Opinión Migración 290525
Dinero // Tribunal tumba los aranceles; Trump apela // Es boicot, aunque la CNTE lo niega // No contesta La Chingada
AYER FUE UN mal día para el presidente Trump. Por un lado, el Tribunal Internacional de Comercio de Estados Unidos, con sede en Nueva York, declaró ilegales los aranceles generalizados a las importaciones de México, Canadá (25 por ciento) y China (20 por ciento), ya que fijar impuestos es competencia del Congreso y Trump los impuso con base a una ley de poderes de emergencia.
El fallo del tribunal abarca a todos los países. Trump interpuso un recurso de apelación ante un juzgado federal. En su momento el presidente, que pasa los fines de semana jugando golf en su opulenta residencia de Mar-aLago, justificó su decisión con el argumento de que estaba combatiendo el tráfico de fentanilo y la migración ilegal.
El Tribunal Internacional señala en su sentencia que la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional permite al presidente regular las importaciones y exportaciones en respuesta a determinadas emergencias y subraya que el motivo debía ser una “amenaza inusual y extraordinaria”, lo cual no encuadra con el tema del fentanilo y la migración. Las órdenes arancelarias impugnadas serán anuladas y se prohibirá permanentemente su aplicación.
Alguien dijo en Palacio Nacional que era preciso tener paciencia por toneladas y mantener ‘la cabeza fría’; el tiempo le está dando la razón. (Enrique Galván Ochoa, La Jornada, Política, p. 6)
Bitácora del director / Sin respiro
El domingo 1 de junio, mismo día en que se celebra la elección judicial, se cumplirán ocho meses del gobierno de Claudia Sheinbaum y, al día siguiente, un año de su triunfo en los comicios de 2024.
Es pronto, desde cualquier punto de vista, para hacer un balance de su gestión, pues apenas acaba de cumplirse 10% del lapso para el que fue elegida.
Lo que sí puede decirse es que el signo de estos 240 días ha sido la atención de problemas. Algunos de ellos, heredados por el gobierno anterior, como la fragilidad de las finanzas públicas. Otros, venidos de fuera, como las decisiones del gobierno estadunidense en materia comercial.
Por ejemplo, cuando comenzó el sexenio, el 1 de octubre, ya se había iniciado una guerra en el seno del Cártel de Sinaloa, que a la fecha no ha parado.
A principios de noviembre, Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Durante su campaña, anunció que impondría aranceles a las exportaciones mexicanas, cosa que ha cumplido parcialmente; prometió que realizaría “la mayor deportación de migrantes de la historia”, situación que no se ha concretado, aunque sí se ha reforzado el control en la frontera, e incluso amenazó con usar la fuerza militar para combatir a los cárteles en el propio territorio mexicano, un propósito, se nota, en el que se ha quedado con las ganas.
El regreso de Trump a la Casa Blanca, en enero pasado, y la conquista de la mayoría legislativa por parte del Partido Republicano han configurado un escenario especialmente complicado para Sheinbaum en varios frentes: la política comercial, los reclamos por el agua del río Bravo, la inminente imposición de aranceles a las remesas y el boicot al ganado mexicano por el gusano barrenador, entre otros.
Esto la ha obligado a hablar siete veces por teléfono con Trump, buscando atenuar sus impulsos.
A nivel nacional, la Presidenta ha tenido que gobernar bajo la sombra de su antecesor, quien hasta ahora no ha aparecido públicamente, pero sigue gravitando. Ha tenido que trabajar con un gabinete plagado de personajes empoderados el sexenio anterior –algunos de los cuales no muestran un compromiso total con su gobierno–, así como con líderes en el Congreso que fueron sus contrincantes por la candidatura presidencial, quienes han llegado a obstaculizar sus iniciativas.
La economía ha venido arrastrando un débil desempeño que comenzó a notarse en los últimos meses del gobierno anterior. Para enfrentar ese estancamiento, el gobierno ha tenido una limitada capacidad de inversión. Esto se debe a que la prioridad del gasto público se ha centrado en la necesidad de reducir el déficit fiscal acumulado por la administración anterior, que llegó a 5.7% del PIB.
Asimismo, el consumo interno, que se había convertido en el salvavidas de la economía mexicana, poco a poco se ha ido desinflando, ante el deterioro de las remesas y la pérdida de inercia de los programas sociales y los aumentos salariales.
Aunque la Secretaría de Hacienda mantiene su expectativa de crecimiento del PIB para 2025, de entre 1.5 y 2.3%, la mayoría de los pronósticos, incluyendo el de ayer de Banxico, apuntan a que México experimentará una expansión casi nula.
Y en este mes que termina, la Presidenta ha tenido que enfrentar uno de sus retos internos más formidables: el paro de una décima parte de las escuelas del país, cuyos maestros son parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, gremio que resurgió de las cenizas por impulso de López Obrador y que ahora presiona a su sucesora, sin que quede claro cómo y quién paga sus movilizaciones.
Los maestros disidentes se han plantado en el Zócalo y han generado un caos diario en la capital del país, exigiendo al gobierno federal medidas imposibles de cumplir, como un aumento salarial de 100% y la abrogación del actual régimen de pensiones, cosas que costarían una cifra estratosférica con la que no cuentan las finanzas públicas.
Han sido ocho meses de conflictos difíciles de gestionar, que han dejado a la primera Presidenta del país sin espacio para desarrollar una agenda propia, sin un minuto de paz. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Política Nacional, p. 2)
Antes del fin // Donde nadie mira, se sostiene el país
Durante décadas, las personas migrantes fueron vistas como una masa periférica, económicamente funcional —por las remesas— pero políticamente marginal. A ellas, se les negó el derecho a participar en las decisiones de un país que, paradójicamente, seguían sosteniendo desde fuera. Y a los municipios, primer receptor de esa movilidad humana, se les negó la posibilidad de responder con recursos, normatividad y reconocimiento real.
Esa doble negación ha producido un fenómeno que hoy ya no puede sostenerse: una migración que ocurre en lo local, pero se legisla desde lo federal, y unos gobiernos municipales que actúan sin facultades plenas, pero con la urgencia de lo cotidiano.
En México, más de doce millones de personas nacidas en el país viven en el extranjero. El 98% de ellas reside en Estados Unidos. La mayoría salió por motivos económicos o de violencia estructural, no por opción, sino por necesidad. Muchas siguen profundamente vinculadas con sus comunidades de origen, no solo por lazos afectivos, sino por una participación constante en la vida familiar, económica y —cada vez más— política de sus localidades.
Ese vínculo, sin embargo, ha sido históricamente desatendido. El Estado mexicano tardó décadas en garantizar el voto desde el extranjero. Aunque hoy existe el derecho formal, su ejercicio sigue plagado de obstáculos: registros complicados, plataformas poco accesibles, escasa difusión institucional y desconfianza hacia el proceso.
En este escenario, los municipios han sido los grandes olvidados. No figuran como actores políticos dentro del entramado electoral migrante, a pesar de ser quienes sostienen en el territorio el vínculo social, cultural y simbólico con la diáspora. Son ellos los que reciben a los retornados, a los hijos bilingües de las deportaciones, a las mujeres que regresan con historias de violencia. Son también quienes gestionan los efectos concretos de la migración: falta de identidad jurídica, acceso limitado a servicios, reintegración económica fallida.
Y, sin embargo, los municipios no cuentan con un marco robusto que les permita operar en estos temas más allá de la asistencia básica o el voluntarismo político. Actúan con presupuestos limitados, sin una legislación clara que les reconozca como parte del sistema migratorio nacional.
A pesar de estas limitaciones, han comenzado a surgir experiencias locales que desmienten la narrativa de impotencia. Algunos gobiernos municipales han creado direcciones especializadas para atender a personas migrantes, han instalado ventanillas únicas de atención, han generado vínculos con consulados y organizaciones internacionales, y han elaborado reglamentos locales para institucionalizar la respuesta.
Estas prácticas muestran que los municipios no solo pueden, sino deben jugar un papel activo en la gobernanza migratoria. No por ambición institucional, sino porque ahí —en lo local— es donde verdaderamente se disputan los derechos.
Los migrantes llegan a los municipios con la vida en pausa y los papeles en duda. Lo que encuentran —o no encuentran— en ese primer punto de contacto, condiciona todo lo que sigue: su inserción, su dignidad, su vínculo con el país que los vio partir.
Y así como los migrantes han pasado de ser invisibles a ser votantes, los municipios deben pasar de ser entes administrativos a ser actores políticos del derecho a migrar y del derecho a participar. La transición democrática no está completa si deja fuera a quienes se fueron. Ni si ignora a quienes los reciben.
Eduardo Galeano escribió sobre “los nadies”: aquellos que no cotizan, no aparecen, no son nombrados. En la política migratoria mexicana, los migrantes y los municipios han compartido ese estatus. Uno por cruzar fronteras; el otro por vivir demasiado cerca del problema como para ser escuchado desde la capital.
Pero esa invisibilidad está cambiando. Los municipios están demostrando que tienen una voz propia, una agenda posible y una legitimidad que nace del territorio. No pueden ni deben esperar a que el centro les autorice el derecho a cuidar.
Antes del fin
Los municipios son los que reciben, integran, atienden y protegen, entonces también deben ser reconocidos como parte activa del sistema nacional de atención, protección y participación política de las personas migrantes. (Nadine Cortés, El Financiero, Opinión, p. 27)
Apuntes financieros // Trump se dispara en el pie con Harvard
Donald Trump parece tener un tema personal contra Harvard. Aunque algunas de sus críticas tienen fundamento, las medidas que ha tomado contra la universidad más prestigiosa de Estados Unidos resultan excesivas, casi vengativas. Da la impresión de que su objetivo no es corregir errores, sino destruir. Lo más preocupante es que el daño que está generando va más allá de solo una institución académica, se extiende a todo su país.
Trump acusa a Harvard de antisemitismo y de carecer de diversidad ideológica. Tiene algo de razón. La propia universidad ha admitido fallas. Dos comités creados por su rector, uno para investigar el antisemitismo y otro para revisar casos de islamofobia, encontraron evidencia de sesgos. En cuanto al pluralismo ideológico, también existen elementos reveladores. En los últimos años, Harvard se ha inclinado más hacia la izquierda. Cerca de 90% de las donaciones políticas de los profesores se han ido al Partido Demócrata, mientras que solo 2% de sus docentes se identifican como conservadores.
Sin embargo, la respuesta de Trump ha sido desproporcionada. Ordenó congelar 2 mil millones de dólares en fondos para la investigación, amenazó con retirarle su estatus fiscal que le exime de pagar impuestos y la semana pasada prohibió la inscripción de estudiantes extranjeros. Para detener su embestida, exigió tener injerencia sobre a quién contrata, a quién admite y qué enseña la universidad. Harvard, con razón, se negó y demandó a su administración.
Las consecuencias de esta ofensiva pueden ser devastadoras. La restricción a estudiantes internacionales es grave. Más de una cuarta parte de los alumnos de Harvard vienen del extranjero y la proporción es mucho mayor en posgrados. Estos alumnos no solo aportan diversidad intelectual y enriquecen el debate académico, también aportan valiosos recursos económicos.
Más importante aún: muchos de ellos se quedan en EU tras graduarse y se convierten en emprendedores, empresarios y científicos. Más de 50% de las startups estadunidenses valoradas en más de mil millones de dólares fueron fundadas por inmigrantes, así como dos tercios de las principales empresas de inteligencia artificial. El mismísimo Elon Musk llegó a EU como estudiante internacional.
Lo que Trump parece no apreciar es que destruir a Harvard es destruir una de las principales fuentes de innovación y liderazgo de su país. Al cortarle fondos, limita su capacidad de producir avances científicos. Al cerrarle las puertas a estudiantes extranjeros debilita uno de los motores más potentes de la economía del conocimiento.
Peor es el mensaje que manda al mundo: que EU ya no está interesado en atraer las mentes más brillantes. En plena competencia con China, no es momento de cerrarse al talento extranjero y la independencia académica. Harvard está lejos de ser perfecta y requiere hacer cambios, pero los remedios que propone Trump son mucho peor que la enfermedad. (Julio Serrano Espinosa, Milenio, Negocios, p. 22)
Impuesto a remesas: nuevo muro contra los migrantes
Hace una semana, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó el plan fiscal impulsado por Donald Trump que contempla la imposición de un gravamen de 3.5 por ciento a las remesas que salgan de su país. En espera de que este plan –que originalmente contemplaba un impuesto de 5 por ciento– pase por la aprobación del Senado prevista para antes del 4 de julio, persiste la preocupación por los impactos que esta embestida tendrá sobre los migrantes en el país vecino, en las familias receptoras de remesas en México, en la economía de ambos países y en la relación bilateral México-Estados Unidos.
Las remesas juegan un papel muy importante en la economía nacional. Desde 2015, los envíos de dinero de la población migrante en Estados Unidos a sus familias se convirtieron en la principal fuente de ingreso de divisas al país, superando los ingresos petroleros. De acuerdo con el Banco Mundial, México es la segunda economía receptora de remesas en el mundo y, dependiendo de la fuente consultada, se estima que las remesas componen entre 3.5 y 4 por ciento del PIB nacional.
Además, el ingreso por remesas aumenta cada año en el país, con un crecimiento promedio de 7.8 por ciento entre 2019 y 2024, de acuerdo con un estudio de BBVA. Según el Banco de México, las remesas registraron en este 2025 el monto más alto en siete años para un primer trimestre, con un total de 14 mil 269 millones de dólares recibidos. Se estima que representan en promedio 27.6 por ciento del ingreso familiar trimestral.
No obstante, para dimensionar mejor el papel que juegan las remesas en nuestra economía, es preciso distinguir sus efectos diferenciados según el territorio del que se trate.
Los estados que más reciben remesas en México son Michoacán, Jalisco y Guanajuato; sin embargo, para determinar su peso específico es necesario hacer la comparativa en función del tamaño de cada economía local. De acuerdo con ello, Chiapas, Guerrero y Michoacán, son los estados con mayor dependencia en las remesas, pues representan el 15.9, 13.8 y 11.1 por ciento del PIB estatal respectivamente, de acuerdo con el Banco de México.
Por su parte, un estudio de Citibanamex destaca que el ingreso por remesas equivale a 16.8 por ciento de la nómina salarial total del país, pero en estados como Chiapas esta proporción asciende hasta 52.7 por ciento de la nómina salarial en el estado; le siguen Guerrero y Zacatecas con 50.8 y 47.7 por ciento, respectivamente. Esta elevada proporción demuestra la importancia de las remesas para la economía familiar en comparación con el ingreso que se percibe por un empleo local.
Con este breve análisis podemos anticipar que el impacto del impuesto a las remesas no será menor. Recientemente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público estimó que dicha medida impositiva podrá impactar en 3 por ciento del PIB. No obstante, se prevé que la medida no sólo impactará a México, sino que la resentirá el propio mercado interno de Estados Unidos. Si bien el impuesto podrá implicar un menor ingreso de remesas a México, también podrá significar un envío de mayor cantidad para mantener el ingreso de los familiares en nuestro país y, con ello, un remanente menor en dólares para las personas residentes en Estados Unidos, lo que disminuirá la capacidad de consumo en el país vecino.
Más allá de las cifras macroeconómicas, la mirada debe estar puesta especialmente en el impacto en la dinámica cotidiana de las familias, especialmente aquellas en situación de mayor precariedad cuya subsistencia depende de las remesas. Un reportaje publicado por Amapola, medio informativo independiente en Guerrero, relata cómo la economía de la comunidad de Zotoltitlán depende de las remesas que llegan del exterior, pues todas las familias tienen algún pariente en Estados Unidos. En dicha comunidad, las labores campesinas son principalmente para subsistencia y consideradas un ingreso secundario, pues las jornadas de trabajo son pagadas en alrededor de 450 pesos diarios, mientras las jornadas en campos agrícolas estadunidenses son pagadas en 18 dólares por hora.
Casos como el de Zotoltitlán se repiten en muchas otras coordenadas de nuestro territorio, especialmente en el sur. Si ya las medidas prohibicionistas del gobierno estadunidense complejizaron el ingreso y estancia de mexicanos en EU, ahora se complejiza la bonanza derivada de la migración, con una merma considerable en los ingresos de las familias.
Esta medida se encuadra en el creciente carácter antimigratorio del actual gobierno estadunidense, que ha estigmatizado a los migrantes y los ha colocado en una situación de gran incertidumbre, lo mismo que ha ocurrido con otras poblaciones y, en general con la agenda de derechos humanos en el vecino país.
Por ello necesitamos impulsar un debate público para dimensionar el verdadero papel de la migración y su aporte económico tanto para las familias campesinas y obreras como para la obtención de amplios márgenes de ganancias para el sector empresarial estadunidense.
Si bien el objetivo final debe ser el establecimiento de condiciones que garanticen que nadie tenga que salir de su territorio por necesidad, ello pasa por la defensa elemental del libre tránsito como derecho humano. Una correcta atención de la crisis migratoria en nuestra región se logrará con la cooperación internacional y con políticas públicas efectivas en comunidades de origen, tránsito y recepción de migrantes, y no con la criminalización, con la prohibición y con políticas de excepción, como las que recientemente se han vuelto inquietantemente más frecuentes en diversos países. (Mario Patrón, La Jornada, Opinión, p 15)
Cartones
Hermoso estate quieto
(Rapé, Milenio, Al frente, p. 2)
(Gregorio, Excélsior, Nacional, p. 12)
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 28/05/2025