La soledad de Garduño y el aniversario del incendio
Nos cuentan que ayer, mientras en Ciudad Juárez se realizaban misas y vigilias en memoria de los 40 migrantes muertos hace dos años en el incendio de la estación migratoria, el aún comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, quien enfrentó un proceso penal por esos hechos, comía solo en un restaurante del hotel Camino Real en la Ciudad de México. Por la mañana había declarado que el suceso fue el mayor dolor de su carrera y presumió que se han pagado 240 millones de pesos en indemnizaciones a los familiares. Nos hacen ver que, si bien no tuvo el mal gusto de presentarse en la ciudad fronteriza el día del aniversario, don Francisco sigue al frente del instituto pese a los repetidos anuncios de que ya dejaría el cargo. El tema penal ya lo libró, pero al parecer ya no encuentra quien quiera compartir la mesa con él.. (Bajo Reserva, El Universal, p. A2)
Y, MIENTRAS LE es recordada a Francisco Garduño su marca histórica, la muerte en Ciudad Juárez de decenas de migrantes en una reclusión del Instituto Nacional de Migración (que de manera aberrante, que también implica marca, sigue dirigiendo), ¡hasta el próximo lunes! (Julio Hernández López
En Privado / A los ex enemigos justicia, gracia y embajadas
RETALES
Nos vemos el martes, pero en privado (Joaquín López-Dóriga, Milenio, Al Frente, p. 3)
Garduño ofrecerá disculpa pública
Disculpa pública ofrecerá el Comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, por las 40 víctimas que ocasionó el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, que ayer cumplió dos años. El acto se realizará el próximo 16 de abril y el funcionario expresó que tras esa tragedia “quedé marcado”. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
Ahí sigue Garduño
Pues sí, resulta que a dos años de la tragedia, uno de los señalados como responsables de la misma sigue ahí. Francisco Garduño se mantiene como titular del Instituto Nacional de Migración, dependencia que tenía a su cargo la estación de Ciudad Juárez en la que murieron en un incendio 40 migrantes, respecto de quienes se mantiene la exigencia de que se haga justicia. El funcionario defiende que ha estado cumpliendo con lo que el juez le instruyó y que sólo le falta presentar una disculpa pública, la cual está prevista para el miércoles 16 de abril. Sin embargo, activistas y ciudadanos que se reunieron frente al sitio donde perdieron la vida los migrantes a realizar una vigilia tienen otros datos. Organizaciones civiles, como Derechos Humanos Integrales en Acción, cuestionaron cómo es que a pesar de esta tragedia y “vinculado a proceso por omisiones en su responsabilidad, Garduño siga al frente de este instituto”. Uf. (Rozones, La Razón, LA DOS, p. 2)
IMSS-BIENESTAR SIN ULLOA
1.- Pidió licencia para irse a dirigir IMSS-Bienestar pero el diputado Carlos Ulloa sigue en casa en espera del nombramiento oficial.
Dicen en las altas esferas: fue un error porque primero debió darse la designación y luego el proceso legislativo para permitirle llegar.
Mientras sigue al frente de IMSS-Bienestar Alejandro Svarch, cuya llegada cayó muy mal por su cuestionado desempeño en Cofepris.
Ni modo: Ulloa ha tenido la mala suerte como Salomón Céspedes, a quien también de antemano se le designó para el Instituto Nacional de Migración donde sigue firme Francisco Garduño, designado por Andrés Manuel López Obrador.
Y 2.- Vaya otro avance, a propósito de promociones electorales: ya se preparan reformas para guardar información de los programas sociales a fin de declararlos de seguridad nacional.
De esa manera, es la pretensión, no conoceremos los padrones de beneficiarios ni cuánto ni cómo reciben los recursos pagados con los impuestos de todos los mexicanos. (José Ureña, 24 Horas, México, p. 4)
La política del miedo y el terror contra los migrantes de México, entre ellos los de Puebla; de Centroamérica; y hasta de países africanos y asiáticos está aumentando en Estados Unidos porque los cruces ilegales continúan y, en un futuro no muy lejano, aumentarán.
Para una importante cantidad de migrantes que salieron de sus comunidades de origen, la opción no es regresar y, el único camino, es esperar e intentar realizar un cruce ilegal por la frontera norte mexicana en próximas semanas o meses.
A pesar de que el gobierno de Donald Trump aumentó la presencia de su personal en su frontera sur y de que obligó a México a colocar a elementos de la Guardia Nacional en los alrededores del muro fronterizo, los llamados “sin papeles” están dispuestos a esperar que las “aguas regresen a su nivel”.
Una muestra de que los migrantes mexicanos, los centroamericanos, sudamericanos, africanos y asiáticos están esperando a mejores tiempos para volver a intentar cruzar se aprecia en que cada vez es más complicado conseguir una vivienda en renta en ciudades de la frontera.
En Tijuana, la ciudad en la que “empieza México”, como se le conoce entre los migrantes, cada vez es más complicado encontrar una vivienda para rentarla, situación que se traduce en un encarecimiento. Las rentas se duplicaron y hasta se triplicaron en la ciudad fronteriza. Por ejemplo, la renta de un departamento cerca del muro fronterizo y de la playa del Océano Pacífico, supera los 25 mil pesos mensuales. Para los migrantes, hasta conseguir un cuarto o un espacio compartido es complicado.
Para algunos migrantes, no importa el precio de las rentas, lo valioso es mantenerse cerca de la posibilidad de realizar el cruce ilegal y cumplir el llamado “sueño americano”.
La realidad en México ya la observó el gobierno de Estados Unidos. Por ello, la política del miedo aumenta. Kristi Noem, la secretaria de Seguridad Nacional del país vecino del norte, manda mensajes con la advertencia de llevar a los migrantes detenidos al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), donde los presos no pueden salir ni recibir a visitas. A pesar de la situación, los migrantes seguirán esperando e intentarán cruzar en un mejor momento. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Online)
La relación de Estados Unidos con México ha cambiado radicalmente en los dos meses que lleva Donald Trump al frente de la Casa Blanca, para bien y para preocuparse.
El castigo que le impuso el entonces presidente Joe Biden a Andrés Manuel López Obrador y reducir el rango de interlocución al nivel del embajador Ken Salazar, después de que la tuvo durante casi tres años con su consejera de seguridad interna, Elizabeth Sherwood-Randall, ya no existe. Pero tampoco la ventanilla de la Casa Blanca, que nadie en el gobierno de Claudia Sheinbaum ha podido abrir.
Bajo Trump hay una reorganización profunda en la relación estratégica con México, que está dentro del gran muro que está creando a partir de las nuevas fronteras que pinta de manera provocadora en el Ártico canadiense y en Groenlandia, al norte y al este, y en el Canal de Panamá, al sur. México está dentro de ese perímetro de seguridad y aislacionismo que busca Trump, como un mal necesario, al que desprecia como nación y por sus líderes –a excepción del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con quien compartía el manual y el lenguaje del populista–, pero con el que tiene que tratar irremediablemente.
El cambio ha sido radical. Desapareció Jared Kushner, el yerno de Trump que fue el enlace directo en su primer periodo con los excancilleres Luis Videgaray y Marcelo Ebrard, y apareció el secretario de Estado, Marco Rubio, que lleva la relación institucional y administrativa con el canciller Juan Ramón de la Fuente.
La parte toral de la relación, que es la prioridad del nuevo gobierno en Washington, la seguridad, también ha girado como parte de la restructuración. El Departamento de Seguridad Interna está enfocado al reforzamiento de las leyes migratorias en las fronteras y a la logística de los migrantes deportados de Estados Unidos.
La secretaria de Seguridad Interna, Kristi Noem, estará hoy en México, en el cierre de una rápida gira de 48 horas que incluyó El Salvador y Colombia, donde se enfocó en los temas migratorios. En El Salvador visitó el Centro de Confinamiento del Terrorismo, la megacárcel que construyó el presidente Nayib Bukele, donde hay más de siete mil denuncias de violación a los derechos humanos, y en Colombia firmó, con la canciller Laura Sarabia, una carta de intención para negociar controles biométricos para combatir cárteles, terroristas y la migración indocumentada.
Una cárcel de máxima seguridad para narcotraficantes mexicanos se ha venido manejado entre México y Estados Unidos como una posibilidad, aunque se desconoce si será parte de la discusión que hoy sostendrá Noem en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum y el gabinete de seguridad.
El Departamento de Seguridad Interna juega una parte importante en la cooperación bilateral en materia de seguridad, y Noem está armando una fuerza de tareas rápida que incluye una integración transversal con todas las áreas de inteligencia civil y militar del gobierno para el intercambio de información sobre los cárteles de las drogas mexicanas, con lo que se ha seguido profundizando la disminución del protagonismo de la DEA en México, y elevando el que tiene su área, a través de la Unidad de Investigaciones Criminales del Departamento de Seguridad Interna, que junto con una unidad del FBI diseñaron y ejecutaron la captura de Ismael El Mayo Zambada en Culiacán, el año pasado.
Los cárteles de las drogas mexicanos, por sus exportaciones de fentanilo, son considerados como una de las mayores amenazas para la seguridad de Estados Unidos, de acuerdo con la Evaluación Mundial de Amenazas, que dio a conocer hace algunos días la oficina de la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, quien junto con el jefe de la CIA, John Ratcliffe, y el director del FBI, Kash Patel, se reunió en Washington el pasado 7 de marzo con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, donde hablaron de los cárteles y el fentanilo en el contexto de lo que se dio a conocer poco después.
Esa reunión, que se había mantenido en secreto, incluso en Washington, fue revelada el miércoles por Ratcliffe durante una audiencia en el Comité Selecto Permanente de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Gabbard agregó, sin profundizar en la sesión abierta al público, que se había reiniciado la colaboración del gobierno mexicano, rota completamente durante el último año del gobierno de López Obrador. En la reunión cerrada que sostuvieron, los funcionarios debieron responder preguntas específicas sobre cómo estaban planeando la eliminación de los cárteles mexicanos.
Entre más pasan los días, más claro está el nuevo diseño para enfrentar a los cárteles de las drogas. La incorporación plena de la comunidad de inteligencia en su combate sólo tiene precedente en Colombia, donde la CIA encabezó a finales del siglo pasado la lucha y desmantelamiento de los cárteles de Medellín y Cali. A partir de la llegada de Trump a la Presidencia, la agencia adquirió un papel central en el espionaje de los cárteles en territorio mexicano, mientras que el Pentágono comenzó a participar en el sellamiento de la frontera terrestre con México y marítima en el Golfo de México y el Pacífico, militarizándose, por primera vez en Estados Unidos, la lucha contra las drogas.
No hay mucho que pueda hacer el gobierno mexicano para impedirlo. Estados Unidos midió sus límites y la reacción de México, haciendo visible el espionaje realizado de manera unilateral, como lo ha sido también el desplazamiento de buques de guerra en aguas internacionales frente a la zona marítima patrimonial mexicana.
No encontraron oposición. Tampoco había mucho espacio para resistirse. López Obrador provocó a Washington con su política que favoreció la expansión del narcotráfico en México y las exportaciones de fentanilo ilegal. La primera respuesta de la molestia fue la captura de El Mayo Zambada en el gobierno de Biden; la segunda, la violación de la soberanía mexicana.
Sheinbaum no ha comido lumbre. Hizo concesiones y restableció la cooperación, enviando el mensaje de que sí hay un cambio radical en la lucha contra los cárteles, aunque discursivamente parezca que nada es distinto al mutis que hacía López Obrador. (Raymundo Riva Palacio, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 40)
¡Qué ironía! Los migrantes venezolanos, cubanos y nicaragüenses de Miami, que estaban entre los más fervientes admiradores del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se han convertido en las principales víctimas de sus deportaciones masivas.
El Mandatario ha emitido una nueva directiva por la cual 532 mil migrantes cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos en todo el país perderán su condicional humanitaria, o residencia temporal para quienes huyen de crisis humanitarias. Una gran parte de ellos viven en Miami y otras ciudades de Florida.
Al mismo tiempo, otros cientos de miles de migrantes venezolanos están por recibir órdenes de deportación tras la decisión de Trump de no extender su Estatus de Protección Temporal (TPS).
Durante la campaña presidencial, el republicano había enfatizado que deportaría principalmente a criminales peligrosos, como los miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua. Sin embargo, una vez en el cargo, ha extendido sus planes de deportación a residentes legales temporales sin antecedentes penales.
“Desde su primer día en el cargo, el 20 de enero, Trump ha mantenido a la comunidad venezolana en un estado de terror constante”, me dijo Helene Villalonga, presidenta de Amavex, una organización de apoyo legal para los migrantes venezolanos.
Villalonga agregó que esta comunidad se siente “estigmatizada” por las frecuentes declaraciones del magnate mezclando a los venezolanos con criminales del Tren de Aragua.
Según estimaciones del Departamento de Seguridad Nacional, solo hay 600 presuntos miembros de la organización criminal en Estados Unidos, de los cuales 100 podrían haber cometido delitos violentos.
Antes de analizar por qué el Presidente está tan obsesionado con expulsar migrantes, veamos el probable impacto económico de sus deportaciones masivas.
La mayoría de los indocumentados y migrantes con permisos temporales hacen trabajos que los estadounidenses no quieren hacer en la construcción, la agricultura, y restaurantes, o en servicios como la limpieza o la jardinería.
Si son deportados, la escasez de mano de obra hará aumentar los precios y la inflación.
Según me explicó David Dyssegaard Kallick, director de la Iniciativa de Investigación sobre la Inmigración (IRI), un centro de estudios con sede en Nueva York, alrededor del 36 por ciento de todos los trabajadores de la construcción de Florida, o más de 150 mil, son indocumentados o tienen TPS o permiso de residencia temporal humanitario.
Otros 180 mil en Florida trabajan en el sector servicios como personal de limpieza, auxiliares de salud, manicuristas o jardineros, y otros 85 mil trabajan en fábricas, transporte y reparto de mercancías.
“Si se deporta a todas las personas indocumentadas o con permisos de trabajo provisionales en Florida, la economía se contraerá y es probable que más de 80 mil trabajadores (estadounidenses) pierdan sus empleos”, me indicó Dyssegaard Kallick.
“Si se deporta a los cocineros y lavaplatos en los restaurantes, el negocio se reduce, y todos se ven afectados, incluso los gerentes”.
En cuanto al argumento de que los indocumentados o residentes temporales podrían ser reemplazados por estadounidenses, es una ilusión. Con una tasa de desempleo cercana al mínimo histórico del 4.4 por ciento, los empleadores ya tienen dificultades para encontrar trabajadores actualmente.
Lo que nos lleva de nuevo a la pregunta de por qué Trump está tan obsesionado con deportar a millones de personas.
Algunos críticos del Mandatario afirman que lo hace porque es un racista, citando su declaración de que los migrantes “están envenenando la sangre de nuestro país”.
Pero creo que la explicación más probable es otra: se trata de una estrategia política para complacer a los xenófobos dentro de su base, y al mismo tiempo desviar la atención pública de sus políticas económicas cada vez más impopulares.
Encuestas recientes de CNN y Fox News muestran que 56 por ciento de los estadounidenses desaprueba la gestión económica de Trump, mientras que una mayoría del 51 por ciento aún aprueba sus medidas migratorias, de acuerdo con CNN.
Y el magnate no paga un alto precio político por deportar a los venezolanos: la mayoría de este grupo son recién llegados y no votan.
Al final, los propios partidarios de Trump sufrirán dramas familiares, y serán víctimas de una escasez de mano de obra que aumentará la inflación.
Con estas deportaciones, el Mandatario no solo traiciona a gente que huyó de dictaduras, sino que también socava la prosperidad económica de Estados Unidos. (Andrés Oppenheimer, Reforma, Internacional, p. 15)
La secretaria de Homeland Security, Kristi Noem, que se reunirá hoy con la presidenta Sheinbaum, es un personaje central en el andamiaje político de Donald Trump. Noem fue, durante dos periodos, gobernadora de Dakota del Sur y estuvo a punto de ser nominada como candidata a la vicepresidencia. Se lo impidió el escándalo que se generó por un comentario que hizo en unos de sus libros, diciendo que había matado a uno de sus perros de un balazo por ser indisciplinado y violento.
Eso no le impidió llegar a Homeland Security, la instancia de seguridad más importante de Estados Unidos, donde se convirtió en una de las principales operadoras y de las personas de mayor confianza del presidente Trump.
Noem es una de las impulsoras más firmes de las políticas migratorias más duras y demanda una estricta política contra el tráfico de fentanilo. En su comparecencia ante el Senado para ser ratificada en el cargo sostuvo que “la principal amenaza a nuestra seguridad nacional es la frontera sur. De hecho, desde que Joe Biden es presidente hemos visto a 382 personas que han cruzado esa frontera y que están en la lista de vigilancia terrorista”. Dijo que había 12 mil migrantes que son asesinos, 16 mil que son violadores y 425 mil que han cometido delitos que se convertirían en los principales objetivos de la administración para ser deportados inmediatamente.
Apenas esta semana, en la evaluación anual de amenazas que dio a conocer la comunidad de inteligencia estadunidense, que está bajo el control de Homeland Security, se estableció como la principal amenaza, lo escribíamos ayer aquí, a los cárteles de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación, que dominan, dice el informe, el tráfico de fentanilo, heroína, metanfetaminas y cocaína hacia EU, además de otros delitos, como el lavado de dinero, el tráfico de personas y los ciberataques que amenazan la economía y la infraestructura crítica de EU.
Después de los cárteles mexicanos, para que se ponga en dimensión el nivel de riesgo en que se considera a éstos, está el Estado Islámico y sus distintas derivaciones. Junto al ISIS, el informe ubica a Al Qaeda y sus grupos asociados, que “persisten en su amenaza, amplificando propaganda antiisraelí y antiestadunidense tras el conflicto en Gaza”. E inmediatamente después de ISIS y Al Qaeda, como mayor amenaza, está “la migración ilegal masiva (casi tres millones en 2024) que ha facilitado la entrada de terroristas potenciales, aunque el refuerzo fronterizo en 2025 ha reducido los cruces”.
Obviamente, están en el informe las principales amenazas estatales: China en primer lugar, Rusia, Irán y Corea del Norte, países que, dice el informe, “han estrechado su colaboración, especialmente tras la guerra en Ucrania, fortaleciendo sus capacidades colectivas contra EU… China y Rusia, dice el informe, lideran esta alineación, con intercambios militares y económicos (petróleo ruso a China, apoyo chino a la industria rusa). Irán y Corea del Norte aportan armas a Rusia, aumentando el riesgo de que un conflicto con uno arrastre a otros”. Y concluye diciendo que “el panorama de amenazas para 2025 es complejo y peligroso, con actores no estatales afectando directamente a los ciudadanos y actores estatales, desafiando el poder militar y económico de EU. La cooperación entre adversarios (no estatales y estatales) amplifica estos riesgos, requiriendo una respuesta robusta de inteligencia para proteger los intereses estadunidenses”.
Ése es el escenario que ve Noem y sobre el que trabaja la seguridad estadunidense y, con ello en mente, viene a poner a prueba la cooperación y colaboración, en todos esos ámbitos, de la administración Sheinbaum. (Jorge Fernández Menéndez, Excélsior, Nacional, p. 10)

(Xolo, 24 Horas, Pág. 2)

(Rocha, La Jornada, Política, p. 5)

(Patricio, El Sol de México, Análisis, p. 22 y La Prensa, Editorial, p. 14)

(Perujo, El Economista, El Foro, p. 63)

(Chavo del Toro, El Economista, El Foro, p. 62)