El lunes en Nueva York, en la conferencia de prensa para celebrar y presumir de parte del gobierno de Estados Unidos la declaración de Ismael El Mayo Zambada declarándose culpable de crímenes que lo tendrán en prisión el resto de sus días, estuvieron:
Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos; Terrance Cole, jefe (administrador, le llaman ellos) de la Drug Enforcement Administration (DEA); Derek Gordon, director ejecutivo adjunto de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional; Chad Yarbrough, director de operaciones del FBI; Matthew Galeotti, segundo de la fiscalía federal; Joseph Nocella, fiscal del Distrito Este de Nueva York; Jason Quiñones, fiscal del Distrito Sur de Florida, y Justin Simmons, fiscal del Distrito Oeste de Texas.
Ayer en la Casa Blanca, Trump tuvo una “junta de gabinete” que duró tres horas y cuarto y se transmitió completa en vivo. Puse comillas porque no fue una “junta”, sino una larga lista de elogios para Trump de parte de los miembros del gabinete que decidieron decir algo (casi todos).
La fiscal Bondi, sentada frente a Trump, se extendió hablando de lo de Zambada y de la lucha contra el fentanilo y las drogas a nivel internacional que, dijo, es gracias al mandato de Trump, y de cómo no se detendrán. El presidente de Estados Unidos sonreía.
Según nos ha dicho la presidenta Sheinbaum, en los próximos días o semanas se firmará un acuerdo de cooperación en asuntos de seguridad entre el secretario Marco Rubio y el canciller Juan Ramón de la Fuente. No tengo claro por qué firmarán ese acuerdo quienes, se supone, lo firmarán
Marco Rubio, que no estuvo en la conferencia del lunes, ayer felicitó brevemente al equipo que agarró a El Mayo, pero su tema fue la migración, la cooperación de muchos países en ese tema, “Trump ha redefinido fronteras”, y habló de las guerras en otros continentes. Ni Bondi ni Rubio mencionaron a México.
No sé si Bondi, Cole o Gordon le toman la llamada a Rubio.
No he visto al canciller en muchas partes, menos en la mañanera cuando se informa de seguridad.
Tal vez es mi memoria, pero en muchos años de cubrir la política estadunidense no recuerdo una conferencia de prensa con ese tamaño de personajes del aparato de seguridad y justicia estadunidense juntos, menos para celebrar una autodeclaración de culpabilidad de un criminal y al otro día ver que se presuma el logro, en vivo, frente al presidente para darle crédito. Tal vez la cancillería tenga otros datos. (Carlos Puig, Milenio, Al Frente, p. 2)
Gracias a Donald Trump, la política estadunidense atraviesa un momento de fricción extrema. En ninguna administración se ha visto el choque extremo contra todo lo que se perciba como un obstáculo: medios de comunicación, gobiernos locales, instituciones financieras y migrantes. Washington se convirtió, bajo la batuta del magnate, en el epicentro de la estrategia de confrontación.
El presidente estadunidense sigue un patrón claro que es la hostilidad hacia cualquier ente que lo critique o ponga en tela de juicio sus decisiones y caprichos. Probablemente el episodio más representativo contra la libertad de expresión sea su petición a la Comisión Federal de Comunicaciones para revocar las licencias de ABC y NBC, a las que señala de difundir “malas historias” sobre su persona. Seguramente su próximo blanco será la cadena CNN. Donald Trump está decidido a llevar a los extremos legales al Poder Ejecutivo, así pase encima de un pilar fundacional de su nación: la libertad de expresión.
No conforme con ello, Trump emprendió una cruzada contra las ciudades influyentes gobernadas por demócratas que no se subordinan a su poder imperial. Ahora amenaza con desplegar la Guardia Nacional en Baltimore, Chicago y Nueva York. El discurso dice que es porque están “plagadas de delincuencia”, pero la estrategia es clara: tomar control federal de los bastiones opositores.
Esta estrategia de militarizar ciudades puede resultar contraproducente para sus fines políticos. Por lo pronto, Gavin Newsom, gobernador de California, y J.B. Pritzker, gobernador de Illinois, consiguen reafirmar su lugar como opositores dignos de los republicanos de cara a las elecciones de 2028. Hasta hace algunas semanas, sólo se veía a Bernie Sanders y Alexandria Ocaso como demócratas con liderazgo y ahora se unen Newsom y Pritzker gracias a Trump.
¿PACIFICADOR?
La lógica con la que se presenta Donald Trump es la del líder que lleva por el mundo (y su país) la ley y el orden frente a un mundo peligroso y sin rumbo. ¿Los enemigos? Todos. Los demócratas, los delincuentes, los migrantes, las minorías, los dictadores, los comunistas, los cárteles y un infinito etcétera. Una política que necesita enemigos visibles y estigmatizar a ciertos grupos para mover las pasiones de su base electoral.
El combate al narcotráfico se inserta en esta misma lógica. Washington presume que está limpiando México de los criminales como Ismael El Mayo Zambada. Todo entra en esta misma retórica, donde las amenazas provienen del sur y sólo “él” puede salvarnos del ocaso anunciado. Simplifica fenómenos al absurdo y con eso no se detiene la demanda de estupefacientes ni el poder de las organizaciones criminales.
MINAR LAS INSTITUCIONES
Los frentes son amplios y tan diversos que incluyen instituciones tradicionalmente autónomas como la Reserva Federal. El despido de Lisa Cook, gobernadora de la Fed, se enmarca en esta misma mecánica. Es histórico y escandaloso que el presidente pretenda controlar la política monetaria de la primera economía del mundo. ¿Más alarmante aún? Lo está consiguiendo.
El panorama político de Estados Unidos se sostiene en la confrontación constante: un presidente que crea adversarios y una oposición que no sabe si responder entre lo institucional o lo simbólico. Frente a tantos enemigos (Fed, medios, migrantes, gobernadores y cárteles), Donald Trump obtiene titulares y respaldo inmediato, aunque erosione instituciones, polarice y normalice el autoritarismo. Mientras tanto, China espera paciente. (Kimberly Armengol, Excélsior, Global, p. 21)
El huachicol, en todas sus modalidades, se ha convertido en un cáncer que corroe las finanzas públicas del país y que, pese a los esfuerzos del gobierno, todavía no encuentra cura.
No lo dice la oposición ni los comentócratas de sofá, sino los diagnósticos oficiales: mientras la autoridad logra tapar un boquete, otros se abren para seguir drenando combustible. El saqueo ya no se limita a la gasolina, pues también alcanza el gas licuado y el petróleo crudo sin refinar.
Según cálculos oficiales, el robo asciende a cerca de 50 mil barriles diarios, lo que representa pérdidas que rondan los 25 mil millones de pesos al año.
El tamaño del daño a las finanzas públicas es mayúsculo. Y aunque la Secretaría de Seguridad federal, encabezada por Omar García Harfuch, junto con el Gabinete de Seguridad, ha asestado golpes importantes, todavía queda mucho por hacer.
El fenómeno no nació ayer: se dejó crecer en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y se profundizó más allá de lo ocurrido en los gobiernos de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón o Vicente Fox.
El huachicol, además, no se limita al robo de combustible. Existe también el huachicol fiscal, es decir, la importación de grandes cantidades de combustibles sin pagar un solo peso de impuestos.
Ahí están los decomisos históricos registrados este 2025: un buque en Tamaulipas con 10 millones de litros de diésel; la incautación de casi ocho millones de litros en Ensenada, Baja California; más de tres millones de litros en Tabasco, y 15 millones más en Coahuila.
Pero durante el gobierno de AMLO, Pemex importó oficialmente cantidades significativas de combustible sin pagar impuestos, bajo acuerdos entre el entonces presidente y el director de la empresa estatal.
De una u otra manera, se ejerció un huachicol fiscal avalado desde lo más alto del poder. Esa práctica, aunada al pésimo manejo administrativo, ha sumido a Pemex en la peor crisis de su historia.
Paradójicamente, México cuenta con abundantes recursos energéticos, probablemente más de los que hasta ahora ha podido explotar. Sin embargo, el problema radica en que el gobierno carece de recursos para perforar, extraer, producir y refinar. Y esa limitación sólo podrá resolverse si se abre la puerta de manera decidida a la inversión privada.
La presidenta Sheinbaum lo reconoció en su mañanera de ayer: en el pasado, Pemex alcanzó una producción de 3.4 millones de barriles diarios. Hoy, la meta se ha reducido a 1.8 millones, con la esperanza de cumplirla al cierre del año.
El reto es mayúsculo, pues buena parte del combustible sigue siendo robado, no sólo en ductos y transporte, sino en instalaciones petroleras.
Pemex, aquel símbolo de soberanía energética, hoy se debate entre la ineficiencia y el saqueo interminable del huachicol. La pregunta no es si el Estado podrá curar esta enfermedad, sino si tendrá la voluntad de reconocer que, sin cirugía de fondo y sin abrirse a otros actores, el paciente está condenado a permanecer en terapia intensiva.
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DICE EL DICHO POPULAR que cuando la perra es brava, hasta a los de casa muerde. Y en Morena son frecuentes los ejemplos que lo ilustran. El senador Gerardo Fernández Noroña llamó “cretino”, “cabrón” y “servil” al cónsul de México en Miami, Rutilio Escandón.
El chiapaneco declaró que el centro migratorio “Alligator Alcatraz”, ubicado en Florida, tiene una “injusta” mala fama. Según él, los mexicanos que son recluidos en ese lugar “están a buen resguardo”. Esto generó molestia a Noroña. Recordemos que Rutilio es cuñado del también senador Adán Augusto López. ¿Te digo Juana para que lo entiendas Chana?
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Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “En Morena no necesitan oposición: ellos solitos se muerden”. (Alfredo González, El Heraldo de México, País, p. 5)
La seguridad ya no se traza con mapas ni se defiende con muros. Hoy, la violencia organizada cruza selvas, ríos, montañas y redes sociales; no necesita pasaporte. Por eso, si la amenaza es binacional o trinacional, la solución también debe serlo.
No basta con buena voluntad: hoy se requiere coordinación real, binacional e incluso trinacional. México lo tiene claro. Lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum con contundencia: “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”. México no quiere imponer ni ser impuesto. Cree en la corresponsabilidad, en el diálogo y, sobre todo, en el respeto a la soberanía. Porque la soberanía no se negocia. Y la paz, tampoco.
Ese principio ya tiene rostro. En Petén, Guatemala, se celebró recientemente una reunión histórica entre los gobiernos de México y Guatemala. Ahí se consolidaron acuerdos para:
Fortalecer el Grupo de Alto Nivel de Seguridad.
Elaborar un protocolo binacional de repatriación con dignidad.
Impulsar visas de trabajo temporales.
Mejorar la colaboración militar, policial y de inteligencia.
Esta agenda va más allá del control migratorio: busca proteger a las personas que transitan, retornan o viven en la región. Aquí no hay subordinación: hay voluntad política de caminar juntos.
En ese mismo espíritu, el convenio interestatal entre Chiapas y Veracruz celebrado hace unos días, refleja que la seguridad también puede construirse desde abajo. Desde los gobiernos locales. Desde los territorios. Esta alianza encaja con la visión del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar: una seguridad con raíces comunitarias, rostro humano y articulación regional. Su apuesta es clara: paz con justicia territorial, con coordinación institucional y con una política pública que escuche al pueblo.
Y esta visión ya da resultados: reportes recientes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) advierten una sensible reducción de los delitos en Chiapas, al consolidarse, por tercer mes consecutivo, como la entidad federativa con menor incidencia delictiva en México. Esto, gracias al despliegue de células especializadas y a la colaboración estrecha y eficaz con autoridades federales y locales.
Incluso en la relación con Estados Unidos, México ha sostenido una postura firme, respetuosa y estratégica. Frente a los discursos unilaterales, la respuesta ha sido clara: no hay solución viable sin diálogo, ni justicia duradera sin respeto mutuo.
Hoy, las bases para un acuerdo trinacional México-Guatemala-Estados Unidos están puestas. La seguridad ya no puede ser una decisión solitaria: tiene que ser un compromiso compartido. Convertir a las fronteras en zonas de paz, movilidad ordenada y cooperación no es un sueño: es un deber. Porque lo que ocurre de un lado, repercute en el otro.
Y desde Chiapas lo sabemos bien: la paz no nace en las cumbres diplomáticas, sino en la voluntad cotidiana de proteger lo que somos. Coordinación, sí. Soberanía, siempre. (Jorge Luis Llaven Abarca, El Heraldo de México, Estados, p. 29)
Nicolás Maduro fue un accidente del destino. Su ascenso al poder, muy probablemente, no se hubiera dado sin la repentina muerte de Hugo Chávez atacado por un cáncer agresivo.
A partir de esa desgracia para la base popular chavista, quien nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, supo manipular la imagen del mártir para presentarse como un místico sucesor: “Yo, cristiano como soy, no tengo ninguna duda de que el comandante Chávez está en este momento al lado del libertador”, dijo Maduro en una de sus primeras intervenciones como presidente de Venezuela.
Desde 2013 está en el poder gracias a múltiples fraudes, a la manipulación de la Constitución y al control y depuración de diversas instituciones del Estado, principalmente de las Fuerzas Armadas. Esto le ha permitido perpetuarse y al mismo tiempo arrojar a Venezuela a la miseria, a pesar de ser uno de los países con mayores reservas de petróleo en el mundo.
Se estima que más de 20 millones de venezolanas y venezolanos viven en la pobreza extrema (su población total es de casi 30 millones) y casi el 45% piensa que es conveniente emigrar por la inseguridad y precariedad económica. En la actualidad, países como México alojan a miles de venezolanos que buscan llegar infructuosamente a los Estados Unidos; su desesperación va en aumento.
Maduro se ha convertido, poco a poco, en un paria internacional por la sistemática represión que aplica a opositores y medios de comunicación, y por la falta de libertades a una sociedad vejada en sus derechos humanos; en suma, ha terminado con la democracia. Pero toda demagogia tiene sus límites y la suya, apoyada en la mística chavista y epopeya bolivariana, apunta a que llegó a su fin.
Hay dos opciones que están sobre el tablero. La primera corresponde a una intervención militar directa por parte del ejército de Estados Unidos y de esta forma llevarlo ante la justicia estadounidense, mientras que, paralelamente, se abra de inmediato una nueva etapa hacia la democracia, donde sean las elecciones las que abran paso, nuevamente, a una reconstrucción institucional.
Recordemos que en estos momentos, Maduro es acusado por Washington de ser el líder del Cártel de los Soles y socio del Cártel de Sinaloa y del Tren de Aragua, por lo que ofrecen una histórica recompensa de 50 millones de dólares a quien proporcione información para que sea arrestado. La fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, dijo en conferencia de prensa que la DEA ha incautado 30 toneladas de cocaína vinculadas a Maduro, por lo que es uno de los mayores narcotraficantes del mundo.
Y la segunda opción es que se rinda y negocie una salida-exilio ante la presión internacional que se está manifestando en Occidente. Personalidades como la de Maduro, cuando sienten que ya no pueden salir del pantano, son capaces de saltar del barco a esconderse en las profundidades. El pueblo venezolano desde hace tiempo pide un cambio, pero la represión de una dictadura combinada con una oposición sin liderazgos fuertes y valientes, salvo el de María Corina Machado, ha retrasado el fin de Maduro.
Pero la pesadilla de Venezuela no empezó con Maduro, sino con Hugo Chávez. La continuidad que supuso Nicolás fue solo el corolario del declive de un gran país. Todas las democracias albergan demagogos, dicen Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, ambos profesores de Harvard y especialistas en democracia y autoritarismo.
Ellos retoman en su libro Cómo mueren las democracias las observaciones del politólogo alemán Juan Linz para apuntar cuatro signos de preocupación sobre un político autoritario: 1) cuando rechaza, mediante palabras o acciones, las reglas democráticas del juego; 2) cuando niega la legitimidad de sus oponentes; 3) cuando tolera o alienta la violencia, y 4) cuando indica su voluntad de restringir las libertades civiles de sus opositores, incluidos los medios de comunicación. No cabe la menor duda de que Hugo Chávez y Nicolás Maduro han cumplido a cabalidad estos preceptos, y muchos más en América Latina.
Por lo pronto, Maduro se sigue atrincherando con lo poco que le queda, la demagogia y la desesperación. Sus discursos son cada vez más delirantes y sus medidas inoperantes, por ejemplo, decir que está enlistando a la sociedad civil, lo cual no son más que patéticos montajes de propaganda.
Mientras tanto, el gobierno de Washington, bajo el argumento de que el presidente electo y legítimo de Venezuela es Edmundo González, tiene lista la intervención a territorio sudamericano, ya que para ellos, Maduro es un terrorista; sí, como Bin Laden. Donald Trump ordenó el despliegue de seis buques, aviones, helicópteros y submarinos ¡al Caribe!, algo que esas aguas azul turquesa nunca habían vivido. Además, un país como Guyana, frontera con Venezuela, les ha permitido a los uniformados estadounidenses usar su territorio para desembarcar.
Toda la inteligencia militar está lista para que, en cuanto Trump decida presionar el botón, las fuerzas de élite “capturen” o “derriben” a Maduro. Historias como estas ya las hemos visto; basta recordar a Manuel Antonio Noriega, Saddam Hussein o a Muamar el Gadafi. Estamos prontos a ver un nuevo episodio de un dictador derrocado. (Omar Cepeda, El Financiero, Opinión, p. 25)
Las expectativas sobre las declaraciones de El Mayo Zambada han quedado en la generalización sobre su colusión con funcionarios, militares y policías, en los últimos 45 años, lo que significa que existe una articulación de acciones entre la fiscalía de Estados Unidos, la Corte de Distrito de Brooklyn y el capo ( a través de su abogado, Frank Pérez) de no citar los pormenores del acuerdo que tuvo con los fiscales, ya que estos, en mi opinión, los manejará el presidente Donald Trump a su conveniencia para obligar a México a cumplir con su parte de someter a los grandes capos de la droga y sus cómplices incrustados en altas esferas del gobierno mexicano, además de lograr otros objetivos políticos y comerciales.
El jefe del Cártel de Sinaloa no precisó nombres o cargos de los personajes que sobornó durante 45 años. Sus abogados advirtieron que tampoco lo haría posteriormente. Además, negaron haber llegado a un acuerdo con Washington para revelar las identidades de los funcionarios que tuvo en su nómina.
No existe ninguna duda de que, contrario a lo que declaró el abogado de uno de los capos más sanguinarios del planeta, el criminal dio una lista de nombres a la fiscalía de Estados Unidos de funcionarios mexicanos que recibieron sobornos para poder continuar su actividad delictiva sin que nadie osara detenerlo.
El haberse salvado de la pena de muerte y de evitar un juicio con declarantes y testigos significó una tabla de salvación para el criminal, y ello lo alcanzó no por su buena voluntad de cooperar, sino evidentemente por señalar a esos funcionarios mexicanos, militares y policías que se coludieron con él.
El júbilo que predominó en el gobierno de Donald Trump al calificar la declaración de culpabilidad de Ismael Zambada como una victoria histórica, además de reiterar que “es la demostración de que nadie está lejos de nuestro alcance”, contrastó notablemente con el ambiente que se vivió en Palacio Nacional, en donde solo se repitió la declaración de que, si tienen pruebas de a quién le daba dinero, pues que las presenten ante la Fiscalía General de la República.
La fiscal general de la Unión Americana, Pam Bondi, advirtió que “El Mayo morirá en una prisión federal estadounidense, donde pertenece. Este terrorista extranjero cometió crímenes atroces contra el pueblo estadounidense; ahora pagará como si estuviera en el corredor de la muerte”.
Si no se hubieran llevado a Zambada al otro lado de la frontera para que los gringos lo capturaran, en estos momentos, el capo seguiría en sus criminales actividades con la protección del gobierno federal, estatal y municipal, todos bajo el control de Morena.
El fondo de todo este asunto y sus repercusiones en la relación entre ambos países son de alto impacto, porque habría que recordar que una de las banderas políticas de Donald es hacer todo lo necesario para frenar el tráfico de drogas sintéticas como el fentanilo y de aniquilar a los capos de la droga que atentan contra la seguridad interior, y por ello declaró a los capos como terroristas, lo que avala el combate hacia ellos en cualquier parte del orbe.
La manifestación de fuerza de la Marina de Estados Unidos en las costas venezolanas responde a esta lógica al perseguir a Nicolás Maduro por estar inmiscuido con el Cártel de los Soles y no dude, estimado lector, que no se descansará hasta cumplir con anular a este objetivo.
La migración ilegal es otra de las promesas de campaña que avanza con operativos salvajes que atentan contra los derechos humanos y con el apoyo de las fuerzas militares de México para frenar a las caravanas de inmigrantes que buscan alcanzar el sueño americano.
El mandatario norteamericano mantendrá la presión comercial y arancelaria contra México, prácticamente por lo que resta de su segunda administración y más si se empecinan en defender a funcionarios y familiares de López Obrador, ante lo que es más que evidente.
Hay que decirlo con todas sus letras: la sartén por el mango la tiene Trump en su negociación con México en diversos temas. Esto incluye la renegociación del T-MEC y otros asuntos que buscará el magnate inmobiliario dominar. Esto es para mostrar músculo ante los electores de la Unión Americana, a quienes se les ha vendido la idea de que el gobierno mexicano está sometido a sus designios.
El discurso político de ambos presidentes varía según el público al que se dirigen. Por ejemplo, en la mañanera, se defienden fervientemente el nacionalismo y la soberanía sobre acuerdos con la DEA o para impedir el acceso de agencias de inteligencia o fuerzas militares a territorio nacional. Mientras tanto, en los acuerdos privados, los negociadores mexicanos están completamente sometidos a sus contrapartes norteamericanas.
La mención de algunas estrofas del himno nacional son patadas de ahogado en un escenario que ni las manifestaciones públicas contra el imperialismo yanqui podrán impedir lo que es inevitable: la persecución y captura de esos narcopolíticos de la 4T. (Alejo Sánchez Cano, El Financiero, Opinión, p. 25)
Pareciera que falta mucho para las elecciones intermedias en México, pero lo cierto es que el tiempo pasa volando. Para junio del 2027 se van a definir 17 gubernaturas, diputaciones, presidencias municipales y más de mil diputados locales.
Si bien todo indica que Morena, con sus estrategias, tiene todo para ganar, lo cierto es que ellos mismos son su enemigo a vencer. La oposición a Morena está dentro de su propio movimiento.
Han hecho de todo para adueñarse del padrón electoral, los apoyos sociales son distribuidos por ellos mismos por sus llamados “servidores de la nación”, que tienen perfectamente bien dividido en mapas y zonas para poder movilizar al voto, y además cuentan con un presupuesto altísimo, el que reciben como partido, pero, sobre todo, dinero del Gobierno federal, que se utiliza en parte para garantizar votos.
Ahora, buscan una reforma electoral para ellos mismos controlar las elecciones del país.
Pero ¿qué pasa en el movimiento? Porque a pesar de tener todos los recursos de los cuales se han hecho a la buena y a la mala, han tenido resultados como los que vimos en la pasada elección en Durango, en donde la oposición PAN-PRI, ganó 20 de los 39 municipios, donde el operador de Morena fue Andy López Beltrán.
O Veracruz, donde Morena perdió 15 presidencias municipales respecto al 2021.
La respuesta es que los principales críticos de Morena están en su partido.
Lo vimos, por ejemplo, en el pleito de Gerardo Fernández Noroña contra el exgobernador de Chiapas y ahora cónsul en Miami, Rutilio Escandón, a quien señaló de “cretino y servil”. Lo hizo a través de un video en sus redes sociales en el que dijo que el cónsul quiere “minimizar las condiciones en las que se encuentran los migrantes” en el centro de detención conocido como Alligator Alcatraz, ubicado en Florida.
Rutilio seguramente tiene terror de criticar cualquier cosa del gobierno de Trump, porque está en la mira por la situación catastrófica de seguridad en la que dejó Chiapas y en donde permitió que grupos criminales se asentaran en el estado.
Dentro de Morena, algunos están en contra de que el liderazgo en el Senado sea para Adán Augusto López, y es que las acusaciones en su contra no son menores, él no solamente nombró a Hernán Bermúdez Requena como su secretario de Seguridad en Tabasco, pese a sus antecedentes criminales, sino que fue notario de varias empresas del mismo Bermúdez, quien fue acusado de liderar al grupo criminal La Barredora y operar para el Cártel Jalisco Nueva Generación, principalmente en Tabasco, con negocios que comprenden una extensa red de robo y tráfico ilegal de combustible.
Algunos de los propios compañeros de Adán piden su salida no sólo de la bancada, sino del partido, o que incluso sea nombrado embajador para evitar que el escándalo siga dañando a Morena.
Otro tema que incomoda dentro de Morena: recordemos que Adán Augusto quiere impulsar la candidatura de Andrea Chávez a la gubernatura de Chihuahua, han hecho actos anticipados de campaña, utilizando recursos de empresarios que fueron beneficiados por Adán Augusto, cosa que algunos en Morena ven como competencia desleal, incluso, comentan en los círculos íntimos del partido que dinero de los nexos del exgobernador y exsecretario de Gobernación con el crimen organizado podría estar detrás de esta precandidatura.
Además, el actual gobernador de Tabasco, Javier May, también ha hecho señalamientos en contra de sus compañeros de partido Adán Augusto y Carlos Merino, al permitir la operación de La Barredora durante sus gestiones como gobernadores.
Más acusaciones, por lo menos en cuatro estados donde gobernaba Morena y que el partido mantuvo la gubernatura, los mandatarios entrantes han señalado a sus antecesores.
En Veracruz, Rocío Nahle acusó a su antecesor de cometer un daño patrimonial de más de mil millones de pesos en el sistema de salud.
La denuncia se basa en auditorías en las que se detectaron pagos por equipos médicos en comodato que ya estaban disponibles en los hospitales, así como irregularidades en la contratación de personal. Nahle tuvo que moderar su discurso luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum respaldó a Cuitláhuac García, quien actualmente trabaja en el Gobierno federal.
Ahí tendrían que investigar a Rocío Nahle, porque también ha sido acusada de desviar recursos de su anterior trabajo al frente de la construcción de la refinería para usos políticos y personales.
En Morelos, la actual mandataria estatal, Margarita González Saravia, presentó cuatro denuncias penales y dos administrativas contra su antecesor y compañero de partido, Cuauhtémoc Blanco, a quien acusa del desvío de tres mil millones de pesos del erario estatal.
Mientras que el gobernador Eduardo Ramírez responsabilizó a su antecesor, al mismo Rutilio Escandón, de permitir y dejar crecer las operaciones de grupos criminales en zonas serranas de Chiapas, hablamos de los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y del Golfo, con sus respectivas células.
El mayor caso de corrupción de la historia de México es el desfalco de Segalmex, durante el sexenio de López Obrador.
Adela Ramos, exdiputada de Morena, se tuvo que cambiar de bancada luego de que hiciera un llamado de rendición de cuentas de los responsables de la corrupción en Segalmex, incluidos los titulares de Liconsa y Diconsa.
La misma diputada Adela Ramos se pronunció en 2023 en contra de los libros de texto gratuitos para el ciclo escolar 2023-2024. Sostuvo que no sólo contenían errores ortográficos y gramaticales, sino también intenciones dogmáticas y filosóficas de interés político del partido oficialista.
Otros que también se han confrontado son los dos morenistas Adán Augusto y Ricardo Monreal.
El primero acusó presuntas irregularidades en contratos inflados por 150 millones de pesos en la Cámara alta. El zacatecano rechazó los señalamientos y denunció una “guerra sucia” dentro del partido. La confrontación escaló a tal punto que requirió la intervención de la secretaria de Gobernación y de la propia Presidenta Sheinbaum para evitar una ruptura mayor.
Y para culminar, llegó lo que ahora llaman “verano maldito” para los de Morena.
Andrés López Beltrán, Andy, secretario de Organización del partido, fue captado en Japón en tiendas y hoteles de lujo; Mario Delgado estuvo en un hotel de lujo en Portugal; Ricardo Monreal, en España, y a todo esto, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que vivir con opulencia no era lo que se profesaba en el movimiento.
Hay otra pelea interna en Morena y es la que protagonizan Andy con Adán Augusto, y es por el control de Morena.
Mientras que Andy tiene la influencia ligada a su apellido y el apoyo de un sector del partido. La pugna, se perfila como la batalla más encarnizada por el control de Morena.
Recientemente, Ricardo Monreal realizó la plenaria de Morena en la Cámara de Diputados, a la cual no estuvieron invitados ni la actual líder nacional del partido, Luisa María Alcalde, ni el secretario de Organización, Andy.
Ricardo Monreal es de los pocos que ha reconocido que, pese a que faltan dos años para las elecciones intermedias, en las que se renovará parte del Congreso de la Unión, gubernaturas y municipios, existen divisiones.
Lo cierto es que las hay, divisiones profundas que hoy son el mayor riesgo para Morena. Esto es apenas el principio de las disputas que se darán dentro del partido. (Bibiana Belsasso, La Razón, México, p. 14)