Opinión Migración 280324
Rozones
“De no creerse”
Y fue la embajadora eminente Martha Bárcena quien a propósito de que se cumplió un año del incendio en una estación del Instituto Nacional de Migración —en el que murieron 40 personas— difundió un mensaje relevante, nos comentan. Sobre todo, porque hace hincapié en un hecho que ha sido cuestionado por activistas y organizaciones de Derechos Humanos. La exembajadora de México en Estados Unidos escribió en las benditas redes: “A un año de la tragedia de Ciudad Juárez, en la que fallecieron calcinados tantos migrantes, sigue al frente del Instituto Nacional de Migración Francisco Garduño. De no creerse. Y el tráfico ilícito de personas continúa”. Su mensaje, en la red social X tuvo un amplio impacto, decenas de respuestas, cientos de réplicas y miles de reproducciones. En el INM la respuesta fue la de informar lo hasta ahora hecho, señaló la dependencia, para reparar el daño a las víctimas. Ese comunicado el funcionario sólo lo replicó. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
Sacapuntas
Siguen las víctimas
Nos cuentan que la Conferencia del Episcopado Mexicano, a cargo de Rogelio Cabrera, recordó y lamentó la masacre de los 40 migrantes calcinados el año pasado en el Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, Chihuahua. Los religiosos señalaron que miles de migrantes siguen siendo víctimas de políticas injustas. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
Quebradero / A un año. ¿Algo cambió?
¿Cuánto habrán cambiado las cosas en las estaciones migratorias a un año del incendio en Ciudad Juárez? 33 estaciones están cerradas y no se ve que las vayan a abrir porque no se les da por invertir.
Meter dinero en las estaciones migratorias es necesario, porque se requiere de un cambio en el diseño y, sobre todo, llevar a cabo un trabajo detallado para que quienes trabajan en ellas tengan protocolos y conozcan lo que significa la migración y los derechos migrantes. Si 33 de ellas siguen cerradas es porque no quieren invertir o porque no se alcanza a entender la dimensión del problema.
Una comisión del Senado ha hecho un trabajo importante, pero se ha enfrentado con una gran cantidad de trabas que no le ha permitido desarrollar una nueva estrategia para las estaciones, pero, sobre todo, pareciera que desde el Gobierno no existe un interés por conocer lo que a lo largo de este año han hecho las y los legisladores.
Como suele suceder en el país, estamos en una especie de limbo en donde muchos son los señalados, pero no hay ningún sentenciado, lo que alcanza a quienes, a querer o no, son responsables de lo sucedido. El director del Instituto Nacional de Migración, INM, sigue en el cargo y bajo el apoyo total del Presidente; tienen una amistad de años.
Los familiares de las víctimas de alguna manera han sido revictimizados. Se han dado a conocer sus nombres, lo que los ha dejado expuestos y además se ha hecho pública la indemnización que les han entregado. Sumemos a esto que, según algunos familiares, esto no ha sido parejo, hay muchas quejas de cómo algunos de ellos están siendo tratados.
Lo que pasó hace un año es una muestra de lo que ha sido la política migratoria en la presente administración. No pasa por alto que existen muchas presiones. Un factor de primera importancia son los grandes problemas que viven las naciones que están expulsando a su gente, está de por medio el factor económico y las condiciones políticas de los países.
México tiene de nuevo una alta tasa migratoria, la cual mucho tiene que ver con la violencia que se está viviendo en el país; en anteriores ocasiones hemos hecho referencia a cómo muchas familias completas están buscando refugio en EU.
En los últimos años se ha intensificado la migración. Se han intensificado las caravanas migrantes a las cuales es cada vez más difícil contener y a las cuales también se les trata en muchos casos de manera violenta como si la migración fuera un delito.
Muchos mexicanos que son expulsados de EU con lujo de violencia incluso esposados, bien quisieran que los 11 mil pesos que el Gobierno le ha ofrecido a venezolanos, colombianos y ecuatorianos como incentivo para regresar a sus países de origen, se les otorgaran a ellos. Siguen siendo las y los mexicanos quienes son en número los más expulsados desde EU, quizá se haya perdido la capacidad de asombro, porque esto viene sucediendo desde hace décadas.
Pareciera que poco se repara en lo que está sucediendo en los países de origen de muchos de los migrantes. El Gobierno mexicano ha tenido singular cuidado de no meterse con Venezuela en donde viene un proceso electoral totalmente dominado por el gobierno de Maduro, no está dejando incluso participar a una oposición cada vez más influyente.
Gobiernos como el de Colombia y Brasil, los cuales si algo no tienen es que sean de derecha, públicamente han manifestado su “preocupación” por lo que está pasando en Venezuela con su dirigido y discrecional proceso electoral. La pregunta es qué se va a hacer cuando pasen los seis meses de entrega del dinero si la esencia de los países no cambia.
Habrá que preguntarse no sólo por lo que ha pasado con las estaciones del INM, hay que evaluar la política migratoria, la cual ya es un sensible pendiente.
RESQUICIOS.
El Presidente insiste en que la oposición podría dar un golpe de Estado técnico. Qué ve el Presidente que no vemos, pero, sobre todo, qué lo trae preocupado. (Javier Solórzano Zinser, La Razón, LA DOS, p. 2)
Fuera de Agenda / El otro “negocio” en Veracruz
Lo que más llamó la atención aquella noche de febrero del 2022 en el puesto de revisión carretero instalado en las cercanías de San Andrés Tuxtla, Veracruz, era que en un autobús turístico, ideal para excursiones y paseos a la playa, estaba repleto de indocumentados de Bangladesh y Uzbekistán. Eran 38 hombres, dos mujeres y cinco menores de edad. El aseguramiento ocurrió el mismo día en que un tráiler transportaba en condiciones infrahumanas a 312 indocumentados hacinados en la caja, la mayoría originarios de Centro y Sudamérica, quienes fueron rescatados de morir ahogados por el Ejército y la Guardia Nacional.
La ruta que sale de Acayucan y que pasa por San Andrés Tuxtla, Cabada, Alvarado, y llega al puerto de Veracruz, se ha convertido en una de las más rentables para las mafias locales del crimen organizado, quienes trabajan para el llamado Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) mismos que —según reportes de inteligencia militar— tienen comprados a los integrantes de la cadena de responsabilidad en los tres niveles de gobierno en esa región del país.
Veracruz es clave en la ruta hacia la frontera de Texas, los indocumentados que forman parte de la migración trasatlántica y que se ha disparado en los últimos dos años, pisan el continente por Nicaragua provenientes de puertos africanos.
El caso del autobús turístico resultó que era propiedad de una empresa que forma parte de una red que tiene hoteles en Minatitlán, en el puerto de Veracruz, en Puebla y en Monterrey, donde ofertan sus servicios por medio de una agencia de viajes, cuyo propietario está identificado por los servicios de inteligencia militar como “cabecilla” de un grupo de traficantes de indocumentados que alternan la ruta Minatitlán-Veracruz con la autopista en el tramo La Tinaja-Acayucan.
Reportes militares señalan que la delegación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Veracruz se ha convertido en un nido de corruptelas donde el tráfico de indocumentados les reditúa cada día más ante el creciente número de migrantes que buscan llegar a la frontera de Tamaulipas.
De acuerdo con documentos militares obtenidos en el hackeo a la Defensa Nacional por el colectivo Guacamaya, la red de traficantes identificada en Veracruz realiza documentos para los migrantes con información falsa, en ocasiones viajan escondidos en los camarotes de los autobuses, y en otras van como pasajeros normales. Las unidades algunas suelen ser de renta otras son de la empresa bajo investigación.
“Se detectó que en repetidas ocasiones elementos de Migración, FGR, y federales de caminos, Guardia Nacional y Sedena que cumplen con las inspecciones de autobuses de transporte público, se han percatado de la presencia de personas indocumentadas en los autobuses (…) pero no han impedido su tránsito debido a que los diferentes tramos de carreteras ya se encuentran pactados”. En Veracruz, gobernado por el morenista Cuitláhuac García Jiménez, las autoridades responsables de carreteras están cooptadas por el crimen organizado, la protección está identificada en el tramo que corre de Coatzacoalcos, Minatitlán, Acayucan y en Tuxpan, al norte del estado. En esta ruta bajo control del CJNG, nada se mueve ni pasa sin su visto bueno. (Juan Veledíaz, El Sol de México, República, p. 5 y La Prensa, Editorial, p. 14)
Al chilazo
Al chilazo, como sea, simplemente porque lo ordena el Presidente. Inaugurar es la consigna. Que el Presidente con su séquito y delante de las cámaras corte el listón, aunque todo sea tramoya de efectos escénicos temporales y deje un tiradero. ¡Total! ¡El mejor Presidente del mundo cumplió! “Quiero un tren”. ¡Allí está su tren! aunque cueste millones de árboles y dólares. “Quiero una farmaciota”. ¡Allí está su farmaciota!, aunque exista más abasto con los yerberos mexicanos que curan el “mal de ojo” y el “empacho”. “Quiero un aeropuerto”. ¡Allí está su aeropuerto en Hidalgo!, aunque Amazon la empresa de transporte y logística más grande del mundo —obvio necesita un buen aeropuerto—, haya desdeñado el AIFA, al anunciar para Querétaro 5,000 millones de dólares, una de las mayores inversiones privadas directas en México, más grande que la de Tesla en Nuevo León, y sin tanto grito y sombrerazo.
A AMLO le importa la foto de la escena dizque “nueva”, el espectáculo aunque históricamente sea fake. A los cien días el Tren Maya ya no caminó normalmente, por una “interrupción de flujo”. ¿Pero qué tal el flujo de efectivo para el trenecito?. La cuarta transformación es desprecio a la calidad y al cuidado, sacrifican la mirada de largo plazo por el relumbrón efímero; el respeto a la ley de adquisiciones y la eficiencia pasan a un segundo plano, lo “valioso” es el confeti, la música y las loas melosas con el “gracias-señor-presidente-por-su-visión”, y éste cree pasar a la eternidad por su magnificiencia, cuando será recordado por su ineficiencia. No hay aprecio por un argumento lúcido, razón académica, consecuencia lógica, técnica y sentido común, mucho menos obediencia a la ley. El gobierno de López Obrador es monumento a la mediocridad, con Michelangelo Bovero, un gobierno de los peores.
Esa “pericia” obradorista para descarrilar el Tren Maya (un mes antes se alertó de la mala calidad de la vías, dijo EL UNIVERSAL), es la que tienen Cuitláhuac García y Cuauhtémoc Blanco para combatir la delincuencia en Veracruz y Morelos, la que enseñó Rubén Rocha para encarar el levantón y secuestro de sus paisanos, “el cobre que enseña” Layda en Campeche con sus policías mujeres. En el Tren Maya, el presidente puede culpar a España, maquinistas y controladores de tráfico se capacitaron en Madrid y Málaga, por un acuerdo de la Secretaría de la Defensa y Renfe, la compañía de trenes más importantes de España. ¿Esperar un peritaje?. Claudia Sheinbaum calificó de “tendencioso” y anunció demanda civil contra la consultora noruega Det Norske Veritas (DNV), que probó científicamente lo dicho por Carlos Slim: le faltó mantenimiento al Metro de la CDMX. Pero la ramplonería está precisamente hoy en prohibir un herbicida sin sustento, en no apagar incendios forestales, en la impunidad por la muerte de migrantes calcinados en Ciudad Juárez, y hasta en regalar dinero a venezolanos, ecuatorianos y colombianos sin autorización legislativa.
López Obrador quiere confundir lo vulgar y fracasado con lo popular; mientras intenta mezclar mérito y esfuerzo con un elitismo excluyente y exclusivo. Hemos retrocedido medio siglo. En los años setenta la burocracia del presidente Luis Echeverría, la Dirección de Radio y Televisión de la Secretaría de Gobernación, distribuyó un disco de vinilo con una canción: “Nada de que ahí se va… Vámonos respetando póngase a hacerlo bien”. Con que los expriistas de Morena hubieran aprendido esa lección, otro gallo nos cantaría. Nos gobiernan “al aventón”. (Germán Martínez, Cázares, El Universal, Opinión, p. A17)
Indigna ayuda de AMLO a Maduro
En los seis meses que faltan para terminar su gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere hacer lo que no pudo lograr en cinco años.
Desesperado, se está radicalizando por razones ideológicas encubiertas de humanismo, lo cual vulnera el interés nacional y el sentido común.
El presidente se empecina en apoyar bellas utopías condenadas al fracaso que no logran sus nobles propósitos, pero en cambio sí causan despilfarro a costa del bienestar de los mexicanos y daño al prestigio internacional de México.
Con la opinión pública en contra, López Obrador se empecina en entregar recursos a gobiernos dictatoriales latinoamericanos con los que simpatiza para supuestamente contribuir a controlar la migración, inspirado en la simplista idea de crear empleos en sus lugares de origen, sin tomar en cuenta que son culpables dichos gobernantes del mal manejo de la economía, la represión política y la inseguridad rampante.
La sorpresiva ayuda directa de López Obrador a migrantes repatriados a Venezuela que migraron por la crisis económica y la represión política de Nicolás Maduro constituye una afrenta a los 9 millones de mexicanos que aún viven desesperados en pobreza extrema, a pesar de los programas sociales del gobierno.
Estoy a favor de la ayuda oficial al desarrollo, proporcional a 0.7 por ciento del PNB, tal como lo recomienda la ONU, planeada en base a estudios de viabilidad y evaluación, no por ocurrencias coyunturales para favorecer solo a colegas amigos del presidente.
Reconozco también la contribución de la migración al desarrollo en los países de origen, tránsito y destino, así como el respeto a todos los derechos de los migrantes.
Sin embargo, se debe siempre privilegiar a los mexicanos e impulsar proyectos coherentes, sustentables y viables.
AMLO celebra como mérito de su gobierno los 63 mil millones de dólares de remesas que envían a México 37 millones de compatriotas que trabajan en Estados Unidos para ayudar a sus familias, no al gobierno, pero cuando los indocumentados son deportados a nuestro país los “héroes” no reciben ni un peso en las garitas y los echan a la calle, sin trabajo, como lo vi en Tijuana.
Al regalar 110 dólares mensuales (1,800 pesos) en un periodo de seis meses que a la fecha 900 venezolanos se han beneficiado, los cientos de miles de mexicanos inmigrantes deportados por Estados Unidos son discriminados por su propio gobierno al ser recibidos en su patria sin ningún apoyo.
Es aberrante que la Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de la Amexcid, entregue dinero en efectivo a extranjeros deportados cuando el presupuesto de protección consular se ha recortado al mínimo en esta administración bajo la bandera de la “austeridad republicana”.
Los consulados de México pueden prestar entre 480 y 520 dólares a nuestros connacionales solo en caso de comprobada necesidad y urgencia, mientras que a los venezolanos se les regala 110 dólares al ser deportados.
El 1 de marzo, en la firma del acuerdo integral de migración a través del Plan Vuelta a la Patria, lo dijo Maduro: con ese documento se busca “consolidar y avanzar en el Plan Vuelta a la Patria para proteger a nuestros compatriotas en México”.
Ahora resulta, según el dictador venezolano, que nuestro gobierno “protege” a los venezolanos en México con los recursos que los mexicanos no reciben en el extranjero. Así, cómo no vamos a estar indignados. Y todo será un despilfarro más. (Agustín Gutiérrez Canet, Milenio, Política, p. 13)
Tendencias Económicas y Financieras / Las serpientes y los migrantes
El presidente López Obrador dio a conocer que su gobierno le dará 110 dólares americanos durante 6 meses, casi 2,000 pesos mexicanos mensuales, al tipo de cambio actual, a cada uno de los 120,000 migrantes venezolanos que hoy se encuentran en México, con el propósito de que regresen a su país, donde les estará depositando cada mes ese apoyo a través de una tarjeta. Ese dinero, que serán alrededor de 6,000 millones de pesos, saldrá de los impuestos que pagamos los mexicanos.
Este programa de repatriación con apoyo busca reducir la cantidad de centroamericanos y sudamericanos que arriban a nuestro país, misma que va en aumento desde que el mismo López Obrador en campaña invitó a los inmigrantes a pasar por México en su camino hacia Estados Unidos y por los problemas internos que hoy sufren países como Venezuela, Cuba, Colombia, Ecuador, entre otros. Datos de la ONU, señalan que, en los últimos 5 años, han salido de Venezuela por lo menos 7 millones de habitantes.
De acuerdo con datos del INEGI, la población de venezolanos viviendo en México en 2020 era de 50,000 personas, pero actualmente la misma se ubica en 100,000 personas. En Estados Unidos pasó de 100,000 en 2018 a 600,000 en el momento actual.
Aunque el programa del ejecutivo federal parecería una buena opción, hay que recordar que cuando los ingleses llegaron a India y vieron que había una gran cantidad de serpientes, dieron dinero por cada reptil que atraparan los habitantes de las ciudades para reducir la población de estos animales. El resultado fue la proliferación de los mismos, ya que los indios empezaron a criarlas para después entregarlas a las autoridades británicas y ganar dinero.
Es muy probable que cientos de miles de venezolanos decidan venir a México, solamente para recibir ese apoyo mensual y regresar a su país con un trabajo, como es la promesa de López Obrador.
Una verdadera solución sería un programa donde México acepte cada año a 100,000 inmigrantes provenientes de otros países con ciertas capacidades educativas para que sean parte de la población económicamente activa mexicana.
Un programa así sería un ejemplo para otros países. Estados Unidos podría hacer algo parecido, así como Canadá y generaría una migración controlada del sur al norte del continente. Por si fuera poco, convertiría nuevamente a México, en el hermano grande de América Latina.
100,000 inmigrantes, serían el 0.16% de la población económicamente activa nacional, por lo que no serían una carga, sino que, por el contrario, traerían nuevos conocimientos y mano de obra en momentos donde el desempleo está en mínimos históricos. México ya recibió en el pasado miles de inmigrantes chilenos, libaneses y españoles con excelentes resultados. (Carlos López Jones, La Prensa, Editorial, p. 14)
Amicus curiae frente a la ley SB4
En noviembre de 2023, el proyecto de ley SB4 fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado de Texas, mientras que el 18 de diciembre del mismo año lo firmó el gobernador del estado, Greg Abott, convirtiéndose así en ley.
De acuerdo con información del Gobierno de Texas, la SB4 crea un delito penal por la entrada ilegal a ese estado desde una nación extranjera; toma medidas enérgicas contra los intentos repetidos de ingresar a esa entidad federativa, al crear el delito de reingreso ilegal, y penaliza a las personas infractoras con hasta 20 años de prisión. En otras palabras, esta ley criminaliza la migración y fomenta la separación de familias y la discriminación, que atentan contra los derechos humanos de las y los migrantes.
La aplicación de esta ley se encuentra momentáneamente suspendida; sin embargo, el próximo 3 de abril se realizará una audiencia en la Corte de Apelaciones del Quinto Distrito de Nueva Orleans, Luisiana, a fin de que los magistrados integrantes de ese tribunal emitan un fallo para decidir si procede o no la entrada en vigencia.
En cualquier escenario, el Gobierno de México sigue con la atención jurídica en sus consulados, en este caso, en las 11 representaciones ubicadas en Texas, así como en el consulado de Albuquerque, que también cubre condados de aquel estado, para que nuestras y nuestros connacionales se acerquen a ellos, conozcan sus derechos y se les brinde asistencia y protección ante una eventual entrada en vigor de la ley.
Esto transcurre en forma paralela a otras acciones, como la presentación, la semana pasada, de un escrito, como amigo de la corte (amicus curiae), ante la referida instancia de apelaciones. Cabe señalar que esta figura jurídica es un documento que pueden hacer llegar personas o partes ajenas a un juicio o litigio, pero que tienen un interés jurídico en la materia y desean proporcionar argumentos para la resolución de un asunto, brindar información relativa al caso, prevenir sobre las eventuales consecuencias de una decisión o manifestar su opinión o punto de vista jurídicos.
El Gobierno de México indicó que su amicus curiae se integra por cinco argumentos; a saber: que la ley SB4 puede conducir a acoso, detención, expulsión y criminalización indebida de personas mexicanas por tener “apariencia latina”; que puede crear un “ambiente de incertidumbre, temor y vulnerabilidad generado”; que “contraviene la exclusividad de la federación de regular la materia migratoria”; que “violenta el derecho soberano de México a decidir, con sus propias políticas, quién tiene autorización de entrar a nuestro territorio”, y que impactará en el diálogo bilateral sobre asuntos fronterizos y afectará al comercio.
A ello se debe agregar que el presidente López Obrador señaló que México no aceptará, bajo ninguna circunstancia, repatriaciones desde Texas.
Las y los migrantes mexicanos no son criminales; son personas que contribuyen al desarrollo de aquel estado y de la misma Unión Americana. El 26 por ciento de la población de Texas es de origen mexicano, por lo que su aportación en términos económicos es muy importante, como lo destacó nuestro Gobierno federal.
Asimismo, las y los 37.7 millones de compatriotas que viven en Estados Unidos contribuyen con 324 mil millones de dólares al año a la economía de ese país. Esto es más alto que el PIB de Colombia (314.5 mil millones de dólares). Además, 7 de cada 10 trabajadores agrícolas son mexicanos, y las remesas que envían a nuestro territorio representan 63.3 mil millones de dólares anuales, lo cual equivale solo al 18.5 por ciento de sus ingresos y significa que el resto permanece en aquella nación.
La radicalización ideológico-conservadora de algunos Gobiernos estatales de la Unión Americana para buscar votos a costa de la transgresión de derechos humanos de migrantes nos llama a seguir en alerta, con acciones como el amicus curiae y otras, para proteger a nuestras y nuestros connacionales e impedir la instrumentalización política de México dentro del proceso electoral estadounidense. (Ricardo Monreal, El Sol de México, Análisis, p. 20)
Sube y baja
Alicia Bárcena, Canciller de México
La titular de la SRE celebró la decisión de un Tribunal de Apelaciones de Estados Unidos que rechazó la moción de Texas sobre la polémica ley que criminaliza a migrantes. El tribunal, dijo, hizo alusión al recurso judicial de México contra esa ley. (Sube y baja, La Crónica de Hoy, La Dos, p. 2)
Texas y la crisis perpetua del federalismo estadunidense
Al reclamar para sí el poder de aplicar una política migratoria propia (aunque se contradiga con la legislación federal), Texas ha reiniciado un debate sobre el federalismo que es tan viejo como Estados Unidos. Pero puesto que muchos de los participantes justifican sus posiciones invocando el pasado, es crucial contar la historia como fue.
Muchos citan la Guerra Civil como analogía (y advertencia) para el momento actual. Pero la referencia más exacta no es la guerra en sí, sino las cinco décadas de conflicto constitucional en gestación que la precedieron. Las semejanzas entre esos años y la actualidad deberían ser un llamado de atención para todos. En 1820, Thomas Jefferson describió los reclamos de derechos para los estados como una “alarma de incendio en plena noche”. En vísperas de la Guerra Civil, el presidente Abraham Lincoln proclamó en su primer discurso inaugural que “la Unión de estos Estados es perpetua”. Lo mismo hubiera podido decir: “El conflicto sobre la estructura de la Unión es perpetuo: lo ha sido desde que los redactores de la Constitución pusieron plumas a la obra en 1787”.
Entre 1815 y 1861, el periodo que denomino interbélico, los debates políticos y jurídicos en el país estuvieron dominados por discusiones sobre la naturaleza de la unión. Para los estadunidenses, quienes vivían bajo una multiplicidad de gobiernos, determinar cuál de ellos tenía el poder de decirles qué hacer —sobre todo en las áreas del comercio, las migraciones y la esclavitud— fue un tema de conversación y a veces de lucha.
Hoy usamos el término federalismo para referirnos a la relación entre los estados y el gobierno nacional. Cuando la Constitución instituyó la versión estadunidense de federalismo, la idea subyacente no era nueva. Se basaba en la teoría política europea y en la experiencia práctica de los colonos como súbditos del Imperio Británico. Lo novedoso fue que la existencia de varios niveles de gobierno se adoptara como ideal en vez de defecto. Los fundadores, entre ellos James Madison, vieron en una estructura que fuera en parte federal y en parte nacional, el mejor modo de lograr el objetivo de una “Unión bien construida”.
Cuando a principios del siglo XIX los estadunidenses comenzaron a discutir las nuevas cuestiones políticas que al parecer implicaban el federalismo, no tenían a los fundadores para que les dieran respuestas claras y sencillas. Fue una era de cambios acelerados. Estados Unidos experimentó una revolución mercantil, con la expansión de sus redes de transporte y comercio a la par de la del territorio (y de la expulsión de pueblos indígenas y potencias europeas rivales). Mientras la esclavitud se afianzaba en el sur y generaba conflictos por la expansión a otros estados, instituciones nacionales como el banco de Estados Unidos, el correo y los tribunales federales extendían el poder federal a más distancia y a más profundidad en la vida diaria de la gente.
El argumento de que los estados tenían derecho a determinar por sí mismos los límites entre su jurisdicción y la del gobierno federal reapareció muchas veces en las primeras décadas del siglo XIX. El caso más famoso fue en 1832, cuando Carolina del Sur declaró “nulas y sin valor” dos leyes arancelarias del Congreso y prohibió a los funcionarios del estado y del gobierno federal aplicarlas “dentro de los límites de este Estado”. La misma ordenanza también prohibió cualquier intento de cuestionar la anulación apelando ante la Corte Suprema de Estados Unidos un caso ya decidido por el tribunal superior del estado. Anular las leyes del Congreso, prohibir a los funcionarios aplicarlas y excluir la posibilidad de apelar la anulación ante la Corte Suprema implicaba una desvinculación entre el estado y los tres Poderes del gobierno federal.
En el periodo interbélico hubo muchos ejemplos de reafirmación de derechos de los estados, y no sólo en favor del esclavismo. En las décadas de 1840 y 1850, los estados del norte y del medio oeste invocaron la soberanía estatal para blindarse contra las leyes del Congreso referidas a los esclavos fugitivos. Massachusetts, Pensilvania y Wisconsin aprobaron leyes sobre la libertad personal que protegían a sus residentes afroamericanos de intentos de sacarlos del estado por la fuerza.
La respuesta de estos estados a la normativa federal sobre la captura de los esclavos fugitivos fue posicionarse explícitamente como partidarios de la doctrina de la anulación. En 1854, una convención contra los cazadores de esclavos celebrada en Milwaukee exhortó a la formación de una liga de estados. En una resolución conjunta aprobada en 1859, la legislatura de Wisconsin insistió en que el justo remedio a cualquier acto no autorizado que se realice o pretenda realizar con el pretexto de la Constitución era la “resistencia activa” (positive defiance) de los estados soberanos.
Pero más allá de la omnipresencia de conflictos sobre la jerarquía de los Poderes federal y estatal en la política y en la legislación de Estados Unidos a principios del siglo XIX, entre esas disputas y los debates actuales hay dos diferencias fundamentales. En primer lugar, los conflictos del periodo interbélico obedecían a disputas estructurales y tensiones entre diversas áreas, mientras que los de hoy son resultado de la polarización política.
En segundo lugar, la era constitucional en la que tuvieron lugar los conflictos interbélicos fue totalmente diferente de la nuestra. La insistencia de Lincoln en el carácter perpetuo de la unión configuró el significado de la Guerra Civil para Lincoln, para sus contemporáneos y para las generaciones futuras. Pero en aquel momento su aseveración era una mera hipótesis; sólo con la derrota de la Confederación en 1865 se convirtió en un hecho. Por eso debemos ver la historia de principios del siglo XIX como una advertencia. Revivir argumentos que por poco no destruyeron la unión es cosa muy seria. (Alison L. LaCroix, Excélsior, Global, p. 21)
El informe Oppenheimer / Milei y Venezuela
En medio de la creciente represión gubernamental en Venezuela que amenaza con desatar una nueva ola de refugiados a todo el continente, el Presidente de Argentina, Javier Milei, me dijo en una larga entrevista en su despacho que tal vez sea hora de que las democracias latinoamericanas impongan sanciones diplomáticas a la dictadura venezolana.
Milei, que tiene previsto realizar una visita de tres días a Miami el 10 de abril, me comentó que “estaría dispuesto” a aplicar sanciones diplomáticas al régimen del gobernante venezolano Nicolás Maduro “porque la carnicería que es Venezuela es algo verdaderamente inaudito”.
Argentina, junto con Uruguay, Perú, Paraguay, Ecuador, Costa Rica y Guatemala emitieron una declaración el 26 de marzo expresando su “grave preocupación” por la proscripción impuesta por Maduro a los principales líderes de la Oposición venezolana de postularse como candidatos en las elecciones presidenciales del 28 de julio. Algunas de las democracias más grandes de América Latina, como México, Brasil y Colombia, no firmaron la misiva.
Pero la declaración conjunta de Argentina y sus países signatarios no llegó a amenazar con imponer medidas concretas contra el régimen venezolano. Cuando le pregunté si intentaría convencer a los firmantes, junto con su Gobierno, de que acuerden aplicar sanciones diplomáticas contra Caracas, respondió afirmativamente.
Las elecciones venezolanas están causando creciente preocupación en muchas capitales, porque Maduro está organizando un proceso electoral fraudulento que probablemente resulte en su reelección, y en una nueva ola de refugiados venezolanos a todos los países de la región. Casi 8 millones de venezolanos han huido de su nación en los últimos años.
En días recientes, las tensiones entre Caracas y Buenos Aires aumentaron después de que seis activistas de la Oposición venezolana buscaron refugio en la Embajada de Argentina, y la representación diplomática acusó al régimen de Maduro de cortar el suministro de electricidad al edificio en la capital del país caribeño.
El Gobierno de Milei señaló en un comunicado que el suministro eléctrico a la Embajada fue cortado el lunes en una “acción deliberada” que pone en peligro la seguridad del personal diplomático argentino y de los ciudadanos venezolanos bajo protección de ese país.
El Presidente de derecha argentino, que asumió el cargo en diciembre, expresó que Maduro está entre “los peores presidentes de América Latina por escándalo” junto con los gobernantes de Colombia, Nicaragua y Cuba.
Sobre el Mandatario mexicano, Andrés Manuel López Obrador, quien se refirió anteriormente a su homólogo argentino como un “facho conservador”, Milei me indicó que “Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí. Me enaltece”.
Durante la entrevista, de casi una hora de duración, también le pregunté si no fue un error diplomático de su parte haberle dicho al ex Mandatario Donald Trump durante una breve reunión en la conferencia conservadora CPAC en Washington: “usted ha sido un gran Presidente” y “espero que vuelva a serlo”. La declaración, en medio de la campana electoral estadounidense, cayó como un balde de agua fría entre los funcionarios del Gobierno de Joe Biden, según me dijeron fuentes diplomáticas.
El Presidente argentino me negó haber cometido una imprudencia, asegurando que el encuentro con Trump tuvo lugar detrás del escenario cuando ambos se cruzaron en un pasillo, “o sea que eso, en términos protocolarios, no cuenta… es algo no oficial”.
“Soy más afín a las ideas del Partido Republicano, eso es bien sabido, pero mi prioridad es ser aliado de Estados Unidos. Y por esto nosotros tenemos excelentes relaciones con el Gobierno de Biden”, me comentó Milei.
Obviamente, hablamos extensamente sobre la crisis económica de Argentina, un tema que abordaré en futuras columnas. El Mandatario se ufana de haber bajado dramáticamente la inflación que heredo del Gobierno kirchnerista, aunque reconoce que el pueblo argentino está sufriendo una recesión durísima.
En materia de política exterior, Milei se ha convertido en el líder latinoamericano más abiertamente crítico de los Gobiernos de izquierda de la región.
Sería bueno que juzgara a Trump con la misma vara con la que mide a algunos líderes de izquierda con tendencias autoritarias, considerando que el republicano intentó quebrar el orden democrático al tratar de revertir ilegalmente unas elecciones que perdió. Pero el Presidente de Argentina merece crédito por decir en voz alta lo que muchos otros Mandatarios latinoamericanos callan: Venezuela, Cuba y Nicaragua son dictaduras retrógradas, que deben ser denunciadas como tales. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 16)
Cartones
En suspenso
(Gregorio, Excélsior, Nacional, p. 6)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 27/03/2024