La compactación del Gobierno, se dice, es congruente con la política de austeridad impuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no deja de llamar la atención que ahora se centre en 16 organismos desconcentrados que perderían su autonomía de gestión.
Entre ellas, sin minimizar la importancia del resto, la desaparición de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.
Se trata de una iniciativa que será enviada por el Ejecutivo al Congreso en los próximos días, a menos que su filtración detenga el trámite.
No se conocen bien a bien los motivos de la iniciativa que jurídicamente fusionará 16 organismos desconcentrados -como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar)- con diversas secretarías.
La Comar, por ejemplo, era un órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación pero, de acuerdo con el proyecto, será anexada al Instituto Nacional de Migración (INM).
El Presidente ha dicho en reiteradas ocasiones que existen organismos o dependencias que duplican funciones y por lo tanto deberían fusionarse o desaparecer.
Dentro de este argumento está también la decisión de compactar el aparato burocrático, como se ha venido haciendo desde que asumió el poder en diciembre de 2018 y aunque se pensó que ya no había más personal de donde recortar, si se aprueba dicha iniciativa habrá un nuevo reajuste.
Por otra parte, no es entendible cómo es que se pretenda desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del SNA cuando precisamente el combate a la corrupción es la bandera de esta administración.
La Secretaría Ejecutiva ha dado buenos resultados, pero su autonomía de gestión parece ser el elemento que incomoda al Ejecutivo.
Ya veremos si después de las críticas al proyecto, el Presidente lo mantiene en sus términos.
Al final de cuentas, corresponderá al Congreso aprobar o no dicha iniciativa que, tratándose de modificaciones a diversas leyes, requiere sólo del voto mayoritario, que sí lo tiene Morena en ambas Cámaras.
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Sorprende que en la agenda de la reunión plenaria de la bancada de Morena no estén incluidos los nombres del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, ni el del fiscal Alejandro Gertz Manero.
O los funcionarios estaban muy ocupados para explicar a los senadores del partido presidencial las delicadas situaciones económicas y de inseguridad, o fueron los propios legisladores morenistas quienes decidieron no arriesgarlos a alguna pregunta incómoda.
Morena se ha negado a aprobar la comparecencia de Gertz ante el pleno cameral, a pesar de las reiteradas peticiones de la oposición.
Y a Ramírez de la O le quieren evitar la pena de justificar el poco crecimiento, la inflación disparada y las advertencias de especialistas en el sentido de que la economía va en camino de la recesión.
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Por cierto, luego de que el propio Ricardo Monreal anunciara el fin de la Comisión Especial creada para investigar el abuso de poder en Veracruz, el grupo ultra de Morena se quedó sin materia para discutir hoy.
Eso y la revelación de que al menos una decena de los 30 legisladores que se habían comprometido a una pre-plenaria con la intención de objetar -y desechar- dicha comisión, deberían haber sido suficiente motivo para abortar la reunión.
A menos, claro, que de ayer a hoy apareciera por ahí, como no queriendo la cosa, otro tema que justifique la junta de los radicales quienes, por cierto, no salieron a gritar triunfantes que habían logrado su cometido de desaparecer la comisión que tanto incomodó a Cuitláhuac García. (Adrián Trejo, 24 Horas, Opinión, p. )
Últimamente, muchas de nuestras entrevistas son por Zoom. En otros tiempos tal vez hubiéramos ido hasta su despacho de la Suprema Corte en Washington D.C. La jueza Sonia Sotomayor tiene fama de ser muy social y disfruta de dar entrevistas.
Pero estamos en pandemia. Por suerte existe Zoom.
Sonia Sotomayor es la única magistrada latina en el máximo tribunal de los Estados Unidos. El expresidente Barack Obama la nombró en 2009 y es una de tres jueces progresistas que actualmente hay en la Corte. (En total hay nueve, por ahora la mayoría son conservadores). La posición es vitalicia y permite la posibilidad de moldear el destino del país para las próximas generaciones.
Pero no conforme con eso, la jueza Sotomayor me contó en esta entrevista para Noticias Telemundo, que, cuando ella asumió el cargo, pensó en lo que quería que fuera su legado, más allá de la Corte. Y concluyó que quería escribir cuentos para niños.
“Escribir libros infantiles puede ser más difícil que escribir opiniones legales en la Corte”, me dijo. “En estos cuentos hay que ser concisos y buscar la palabra exacta. La precisión y la brevedad son difíciles de lograr”.
Sólo Ayuda es el cuarto libro para niños que Sotomayor escribe. Comienza con una pregunta: ¿cómo vas ayudar hoy?
“Quiero que las nuevas generaciones nos ayuden a cambiar el mundo”, explicó.
En la entrevista hablamos de su libro y de otras cosas. Pero no es fácil. A una jueza de la Corte Suprema se antoja preguntarle sobre los casos que están frente al tribunal; los grandes debates existenciales que atraviesa este país. Ahí están el aborto, el derecho al voto, la lucha contra la pandemia (recientemente la Corte negó a Biden la posibilidad de hacer que la vacuna sea obligatoria para los trabajadores de grandes empresas), el control de armas, la inmigración, entre otros asuntos. Se antoja preguntarlo, pero no sirve de mucho. Si ella habla públicamente sobre una cuestión que en el futuro puede presentarse ante el tribunal, está obligada a retirarse de las deliberaciones. Así que todos esos temas son prohibidos.
Aunque siempre hay, desde luego, una forma de abordarlos sin comprometerla. Como dirían los clásicos: “todo se puede preguntar”. Qué se responde y qué no, queda en la cancha del entrevistado. La jueza Sotomayor, por ejemplo, prefirió no responder a mi pregunta sobre el tamaño de la Corte. Le expliqué que algunos demócratas creen que debe haber más jueces, como una forma de buscar mayor balance en el tribunal, que actualemnte tiene una mayoría conservadora. Ella quiso evitar el duelo de partidos.
Así se supone que debe ser. La Corte está por encima de la política pasajera que domina Washington. La Corte es legalidad, permanencia y continuidad.
Sí, me dijo, sin embargo, cuál es el problema que más le preocupa de Estados Unidos: el futuro de la democracia; la falta de confianza que actualmente hay en el gobierno y en las instituciones.
“Si los más jóvenes no se interesan en nuestro sistema democrático”, aseguró, “vamos a perder al país”.
NOTA: La entrevista se dio justo un día antes de que otro juez de la Corte, Stephen Breyer, anunciara su retiro. Tiene 83 años. Es una oportunidad para que el presidente Biden nombre a un nuevo miembro que tendrá la responsbailidad de escribir el destino de Estados Unidos desde una silla privilegiada. En campaña, Biden prometió que nominaría a una mujer afroamericana. La primera en la historia. Las expectativas son altas. (Julio Vaqueiro, La Razón, Opinión, p.10 )
México ocupa el tercer lugar en el mundo en volumen de población emigrante (11.2 millones en 2020) y es además vecino de Estados Unidos, país con la mayor población inmigrante (50.7 millones). A escala global, ocupamos el primer lugar entre los 10 corredores principales de migración internacional, con 3.9 por ciento del total de migrantes internacionales del mundo (280.6 millones). A ello hay que sumar las personas migrantes en tránsito por territorio mexicano hacia Estados Unidos desde Centroamérica, el Caribe, Sudamérica y de otros continentes, así como las personas que cruzan cotidianamente la frontera por motivos laborales, educativos, negocios, comercio y salud.
Se estima que durante 2019 la cifra de migrantes internacionales en América alcanzó 70 millones y a partir de 2018, este flujo se caracteriza por grandes grupos que viajan desde América Central hacia México y Estados Unidos. Los principales factores sociales que impulsan la migración internacional son la inestabilidad política, las desigualdades sociales y económicas, los conflictos armados y los desastres naturales. Sin duda, la pandemia del covid-19 ha incrementado exponencialmente la injusticia social en que viven las comunidades migrantes. Diversos estudios muestran que la desigualdad de ingresos (salario bajo e inadecuado), la vivienda y la densidad del vecindario, localidades rurales, entornos xenófobos y racializados y la desconfianza en la salud pública y el gobierno contribuyen a tasas más altas de infección, hospitalizaciones y muertes ligadas al covid en comunidades desatendidas y vulnerables.
Desde hace 17 años y de manera ininterrumpida, la Secretaría General del Conapo junto con la Universidad de California en Berkeley edita cada año la publicación Migración y Salud / Migration and Health. Los cinco artículos que integran la edición 2021 dan cuenta de la situación que arrastran cotidianamente las personas y las comunidades de migrantes en Estados Unidos y de cómo la pandemia ha reforzado sus condiciones de precariedad, vulnerabilidad y discriminación.
Aquí reseño los resultados de uno de los estudios, una investigación participativa realizada por Evelyn Vázquez, Gabriela Ortiz y Ann Cheney (investigadoras de la Universidad de California, Riverside) en comunidades migrantes mexicanas y purépechas que viven al este del Valle de Coachella, California. Los miembros de esa comunidad purépecha viven hacinados, como cinco familias en una sola vivienda, se trata de trabajadores esenciales que no pudieron confinarse, que tenían que salir a recoger vegetales y regresaban con el virus a casa. La intersección entre sistemas sociales de discriminación y desventaja influyen en creencias y comportamientos que las comunidades migrantes tienen sobre el virus y la vacuna contra el covid. La desconfianza en el gobierno, el miedo al servicio de inmigración y la falta de información adecuada y accesible para la comunidad, han fomentado el escepticismo y la propagación de creencias falsas en la comunidad sobre el virus y la vacunación. Algunos tesimonios de informantes:
[En] un principio, que no creíamos en el covid, y pues empezaron a morir… y la gente empezó a creer, a cubrirse y a no salir. Con la vacuna creen que es igual, no creen en la vacuna. No creen que sea el remedio, están que no se la van a poner.
“Hay mucha gente que sí se quiere vacunar, porque ya quiere el fin de la pandemia. Pero hay otro 50 por ciento que… piensa que en la vacuna nos van a poner un chip y [sabrán] dónde vas a estar; dijeron: ‘el gobierno nos van a tener vigilados’.”
Las investigadoras encuentran que estas personas sobreviven a la pandemia con incertidumbre y miedo. La incertidumbre, como resultado de la carencia de fuentes de comunicación confiables e información inaccesible –ya sea por barreras lingüísticas, culturales o tecnológicas–, y el miedo como expresión de una opresión generalizada: no creen que el gobierno esté para ayudarles. Se trata de una vulnerabilidad estructural en que viven poblaciones migrantes latinas en Estados Unidos, la cual ha sido descrita como el resultado de la interacción de fuerzas complementarias: la explotación económica de clase, la discriminación cultural y racializada, así como los procesos de violencia simbólica y de opresión internalizada. Las desigualdades sociales experimentadas a lo largo de la vida, incluidos el abuso, la violencia, la inseguridad alimentaria y las desventajas económicas dejan sus marcas en el cuerpo.
El estudio es un llamado a fortalecer las redes rurales que viven en esos condados y tendrían que ser punto de partida a tomar en cuenta por los cónsules recién nombrados, a fin de mitigar las desigualdades de salud y atender a las comunidades de mexicanos en el exterior. (Gabriela Rodríguez, la Jornada, Opinión,p.16)