Opinión Migración 290526

Trascendió

Que Steven Spielberg, James Cameron y hasta Jaime Maussan se quedaron cortos frente a la publicación del gobierno de EU, con el sello Donald Trump, en la que echó mano de la voz inglesa alien para retorcerla con sus acepciones a fin de comparar a los migrantes con extraterrestres sin ahorrarse conceptos de la jerga ovni, como teletransportación, abducciones, enanitos verdes, invasión y platillos voladores. Delirante hasta para peli. (Trascendió, Milenio, Al Frente, p. 2)

A Ras de Suelo // La residencia permanente en Estados Unidos bajo un nuevo paradigma de control migratorio

El 21 de mayo, los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) emitieron un memorando que señala que la mayoría de los extranjeros que soliciten la Green Card (residencia permanente) deberán hacerlo desde los consulados en sus países de origen. De acuerdo con el documento, el ajuste de estatus —que permite a una persona que ya se encuentra dentro del país cambiar su estatus migratorio de no inmigrante a residente permanente— es una facultad discrecional y excepcional.

Esta visión restrictiva del mecanismo refuerza su subordinación a los intereses nacionales como criterio rector de su aplicación. Esta directriz —que en principio parecería solo reafirmar el carácter discrecional de un trámite administrativo—podría desalentar la presentación de solicitudes de ajuste de estatus al tiempo de volver más complejo el camino hacia la residencia legal.

La Green Card permite vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos, viajar al extranjero con la posibilidad de reingresar y, con el tiempo y cumpliendo los requisitos, solicitar la ciudadanía estadounidense. Las principales vías para obtenerla son la familia, el empleo y las razones humanitarias, aunque también existen programas especiales, como la lotería de diversidad y ciertos casos específicos vinculados al servicio militar o actividades religiosas. Su relevancia es evidente. Tan sólo en 2023 y 2024 se otorgaron más de 1.1 millones de residencias permanentes y actualmente viven en Estados Unidos cerca de 14 millones de residentes permanentes legales.

Pareciera que la medida propuesta busca restringir significativamente la posibilidad de ajustar el estatus migratorio dentro de Estados Unidos, lo que obligaría a muchas personas a salir del país para continuar el trámite de residencia permanente en un consulado estadounidense en su nación de origen y esperar desde el exterior una resolución. Esto podría afectar particularmente a cónyuges e hijos de ciudadanos estadounidenses, trabajadores, estudiantes y solicitantes de protección humanitaria, generando consecuencias como la separación prolongada de familias, la interrupción de proyectos laborales y de vida construidos durante años en EU, así como una mayor vulnerabilidad para quienes huyeron de contextos de violencia, persecución o inseguridad y tendrían que enfrentar la incertidumbre de permanecer fuera del país mientras se resuelve su situación migratoria.

El memorando es una guía interna para los funcionarios de USCIS y, por sí mismo, no puede modificar los derechos reconocidos en la Ley de Inmigración y Nacionalidad, que contempla el ajuste de estatus como una vía legal para solicitar la residencia permanente dentro de Estados Unidos. Sin embargo, abogados especializados en materia migratoria advierten que la interpretación adoptada por la agencia podría dificultar el acceso a este mecanismo para personas que ingresaron legalmente al país y posteriormente buscan regularizar su situación, además de incrementar los tiempos de espera, los costos y la incertidumbre jurídica.

Por ello, la medida enfrentará impugnaciones judiciales, como ha ocurrido con diversas acciones migratorias impulsadas por la administración Trump que han sido revisadas e incluso frenadas por tribunales federales, al existir un debate sobre si una directriz administrativa puede restringir en la práctica una vía de regularización expresamente prevista por la ley.

El memorando también deja interrogantes importantes, pues no define con claridad qué casos podrán seguir ajustando su estatus dentro de Estados Unidos, qué circunstancias justificarían una excepción ni cuáles serán los criterios para aplicarla. Esta falta de precisión amplía la discrecionalidad de las autoridades migratorias y alimenta los cuestionamientos legales sobre la medida.

La medida refuerza un giro de la política migratoria estadounidense hacia un enfoque de seguridad y control administrativo que ahora alcanza incluso a las vías legales de migración. Más allá de sus efectos prácticos, envía un mensaje político claro: la regularización deja de ser vista como un mecanismo de integración y pasa a entenderse cada vez más como una excepción sujeta a criterios discrecionales. (Eunice Rendón, El Universal, Nación, p. 8)

Más de 29 al día: la trata de personas de cara al Mundial

En los últimos años se ha investigado con mayor profundidad la relación entre el fútbol, la corrupción y el lavado de dinero, así como la violencia de género y su vínculo con este deporte. De cara al inicio del Mundial de Fútbol 2026, se vuelve urgente analizar la intersección de todos estos temas.

Esta semana, la Unidad de Inteligencia Financiera y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores emitieron una alerta a los sujetos obligados del sistema financiero para aumentar la detección de riesgos de lavado de dinero relacionados con la trata de personas. Esta alerta se coordinó con las unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y Canadá, los otros dos países sede del torneo.

La realidad detrás de esta alerta es aterradora: cada día en México desaparecen 29 niñas, niños y adolescentes, la mayoría mujeres, según datos de REDIM y la Secretaría de Gobernación. Esta cifra espeluznante, asentada como realidad estructural en el país, puede incrementarse durante el Mundial. Y es que los eventos deportivos masivos aumentan el riesgo de trata de personas con fines de explotación sexual debido al mayor flujo de personas y recursos, y al intento del crimen organizado de acapararlos. En México, esto adquiere una dimensión particular: de acuerdo con la investigación académica de Víctor Manuel Sánchez, los corredores de trabajo sexual en las ciudades sede del Mundial son controlados en su mayoría por cárteles y grupos del crimen organizado.

Por eso, distintas organizaciones han lanzado campañas de concientización ciudadana sobre la trata de personas, en particular de niñas, adolescentes y personas migrantes. La campaña Mundial Sin Trata, impulsada por UNODC, SINTRATA, el Consejo Ciudadano, Uber y el sector hotelero, busca capacitar a ciudadanos, conductores y trabajadores del turismo para identificar señales de alerta y denunciar de forma segura. Y es que los datos de UNODC sobre trata de personas señalan la urgencia del tema: de acuerdo con su reporte del 2024, 36% de las personas víctimas de trata eran explotadas con fines sexuales y de este porcentaje, 64% eran mujeres y 28% eran niñas. Pocas veces se hace la relación entre estos eventos y el aumento de estos casos, y la falta de denuncia y la enorme impunidad existente impiden tener cifras claras sobre el alza que puede darse.

Aquí el tema requiere precisión: no se trata de criminalizar el trabajo sexual, sino de reconocer la extorsión a la que se enfrentan las trabajadoras sexuales y que abre el campo a la trata de personas, muchas veces de niñas y adolescentes en condición de vulnerabilidad. La corrupción permite que estos casos sigan existiendo sin reportarse y alimenta el lavado de dinero a través de la explotación y el sufrimiento de miles de mujeres y niñas.

Esta intersección, sin embargo, puede convertirse en un mecanismo de prevención y detección si se observa la relación entre estas campañas. La alerta de la UIF no puede leerse como un mero instrumento antilavado de dinero: es una señal de que ya hay redes operando y beneficiándose económicamente de la explotación sexual. Por otro lado, de nada sirve tener campañas que reúnen a la sociedad civil, el sector hotelero y el de transportes si no se comunican entre sí. Una alerta ciudadana será inoperante si no viene acompañada de una acción financiera que permita cortar los flujos que mantienen estas redes funcionando. Y una alerta financiera aislada no llega a rescatar a ninguna víctima si no se conecta con quienes están en el campo.

Si queremos un Mundial sin trata, es urgente que las campañas antilavado y de prevención ciudadana se coordinen para generar impacto real. El costo de no hacerlo lo pagan las niñas y mujeres. Es momento de hablar del tema. (Irene Tello Arista, El Universal, Opinión, p. 15)

México-EU: el ruido político y las señales de estabilidad

Sabíamos, también, que la relación bilateral estaría condicionada por, al menos, cuatro tendencias: a) cooperación binacional con resultados tangibles, b) medidas de coerción económica para alcanzar objetivos en seguridad y migración, c) amenazas de acciones unilaterales y d) desafíos persistentes por la evolución de la delincuencia organizada transnacional. Sabíamos, en síntesis, que 2026 sería un año entre cooperación y coerción.

En este sentido, ningún gobierno es un monolito —incluido el estadounidense… sobre todo el estadounidense—. No reconocerlo es caer en la vorágine del ruido, el caos y el catastrofismo, en detrimento de la señal y de las posibilidades de futuro compartido. En la complejidad de la política estadounidense, hay actores e instancias con los que se puede dialogar y negociar más fácilmente, en apego a la soberanía de ambas naciones.

Más allá del ruido político, el Embajador Ronald Johnson hizo honor a la verdad en días recientes, tras hacer un balance de su primer año de labores en nuestro país. Y es que diversas métricas apuntan de manera incontrovertible a que México y Estados Unidos están comprometidos a cooperar en materia de migración, combate a la delincuencia organizada y tráfico de fentanilo y de armas.

Por otra parte, recientemente en Washington, al preguntarle a un tomador de decisiones sobre las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos, éste las calificó de la siguiente manera: “¿las militares?, mejor que nunca”. Más allá de lo anecdótico de esto, lo que es innegable es que desde hace tiempo las relaciones bilaterales militares han sido un factor de estabilidad para la relación México-Estados Unidos en su conjunto —Javier Oliva ya ha escrito en estas mismas páginas de El Sol de México sobre lo que él llama “la diplomacia militar”: ese entendimiento que se da entre las fuerzas armadas de dos democracias como las nuestras.

Al respecto, se me vienen a la mente las memorias del General Esper, segundo secretario de Defensa durante la primera administración Trump, cuando narra que el entonces Presidente barajaba la posibilidad de bombardear suelo mexicano de manera unilateral. Algo que Esper describió como un sin sentido.

Sin embargo, no hay que ser ingenuos: el ruido político seguirá. Termino de escribir estas líneas y leo que el secretario Pete Hegseth aseguró que Estados Unidos irá a la guerra contra los cárteles mediante la coalición de 17 países de América Latina.

Cada vez me queda más claro que estará en ambos lados de la frontera cerciorarse de que el abanico de disputas naturales entre nuestros países sean manejables. Le vendría bien a la región, máxime ante la posibilidad de que sea la más próspera, segura y competitiva que esta transición geopolítica global pueda atestiguar.

Todos sabíamos que el 2026 vendría duro en la relación bilateral México – Estados Unidos: la revisión del T-MEC, el Mundial de Futbol, las elecciones intermedias en nuestro principal socio y vecino, la competencia geopolítica con China, por mencionar algunas razones estructurales.

Discanto: “La dificultad muestra de qué están hechos los hombres. Así que, cuando lleguen los problemas, piensa en ti mismo como un luchador al que Dios, como un entrenador, ha emparejado con un joven aguerrido. ¿Con qué propósito? Para convertirte en un atleta de talla olímpica”. — Epícteto. (Fausto Carbajal, El Sol de México, Análisis, p. 21)

Cartones

PÁNico

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(Waldo, El Universal, Opinión, p. 15)

Precisión

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(Fisgón, La Jornada, Política, p. 4)