Opinión Migración 270323
¿Por qué es tan importante que se derogue el artículo 33?
El artículo 33 es aquel que señala que las personas extranjeras que radican en México tienen prohibido cualquier tipo de manifestación, expresión, comentario o participación de carácter político. Anteriormente, este artículo también incluía la atribución del Ejecutivo para poder expulsar de manera inminente a cualquier extranjero que la autoridad considerase pernicioso, lo cual era de tal ambigüedad, que se podía considerar como inapropiado cualquier gesto o actitud que no agradara al presidente o sus subalternos en turno. Esta última disposición cambió en el marco de la reforma al sistema jurídico mexicano de 2011 y de la ley de migración promulgada en 2014 que retiró la atribución al Presidente de poder expulsar de manera discrecional a un extranjero radicado en el país.
En ese marco también se incluyó el derecho a un juicio que permitiría una defensa a quien en otro tiempo podía ser expulsado sin mayor argumento. A pesar de estos cambios apegados a los derechos humanos como marco jurídico, se mantuvo vigente en el artículo 33 el párrafo que menciona que los extranjeros que viven en México tienen prohibida toda capacidad de expresión y participación política en asuntos del país. Hay que decir que esta normativa se ha utilizado pocas veces y en casos muy específicos, sobre todo considerando que el artículo 33 es vigente desde hace más de un siglo y que a lo largo de nuestra historia siempre ha habido personas extranjeras radicadas en México que participan, opinan e influyen en la vida política nacional. Entonces, si no sirve para el propósito que a la letra se indica, ¿para qué tenerlo?
El artículo 33 puede entenderse en el marco histórico en que fue incluido en la Constitución de 1917 cuando la suspicacia de los mexicanos hacia los extranjeros se justificaba dadas las amenazas e incluso invasiones extranjeras del siglo XIX y a inicios del XX, pero México hoy está muy lejos de ese momento histórico. Así, pues podemos decir que si bien el artículo 33 ha sido un medio de sanción política directa a ciertas personas extranjeras, en realidad ha sido un mecanismo para que la autoridad mexicana decida hasta qué punto permite que se expresen algunos, al mismo tiempo que se utiliza para controlar a una inmensa mayoría de los extranjeros que han hecho de México su patria, que bajo la amenaza velada de lo que podría implicar el artículo 33,suelen mantener un bajo perfil político por temor o para evitar problemas.
No faltará quien crea que este tema es marginal y de interés exclusivo de ese uno por ciento de la población considerada extranjera que radica a lo largo del territorio mexicano, pero la realidad es que este tema se ubica en la esfera de la lucha contra la discriminación, el racismo y hasta el clasismo ya que la existencia misma del artículo 33 da lugar a una xenofobia legalmente aceptada que mantiene abierta la posibilidad de que cualquier mexicano considere que si alguna opinión o actitud de un extranjero le es incomoda o contraria a sus posturas políticas, aluda al artículo 33 como una forma de censura o intimidación, lo cual no implica que esto pueda tener consecuencias legales, porque como se explicó, solo sería atribución de la autoridad y previo un juicio que justificara una expulsión, sin embargo, la sola existencia del artículo 33 ha preservado a lo largo del tiempo una percepción de superioridad por el solo hecho de ser nacional respecto a un extranjero y por tanto, se mantiene un mensaje público contrario al reconocimiento de igualdad de las personas como un principio de los derechos humanos en un ámbito democrático como es el mexicano.
Por estos motivos y tantos otros por ampliar más adelante, la iniciativa que envió el Ejecutivo al Congreso de la Unión el 8 de marzo de 2023 elimina la restricción a que las personas extranjeras radicadas en territorio mexicano puedan ejercer su condición política al incluir simple y llanamente, el derecho a “la libre manifestación de las ideas”. Este pequeño cambio es probablemente una de las propuestas más profundas y de trascendencia a futuro por el impacto a la cultura política nacional que implicará reconocer sin ambigüedades que los derechos políticos son derechos humanos y que éstos van más allá de la nacionalidad de cada uno. Para los extranjeros radicados en México supone un reconocimiento a ejercer, sin temor, derechos tan básicos como el de la opinión, participación y organización, pero sobre todo y para todos, termina con la simulación de un artículo que actualmente solo sirve para que funcionarios de menor rango atemoricen a quienes, sin saberlo, creen que efectivamente es una vía que podría llevar a que los deporten del país.
Derogar el artículo 33 es un avance de tal magnitud que esta iniciativa y posterior aprobación transformará sin duda el ADN cultural de un nacionalismo que, como el mexicano, ha ido dejando sus rasgos defensivos para plantarse al mundo sin temores ni recelos y más bien, aportando a la dignidad planetaria nuestra propia experiencia en constante cambio. (Leticia Calderón Chelius, Milenio, Política, p. 14)
CJNG y CDS, la mayor amenaza para EU
El último informe de la DEA sobre narcotráfico califica a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como las principales amenazas “para la salud y las comunidades” en territorio estadunidense.
En su informe sobre las operaciones extranjeras de la agencia, la DEA informa que creó una unidad dedicada exclusivamente a perseguir y desmantelar esas dos organizaciones “transnacionales” para traficar con “fentanilo y metanfetaminas” en la Unión Americana. El documento es particularmente duro con México, alimenta los diferendos profundos entre la administración López Obrador y la agencia estadunidense, que coincide en estos temas con las recientes declaraciones de la Casa Blanca y particularmente del secretario de Estado, Antony Blinken.
Más allá de descalificaciones infantiles (el “departamentito” de Estado), según el gobierno federal la causa de la dureza de estos informes y declaraciones es que la DEA y otras agencias estadunidenses están molestas porque no se les deja actuar con libertad en México, como lo hicieron en el pasado. Es verdad, desde la ley de seguridad que se aprobó después del caso del general Cienfuegos, se ha regulado muy estrechamente la participación de agencias y, en particular, de la DEA, con la que la administración de López Obrador tiene una relación distante desde siempre.
La desconfianza se la ganaron a pulso, pero la narrativa que se está desarrollando en Estados Unidos respecto a México va mucho más allá de la DEA, una agencia que en el juego de poder interno de la Unión Americana no es determinante. Asume ese papel cuando el Departamento de Estado o la fiscalía general se lo otorgan para operar en términos de política externa. Y en las últimas semanas, tanto el secretario de Estado Blinken, como el fiscal Merrick Garland, han coincidido en criticar las operaciones de México contra el tráfico de fentanilo, con más matices que el exfiscal William Barr, o de legisladores republicanos y demócratas, pero el tema está vivo, reflejado, además, por los medios estadunidenses, particularmente críticos con la labor antidrogas de México.
Quizá no es una visión totalmente justa porque, sobre todo en el último año, se ha hecho una labor bastante intensa contra el tráfico de fentanilo en México. Pero, evidentemente, es insuficiente, como no lo son los esquemas de colaboración con Estados Unidos. Ése es el punto central.
Este fin de semana estuvo Joe Biden en Canadá durante dos días. Desde ese país entra también fentanilo a la Unión Americana (y tienen zonas de alto consumo, como Vancouver), pero el tema no estuvo en la agenda que se concentró en aspectos comerciales y en la migración, donde llegaron a acuerdos de fondo. Diferencias aparte, que las hay, Canadá y Estados Unidos están plenamente integrados en temas desde comerciales hasta de seguridad, desde energéticos hasta agropecuarios y no tienen dudas al respecto.
Con México, el comercio es muy intenso, y en ese sentido la integración empresarial también, pero como política de Estado no estamos por una integración clara con América del Norte. Y ése es un error garrafal. No es un tema de soberanía, Canadá es la demostración de ello, sino de un proyecto de nación e integración regional. Nosotros seguimos con un pie en América del Norte y el otro en alguna utopía latinoamericana inspirada en los años posteriores de la Revolución cubana, un régimen que está a punto de cumplir 65 años ininterrumpidos en el poder y que se derrumba progresivamente.
Es verdad que la DEA suele tener actitudes prepotentes e intervencionistas con México, como lo es que Estados Unidos puede hacer mucho más en la lucha contra sus propias redes de tráfico de drogas y en el tráfico de armas hacia México, como ha reclamado el canciller Marcelo Ebrard.
Pero también es verdad que la epidemia de opiáceos y el tráfico ilegal de fentanilo se ha convertido en una verdadera tragedia en la Unión Americana que ha trascendido, según investigadores independientes, incluso a la que ocasionó el sida o el crack en los años 80. Pensar que esa tragedia será minimizada por la sociedad y los partidos políticos de ese país en un periodo preelectoral es ingenuo, pero, además, el gobierno de López Obrador envía señales contradictorias día con día respecto a la relación de fondo con Estados Unidos.
No se puede, en el mismo día y hasta en el mismo discurso, acusar de injerencista al Departamento de Estado y calificar de mentiras y bodrio las violaciones a los derechos humanos en México, que todos sabemos que son ciertos, al mismo tiempo que se dice que Biden o Kerry son diferentes a Blinken, el Departamento de Estado o la DEA. No se puede ser el principal socio comercial de Estados Unidos e identificarse con Cuba y Venezuela, defender esos gobiernos y ser tan críticos con Estados Unidos al grado de decir que el juicio contra Trump es politiquería para evitar que esté en la boleta electoral en el 2024.
Es un juego de vencidas que ya jugamos en los años 70 y principios de los 80 con Luis Echeverría y López Portillo, que terminó muy mal. Y que, desde el inicio de la negociación del TLC en 1989 se fue transformando, con luces y sombras, en otro tipo de relación. Durante todos esos sexenios quedó claro que México avanzaba hacia la integración cada vez más plena en América del Norte. Es más, el reclamo era que nuestros socios hacían más lenta esa integración de lo que reclamaba México. La enorme diferencia ahora es que se percibe claramente la reticencia gubernamental mexicana para avanzar en ese sentido. Y todo el debate con la DEA, el fentanilo, el tráfico de drogas, esa desconfianza, está permeada por esa profunda indefinición. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 6)
Una agencia imperial y coja
Hace unos días, la DEA hizo pública una revisión externa de sus operaciones internacionales, elaborada por un exfuncionario de la agencia y un exfiscal federal. Como a menudo sucede con este tipo de documentos, los medios mexicanos se concentraron en un tema vistoso, pero menor: la supuesta designación de los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como las “principales amenazas” para Estados Unidos.
Digo supuesta porque no hay tal designación en ninguna parte del documento, solo una descripción de las acciones que estaría implementando la DEA en contra de esos grupos criminales. Se trata además de un tema que acaba ocupando muy poco espacio.
El asunto principal del reporte es el déficit de integridad y la debilidad de los controles internos de la DEA, particularmente en lo relacionado con sus operaciones en el extranjero. El origen de la revisión es la multiplicación de casos de corrupción y negligencia en la agencia antidrogas en años. Por ejemplo, se describe el caso de José Irizarry, un agente apostado en Colombia, que habría desviado no menos de 9 millones de dólares etiquetado para operaciones encubiertas.
Los autores son muy amables con la DEA y mantienen a lo largo del documento un tono relativamente poco crítico. A pesar de ello, hay hallazgos notables (descritos eufemísticamente como “áreas de mejoría”). Van algunos:
La DEA está brutalmente compartamentalizada, tanto en términos operativos como de información. La inteligencia que genera una oficina ubicada en el exterior rara vez se comparte fuera de silos organizacionales muy estrechos. En particular, no es fluida la comunicación entre oficinas en el exterior y oficinas ubicadas en Estados Unidos.
La presencia de la DEA en el exterior y la distribución correspondiente de recursos depende más de legados institucionales que de la evolución de las amenazas generadas por el narcotráfico. Dicho de otro modo, la DEA mantiene un mundanal de oficinas fuera de Estados Unidos (93 en 69 países, para ser preciso) por simple inercia.
La DEA no cuenta con métricas precisas para evaluar en qué medida sus operaciones en el exterior dan cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización y contribuyen a contener lo que describen como “amenazas de drogas”. En específico, citan como ejemplo la ausencia de métricas para medir el avance en la “degradación y desmantelamiento del Cártel de Sinaloa y el CJNG”.
Las oficinas en el exterior de la DEA no cuentan in situ con personal del área jurídica y de cumplimiento (compliance). Esto “puede crear barreras para identificar y escalar oportunamente riesgos de cumplimiento emergentes”. Traduciendo del burócrata a la lengua vernácula, eso significa que, en ausencia de personal local de cumplimiento, las faltas éticas o las desviaciones normativas pueden permanecer por debajo del radar de la agencia por un largo rato.
Las revisiones y auditorías a las oficinas en el exterior no suceden con la periodicidad debida. Si bien se esperan cambios a partir de este año, “históricamente, las inspecciones de las divisiones en el exterior han sido poco frecuentes, con brechas de varios años y no suficientemente adaptados a los riesgos únicos de cada oficina.”
Esto sucede además en una organización que tiene alcance imperial, con presencia en 69 países, haciendo uso continuo de métodos encubiertos (entregas controladas de droga o efectivo, uso de negocios fachada, intercepción de comunicaciones, etc.), manteniendo una red gigante de informantes y siendo en muchos casos la ventanilla principal de la diplomacia estadounidense.
Francamente, este no es un reporte tranquilizador para un país como México. (Alejandro Hope, El Universal, Nación, p. A11)
Sacapuntas
Representante de confianza
Pocos advirtieron que a la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, celebrada el fin de semana en República Dominicana, México envió como representante al subsecretario Maximiliano Reyes Zúñiga, gente de confianza del canciller Marcelo Ebrard. Se codeó con 14 presidentes, un primer ministro y el Rey de España. (Redacción, El Heraldo de México, LA2, p. 2)
¿Reorganización de la DEA?
El fantasma de la palabra “fracaso” ronda los pasillos del Departamento de Justicia y el Congreso de Estados Unidos por el promedio anual de 100 mil estadunidenses que mueren por sobredosis de drogas. Después de cinco décadas de creación de la agencia antidrogas de Estados Unidos, DEA (por sus siglas en inglés), se extiende la frase del “fracaso de la guerra contra las drogas” que impulsó el ex presidente Richard Nixon en 1973.
En la antesala de este medio siglo de existencia de la DEA, su titular Anne Milgram, presentó un reporte público cargado de reflexiones sobre el futuro de esta organización que está lejos de cumplir el ideal de alejar a la población estadounidense del espectro de la drogadicción. Hay que leer entre líneas este tipo de documentos públicos.
El reporte sin decirlo abiertamente señala que esta agencia tiene serios problemas de coordinación interna, tanto entre sus oficinas distribuidas en EU como en sus oficinas extranjeras. Por ello, este documento enfatiza la necesidad de implementar una política de reordenamiento llamada “Una sola DEA” (One DEA, en inglés).
Hay una crítica velada al funcionamiento de la división en México en este párrafo: “La DEA debe continuar invirtiendo en procesos, sistemas e indicadores que le permitan rastrear mejor las contribuciones de cada División Extranjera a las prioridades de cumplimiento de la ley” (por ejemplo, indicadores cuantitativos que miden el progreso actual hacia la degradación y el desmantelamiento de los cárteles de Sinaloa y CJNG)”.
Otro párrafo que no debe pasar desapercibido es el siguiente: “Los recursos deben fluir hacia los lugares mejor equipados para enfrentar las amenazas más apremiantes y no deben basarse en precedentes históricos o evaluaciones de riesgos fechadas.
Como mínimo, la DEA debería considerar la posibilidad de dotar de recursos a las Divisiones Extranjeras para reflejar sus habilidades para combatir las actuales amenazas de drogas de los EE. UU. en lugar de simplemente reflejar su proximidad geográfica o alcance”.
El párrafo anterior confirma que la división mexicana de la DEA y sus estaciones en Tijuana, Nogales, Ciudad Juárez, Nuevo Laredo, Matamoros, Hermosillo, Monterrey, Mazatlán, Guadalajara, Mérida y la CDMX, tendrán que rendir mayores resultados al tiempo que serán fortalecidas en recursos financieros porque es el problema del fentanilo el principal problema de drogas en EU.
Este reporte que costó 1.7 millones de dólares, y el cual fue elaborado por ex agentes de la DEA, señala desde la carta introductoria de su directora, que claramente los carteles de Sinaloa y Jalisco son “Amenazas Globales contra Estados Unidos”.
Esta no es una señalización menor en la antesala de presión de congresistas republicanos de declararlos como terroristas.
Este no es un documento estratégico de reorganización de esta agencia que ha sido seriamente cuestionada por su actuación en el mundo y EU. En sus conclusiones señalan que “La DEA debe continuar operando en entornos de alto riesgo, incluidos países con importantes problemas de corrupción y estado de derecho”. Es un documento poco crítico de su historia. (Gerardo Rodríguez, El Heraldo de México, Editorial, p. 15)
¿Victoria de México? Meten en cintura a la DEA
Aunque la información publicada se privilegió sobre la prioridad antinarcóticos de EU sobre los cárteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa, el reporte de la DEA del viernes 24, anunció una reorganización total de la agencia en sus operaciones en el exterior.
En México, la DEA fue sometida a reglas estrictas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en diciembre de 2020, para tener registro exacto de sus operaciones aquí y evitar una autonomía que habría causado fricciones diplomáticas entre los dos países de alto nivel.
A pesar de formar parte obligatoria de la Comunidad de Inteligencia de la Casa Blanca y de depender de manera burocrática del Departamento de Justicia, la DEA ha operado en los últimos años con una autonomía que pudo haber causado la irritación de la estructura de seguridad y sobre todo porque no cumplía con los requisitos jurídicos en sus operaciones y conclusiones.
No se debe olvidar que la DEA secuestró en 1990, al doctor Álvarez Machain y se lo llevó escondido a EU para juzgarlo por su presunta participación en la tortura del agente antinarcóticos Enrique Camarena Salazar. El Gobierno de EU obligó a la DEA a regresar al secuestrado.
Por cuenta propia y sin cumplir con los requisitos diplomáticos, la DEA armó los operativos contra el general Salvador Cienfuegos Zepeda y contra el secretario calderonista de Seguridad Pública, Genaro García Luna, fracasando de manera estrepitosa en el primero y ganando con el segundo con una acusación basada solo en testigos controlados por la agencia.
La directora del área, Anne Milgram, aceptó las recomendaciones de la oficina del Inspector General del Departamento de Justicia para la reorganización, aunque falta ver si se cumplirá con las restricciones.
Zona Zero
El Gobierno de Estados Unidos no ha sabido explicar su doble lenguaje: por un lado, el secretario del Departamentito de Estado lanzó acusaciones contra México y dejó entrever que sí apoyará la caracterización de cárteles como terroristas, pero, por el otro el enviado especial del presidente Biden, John Kerry, estuvo en México repartiendo elogios al presidente López Obrador, hechos que no deben asumirse como contradictorios, sino que han revelado que finalmente la Casa Blanca ha entendido los juegos de espejos de la política mexicana. (Carlos Ramírez, 24 Horas, Estados, p. 10)
Poder Nacional | Desde los Estados Unidos: la política interior como política exterior
Hace algunas entregas, comentaba respecto de la periódica sincronía electoral nacional, en los calendarios de nuestro país y la potencia predominante. Sucede cada doce años, en donde además de las respectivas presidencias, el Congreso en su totalidad se elige en nuestro país, además de nueve gubernaturas, en tanto que en los Estados Unidos 68 de 100 senadurías y los 454 asientos de la Cámara de Representantes, además de varias gubernaturas (aún sin especificar).
Las fechas exactas son: en México domingo 2 de junio de 2024 y martes 8 de noviembre en Estados unidos. Debido a las características de cada sistema electoral y de partidos políticos, así como una serie de reglas y costumbres no escritas para ambos regímenes presidencialistas, hay plena convergencia cronológica, pero también temática. Los asuntos concernientes a la agenda de Seguridad Fronteriza y migraciones forzadas, además de las disputas/diferencias en torno a los contenidos y aplicación del renovado tratado comercial entre ambos país y Canadá, le confieren a la de por sí complicada relación bi y trilateral, una dosis de pragmatismo inherente a las pre campañas y a las campañas electorales formales. Ahora no es diferente. Incluso se puede afirmar, que dicha visión cortoplacista es sin lugar a dudas, la que predomina a lo largo y ancho de las formas del quehacer político en los Estados Unidos.
Posicionamientos oficiales desde Washington, no se diga de los extremismos con claros dejos racistas y xenófobos anti México de parte de notables e influyentes sectores del Partido Republicano identificados con las tendencias extremas y alejadas de las prácticas democráticas, como son las de Donald Trump, han dado el paso para que el debilitado mandato del Presidente Joseph Biden –más aún luego de haber perdido el control de la Cámara de Representantes en los llamados comicios de medio término (noviembre 2022), de una forma tenue pero palpable, también adopte planteamientos a propósito y sobre todo, en lo que se refiere al consumo de las drogas (fentanilo y opiáceos naturales) así como a la violencia desplegada de las organizaciones criminales complejas, que atentan contra la soberanía del Estado mexicano (desde su perspectiva). Llegando ha hablar, como lo sostuvo el Jefe del Departamento de Estado Anthony Blake, ante las Comisione del Senado, el pasado miércoles 22, de que hay una reconocida incapacidad del gobierno mexicano para hacerles frente de manera consistente, contundente y definitiva.
La instalación de la política interior como política exterior, guiada, condicionada pero sobre todo, diseñada a partir de la obtención de triunfos electorales y con ellos, conquistar el control de las estructuras de gobierno en la República, si bien se entiende como consecuente, esta prioridad altera sin duda, la ruta que siempre va mucho más allá que la siguiente cita en las urnas. De allí, que como en pocas ocasiones como la actual, desde Washington, se estén proporcionando ejemplos de los riesgos que entraña la preeminencia de “lo electoral” sobre “lo estructural”. Desde México, debemos atender lo que de esa dinámica se desprenda, para en consecuencia y bajo la proyección de nuestros intereses nacionales, actuar. (Javier Oliva Posada, El Sol de México, Análisis, p. 15)
Cartón
(Gregorio, Excélsior, Nacional, p. 8)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 26/03/2023