Opinión Migración 290426

Desde el Biopoder / Segunda caravana

La caravana de migrantes denominada “David” sigue su camino hacia el centro de la República Mexicana con el objetivo de llegar a estados como Puebla como parte de su reto en busca de mejores condiciones de vida.

La segunda agrupación en este 2026 de los llamados “sin papeles” partió desde Chiapas para denunciar la falta de respuestas por parte del gobierno de México a peticiones de asilo y para exigir respeto a sus derechos.

Por la costa mexicana, más de 700 migrantes, la mayoría originarios de Haití, así como de otros países centroamericanos, encabezan el movimiento para solicitar a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) que les brinde una respuesta.

A mediados de este mes de abril, la caravana migrante partió de Tapachula con más de mil integrantes, siguió hacia Pijijiapan y espera pasar por diferentes entidades del país en busca de opciones de trabajo para sobrevivir. Alrededor de 300 se quedaron rezagados, otros se separaron para continuar su propio camino y, unos más, fueron detenidos o se entregaron al Instituto Nacional de Migración (INM) para adoptar el camino de la deportación.

A más de una semana de la partida del segundo contingente, ninguno de los integrantes de la caravana ha tenido alguna respuesta o sostenido acercamientos directos con autoridades migratorias o militares de México.

Por ahora, los incidentes registrados por el paso de la segunda carava se relacionan con desmayos o emergencias médicas; sin embargo, uno de los principales problemas que enfrentan es la falta de atención médica y de acompañamiento de las autoridades.

La segunda caravana migrante seguirá su paso hacia el centro de México. A la par, otros grupos de “sin papeles” ya están organizando el tercer éxodo masivo por la falta de una resolución.

La mayoría de los migrantes que salieron de Tapachula la semana pasada, reconocieron que la esperanza de llegar a Estados Unidos no es la primera opción ante las restricciones que existen y, en su lugar, buscan establecerse en grandes ciudades mexicanas.

En conclusión, los migrantes quieren encontrar trabajo; sin embargo, su primera petición es que las autoridades mexicanas les brinden respuestas a las solicitudes de aviso. (Jaime Zambrano, Milenio Puebla, Online)

Desde Afuera / Imagen, imagen

Algunos creen que una letra puede cambiar toda una imagen. Dígalo si no, ¿quiénes creen que la propuesta de agregar la palabra “nacional” y, por tanto, la sigla “N” puede combinar para ayudar a cambiar la opinión estadounidense sobre el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con la propuesta, que aparentemente tiene el apoyo del presidente Donald Trump, la agrupación pasaría a llamarse Agencia Nacional de Inmigración y Aduanas (que en inglés formaría el acrónimo NICE, o sea agradable, bueno). Así, las acciones del ICE pasarían a ser señaladas como operativos NICE. Según la “influencer” conservadora Alyssa Marie, autora de la idea, “quiero que Trump cambie ICE a NICE (Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas) para que los medios tengan que decir ‘agentes NICE’ todo el día, todos los días”.

Claro que parecería un contrasentido, sobre todo después del esfuerzo que esos mismos agentes pusieron los primeros meses del año –y hasta donde se sabe ponen aún, pero con menos publicidad y mucha más prudencia– para proyectar fuerza y dureza.

Pero el hecho es que la propuesta de cambio de nombre surge en un momento en que la migración se convirtió en un tema delicado para la aprobación de Trump –que perdió terreno entre los latinos– y el financiamiento presupuestal de las autoridades migratorias seguía estancado en el Congreso, en medio del debate provocado por tácticas que llevaron a comparaciones con policías de países autoritarios, sobre todo después del asesinato de dos ciudadanos estadounidenses a manos de agentes federales a principios de año en Minneapolis, durante protestas contra la campaña antimigratoria.

Después de la estridente publicidad que caracterizó al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) durante los poco más de 12 meses que lo dirigió Kristi Noem, el DHS, bajo el nuevo secretario Markwayne Mullin, redujo al menos el ruido y la visibilidad de sus acciones.

Pero eso no quiere decir que hayan dejado de cumplir el papel que se les asignó en la campaña antimigrante. Que los agentes no se presenten en los edificios de tribunales donde se realizan los trámites de regularización migratoria es un avance, aunque sea determinado por las relaciones públicas y la necesidad de cambiar una imagen de brutalidad. La situación parecería reflejar también el menor sentido de urgencia de los estadounidenses respecto al tema migratorio.

Una reciente encuesta de FOX puso en perspectiva: 70% de los estadounidenses siente que la economía está en mala situación, y 43% cita la inflación (26%) y la economía en general (17%) como los principales problemas del país. Uno de cada 10 nombra el liderazgo político/corrupción (13%), la guerra con Irán (11%), las divisiones políticas dentro del país (9%) y la inmigración (8%) como las mayores preocupaciones. Ahora falta que se logre el paso de “ICE” a “NICE”. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 35)

Jaque Mate / Agentes gringos

“Si México quisiera ayuda con los cárteles,
estaríamos honrados de ir a hacerlo. Se lo dije a ella”.

Donald Trump, 04.05.2025

Donald Trump ha insistido una y otra vez que México acepte la presencia de agentes estadounidenses para combatir al narco, pero la presidenta Sheinbaum se ha negado. Su predecesor, López Obrador, fue más allá: reformó la Ley de Seguridad Nacional para obligar a los agentes extranjeros a registrar sus actividades ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, eliminó la inmunidad diplomática para agentes extranjeros que cometen delitos en México, les prohibió realizar detenciones o allanamientos y los obligó a compartir con las autoridades mexicanas la información que obtengan. AMLO también retrasó las visas a los agentes. Estas medidas generaron molestia en Washington.

Sheinbaum ha sido más diplomática, pero se ha negado a permitir que los agentes estadounidenses operen en nuestro país. La muerte en un accidente de dos agentes en Chihuahua ha generado ahora una fuerte controversia.

Estos dos agentes, presumiblemente de la CIA, participaron en unos operativos del 17 al 19 de abril en los que se aseguraron laboratorios de producción de droga. Los agentes no tenían autorización para operar en México. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, renunció a su cargo el 27 de abril, pero la Presidenta declaró en la mañanera: “A los mexicanos lo que nos importa es la defensa de la soberanía…. Tiene que seguir la investigación. No para con la renuncia del fiscal… La Fiscalía [federal] lo está investigando”.

La fiscal especial Wendy Chávez Villanueva encabeza una investigación del gobierno de Chihuahua sobre estos agentes. Declaró que se unieron al convoy de los operativos, que iban en los vehículos del director de la Agencia Estatal de Investigaciones, Pedro Oseguera, quien también murió en el accidente, que no participaron en las reuniones de planificación, ni portaban uniformes, ni se ostentaron como integrantes de alguna institución de seguridad nacional o extranjera.

El Senado, controlado por Morena, citó a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos, a comparecer ayer, pero ella canceló. La Cámara, sin embargo, no ha pedido la comparecencia de gobernadores morenistas cuestionados por su relación con el narco. Por otra parte, el gobierno de Estados Unidos ha lamentado que la presidenta Sheinbaum no haya ofrecido siquiera un pésame por los dos agentes fallecidos.

La relación con Estados Unidos se está complicando. El embajador Ronald Johnson advirtió el 23 de abril en Sinaloa: “La inversión es como el agua: fluye cuando existen las condiciones adecuadas y desaparece cuando no las hay. Una cosa es clara: la inversión sigue a la certeza y se aleja de la corrupción”. Un artículo en Los Angeles Times señaló que los comentarios del embajador “forman parte de una agenda más amplia y provocadora… Marcan el inicio… de una amplia campaña anticorrupción del gobierno de Trump contra funcionarios mexicanos sospechosos de tener vínculos con el crimen organizado”. El artículo afirmó que al gobernador Rubén Rocha Moya de Sinaloa se le canceló la visa el año pasado, cosa que el político no había revelado.

El tema va más allá de la presencia de unos agentes estadounidenses en un operativo contra narco-laboratorios, de esos que el expresidente López Obrador decía que no existían. El presidente Trump sostiene que México está siendo gobernado por narcos. La Presidenta ha pedido pruebas, pero no ayuda a su causa cuando, en vez de celebrar los aseguramientos, cuestiona las acciones de agentes estadounidenses. Me recuerda a López Obrador cuando, en lugar de aplaudir la captura de El Mayo Zambada, cuestionó su traslado y detención en Estados Unidos.

JARDINERO

Ahora sí el embajador Johnson celebró la captura de Audias Flores Silva, El Jardinero, colaborador del Cártel Jalisco Nueva Generación. El gobierno de México sigue tratando de detener a narcotraficantes en esta guerra contra las drogas que ya no se llama así. (Sergio Sarmiento, Reforma, Opinión, p. 8)

Razones / Agencias, seguridad y secrecía

Lo sucedido en Chihuahua, con la muerte de dos agentes estadunidenses, del director de la Agencia de Investigación Estatal, Pedro Oseguera Cervantes y de un miembro de la misma institución, fue una tragedia. Lo fue porque fallecieron funcionarios mexicanos y estadunidenses serios, que trabajaban para acabar con grupos criminales dentro y fuera de nuestro país, y porque esa tragedia algunos intentan convertirla en una farsa, en una comedia político-electoral de cara a los comicios del año próximo en Chihuahua, sin medir las consecuencias.

Habrá que establecer con claridad qué sucedió y la versión proporcionada por la comisión del estado de Chihuahua parece ajustarse bastante a la realidad: los agentes estadunidenses fueron invitados (sin atribuciones para ello) por el jefe de la Agencia de Investigación Estatal a observar el operativo en donde se incautó uno de los mayores narcolaboratorios de México, distribuido en un espacio de unas 100 hectáreas (un dato que, quienes buscan politizar en términos electorales el tema ignoran cuidadosamente) donde esos agentes no participaron operativamente, no iban armados, no portaban uniformes. La información original que dio el fiscal César Jáuregui no se ciñó a la realidad, por eso tuvo que renunciar. La relación con las fuerzas de seguridad estadunidense la llevaba el fallecido director de la Agencia de Investigación Estatal, que era, además, un funcionario bien valorado a ambos lados de la frontera. ¿Hubo irregularidades? Seguramente, pero también, como reconoció el titular de la SSC, Omar García Harfuch, la gobernadora Maru Campos no conocía a detalle esos hechos como tampoco el gobierno federal.

Los grupos duros en el Senado de Morena, todavía muy influenciados por Adán Augusto López, han tratado de darle otra dimensión al tema porque apoyan la candidatura de Andrea Chávez (a diferencia de otros sectores de Morena en el estado que prefieren al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar) y de darle un cariz electoral.

Pero en el gobierno federal, sobre todo en el Gabinete de Seguridad, saben que la clave está en la moderación ante un tema que es especialmente complejo y que se puede complicar en muchas instancias federales y estatales.

En México operan cotidianamente 13 agencias y dependencias federales estadunidenses con presencia o acreditación en el país, bajo diferentes esquemas de cooperación con el gobierno mexicano. Tienen presencia y operación en México, la Administración para el Control de Drogas (DEA); el Buró Federal de Investigaciones (FBI); la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF); el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos (USMS); la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia (OIA-DoJ); la Oficina de Desarrollo, Asistencia y Entrenamiento Judicial Internacional (OPDAT); el Departamento de Seguridad Interior (DHS); la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP); la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE); el Servicio Secreto de Estados Unidos; la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA); la Agregaduría del Departamento del Tesoro y la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro (OFAC).

Aunque no se reporta públicamente, también hay agentes de la CIA (que por norma no se acreditan como tales) y de otras agencias de inteligencia, también existe una profunda colaboración militar a través del Comando Norte, con presencia de militares mexicanos en Estados Unidos y de ese país en México, más allá de las misiones de entrenamiento existentes. Y además están todos los mecanismos de recolección de información cibernética y a distancia, como los que se recopilan vía drones, satélites e intervenciones telefónicas y de redes globales, como los que realiza la NSA.

Todos los estados fronterizos del norte del país tienen convenios de cooperación con las agencias estadunidenses, en la mayoría de los casos por encima de los acuerdos federales. Son necesarios para la operación cotidiana y terminan siendo benéficos a ambos lados de la frontera.

Después de la detención del general Salvador Cienfuegos se expidió una Ley de Seguridad Nacional que, como dijimos aquí en aquel momento, resultaría, como ocurre, inoperante y alejada de la realidad operativa de las agencias de seguridad y de la interrelación que tienen México y Estados Unidos. Decíamos, entonces, diciembre de 2020, que “la ley es inútil porque así no funciona ninguna agencia de seguridad, ninguna registrará sus activos, ninguna compartirá gentilmente su información ni mucho menos entregará al gobierno un informe mensual de sus actividades. Sólo puede ser peor que una mala ley, una ley que no se puede cumplir. Y éste es el caso”.

“La ley en cuestión, agregamos, dificultará la cooperación con Estados Unidos y ésa no es una buena noticia pese al abuso que han cometido algunas de esas agencias (y algunos de sus agentes) durante años, sobre todo durante la administración de Donald Trump, en México. La cooperación es insalvable e imprescindible, pero debe basarse en acuerdos firmes y claros”.

Esos acuerdos existen, pero no sabemos sus términos más allá de conceptos generales sobre soberanía y no intervención que, en el mundo actual, sino tienen un contexto real, terminan diciendo bastante poco. Pero lo peor que se puede hacer ante conflictos reales, como el sucedido en Chihuahua, es querer partidizar un tema que está sujeto a tantas interpretaciones y en el que, además, los hilos que entrelazan al gobierno federal, al de Estados Unidos, a las agencias, a los estados, están en muchos sentidos demasiado entrecruzados y tejidos en la secrecía. (Jorge Fernández Meléndez, Excélsior, Nacional, p. 12)