En las últimas semanas se han registrado agresiones contra profesionales de la salud, personas enfermas por Covid -19 y grupo shistóri camente excluidos, como la población migrante, poniendo en riesgo la integridad y la vida.
Se han presentado amenazas a la infraestructura hospitalaria, lo que dificulta garantizar la atención médica. Entre estas acciones destaca la imposición de restricciones obligatorias a la movilidad, como ha sucedido en los estados de Sonora, Michoacán y Jalisco, imponiendo sanciones, multas, arrestos y trabajo comunitario. Incluso, algunos gobernadores instruyeron el cierre de fronteras en sus estados. Es importante señalar que la restricción al libre tránsito de las personas únicamente puede hacerse con base en las leyes migratorias y de salubridad general, siendo esta última competencia exclusiva del Consejo General de Salubridad.
La desinformación pone en riesgo a la población. Los medios de comunicación deben garantizar la libertad de opinión y de conciencia, informando a la población de forma veraz, objetiva y oportuna, para que no regresemos a lamentar otra desgracia como la sucedida en Canoa hace más de medio siglo. (Alejandro Encinas, El Universal, Opinión)