CNDH vs. INM. – Resulta que la CNDH y el Instituto Nacional de Migración se dieron un encontronazo por la situación que priva en los centros migratorios de Tapachula, Chiapas. Por un lado hay una consigna de que no se atiende a las personas y contagios por Covid-19, pero por otra parte, Migración dice que sí y que no hay contagios. Nos cuentan que el problema llegó hasta las denuncias de que ni jabón, cubrebocas o gel antibacterial hay. Sin embargo, el titular del INM, Francisco Garduño, ha presumido durante las últimas dos semanas sus recorridos de supervisión donde dice “no falta nada”. La CNDH, de Rosario Piedra, advirtió que esa dependencia miente y no abona a la transparencia en el tema… ¿A quién creerle? (La Razón, La Dos, p. 2)
Joe Biden anunció en el último debate (22/10) que, de llegar a la presidencia, en su primer año de gobierno enviará una iniciativa al Congreso para promover un programa de regularización de indocumentados. De lograrlo, revertiría una tendencia de 34 años de regulaciones exclusivamente para impedir y penalizar el ingreso de inmigrantes con dicho estatus.
¿Son estas buenas noticias para México? Para los mexicanos indocumentados en Estados Unidos difícilmente podría argumentarse lo contrario. Familias que se mantendrían unidas, jóvenes que podrán continuar su vida y estudios en Estados Unidos sin el temor a ser deportados, solicitantes de asilo que podrían permanecer en territorio estadounidense en lo que se resuelve su caso y millones de mexicanos indocumentados para quienes se abriría una luz de esperanza con la promesa del candidato demócrata de promover un programa de regularización.
Para el gobierno de México, no necesariamente. Desde el programa para los braceros mexicanos, concluido en 1948, Estados Unidos no ha diseñado ni implementado un programa de inmigración en exclusividad para México y, hasta ahora, el candidato Biden no ha hecho ninguna mención a México o a la posibilidad de la cooperación bilateral en el tema. El gobierno de López Obrador le apostó todo a Trump. Difícilmente podríamos esperar ahora algún interés o simpatía de Biden hacia su homólogo mexicano.
El cambio también pondría en evidencia las verdaderas motivaciones de la política migratoria mexicana. ¿Continuará el gobierno de López Obrador su política de utilizar al ejército mexicano para detener y devolver migrantes cuyo destino era Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles? ¿Mantendrá México abnegadamente su estatus de tercer país seguro para alojar migrantes cuya solicitud de internación a Estados Unidos está en trámite? ¿Tiene la 4T una política migratoria propia? En el lado positivo ¿habrá ahora mayor margen para trabajar en la vinculación entre migración y desarrollo que podría ser más afín a la visión de Biden? ¿Esta el gobierno de la 4T en capacidad de aprovechar esta oportunidad? Al final cualquier escenario resulta mejor que el del empresario neoyorkino. (Luis Herrera Lasso, El Universal, Mundo, p. 18)
El Ejército está involucrado también en otros proyectos prioritarios del sexenio: desde la planeación del proyecto Santa Fe el nuevo parque nacional cultural en el Bosque de Chapultepec hasta el programa Jóvenes construyendo el futuro; desde la entrega de fertilizante y semillas en Guerrero hasta la cría de árboles para Sembrando Vida.
Además, hay soldados resguardando los ductos e instalaciones de Pemex, 135 instalaciones estratégicas y cinco presas del cauce del río Conchos. También están desplegados para prevenir la migración desde Centroamérica hasta la frontera con Estados Unidos. Esto sin mencionar la conformación de la Guardia Nacional y la propuesta de poner al secretario de la Marina a cargo del sistema portuario.
La captura de Salvador Cienfuegos, que según el New York Times se hizo a pedido de la DEA, cae como anillo al dedo a militaristas en Washington, quienes promueven la idea que México es un país corrupto que necesita más apoyo militar para la guerra contra las drogas.
No queda duda que es importante prestar atención a cómo López Obrador y su actual secretario de Defensa, Luis Cresencio Sandoval –quien laboró durante años bajo el mando de Cienfuegos– responden a las acusaciones contra el ex jefe de las fuerzas armadas. Pero hay que hacerlo sin perder de vista el proyecto militar en curso. (Dawn Marie Paley, La Jornada, Opinión, p. 19)
Escándalo en Bolivia destapó la investigación que involucra a miembros del mexicano Partido del Trabajo en la operación del fraude electoral del 20 de octubre de 2019, a través del softwareTerritorial Visor, para favorecer a Evo Morales, lo que derivó en manifestaciones que lo obligaron a dimitir.
El informe oficial sobre el fraude que acreditó la OEA, liberado el pasado 28 de septiembre, ubica a 21 mexicanos en su diseño y ejecución, y el procurador boliviano, Alberto Morales, señala que al menos 13 se coordinaron con el entonces ministro de la presidencia de Evo, Juan Ramón Quintana, y con Sergio Daniel Martínez Beltrán, quien era director de Informática, Cartografía e Infraestructura Espacial del INE boliviano.
“Políticos mexicanos e informáticos llegaron al país, antes y durante las elecciones, hablaron con Quintana y han manipulado datos, han instalado un servidor externo, desde donde gente extranjera ha violado la soberanía del voto popular”, explica el informe.
Algunos señalados son: Ramón Díaz Ávila, actual delegado del PT en Veracruz; David Ariel García, excandidato a diputado del distrito 3; Álvaro Iván Arce Cortez, coordinador territorial; Zoraida Abril Cruz Tenorio, suplente de la diputada de Guerrero Leticia Mosso Hernández; José Eduardo Aguilar Alba, César Paul Pacheco Flores, Milton Abel Huerta García, Jesús Octavio López Osorno, Isaac González y Jorge Hugo Romero Ortiz. Sobre ellos ya hay alerta migratoria en Bolivia, de acuerdo con el director general de Migración de ese país, Marcel Rivas, quien pide que los mexicanos sean presentados ante la justicia. (Raymundo Sánchez Patlán, El Heraldo de México, País, p. 9)
El actual Presidente de EU, con su discurso proteccionista y hostigador, cambió esa dinámica con México y el mundo, trastornando los planes de inversión de muchas empresas y las relaciones comerciales entre países, en particular con China. En nuestro caso su retórica sobre un muro en la frontera, la migración y el TLCAN creó mucha incertidumbre y afectó negativamente las inversiones privadas, que respiraron con alivio ante la aprobación del T-MEC, que es un tratado comercial menos benéfico para México, pero reduce un factor importante de incertidumbre.
Considero que JB ganará la elección y desaparecerá el lenguaje intimidador y amenazante del Presidente de EU para con nuestro país, por lo menos en lo que toca a la construcción del muro y a las relaciones comerciales, mientras que habrá un trato más humano al problema migratorio. Por lo demás, será un regreso a la forma tradicional de hacer política del Gobierno estadounidense, con México y con el resto del mundo. Está por verse, sin embargo, la forma en que el Gobierno de JB resolverá la relación de EU con China.
Más allá de eso, el desempeño económico de corto plazo en EU y México seguirá dependiendo de la evolución de la pandemia, que está entrando en una etapa crítica con la próxima llegada del invierno. En consecuencia, es muy probable que pasadas las elecciones se apruebe allá otro programa de apoyo fiscal, lo que amortiguará los daños a la economía estadounidense y ayudará a nuestro sector exportador, mientras que el resto de nuestra economía seguirá a la deriva por las políticas del gobierno de la 4T. Faltan 581 días. (Salvador Kalifa, Reforma, Negocios, p.5)