo: ofrecer disculpas, tomar un curso de derechos humanos y supervisar estaciones migratorias cada tres meses. Si cumple durante 18 meses, su expediente se borra.

Para los familiares de las víctimas, es total impunidad. Para el gobierno, es un problema resuelto sin tocar a un operador que necesitan de regreso.

MAL NECESARIO

Claudia Sheinbaum prometió remover a Garduño en diciembre de 2024. Pero hoy sigue en el cargo.

¿Por qué? Porque Donald Trump volvió a la Casa Blanca y su primera orden fue endurecer la política migratoria: reinstaló el programa Quédate en México, cerró la plataforma CBP One y amenazó con aranceles si el gobierno mexicano no frena el flujo migrante.

Estados Unidos quiere resultados, no explicaciones. y Sheinbaum no puede darse el lujo de improvisar. Sergio Salomón Céspedes, quien fue anunciado como sucesor de Garduño, sigue en el limbo. No tiene experiencia en migración ni el respaldo del gabinete de seguridad.

Lamentablemente Garduño, con todo y su historial de negligencia y corrupción, tiene más experiencia que Salomón para manejar la maquinaria de contención migratoria. En 2019, fue el ejecutor del muro invisible que López Obrador levanto en el sur de México para frenar el paso de caravanas y evitar la furia de Trump.

Ahora, Sheinbaum necesita lo mismo: alguien que pueda calmar a la Casa Blanca, frenar el flujo migrante y evitar sanciones comerciales.

GARDUÑO NO SE TOCA

El INM de Garduño acumula más de 5,000 denuncias ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. En sus estaciones migratorias han ocurrido decenas de motines e incendios en los últimos cinco años. Logró que la administración de López Obrador registrara la mayor cantidad de migrantes muertos en custodia del INM: 55 fallecidos frente a los 16 del sexenio de Peña Nieto.

El desorden dentro del INM ha sido documentado en múltiples reportes. Corrupción, extorsión, abuso sexual y connivencia con grupos criminales para secuestrar a migrantes están en la lista de irregularidades detectadas por gobiernos extranjeros.

Pero a Trump no le interesa la justicia, sino los resultados. Y en su momento, Garduño le dio resultados.

Por eso sigue ahí.

Sheinbaum puede haber prometido cambios, pero los hechos hablan por sí solos: Garduño sigue en el cargo, sigue dando órdenes y sigue operando la política migratoria mexicana.

Porque el muro de Trump no es de concreto ni de acero. Es Garduño. Y Sheinbaum lo necesita más de lo que le incomoda. (Juan Ortiz, Ovaciones, Opinión, p. 16)

Tolvanera / La cuesta

Medio gabinete atendiendo migrantes. La política social revestida ahora de la atención de los deportados La política comercial dominada por la cautela y la incertidumbre. El cuidado de las palabras, la disminución de la consigna, la posposición de definiciones, dominan en Palacio. La semana de Donald Trump en el gobierno ha alterado el ritmo y las andanzas del gobierno federal.

La conducta presidencial se presenta prudente, cuidadosa, de rigor, aunque de repente con resbalones. Por debajo de ese manto, el saldo no es el mejor. En una semana, dos estados morenistas entraron en crisis políticas derivadas de la inseguridad: Sinaloa y Tabasco. La elección del Poder Judicial corre con todas sus insuficiencias, sus desórdenes e inequidades y la obligada vigilancia del proceso ha quedado relegada. Las fallas en las operaciones del gobierno las faltas en las Secretarías de Estado. la deuda de Pemex, quedaron igualmente debajo del manto del conflicto binacional.

En el tema migratorio el nudo del conflicto. el gobierno mexicano despliega una estrategia que quisiera ser eficiente y puntual y en la que involucra a secretarios de Estado ante la falta de respuesta de los gobiernos estatales y de áreas que por su naturaleza deberían ser las encargadas de esas operaciones.

La instalación de nueve centros de atención a migrantes es, sin duda, una reacción inmediata para el control interno del flujo de deportados y la captación de los extranjeros que pululan y va no pudieron ingresar Estados Unidos.

La contención es un asunto esencial para el entendimiento con Estados Unidos.

El problema es la institucionalidad del esfuerzo. El raro caso de contar con dos titulares del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño, el saliente, y Sergio Salomón, el entrante, anula la autoridad. Garduño, envuelto en casos penales, sigue siendo el funcionario que mantiene la comunicación cotidiana con sus pares estadounidenses. En el día a día dialoga con funcionarios migratorios norteamericanos y colabora en la definición de las formas en que son entregados los migrantes expulsados de Estados Unidos. Pero es un funcionario débil, desautorizado. Salomón es un disciplinado observador, que guarda el nombramiento en la bolsa de su pantalón. Lo mejor sería nombrar un tercero, ajeno las telarañas de los grupismos políticos que realmente comprenda la delicadeza del brete migratorio

En materia de seguridad, el otro tema sensible, la gestión de Omar García Harfuch da diariamente dos pasos adelante para dar uno hacia atrás. Todos los días anuncia una detención relevante al momento que estalla un nuevo conflicto. El descontrol se reconvierte en lío político, que ya le resulta ajeno al secretario.

Al menos cuatro gobiernos morenistas están prácticamente intervenidos por Fuerzas Armadas federales en la intención de contener la narcoviolencia: Sinaloa, Tabasco, Guerrero y Chiapas. La presencia de fuerzas federales no ha minado el control territorial que grupos criminales mantienen en regiones enteras. Falta camino por recorrer.

Había una expectativa de que el gobierno mexicano mostrara para el 20 de enero autoridad en Sinaloa. Lo que ha ocurrido, en contrario, es la gestación de una crisis política derivada de la narcoviolencia.

Junto con ello, Tabasco se ha convertido en polvorín. La violencia cotidiana, el huachicol incontrolable. la olla de Pemex a punto de estallar, y la impericia del gobierno de Javier May para encarar las dificultades, colocaron a esa entidad en el primer rango de riesgo que ha hecho olvidar, por ejemplo, los problemas de Guanajuato.

El hilado tendrá que ser fino. Apenas va una semana del vendaval. Faltan 207 semanas. Será difícil improvisar en los mil 454 días más de gobierno trumpista. Nunca como ahora la diplomacia y las relaciones binacionales están firmemente atadas las circunstancias nacionales. (Roberto Zamarripa, Reforma, Opinión, p. 9)

México ante el regreso de Trump

El 19 de enero, Donald J. Trump tomó posesión, nuevamente, como presidente de los Estados Unidos. Este suceso, más allá de solo ser un cambio político en nuestro vecino del norte, provoca una serie de consecuencias importantes para México. Trump no es un político convencional; su regreso al poder representa la necesidad en México de tomar decisiones determinantes respecto a temas como seguridad, migración, economía y soberanía. La pregunta es: ¿está preparado el gobierno mexicano para enfrentar estos desafíos?

En el ámbito económico, los aranceles propuestos por Trump y las restricciones comerciales impactarían gravemente al sector privado mexicano, que depende del comercio con Estados Unidos. La incertidumbre generada por estas medidas afecta no solo a las grandes empresas, sino que también a los millones de trabajadores que dependen del comercio exterior con Estados Unidos.

Mientras Trump avanza con fuerza en sus nuevas políticas, cuando sabemos desde hace tiempo que él sería nuevamente presidente de Estados Unidos, el gobierno mexicano estaba y continúa más preocupado por sus reformas sin sentido antes que por diseñar un plan que permita enfrentar estas amenazas. La destrucción del Poder Judicial, la centralización del poder y decisiones superficiales como sancionar el vapeo demuestran un gobierno desconectado de la realidad. Es irrelevante cuántas leyes se creen, modifiquen o extingan; lo que importa es la capacidad que se tenga para aplicar las que ya tenemos de manera efectiva, algo que en México, desde hace mucho tiempo, no acontece.

El actual gobierno de Morena ha carecido de capacidad para enfrentar la delincuencia organizada y la inseguridad, erradicar el narcotráfico, regular la migración y contener el contrabando de mercancías chinas, siendo estos los rubros que más les preocupan a los estadounidenses. ¿Cómo puede, entonces, responder a un gobierno de los Estados Unidos que no tolerará errores que afecten sus intereses? ¿Qué pasará cuando la presión del vecino del norte aumente y el gobierno mexicano siga sin mostrar resultados?

Lo he dicho antes, es necesario actuar en consecuencia y fortalecer las instituciones en México, diseñar una política exterior firme; poner mano dura ante la inseguridad, el contrabando, la migración descontrolada, el narcotráfico y la delincuencia organizada, así como proteger a los mexicanos que viven en el extranjero.

El regreso de Donald Trump coloca a México en una encrucijada. Las decisiones que tome el gobierno de México en los próximos meses definirán el rumbo de nuestro país. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene en sus manos la responsabilidad de actuar con liderazgo y determinación. De lo contrario, México estará en una crisis aún más devastadora que en la que ya nos encontramos.

Es momento de dejar atrás las reformas inservibles y las estrategias improvisadas. México necesita un gobierno que entienda el desafío en que nos encontramos, que actúe con inteligencia y priorice el bienestar único de los mexicanos. En ese momento crítico no hay margen de error. La historia juzgará la capacidad de este gobierno para defender a México de las amenazas externas e internas. (Javier Coello Trejo, El Financiero, Opinión, p. 34)

Las deportaciones de Trump: más pérdidas que beneficios

Donald Trump inició su gobierno con una ofensiva masiva contra la inmigración ilegal, comenzando con la deportación de inmigrantes con antecedentes criminales, estimados entre 400,000 y 500,000. El jueves pasado, 538 de ellos fueron arrestados y cientos más deportados en aviones militares, en lo que su gobierno calificó como “la mayor operación de deportación masiva de la historia”.

La expulsión de criminales busca reforzar la seguridad pública, pero la de indocumentados que respetan la ley golpeará a las comunidades y familias afectadas, generará graves problemas políticos y desestabilizará sectores clave de la economía que dependen profundamente de ellos.

La mayoría de los 11 millones de indocumentados (entre 4.5 y 5 millones de ellos mexicanos) realiza tareas críticas en sectores que los ciudadanos y migrantes legales tienden a evitar. Estas son los que resultarán más afectados por las deportaciones: agricultura (41.2% de mano de obra indocumentada), procesamiento de carne y aves (30%-50%), colocación de techos (36%), instalación de paneles de yeso (36%), pintura en edificaciones (31%), jardinería (21%), manufactura textil y de ropa (20%), cuidado infantil (20%), servicios de limpieza y mantenimiento (19%), servicios de lavandería y tintorería (18%), producción y procesamiento de alimentos (16%), construcción (13.7%), hotelería y restaurantes (7.1%) y cuidado personal y asistencia en salud en el hogar (6.9%).

En Washington se rumora que se ha diseñado un plan en tres fases: primero serán deportados los indocumentados de las grandes ciudades como Nueva York, Los Ángeles, Chicago, San Francisco y Seattle; luego, los que viven en ciudades medianas como Filadelfia, Phoenix, Las Vegas, Miami, Denver, Detroit, Milwaukee, Atlanta, Orlando y Minneapolis; y finalmente, los que radican en áreas rurales y ciudades pequeñas como Portland, Salt Lake City, Albuquerque, Charlotte, Nashville, Columbus, Indianápolis, Kansas City, Omaha y Boise. Este enfoque busca limitar el impacto inmediato en los lugares donde dominan los republicanos y afectar principalmente a los gobernados por los demócratas.

Implementar esta estrategia no será fácil. Habrá conflictos entre el gobierno federal y los gobiernos estatales y locales demócratas. La separación de familias y las violaciones de derechos humanos generarán protestas en muchas ciudades. Además, se prevé una pérdida del 1.4% del PIB en el primer año y hasta un 2.6% a largo plazo, con pérdidas acumuladas de 4.7 billones de dólares en 10 años, sumadas a costos de implementación cercanos a $88,000 millones anuales. Debido a esta contracción económica, el gobierno federal podría perder casi $900,000 millones en ingresos fiscales en ese mismo periodo.

Habrá que ver cuál será la reacción de los estadounidenses cuando sientan el encarecimiento de la mano de obra y el aumento de precios en numerosos productos y servicios.

Resolver el problema de la migración ilegal requiere más que deportaciones: exige un enfoque que aborde las causas que orillan a la gente a migrar, valore las contribuciones de los migrantes y ofrezca soluciones sostenibles a largo plazo. El plan de Trump aumentará la polarización en un país que depende, aunque lo niegue, de la labor silenciosa de millones de migrantes. (Eduardo Ruiz-Healy, El Economista, Opinión)

Los retos de la repatriación

Las recientes políticas anunciadas a través de las órdenes ejecutivas de Donald Trump respecto a la deportación de personas en situación migratoria irregular, en particular aquellas procesadas por diversos delitos, plantean serios desafíos para México. Estas acciones afectan a ciudadanos mexicanos, pero también a personas de otras nacionalidades que transitan o permanecen en México.

El anuncio de priorizar la deportación de personas que han sido procesadas por delitos en Estados Unidos genera una preocupación directa para México. Estas deportaciones pueden incluir desde infracciones menores hasta crímenes graves, lo que plantea un problema de seguridad pública para los municipios receptores en la frontera.

Por otro lado, la devolución de personas trabajadoras en situación migratoria irregular a México incrementará la presión en los municipios fronterizos, como Tijuana, Ciudad Juárez y Reynosa. Muchas de estas personas, al no tener vínculos directos con esas regiones, podrían decidir quedarse temporalmente con la intención de regresar a Estados Unidos. Este fenómeno genera una mayor demanda en los servicios públicos locales, desde albergues y atención sanitaria hasta empleo informal, afectando tanto a la población migrante como a las comunidades locales que ya viven en condiciones críticas.

Debe considerarse que muchas de las personas deportadas salieron de México huyendo de condiciones de pobreza extrema y violencia. Regresar a sus comunidades de origen no siempre es una opción viable, ya que las causas que las llevaron a emigrar persisten o incluso se han agravado.

Esto plantea preguntas fundamentales para el Estado mexicano, pues se enfrenta el reto de facilitar su reincorporación a sus comunidades de origen, a la par de trabajar intensamente en aquellas regiones que reciban más repatriaciones para construir zonas más seguras y con más oportunidades socioeconómicas.

Debe reconocerse que, en el corto plazo, será muy difícil crear nuevos y efectivos programas integrales de reintegración, para la realización de capacitaciones laborales, acceso a vivienda digna o redes de apoyo social, lo que expone a estas personas al riesgo de ser más vulnerables, buscar alternativas migratorias de mayor riesgo o incluso a vincularse a actividades de los grupos delincuenciales que predominan en las ciudades o regiones a donde sean regresados.

Asimismo, la llegada de personas deportadas a albergues en la frontera pone en evidencia la falta de infraestructura y recursos adecuados para atender a esta población. Los espacios existentes son improvisados y no cuentan con las capacidades necesarias para ofrecer refugio permanente. Esto es particularmente grave en el caso de poblaciones vulnerables, como niñas, niños y adolescentes no acompañados, pues la saturación aumenta los riesgos de explotación, violencia y trata de personas. (Mario Luis Fuentes, Excélsior, Nacional, p. 10)

Juegos de Poder / Cabeza fría

No es fácil dejar de responderle a un provocador profesional. Alguien que sabe perfectamente qué nervios tocar para sacar de quicio.

Supongo que Claudia Sheinbaum conoce bien el asunto porque hay muchos personajes con esas características dentro de Morena, comenzando por su fundador, un verdadero experto en la materia. Políticos que atacan sin escrúpulos buscando el impulso fallido del interlocutor. Muchos caen. En el momento en que se enganchan, pierden.

El presidente de Estados Unidos es un gran provocador. Hay que tener cuidado extremo en no caer en sus instigaciones. Mantener, como recomienda nuestra Presidenta, la cabeza fría. No dejar que ganen las emociones. Resistir desde lo racional. Pensar, en todo momento, lo que más le conviene al país y no embarcarse en aventuras arriesgadas que pueden tener un mal final.

Aprendamos de lo que está pasando con Colombia.

Trump envió a ese país un par de aviones con el fin de repatriar a colombianos indocumentados. Los pasajeros viajaban encadenados en aeronaves militares. Según Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, el gobierno de Gustavo Petro había autorizado el aterrizaje de dichos aviones. Sin embargo, ya en ruta, canceló la autorización.

Oro molido para Trump.

De inmediato, el presidente de Estados Unidos anunció represalias, como la imposición inmediata de aranceles del 25% a las importaciones colombianas que, en una semana, se elevarán al 50 por ciento.

De esta forma, el mandatario de Colombia le ha permitido a Trump enviarle un mensaje a todo el mundo: si no hacen lo que yo quiero, aplico el garrote. ¿Escucharon todos?

A su vez, Petro reaccionó envolviéndose en la bandera, refugiándose en un trasnochado antiyanquismo e imponiendo aranceles de 50% a las importaciones estadunidenses.

La carta de Petro publicada en X no tiene desperdicio. La pudo haber escrito Silvio Rodríguez en las mejores épocas de la Nueva Trova cubana: “Me matarás, pero sobreviviré en mi pueblo que es antes del tuyo, en las Américas. Somos pueblos de los vientos, las montañas, del mar Caribe y de la libertad”.

Petro se presenta como el heredero de Fidel Castro. El que está dispuesto a enfrentarse al imperialismo yanqui.

Una de dos: o fue un arranque impulsivo del presidente colombiano o existe cierta racionalidad al enfrentarse de esta manera a Trump.

Lo primero significaría que Petro cayó en la provocación de Trump. No pudo mantener la cabeza fría. Le ganó su pasado guerrillero y talante revolucionario. Lo dominó el impulso emocional más que el cálculo racional.

Si fuera así, en menudo aprieto puso a su país porque ahora tendrá que buscar cómo salir del embrollo en el que se metió.

La otra hipótesis es que Petro vio en Trump la posibilidad de radicalizarse y amalgamar una coalición política que lo apoye en el último tramo de su periodo presidencial.

Según las encuestas, Petro es un presidente muy impopular. Alrededor de dos terceras partes de los colombianos desaprueban su gestión.

Pelearse contra Estados Unidos, particularmente con Trump, motiva mucho a la base más izquierdista de ese país y lo catapulta como uno de esos líderes latinoamericanos “heroicos” dispuestos a enfrentarse al imperio. En su carta, Petro habla varias veces de la posibilidad de que Estados Unidos intervenga para quitarlo del poder como si lo deseara: “Túmbeme, presidente, y le responderán las Américas y la humanidad”.

Es el victimismo que tantos rendimientos políticos le ha dejado a la izquierda en América Latina. Una estrategia racional para un presidente que está en la lona. Obvio, los efectos negativos para la economía colombiana pasan a un segundo término.

Racional o irracional el enganche de Petro con Trump, el hecho es que el segundo ya ganó.

Las importaciones colombianas a Estados Unidos representan menos del 1% del total. Ponerles un arancel no generará ningún efecto económico negativo en Estados Unidos. Para Trump, lo de Colombia es puro ganar. Un mensaje de poder que prácticamente no le costó nada.

Para Colombia, el efecto económico sí será negativo. Estados Unidos es su principal socio comercial. Alrededor del 29% de las exportaciones van hacia allá. Con los aranceles anunciados, los productos colombianos perderán competitividad y participación de mercado dañando a los exportadores. Por su parte, los aranceles que Colombia le ponga a Estados Unidos en retaliación generarán inflación en el país sudamericano.

En una de ésas, hasta Petro se dobla y Trump gana todavía más.

Sea lo que sea, no parece que vengan buenos tiempos para Colombia. Yo, por eso, espero que nuestra Presidenta no caiga en provocaciones y mantenga la cabeza fría. Hasta ahora ha funcionado. Que siga así. (Leo Zuckermann, Excélsior, Nacional, p. 9)

Razones / Comienzan deportaciones masivas

El sábado en la madrugada comenzaron, como en otras ciudades, las redadas masivas para detener a personas indocumentadas en Los Ángeles, unas horas después de la visita que hizo a esa ciudad el presidente Donald Trump. Comenzaron a llegar también a México, Colombia y Brasil, vuelos con personas deportadas.

Aumentaron los operativos en distintas ciudades consideradas como “santuarios”, donde las autoridades locales han mantenido políticas de protección hacia los inmigrantes indocumentados. En ellas, como ha sucedido en Los Ángeles, se ha reforzado la colaboración entre las autoridades federales y locales en la identificación y detención de indocumentados con antecedentes criminales. Esta iniciativa busca priorizar la expulsión de aquellos que hayan cometido delitos graves, aunque ello resulte muchas veces en la detención de personas que no representan una amenaza para la sociedad, sino que simplemente cometieron algún delito menor.

También se han incrementado los recursos destinados a la vigilancia de la frontera sur con México, desde la instalación de tecnología avanzada de monitoreo hasta el envío de personal adicional, sobre todo militar, a la zona fronteriza.

Las respuestas ante esta ofensiva han sido disímiles. Pero la peor creo que ha sido la del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que dijo que no permitirá la entrada al espacio de aéreo de su país de aviones con deportados. No puedo imaginarme qué podría hacer Petro para realmente evitarlo, sobre todo cuando cada uno de esos vuelos lleven un centenar de colombianos a su propio país. Es una bravuconada vacía.

Lula da Silva, el mandatario de Brasil, luego de la llegada del primer avión con deportados a la ciudad de Manaos, en plena Amazonia, se quejó de las condiciones en las que llegaron esas personas, esposados y tratados, dijo, como criminales. Creo que ninguno de los dos ha podido construir una respuesta al desafío trumpista: seguirán llegando los deportados a Brasil y Colombia, o serán dejados en un tercer país, por ejemplo, México o alguna de las naciones de Centroamérica y el Caribe que visitará en las próximas horas Marco Rubio, el nuevo secretario de Estado. Y no olvidemos un punto: ni Petro ni Lula gozan de simpatía alguna en la nueva Casa Blanca.

Aunque no teníamos un plan de contingencia más articulado, la respuesta del gobierno mexicano ante esto ha sido mucho más sensata: se han comenzado a establecer albergues. Como siempre, la labor del Ejército y la Guardia Nacional ha sido fundamental en ese sentido. Algo se debe haber hecho bien porque Estados Unidos está deportando a personas de todas las nacionalidades, pero hasta ahora a nuestra frontera han llegado, sobre todo, mexicanos y apenas este fin de semana la presidenta Sheinbaum dijo en Oaxaca algo que es de sentido común (que no siempre es el más común de los sentidos): “Estamos obligados a tener una buena relación con Estados Unidos”.

Pero a partir de esta semana comenzarán a llegar no algunas decenas o centenares de deportados, sino miles, y la presión en la frontera norte será muy fuerte, ya que a ellos se seguirán sumando quienes, pese a todo, quieren cruzar a Estados Unidos y quienes han quedado varados por la cancelación de las citas CBP One.

Una acción prioritaria es retomar el control de nuestra frontera sur. Se dice que no se puede cerrar, pero el tema no es cerrarla, es retomar el control sobre la misma, impedir el ingreso de contingentes migrantes y, sobre todo, frenar las caravanas y el tráfico, que es manejado por los grupos criminales. Siempre habrá movimientos migratorios, pero lo que no tolerable es que los mismos sean movidos por grupos criminales e incluso por manipulaciones políticas (como la táctica de expulsión que siguen los gobiernos de Venezuela, Cuba y Nicaragua).

La oficina en Washington

Al inicio del sexenio pasado, mientras concluía la renegociación del T-MEC, el entonces canciller Marcelo Ebrard quiso abrir una oficina en Washington encargada de llevar relaciones, hacer lobbying y mantener una serie de lazos y contactos en la Unión Americana más allá de los estrictamente diplomáticos y consulares.

Era una buena idea e incluso una nación con los intereses de México tendría que tenerla no sólo en Washington, sino también en estados como Texas, California, Florida, Nueva York e Illinois. En 2019 la entonces embajadora Martha Bárcena, en medio de un viejo enfrentamiento con Ebrard, se opuso terminantemente a la creación de esa oficina en Washington en donde despacharía Javier López Casarín, actual alcalde en la Álvaro Obregón. Bárcena terminó dejando Washington, pero López Obrador se negó a instalar esa oficina y a mantener un equipo de negociadores autónomos en la capital estadunidense. Se perdieron relaciones, contactos y enlaces y, para colmo, en muchos consulados se colocó a personajes desechados, improvisados o premiados, que no sirvieron para afianzar relación alguna.

Hay muchos ejemplos, pero la reciente designación de Rutilio Escandón (impresentable para Estados Unidos) como cónsul en Miami es escandalosa. Otra política chiapaneca, más respetable, pero sin experiencia alguna en el tema, es María Elena Orantes, cónsul en Houston (donde deberíamos tener un cuadro altamente especializado para lidiar con el gobierno de Greg Abbott). En Nueva York no tenemos cónsul.

Ahora parece que desde la Secretaría de Economía se está retomando la idea de esa oficina en Washington. Ya veremos si se le dan los espacios y la trascendencia que se requiere. (Jorge Fernández Ménendez, Excelsior, Nacional, p. 8)