Fue a principios de junio cuando el gobierno de Donald Trump aceptó suspender la imposición de aranceles a productos mexicanos, a cambio de que México implementara una estrategia para controlar las caravanas de miles de migrantes que llegaban a la frontera para solicitar asilo o ingresar ilegalmente a la Unión Americana.
El 7 de junio se firmó un acuerdo con Estados Unidos, en el que, en un plazo de 45 días, México se comprometió a contener el flujo migratorio.
Ante esta situación, el Gobierno mexicano cambió su estrategia migratoria, por lo que al discurso humanitario se sumó el despliegue de seis mil elementos de Guardia Nacional en la frontera sur, así como la contratación de más de 800 agentes para el Instituto Nacional de Migración (INM). (Bibiana Belsasso, La razón, Opinión, p.12)
México se enfrenta hoy a un enorme reto en la frontera sur y norte, el albergue y recepción de miles de centroamericanos, cuyo número ha aumentado exponencialmente desde que el gobierno mexicano decidiera acatar los deseos de Estados Unidos y cerrar la frontera.
Hay mucho que criticar al gobierno sobre la manera en la que ha procesado a estos inmigrantes; sin embargo las últimas semanas han dejado claro que México eligió el menor de dos males cuando decidió doblegarse ante la petición de Trump.
Al principio del sexenio la relación con Washington se perfilaba como un reto casi imposible; el presidente Trump amenazaba al país en dos frentes, con la construcción de un muro fronterizo y con la posible cancelación del TLCAN. Poco se ha hablado del éxito del gobierno mexicano en estas batallas. Después de que Trump amenazara con aumentar aranceles de no detenerse el flujo migratorio, varios analistas y políticos, enarbolados de patriotismo, sugirieron que la mejor estrategia sería comenzar una guerra comercial con Estados Unidos; a fin de cuentas, nos decían, México es uno de los dos principales socios comerciales de Estados Unidos y puede enarbolar una estrategia de presión hacia sectores específicos, amenazar con subir aranceles en represalia y demandar a Washington en la OMC. (Gabriel Morales Sod, La Razón, Opinión, p.22)
¿Qué diferencia hay entre un loco supremacista blanco que entra armado a un centro comercial y dispara contra la multitud matando a 22 personas, entre ellas a 8 mexicanos a los que dice odiar, y cuatro o cinco sicarios, no menos locos, que entran a un bar disparando también a la multitud, luego rocían gasolina en el lugar y lanzan bombas molotov para incendiarlo y se salen sellando las puertas para que todos los ahí presentes, más de 28 mexicanos a los que también odian, mueran quemados, intoxicados y calcinados, cuando no asesinados por las balas? El acto de crueldad extrema, terror e inhumanidad es exactamente el mismo; la única diferencia es que los primeros 8 mexicanos murieron en El Paso, Texas, territorio de los Estados Unidos, y los 27 baleados e inmolados en una venganza en Coatzacoalcos, Veracruz, territorio mexicano.
¿Por qué entonces el gobierno de México reacciona de forma tan distinta ante la muerte de los mismos mexicanos? Cuando ocurrió la masacre de El Paso, con toda su carga de violencia y odio racial, la administración del presidente López Obrador alzo de inmediato la voz no sólo aquí sino en los Estados Unidos y mandó al canciller Marcelo Ebrard a la frontera con Texas para exigir castigo a los responsables de la masacre, denunciar el atentado contra los 8 mexicanos como “un deleznable y condenable acto de terrorismo” y pedir de inmediato que la Fiscalía General de la República iniciara una carpeta de investigación contra el asesino con miras a extraditarlo y juzgarlo en México; mientras que hoy el presidente sólo reaccionó cuando los reporteros le preguntaron en su conferencia mañanera lamentando la masacre y pidiendo a la FGR “que participe en la investigación” y que “se investigue a autoridades si se detuvo antes a estas personas (los brutales asesinos) y se les dejó en libertad”. (Salvador García Soto, El Universal, Opinión, p.11)