FRONTERAS. Complicará al viajero mexicano, la desaparición de 1,446 Pasaportes Mexicanos en la SRE.
Complicará al viajero mexicano de negocios o de turismo que transita por el mundo, la desaparición de las 1,446 libretas de pasaportes, de una bodega de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), por el mal uso que el hampa le pueda dar, como sería la de su posible falsificación.
Ante la situación que prevalece en el país la de ocupar el último lugar en el manejo de la pandemia y ahora la pérdida de 1,446 pasaportes, gobiernos de otros países podrían reactivar la exigencia de visa para los mexicanos, en naciones dónde no se solicita.
La SRE informó que el pasado 8 de enero se identificó el faltante de la documentación contenida en nueve cajas cerradas y correspondientes a seis lotes.
La dependencia levantó una acta circunstanciada, de la cual se notificó a la Fiscalía General de la República, al Instituto Nacional de Migración y a la Interpol, a fin de hacer una notificación a nivel nacional e internacional sobre los folios de las referidas libretas, a fin de evitar su uso ilegal” El precio en el mercado negro de una libreta de pasaporte oscila entre 5,000 a 10,000 dólares.
Perder 1,446 pasaportes genera un caos para el control del pasaporte mexicano para las autoridades extranjeras, podría obligar a que muchos países soliciten visa a los mexicanos para asegurar la autenticidad del documento. (Fernando de Fuentes, Ovaciones, Política, p. 11)
Biden entró con fuerza a la Casa Blanca e inauguró una nueva etapa en las relaciones México-Estados Unidos. Cuatro años de Trump implicaron una radicalización de las políticas migratorias que afectaron a millones de personas migrantes mexicanas y centroamericanas y fracturaron familias. Por un lado, la administración de Trump multiplicó las deportaciones de mexicanos viviendo en Estados Unidos sin documentos, que ya eran una tendencia preocupante desde la administración de Obama. Su abordaje punitivo de “cero tolerancia” implicó que los migrantes pudieran ir a la cárcel por faltas administrativas como manejar sin licencia, y encarceló a personas que cruzaban la frontera para tratarles como criminales. Además, decretó el Protocolo de Protección al Migrante (MPP) que implicó que miles de migrantes centroamericanos tuvieran que quedarse a vivir indefinidamente en las ciudades fronterizas de México a esperar su caso de asilo.
AMLO, doblegado a los intereses de Trump en esta materia, repitió el enfoque punitivo al enviar a la Guardia Nacional a las fronteras norte y sur para impedir el cruce de migrantes indocumentados por México. Los abusos de autoridades mexicanas en contra de migrantes se multiplicaron. Además, las autoridades migratorias han colaborado en una “lista” informal ilegal que dosifica la cantidad de personas que pueden procesar su caso de asilo en la frontera. Los últimos cuatro años han implicado una violencia binacional de Estados Unidos y México que han dejado a cientos de miles de familias migrantes fracturadas.
Una de las primeras acciones de la administración de Biden fue declarar una suspensión de las deportaciones de migrantes indocumentados al menos en los primeros 100 días de gobierno y prometer la restauración del derecho al asilo, así como la suspensión de la construcción del muro fronterizo. El mensaje marca un giro importante en la agenda política migratoria, pero las organizaciones binacionales en defensa de migrantes están alertas a que se respete cabalmente sus derechos.
Yolanda Varona, fundadora de la organización basada en Tijuana de Dreamers Moms, explica su situación: “llevo diez años sin ver a mi hija, me llenan de frustración y enojo contra un sistema caprichoso (…) ya no podemos con esta situación”. Ana Laura López, fundadora de Deportados Unidos en la Lucha, da su testimonio: “somos familias binacionales, mixtas y separadas (…) algunos tenemos la fortuna de que nuestros hijos puedan venir porque existe la documentación para que vengan, pero hay que hablar de la crisis que pasamos las personas deportadas: las dificultades para la reintegración. Lo que cuesta encontrar trabajo, lo que cuesta encontrar vivienda, tener una estabilidad económica en México para tener dinero para comprar boletos para que tus hijos vengan”.
Estas personas se reconocen como una comunidad olvidada. La llamada entre Biden y AMLO promete una colaboración hacia políticas menos punitivas, habrá que estar alertas para que esto no implique trasladar el enfoque trumpista de la frontera norte a la frontera sur. Debemos mucho a esta comunidad olvidada y de familias fragmentadas. (Maité Azuela, El Universal, Nación, p. 2)
Ayer durante la mañanera le mencionaron a la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que sobre el caso de los migrantes asesinados y calcinados en Camargo, Tamaulipas, Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas había dicho que “estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”.
Sánchez Cordero reaccionó: “Por ningún motivo es igual que lo que sucedió en San Fernando. Todos los días a partir de que sucedió este evento hemos estado en el Gabinete de Seguridad viendo los avances que se tienen sobre esta situación y te puedo decir, te puedo decir con mucha seguridad que se ha avanzado y que se ha avanzado muchísimo”.
La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodríguez, intervino: “Que no va a haber impunidad”. Es curioso cómo el “no somos iguales” del jefe permea, pero en este caso, con todo respeto, la ONU tiene razón. La masacre de Camargo es resultado de cómo los gobiernos, éste, los pasados, han abandonado a su suerte a los migrantes que quieren llegar de Centroamérica a EU, convirtiéndolos en presa fácil del crimen organizado que sí, hay que decirlo, con este gobierno, como con los anteriores, sigue dominando territorios y negocios como el del tráfico de personas. Y en estos años, con el muro militar en nuestra frontera sur, los migrantes acuden a formas aún más peligrosas de transporte. Así que, pues sí, lo de Camargo sí recuerda San Fernando.
Por cierto, sobre lo de la investigación, en septiembre de 2010 el entonces presidente Calderón junto al entonces presidente salvadoreño anunció la detención de varios presuntos responsables y la muerte de otros en sus encuentros con el Ejército. NO que eso terminara en justicia o reparación. Pero creo que sí…que sí recuerda la tragedia de hace una década, porque en ese asunto muy poco ha cambiado. (Carlos Puig, Milenio Diario, Al frente, p. 2)
Cada vez es más frecuente ver personas calcinadas dentro de camionetas o autobuses pequeños. Un caso de espanto fue el los familiares del clan Le Barón en Bavispe, Sonora, cuya única consecuencia fue hacer candidato de Morena al discutible ex secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, quien se conformó con la edificación de un monumento a las víctimas cuando su mejor recuerdo no serian las piedras conmemorativas sino la justicia.
Además construyeron un destacamento de la Guardia Nacional. Ni remedio ni trapito.
Ahora, en ese estilo cada vez más frecuente, calcinan a doce personas dentro de un transporte, en Tamaulipas, el mismo estado donde en el año 2010, fueron asesinados con sevicia indescriptible más de setenta migrantes.
Ante el reciente crimen múltiple, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) externó su preocupación y “… comparó este martes el hallazgo este fin de semana de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas (EFE) con la trágica masacre de San Fernando del 2010, en la que asesinaron a 72 migrantes en la misma región.
“Estamos profundamente preocupados por los hechos reportados por distintos medios sobre el hallazgo de 19 personas calcinadas en Tamaulipas.
Ante esa percepción de las Naciones Unidas, a la cual el gobierno actual recurre cada y cuando necesita un aval para su insistente condena ante los espantos del pasado, pero jamás cuando le señalan sus omisiones o errores, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ha envuelto en la bandera y ha dicho con toda enjundia: esto no se parece a lo de San Fernando, porque ahora lo estamos investigando.
La verdad sorprende hasta donde pueden llegar las maromas verbales del gabinete de seguridad. Las cosas son iguales esencialmente, no importa si después de los hechos se investiga o se deja al garete. Los hechos son los hechos. (Rafael Cardona, La Crónica de Hoy, Opinión, p. 3)
Es ingenuo pensar que México pudiese tener influencia a favor de la reforma inmigratoria que quiere impulsar Joe Biden, esos son asuntos internos y tomarán su tiempo.
Vamos por lo más importante, los migrantes. Es ingenuo pensar que México pudiese tener influencia a favor de la reforma inmigratoria que quiere impulsar Joe Biden, esos son asuntos internos y tomarán su tiempo. Lo que sí sabemos es que en Estados Unidos hay una gran necesidad de recursos humanos para la construcción, la agricultura, los servicios, en áreas específicas como clínicas y hospitales, maestros de español, apoyo a los padres trabajadores y más.
Por otro lado, hay una gran cantidad de paisanos que tienen ganas de regresar, tienen ahorros y capacidades para crear nuevos negocios, pero no hay estímulos.
Hay temas que no van a cambiar, no importa quienes estén en los respectivos gobiernos, se tendrán que atender la migración ilegal, el tráfico humano y de armas o el trasiego de drogas. (Juan María Naveja, El Economista, Opinión, p. 47)
Prácticamente cada día queda más claro que las fuerzas armadas, es decir, el Ejército, la Marina Armada y la Guardia Nacional, son un poder preponderante en la actual administración.
Durante las semanas recientes el caso Cienfuegos ha causado un gran revuelo y ha vuelto a poner en evidencia la debilidad institucional para una procuración de justicia con estándares democráticos.
No obstante y con independencia del caso Cienfuegos, frente a los recientes señalamientos y documentación de casos que las vinculan a graves violaciones a los derechos humanos, vale la pena preguntarnos si, en efecto, las fuerzas armadas siguen hoy bajo el mismo manto de impunidad que les protegió durante las anteriores administr aci ones.
Sobre la Guardia Nacional (GN), ya en esta administración, se tiene el registro de, al menos, cinco casos formalizados de abusos graves en perjuicio de civiles que fueron ejecutados o lesionados de bala por no detenerse ante un retén o una solicitud de alto.
Esto sin mencionar los numerosos reclamos por abuso de poder en la frontera sur en el contexto del paso de las caravanas migrantes.
Debido a lo anterior, la GN ya aparece entre las 10 autoridades con más quejas ante la CNDH por presuntas violaciones a derechos humanos, entre las cuales se encuentra también la Sedena.
Los gobiernos de Peña y Calderón asignaron a las fuerzas armadas papeles protagónicos que los llevaron a tener en la vía de los hechos preponderancia sobre el poder civil.
Pues bien, y en contraposición con las críticas que López Obrador ha dirigido a sus antecesores en casi todos los ámbitos, resulta evidente que respecto del poder castrense ha apostado por la misma fórmula pero aumentada.
Lamentablemente, el crecimiento de las facultades militares no ha sido acompañado por el diseño de nuevos mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas; por ello, acrecentar su poder implica, correlativamente, incrementar no sólo el riesgo de corrupción, sino de alentar la continuidad de la comisión de violaciones graves a los derechos fundamentales de los ciudadanos. (Mario Patrón, La Jornada, Opinión, p. 17)