Según el marco legal, a la Secretaría de Gobernación le compete formular y conducir la política migratoria garantizando, en términos de ley, la libertad de tránsito, en coordinación con las demás autoridades competentes.
Sin embargo, 15 días antes del inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el canciller designado Marcelo Ebrard Casaubon, usurpó las funciones migratorias de la Segob al aceptar el unilateral programa de Donald Trump, “Quédate en México”, en una reunión secreta con el secretario de Estado, Mike Pompeo, en Houston.
En ese entonces, Ebrard se abstuvo de consultar a su futura colega de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sin medir la conveniencia ni la capacidad de recibir en México un flujo de unos 75 mil migrantes centroamericanos en espera del trámite de solicitud de asilo, negado a la enorme mayoría, pues nuestro país no estaba preparado para recibir a tantas personas con la consecuente crisis humanitaria.
Aquí en Sin Ataduras, desde un principio criticamos la decisión de Ebrard, pues México no recibió ningún apoyo de Trump para recibir a los migrantes en nuestro territorio, ni tampoco un solo dólar, de los 10 mil millones de dólares prometidos para el desarrollo en el sur de México y Centroamérica.
En respuesta, el canciller envió supuestos desmentidos a través de funcionarios de la SRE, ataques de corifeos en la prensa y mensajes anónimos de bots en redes sociales.
Hace dos días, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó el fin de la implementación del programa que el canciller mantuvo vigente más de dos años después de irse Trump de la Casa Blanca. El fin del oprobio.
La justificación para anular “Quédate en México” por parte del secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, significa una condena implícita a lo aceptado por Ebrard: “tiene defectos endémicos, impone costes humanos injustificables y desvía recursos y personal de otros esfuerzos prioritarios para asegurar la frontera”.
El engañoso comunicado de la SRE aseguró que esta secretaría “ha venido verificando que se otorgue la atención humanitaria necesaria a las personas migrantes participantes en el programa”. Es decir, después de crear el cochinero, Ebrard se lava las manos. Responsabiliza a las autoridades migratorias como la Comar, del debido trato humanitario a los migrantes, perjudicados por la decisión del mismo canciller.
Después del fin de “Quédate en México”, surge un nuevo programa, acordado el 12 de octubre por Ebrard en Washington, otra vez sin la participación de la Segob.
El nuevo plan de Estados Unidos tiene ventajas y desventajas pues busca “crear un proceso más ordenado y seguro” al otorgar 24 mil visas a venezolanos que hayan ingresado a México antes del 12 de octubre, pero va a causar la expulsión de un mayor número de personas a México.
ONGs advirtieron que “ofrecer apoyo a 24 mil personas cuando el mes pasado más de 25 mil venezolanos fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza, no se puede llamar una solución para garantizar la protección y tampoco una migración segura, ordenada y regular, mucho menos humanitaria”.
Y la pregunta es ¿qué va a pasar con los más de 187 mil venezolanos que cruzaron la frontera entre México y Estados Unidos sin permiso, antes del 12 de octubre, y los que lleguen a México después de esa fecha? (Agustín Gutiérrez Canet, Milenio Diario, Política, p. 16)
El 12 de octubre pasado, el Gobierno estadounidense anunció un nuevo procedimiento de control migratorio, cuyo objetivo es reducir el traslado irregular de población venezolana a su frontera sur. El número de personas de esta nacionalidad detenidas por autoridades de la Unión Americana, de octubre de 2021 a agosto de 2022, fue de más de 150,000.
En la frontera norte de México se estima que hay por lo menos 22,500 personas migrantes de Venezuela, repartidas en los estados de Chihuahua, Baja California y Coahuila, las cuales buscan llegar a Estados Unidos.
En este contexto, el Gobierno de EUA comenzó la deportación de migrantes, incluyendo personas de nacionalidad venezolana que hayan cruzado o crucen ilegalmente a su territorio a través de la frontera con México. Esto, bajo el Título 42, un decreto de salud pública establecido durante la pandemia de COVID-19, que permite a las autoridades migratorias de la Unión Americana expulsar migrantes por razones sanitarias, sin que puedan solicitar asilo.
Sin embargo, al mismo tiempo, para incentivar la migración regular y por vía aérea, es decir, no atravesando por tierra ni nadando por mar la frontera con México hacia Estados Unidos, el Gobierno de ese país ofreció un programa que contempla 24,000 solicitudes para otorgar estatus legal, por dos años, a personas venezolanas que cumplan con ciertos requisitos.
Algunos de estos requerimientos son contar con un patrocinador en Estados Unidos que les brinde apoyo económico o de otro tipo; aprobar controles biométricos y biográficos de seguridad nacional y de seguridad pública, y tener completo el esquema de vacunación, además de otros requisitos sanitarios. No son elegibles las personas que hubieran sido expulsadas de territorio estadounidense en los últimos cinco años, que hayan cruzado la frontera ilegalmente después del pasado 12 de octubre, o a Panamá o México tras la misma fecha.
Por su parte, el Gobierno mexicano acordó con el estadounidense recibir de manera temporal a algunas personas de nacionalidad venezolana que ingresen a territorio nacional por la frontera norte, ante el incremento actual de flujos migratorios y la necesidad de establecer un acceso ordenado, seguro, regular y humano para migrantes de la región.
La migración venezolana hacia Estados Unidos se ha dado por diversos motivos: económicos, sociales o de otra índole, al igual que en otros países o regiones del mundo. Sin embargo, como refirió en septiembre pasado el canciller venezolano Carlos Faría, durante la 77 Asamblea General de la ONU, al leer una carta del presidente Nicolás Maduro, las 913 sanciones ilegales impuestas por terceros países impiden al pueblo de esa nación vender y comprar lo que produce y necesita, lo cual se traduce en sufrimiento, agresiones y privaciones sistemáticas que coartan su vida y derechos.
A esta situación se suma el hecho de que las y los migrantes venezolanos se arriesgan a atravesar el tapón del Darién, una selva fronteriza entre Colombia y Panamá; ruta clandestina con ríos crecidos y barrancos que implican un riesgo fatal, al igual que la presencia de grupos armados ilegales, de los cuales las personas en tránsito son víctimas de robo, agresión sexual y trata de personas.
En todo este escenario de migración, el Gobierno mexicano, además de recibir temporalmente a migrantes de Venezuela que Estados Unidos expulsó de su territorio, brindará refugio a quienes lo soliciten.
Si bien la cooperación del Gobierno de México con su par estadounidense respecto a la migración venezolana es un esfuerzo importante, no se puede soslayar que el fenómeno migratorio debe seguir atendiéndose desde la raíz, para que las personas no se vean orilladas a abandonar su lugar de origen y sus familias. Esto podría ser posible por medio de inversión, empleo, desarrollo social y económico, y siempre desde una perspectiva regional. Sólo así se podrá generar un círculo virtuoso que beneficie a todas las partes. (Ricardo Monreal, Ovaciones, Opinión, p. 27)