Marcos Oliveira vive en Boston desde hace catorce años. Llegó de Minas Gerais sin hablar inglés; hoy tiene un pequeño negocio de limpieza y tres empleados. En octubre, como hizo en 2018 y 2022, manejará treinta minutos hasta el consulado brasileño para votar por el presidente de un país al que no ha vuelto en años, pero que sigue siendo el suyo. Su voto, sumado al de casi 183 mil brasileños registrados en Estados Unidos, podría ayudar a decidir quién gobierna Brasil.
Esa escena, que se repetirá en octubre, ya ocurrió este mes en Perú y Colombia.
Jorge Castañeda —exsecretario de Relaciones Exteriores de México— señaló esta semana en el foro digital de Alma de México que la participación de las diásporas en las elecciones recientes sorprendió a muchos y que, cuando los márgenes son tan estrechos, el voto migrante se vuelve decisivo.
Y tenía razón. En dos semanas, dos países lo confirman.
Lo dije la semana pasada y lo repito: en Perú, la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se decidió por unas décimas de punto, y el voto de los peruanos en el exterior inclinó la balanza. Por primera vez en su historia, la diáspora cambió el resultado de una elección presidencial.
También dije: en Colombia, Abelardo de la Espriella derrotó a Iván Cepeda por apenas 247 mil votos, y los colombianos en el exterior votaron 68.7 por ciento por el ganador desde consulados en 67 países. Otra vez, con un margen estrecho, la diáspora resultó decisiva.
Brasil es el siguiente
El 4 de octubre, Brasil va a las urnas. Lula da Silva busca la reelección frente a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente. En 2022, Lula ganó por apenas 1.8 por ciento: el margen más estrecho en la historia del país. Y Trump ya tomó partido públicamente por Flávio.
Los brasileños en el exterior también votan desde consulados. En 2022 fueron más de 697 mil los habilitados, un 39 por ciento más que en la elección anterior, y el país con más votantes brasileños fuera de Brasil es Estados Unidos, con casi 183 mil. Si el voto migrante definió a Perú y Colombia, en una elección brasileña tan cerrada como la pasada podría volver a pesar.
Fue durante el gobierno de Vicente Fox cuando el Congreso aprobó, en 2005, la reforma que por primera vez permitió a los mexicanos en el extranjero votar, y se ejerció en la elección presidencial de 2006. Fue un parteaguas, pero pasaron 20 años y el camino apenas se ha ensanchado: no hay mecanismos reales para informar a la diáspora, ni para facilitar el proceso, ni para que puedan ser votados.
Mientras Brasil se prepara para octubre, ¿qué pasa en México? En 2027 se van a renovar 18 mil 930 puestos de elección popular: el proceso electoral más grande en la historia del país. De esos casi diecinueve mil cargos, los compatriotas en el extranjero solo podrán votar por 14: diez gubernaturas y cuatro diputaciones migrantes.
Catorce de 19 mil
Hay, según algunos expertos, cerca de 12 millones de mexicanos nacidos en México viviendo fuera del país. El INE ha entregado alrededor de 1.6 millones de credenciales en el exterior. Y en 2024, apenas 184 mil votaron. El problema no es la apatía de la gente, sino un sistema que complica el trámite en lugar de facilitarlo.
Perú facilitó el voto y su diáspora decidió una presidencia. Colombia hizo lo mismo. En Brasil, en octubre sabremos si su diáspora también elige.
Los peruanos y los colombianos no pidieron permiso: se organizaron y votaron. Los brasileños se preparan para hacer lo mismo en octubre. Los mexicanos en el exterior también pueden. Empieza hoy: tramita tu credencial, actívala y habla con otros tres mexicanos que vivan fuera. Así, de uno en uno, se construye la fuerza que México todavía no quiere reconocer. (Juan Hernández, El Sol de México, Análisis, p. 13)
Esperan avance con EU para abrir la frontera
La presidenta Claudia Sheinbaum estará hoy en Chiapas con la secretaria de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, y el embajador Ronald Johnson, para inaugurar la planta de producción de moscas estériles para combatir al gusano barrenador. La visita ha despertado expectativas en el sector ganadero, pues no son pocos los que interpretan la presencia de funcionarios estadounidenses como una señal de que ambos gobiernos buscan acelerar la reapertura plena de la frontera al ganado mexicano. Aunque la erradicación de la plaga aún tomará tiempo, en el campo hay quienes esperan que, además del corte de listón, llegue también una señal política desde Washington. ¿Se les hará su deseo? (Bajo Reserva, El Universal, Nación, p. 2)
El Mundial ha traído estadios llenos, fiesta en las calles y millones de personas moviéndose entre ciudades, hoteles, bares, restaurantes, transporte, plataformas digitales y empleos temporales. Aunque México quiere mostrar su mejor cara hay otra oculta: la de un país que llegó al Mundial con la trata de personas ya instalada. No hay datos suficientes para afirmar que el Mundial aumentó la trata en México, Estados Unidos o Canadá. Sería irresponsable decirlo sin evidencia. Lo que sí sabemos es que los tres países sede emitieron alertas preventivas porque los grandes eventos deportivos pueden facilitar la explotación sexual, la explotación laboral y el lavado de dinero asociado a estas redes.
El Mundial no inventa la trata; la encuentra y si el Estado no actúa, puede volverla más rentable, más móvil y más invisible.
En México llegamos al torneo con una realidad alarmante. En 2025 se registraron 1,150 víctimas de trata de personas, 45% más que en 2024. Antes de que iniciara el Mundial ya había tan solo en 2026, 206 denuncias relacionadas con trata: 58 por explotación sexual, 19 por trabajo o servicios forzados y 129 por otros fines. Ésas son apenas las cifras oficiales. La dimensión real es mucho mayor, porque la trata vive precisamente de lo que no se ve: del miedo, amenazas, pobreza, corrupción e impunidad.
La campaña Mundial Sin Trata ha señalado que en México hasta 96% de los casos no se reportan. Esto quiere decir que cuando hablamos de trata hablamos, sobre todo, de personas atrapadas en silencio; de víctimas que no denuncian porque no pueden, porque tienen miedo, porque desconfían de la autoridad o porque la autoridad también forma parte del abuso.
La trata puede esconderse en muchas formas: explotación sexual en zonas turísticas, hoteles, bares, departamentos rentados o servicios anunciados en redes sociales; explotación laboral en construcción, limpieza, cocina, seguridad privada, transporte, comercio informal o servicios temporales; trabajo infantil, mendicidad forzada, reclutamiento engañoso, retención de documentos, amenazas migratorias, deudas impuestas o salarios controlados por terceros.
Por eso el problema no son los eventos deportivos sino la impunidad. Un megaevento como el Mundial genera movilidad, dinero y demanda. Puede significar derrama económica legítima, pero también oportunidades para redes criminales que ya operan en el país. Más visitantes implican más hospedaje, más transporte, más entretenimiento y más contrataciones temporales. Sin vigilancia, inspección laboral, inteligencia financiera y mecanismos reales de denuncia, la fiesta puede convertirse en mercado para quienes trafican con seres humanos.
Lo más grave es que México no llega a este evento con instituciones fuertes; llega con fiscalías rebasadas, pocas investigaciones efectivas, enorme cifra negra y autoridades que suelen reaccionar tarde. En trata, como en desapariciones, feminicidios, extorsión y homicidios, el problema no es sólo que el delito ocurra. El problema es que demasiadas veces ocurre con la certeza de que no habrá consecuencias.
La prevención no puede reducirse a campañas de buena voluntad. Se necesitan inspecciones donde la autoridad sabe que hay más riesgo; capacitación a personal de transporte y hospedaje; protección específica para niñas, niños, adolescentes, mujeres y migrantes; coordinación con bancos y plataformas digitales, y rutas de denuncia que realmente protejan a las víctimas.
El Mundial no debe medirse sólo por goles, estadios llenos o derrama económica. También debe medirse por la capacidad del Estado para impedir que la fiesta se convierta en negocio para quienes explotan cuerpos, miedo y necesidad.
La trata no empieza en el estadio o en un magno evento, empieza donde hay pobreza, abuso, corrupción, impunidad y autoridades que prefieren mirar hacia otro lado. El Mundial sólo puede amplificar lo que ya estaba ahí y en México, lamentablemente, la trata ya estaba ahí mucho antes del silbatazo inicial. (María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, El Universal, Opinión, p. A15)
Las elecciones presidenciales en Colombia representan mucho más que la definición del próximo ocupante de la Casa de Nariño. En un continente marcado por la polarización política, la inseguridad y la incertidumbre económica, los colombianos eligieron el rumbo de una de las democracias más influyentes de América Latina. El resultado tendrá repercusiones que irán más allá de sus fronteras.
Hasta los últimos días de campaña, las encuestas mostraban una ventaja para el candidato Abelardo de la Espriella frente al oficialista Iván Cepeda. Los estudios del Centro Nacional de Consultoría (CNC), Guarumo-Ecoanalítica y AtlasIntel coincidían en otorgarle una ventaja de entre cuatro y ocho puntos porcentuales, reflejando un cambio significativo respecto al inicio de la campaña y anticipando una contienda altamente polarizada. Sin embargo, la elección terminó siendo mucho más cerrada de lo que varios sondeos proyectaban, confirmando que las encuestas son una fotografía del momento y no un resultado definitivo.
Colombia ocupa una posición estratégica. Es el puente entre Sudamérica y Centroamérica, un actor clave en la lucha contra el narcotráfico y un socio comercial y político de Estados Unidos, México y buena parte de la región. Por ello, cada cambio de gobierno modifica el equilibrio diplomático latinoamericano.
La próxima administración enfrentará desafíos enormes. La seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de la población, mientras que el crecimiento económico, la generación de empleo y la reducción de la desigualdad siguen siendo tareas pendientes. Al mismo tiempo, el país deberá definir cómo continuará el proceso de paz con los grupos armados y cuál será su relación con sus principales aliados internacionales.
Para América Latina, unas elecciones estables y transparentes en Colombia enviarían un mensaje de fortaleza institucional en una época en la que varias democracias enfrentan cuestionamientos y altos niveles de polarización. En cambio, un escenario de confrontación política prolongada podría afectar la confianza de los inversionistas y dificultar la coordinación regional en temas como migración, seguridad y comercio.
México también tiene razones para seguir de cerca este proceso. Ambos países mantienen una relación económica creciente, comparten intereses dentro de la Alianza del Pacífico y cooperan en asuntos de seguridad, movilidad humana y combate al crimen organizado. Además, Colombia es uno de los principales socios turísticos y culturales de México en América Latina.
La relación bilateral podría fortalecerse, independientemente de quién gane la elección si prevalece una visión pragmática. México necesita aliados para impulsar la integración económica regional y diversificar sus cadenas de suministro, mientras que Colombia busca ampliar sus mercados y atraer nuevas inversiones. Una agenda basada en la cooperación ofrece mayores beneficios que una marcada por las diferencias ideológicas.
Las elecciones colombianas también recuerdan una realidad que con frecuencia se pasa por alto: la estabilidad política de un país latinoamericano repercute en toda la región. Los problemas de seguridad, los flujos migratorios, el comercio y la inversión no conocen fronteras. Lo que ocurre en Bogotá termina teniendo efectos, tarde o temprano, en Ciudad de México, Lima, Santiago o Brasilia.
Más allá de las preferencias políticas de cada ciudadano, el mayor triunfo para Colombia será que la voluntad popular se exprese libremente, que las instituciones garanticen un proceso confiable y que quien resulte electo gobierne con capacidad de diálogo. En tiempos de creciente polarización, América Latina necesita menos confrontación y más acuerdos. Colombia tiene hoy la oportunidad de enviar ese mensaje a toda la región. (Fernando Aguirre, Excélsior, Nacional, p. 10)
El mapa político de América Latina se está tiñendo de azul. No es una simple alternancia democrática; es un viraje profundo y acelerado hacia la derecha que se consolida con cada proceso electoral.
El triunfo de Abelardo de la Espriella, “El Tigre”, en las elecciones presidenciales de Colombia es el último y más claro síntoma de una región que parece haber llegado al límite de su paciencia con los experimentos de la izquierda.
Entre el hartazgo social interno y la sombra del presidente Donald Trump desde la Casa Blanca, el panorama continental se está reconfigurando por completo.
El desplome de la izquierda colombiana es un reflejo de cómo un proyecto político puede implosionar bajo el peso de sus propios errores. El presidente saliente Gustavo Petro deja una herencia tan cargada de escándalos que su delfín político, Iván Cepeda, lo pagó en las urnas.
Las acusaciones que minaron su credibilidad son demoledoras: desde los señalamientos de su propio hijo sobre presuntos financiamientos del narcotráfico en su campaña electoral, pasando por agudas crisis de gobernabilidad interna, hasta un errático manejo de las relaciones exteriores.
Este desgaste no es exclusivo de Colombia. Hay un síntoma generalizado de fatiga social frente a administraciones de izquierda que, lejos de cumplir sus promesas de equidad, han terminado por empobrecer aún más a sus sociedades.
La máxima de sus gestiones se ha reducido a la implementación de programas asistenciales que carecen de un propósito productivo o de trascendencia a largo plazo; subsidios que alivian el día a día, pero que no generan desarrollo real ni sacan a la población de la vulnerabilidad.
Hoy, los bastiones tradicionales de la izquierda en la región se cuentan con los dedos de una mano. El bloque radical sufre su peor momento: Cuba y Nicaragua se ahogan en el aislamiento, mientras que Venezuela vive bajo el interinato forzado de Delcy Rodríguez, tras la intervención de Washington contra Nicolás Maduro.
Por otro lado, la izquierda moderada de Brasil, Uruguay y México resiste a duras penas los embates y presiones de Trump, quien utiliza como ariete la lucha contra el narcotráfico y las revisiones comerciales como las del T-MEC.
En este tablero, la Casa Blanca ha sabido jugar sus cartas mediante el denominado “Escudo de las Américas”. Bajo la bandera de combatir la migración irregular y los carteles de la droga, Trump ha desplegado un agresivo plan para recuperar el terreno geopolítico que Estados Unidos descuidó durante décadas y que fue hábilmente aprovechado por China.
Con este paraguas ideológico, Washington ya alinea en sus filas a El Salvador, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Chile, Honduras, Paraguay y, de forma inminente, sumará a Colombia y Perú.
Con la eventual llegada de Keiko Fujimori al poder en Perú –tras cuatro intentos y en medio de un crónico laberinto político de inestabilidad–, Sudamérica quedará prácticamente blindada por la derecha.
La izquierda latinoamericana está hoy en la lona. La gran interrogante es si esta nueva derecha logrará construir un modelo de desarrollo sostenible o terminará siendo víctima de las altísimas expectativas de una región históricamente insatisfecha. (Israel López Gutiérrez, El Heraldo de México, Orbe, p. 14)