¿Por qué quieren echan pa’tras, algunos morenistas la reforma judicial, con otra reforma judicial? Como muchas ocurrencias, mediocridades, despilfarros y estulticias de estos gobiernos mexicanos que padecemos, esa reforma judicial “encumbradora” de ineptos y “encubridora” de sus titiriteros caciques del obradorismo; fue construida con venganzas, improvisación, pequeñez y nula técnica legal. No otorgó certeza, no pacifica conflictos, nadie confía en ellos; son, además, en muchos casos un manto de impunidad para la “robadera”, AMLO dixit. Bueno, pues si creemos que el poder judicial y otras decisiones de gobierno sólo tiene consecuencias fronteras nacionales “adentro”, y no se dan cuenta “afuera”, estamos pecando de ingenuos (además de violando tratados). El país vecino y socio comercial, también sabe que los juzgadores subastan varios de sus fallos al mejor postor. Si eso hace el poder judicial “reformado”, ¿qué harán las fiscalías “no reformadas”?
México ya es un sistema autoritario. Decide a quién juzgar y cómo sentenciar al juzgado. El Nerón morenista que no sólo está autoexiliado en Palenque, Chiapas, sino en la mente colectiva del todo el movimiento que dijo transformar la vida pública de México, levanta o baja el dedo pulgar en los juzgados. Así como el Nerón de la Roma antigua mató a su madre Agripina e hizo suicidar a su maestro Séneca, el neoautoritarismo mexicano ahora quiere una cirugía de su propio Frankenstein jurisdiccional. Fallaron las tómbolas, acordeones, ambiciones, ignorancias y dedazos. Ese Frankenstein camina titubeante, se tambalea, se arrebatan los asuntos, se dictan sentencias sin conocer la ley, se desoyen criterios, se reabren asuntos. Lo mismo la hermana del director del ISSSTE, resuelve como ministra, a favor de su hermano Batres una deuda fiscal y deja “chiflando en la loma” más alta de Iztapalapa, el presupuesto público de Clara Brugada. La misma juzgadora subordinó la Constitución a la valoración del impacto presupuestal del IMSS. El derecho a la salud “universal y gratuito” prometido por Morena no podrá ser. Por el bien de todos, primero el presupuesto. Ni los más tecnócratas del ITAM, se atrevieron a semejante principio constitucional. Ahora la presidencia, legítimamente, pidió revisar la Ley de Aguas, esperemos no se les derrame.
¿Qué tiene qué ver eso con Chihuahua? Que como no hay estado de derecho, no hay reglas, no se respeta un orden institucional. Y no hay jueces imparciales, profesionales, autónomos, para impartir justicia. No hay formalidad, se prefiere la informalidad. Luego entonces, en un estado autoritario la excepción se gana. Los agentes de la CIA, que debieron acreditarse ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, pues los cuerpos de los fallecidos los reclamó el consulado de Estados Unidos en Monterrey o Ciudad Juárez, y el gobierno federal los entregó de inmediato. ¿Nada tiene que aportar el gobierno federal? ¿qué hacían en México?, ¿el Ejército se deja acompañar de extraños espías?, ¿nada tiene que decir el Instituto Nacional de Migración?, ¿la CIA no pedía favores de internamiento sin todos los requisitos a autoridades federales?, ¿desde una oficina de El Paso, Texas, se dan instrucciones y nada sabe el gobierno federal que cuida la soberanía? Donde no reina la ley, reina el crimen, y para combatirlo pues se organizan operaciones informales, encubiertas, secretas. Muchas autorizadas, otras tendrán que explicarse. (Germán Martínez Cázares, El Universal, Opinión, p. 21)
Más allá de las contradicciones internas y de las intrigas palaciegas en Chihuahua, emergen con claridad tres conclusiones del “Affaire CIA en Chihuahua”: la primera, que en el operativo de desmantelamiento de un narcolaboratorio en El Pinal hubo presencia de cuatro agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia, por sus siglas en inglés). La segunda, que esa presencia se da en el marco de colaboración del gobierno del estado con esta agencia y otras de Estados Unidos durante al menos cuatro años. Tercera, que el gobierno de María Eugenia Campos Galván no informó al gobierno federal, ni en lo general ni en lo particular, de esa cooperación. Cuarta, que el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, estaba perfectamente enterado de las actividades de los agentes de la CIA en Chihuahua (por lo menos), aunque no lo reconozca explícitamente.
Luego de la declaración de la licenciada Wendy Chávez, titular de la Unidad Especial de Investigación sobre lo sucedido el 18 y 19 de abril en los municipios de Morelos y Batopilas, se reconoce plenamente la presencia de los cuatro agentes de la CIA en el operativo, aunque se le carga toda la responsabilidad al director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, pues él no habría reportado a sus superiores de la presencia de los agentes estadunidenses.
Desgraciadamente, Oseguera ya no podrá corroborar el hecho, pues falleció en el accidente de la madrugada del domingo 19. El hasta el lunes 27 fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, presentó su renuncia luego que el informe de Chávez contradijo las dos versiones, a su vez también contradictorias, que él mismo ofreció sobre la presencia de los agentes de la CIA en el convoy del operativo y reconoció las fallas y omisiones en el control de la información.
*Todo este montaje es para concentrar la responsabilidad de la intromisión de la CIA en el director, ahora occiso, y hacer control de daños sobre todo para la gobernadora, y en menor medida para el fiscal. Sin embargo, la colaboración del gobierno de Chihuahua con agencias estadunidenses data cuando menos de abril de 2022, cuando la titular del ejecutivo chihuahuense firmó un memorándum de entendimiento con el gobernador de Texas, Gregg Abbot, para poner a su disposición los datos que recabe el costoso –para los contribuyentes chihuahuenses– dispositivo de la Plataforma Centinela sobre el tránsito de migrantes indocumentados de Chihuahua a Texas.*
Esto se reafirmó la semana pasada, cuando el Secretario de Seguridad Pública de Chihuahua, Gilberto Loya, dijo que en la Torre Centinela de Ciudad Juárez habrá un piso completo para las agencias estadunidenses como la Administración de Control de Drogas, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, entre otras. El periodista Steven Fisher de Los Ángeles Times reportó el 22 de abril que en lo que va del año, agentes de la CIA ya han participado en tres operativos en la entidad norteña. El gobierno de Chihuahua nunca informó de esta colaboración con las agencias estadunidenses en las reuniones semanales de la Mesa de Seguridad con la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional.
*Es muy entendible el interés de la CIA por Chihuahua: es una entidad con 760 kilómetros de frontera con Estados Unidos, con vasto espacio para el cruce y tráfico de migrantes. Es de los pocos estados donde, además del trasiego de drogas a través de la frontera, hay producción de mariguana, amapola y ahora, drogas sintéticas. Es el asiento del cártel de Juárez o La Línea, que, aunque no ha sido declarado como “terrorista” por el gobierno de Trump, es de las organizaciones criminales más fuertes de México, con una cabeza desconocida desde que falleció Amado Carrillo Fuentes, El Señor de los Cielos, en 1997. Además, Chihuahua está gobernado por el PAN y su gobierno varias veces ha mostrado distancia o desacuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum.*
Es muy explicable que al darle Trump más protagonismo a la CIA en el combate a los cárteles de droga haya nombrado a un ex miembro de la agencia, Ronald Johnson, como embajador en México, y se integren a la embajada varios agentes sin pedir la autorización a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Esto lo sabía Johnson, quien reconoció que los dos estadunidenses fallecidos estaban adscritos a la embajada. Su actitud en este asunto, y las veladas amenazas que vertió la semana pasada refiriéndose a la corrupción en México, revelan que la estrategia de Trump es realizar una “intervención de baja intensidad” para conformar nuestro país a sus planes.
Ante la firme defensa de la soberanía nacional que realiza la presidenta Sheinbaum, Trump y su fuerza subrepticia de intervención buscan –y encuentran– quien colabore en otros órdenes de gobierno ligados a la oposición. El que ahora tengan que tratar comedidamente a Claudia Sheinbaum no les impide ir preparando una “Mexican Corina” o alguien por el estilo que se pliegue a sus intereses y acciones intervencionistas (ver el tuit de Federal Investigation International https://n9.cl/vvvgc).
Por eso es crucial que todo este asunto no quede impune. No se defiende la soberanía conformándose con explicaciones rabonas y tramposas. (Víctor M. Quintana S., La Jornada, Opinión, p.19)
Pensar las infancias en el México de 2026 exige desplazarse de la comodidad del discurso simplista y superficial y del dato meramente descriptivo, hacia la incomodidad del sentido. Sin ser asunto menor, no basta con enumerar carencias ni con reiterar el repertorio de derechos reconocidos en la Constitución. Lo que se impone, por el contrario, es interrogar la forma misma en que la sociedad mexicana produce, organiza y administra la experiencia infantil.
En ese horizonte, la infancia aparece como una figura límite: evidencia simultáneamente la promesa de lo humano y la violencia estructural que lo niega. Las instituciones modernas -el Estado, la escuela, el precario sistema de protección- no sólo fallan en garantizar derechos, sino que muchas veces participan en la normalización del sufrimiento infantil mediante dispositivos burocráticos, técnicos y discursivos que reducen la experiencia humana a mero expediente.
Esta reducción responde a una racionalidad más amplia, mediante la cual, la vida es convertida en objeto de gestión. En el caso de las niñas y los niños esto implica una paradoja radical: son proclamados como sujetos de derechos, pero tratados como objetos de intervención. Se les “protege” sin escucharlos; se les mide sin comprenderlos; se les considera sin reconocerlos.
Desde esta perspectiva, enfrentamos mucho más que un déficit de políticas públicas eficaces; la crisis es más profunda porque implica la incapacidad estructural para reconocer a la infancia como interlocutora legítima del mundo social. La voz infantil sigue mediada, traducida, corregida por el lenguaje adulto. Y en esa mediación se pierde algo esencial: la posibilidad de que la infancia no sea sólo objeto de conocimiento, sino también fuente de verdad, entendida como posibilidad de la aletheia de la Grecia antigua.
El problema adquiere una densidad aún mayor si se consideran las múltiples infancias que coexisten en el país. No hay una infancia, sino muchas: indígenas, urbanas, migrantes, trabajadoras, desplazadas, digitalizadas. Sin embargo, el modelo institucional dominante continúa operando con una imagen homogénea y excluyente de lo infantil. Aquella que no encaja en ese molde -la infancia que habla otra lengua, que habita la calle, que vive en contextos de violencia o precariedad extrema- es sistemáticamente invisibilizada.
¿Cómo se nombra a la infancia? ¿Desde qué categorías se le piensa? ¿Qué queda fuera de esas categorías? La teoría crítica ha insistido en que toda categoría social es producto de relaciones históricas de poder; y la infancia no es la excepción. En el México contemporáneo, su exclusión adopta formas particularmente complejas. La violencia estructural que atraviesa al país -económica, territorial, simbólica- se inscribe en los cuerpos infantiles de manera diferencial. El trabajo infantil, la inseguridad, la contaminación ambiental, la precarización del cuidado y la fragmentación comunitaria configuran un entramado que limita radicalmente las posibilidades de una experiencia plena de la vida en la niñez.
Pero hay algo más profundo: la pérdida del mundo como espacio habitable. La infancia es apertura, asombro, relación. Es el momento en que el mundo se revela como posibilidad. Cuando ese mundo está marcado por la violencia, la desigualdad o la devastación ambiental, lo que se interrumpe no son solo derechos sino la estructura misma de la experiencia.
Sin embargo, reducir la infancia a la figura de la víctima sería igualmente un equívoco. De ahí la insistencia en reconocer la potencia ontológica de la infancia: su capacidad de apertura, de creación de sentido, de resistencia simbólica. La infancia no sólo revela nuestras mayores crisis; también contiene la posibilidad de otro mundo.
Esta doble condición -fractura y promesa- es lo que hace de la infancia un punto de inflexión civilizatorio. El modo en que una sociedad trata a sus niñas y niños es el criterio desde el cual puede juzgarse su proyecto histórico, pues en ese trato están sintetizadas las prioridades y valores de la sociedad en que vive. En ese sentido, la pregunta por la infancia es, en última instancia, una pregunta por lo humano.
¿Qué implica, entonces, pensar las infancias en el México de 2026? Primero, reconocer que no basta con ampliar coberturas de servicios. Se requiere una transformación más radical: una reconfiguración del modo en que se concibe el cuidado, entendido como principio estructurante de la vida social.
Implica también abrir el espacio público a la voz infantil, comprendiendo que eso sería tanto un gesto simbólico, como la condición de posibilidad de una democracia más profunda. Escuchar a la infancia es, en esa medida, un acto de justicia epistémica. Finalmente, implica asumir que la infancia es el presente más exigente para la sociedad. No es lo que vendrá, sino lo que ya nos interpela. En la mirada de una niña, en el juego de un niño, en su manera de habitar el mundo, se revela algo que la racionalidad adulta ha olvidado: que la vida no puede reducirse ni a función ni a racionalidad y cálculo funcional.
En esa revelación, acaso, se encuentre la posibilidad de una nueva inversión copernicana: dejar de organizar a la sociedad desde la lógica de la producción, para transitar radicalmente a una novedosa ética del cuidado. No pensar a la infancia como preparación para la vida, sino como su forma más radical, en tanto experiencia fundante de todo lo que habrá de venir.
Porque si algo enseña la infancia es que el mundo no está cerrado. Que aún puede ser narrado de otro modo. Que incluso en medio de la fractura, persiste la posibilidad de recomenzar. (Saúl Arellano, La Crónica, Nacional, p. 10)
Como prácticamente en todos los oficios y profesiones, la inteligencia artificial (IA) constituye uno de los acontecimientos más impactantes en los procesos transformadores que viven el estudio y la práctica del Derecho, incluida la impartición de justicia.
En ese sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha publicado recientemente las “Directrices para el uso de sistemas de IA en Cortes y Tribunales”, de la autoría del profesor Juan David Gutiérrez (Universidad de los Andes, Colombia).
Este muy importante documento tiene por propósito ofrecer una orientación práctica para jueces, administradores judiciales y responsables políticos que se encuentran en procesos de exploración para la adopción definitiva de la IA en el ámbito judicial.
En particular, pretende situar el uso de la IA como herramienta asistencial, más no sustitutiva, en la impartición de justicia, y bajo principios innegociables como son la responsabilidad y la supervisión humana.
La trascendencia de estas directrices también se explica en que están basadas en consultas con expertos de más de 160 países, con el involucramiento de más de 36,000 actores judiciales. Su pretensión es clara: reflejar diversas tradiciones legales, capacidades tecnológicas y necesidades sociales compartidas alrededor del mundo.
Así, constituyen el primer marco ético y operativo orientado globalmente para la IA aplicada a las funciones judiciales.
Pues bien, las directrices se fundamentan en quince principios universalmente aplicables: 1) protección de los derechos humanos, 2) proporcionalidad, 3) viabilidad de los beneficios, 4) seguridad, 5) seguridad de la información, 6) precisión y fiabilidad, 7) explicabilidad, 8) auditabilidad, 9) justicia transparente y abierta, 10) concientización y uso informado, 11) responsabilidad, 12) rendición de cuentas (accountability) y contestabilidad, 13) supervisión humana y toma de decisiones humanas, 14) diseño participativo y centrado en el ser humano, y 15) gobernanza y colaboración multiactor.
De este modo, las directrices hacen un llamado a que el despliegue de sistemas de IA proteja centralmente la igualdad material y la no discriminación, especialmente en relación con derechos de las mujeres, personas con discapacidad, niños, niñas y adolescentes, refugiados, migrantes, apátridas, en general, las minorías y otras poblaciones en situación de marginación y/o vulnerabilidad.
Llama la atención la adecuada recomendación de que la utilización de sistemas de IA tengan como objetivo lograr fines legítimos y proporcionales en el contexto de su uso, en especial, en materia de derechos.
Destaca también la directriz relacionada con el uso preciso y fiable de la IA; es decir, generar las condiciones para que puedan proporcionar información útil y relevante, así como producir resultados y predicciones correctas.
En cuanto a lo que las directrices llaman “explicabilidad”, implica que los tribunales deben hacer inteligible y proporcionar información sobre las entradas, razonamientos, resultados y funcionamiento de los sistemas de IA, de manera que estos elementos sean comprensibles, interpretables y rastreables para los humanos y, en especial, para las partes.
Es llamativa también la necesidad de que la IA sea transparente en cuanto a cómo sus sistemas desarrollan su contenido, cómo funcionan sus datos de entrenamiento, así como sus limitaciones (incluido el margen de error), sus capacidades y su propósito.
Además, estos sistemas deben garantizar la rendición de cuentas, informando y explicando cómo y por qué determinadas herramientas de IA fueron adoptadas por el tribunal de que se trate, así como los resultados obtenidos (o no) con su despliegue.
Finalmente, es destacable el aspecto relacionado con la supervisión y toma de decisiones humanas. Las directrices recomiendan que las personas juzgadoras “no deben delegar ninguna parte de su mandato ni depender exclusivamente de los sistemas de IA para adoptar decisiones o automatizar procesos completos que puedan afectar negativamente a los derechos de individuos o comunidades.”
Así, estas herramientas no deben sustituir el análisis independiente e imparcial de los hechos del caso, las pruebas, o el propio marco legal, por parte de la persona humana que es responsable de la toma de decisiones.
Hace no mucho tiempo, afirmábamos que no era lejano el tiempo en que estos sistemas pudieran emplearse para hacer tareas sofisticadas en la práctica del Derecho. Hoy la cuestión no es esa.
Es momento de establecer reglas a partir de las cuales el uso irremediable de la IA en la función judicial debe administrarse y regirse, con tal de que éste beneficie a la ética, la equidad, la no discriminación, la protección de los derechos humanos, es decir, en última instancia, a la impartición democrática de la justicia. (Felipe de la Mata Pizaña, El Economista, Política y Sociedad, p. 73)
El gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el senador Enrique Insunza y ocho personas más, fueron acusados formalmente por la justicia de Estados Unidos de tener nexos con el cártel de ese estado y solicitaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores su aprehensión y extradición a ese país; al mismo tiempo que el embajador de ese país, Ronald Johnson, advirtió que no habrá impunidad y todos los actos de corrupción que ayuden al crimen organizado, serán castigados.
Ambos acusados rechazaron de inmediato las imputaciones por considerarlas “falsas y dolosas”, las cuales fueron presentadas por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, cuyo titular, Jay Clayton, y el administrador de la DEA, Terrance Cole, confirmaron que los denunciados enfrentan cargos por su presunta participación en operaciones de narcotráfico, varias reveladas por capos del narco que, como Ismael El Mayo Zambada y los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán, están presos en cárceles estadounidenses.
DE ESTO Y DE AQUELLO…
Como bomba cayó en la 4T la acusación al gobernador de Sinaloa, aunque desde hace tiempo se esperaba que ocurriera en cualquier momento, tras el cúmulo de revelaciones de integrantes de los cárteles extraídos —como el caso de Zambada— o extraditados, que han revelado su participación en ese delito, lo que motivó reacciones morenistas en contra del gobierno estadounidense.
Poco antes, el Secretario de Defensa de EU, Pete Hegeseth, reconoció en Washington las labores de seguridad de la Presidenta Claudia Sheinbaum en la frontera, para evitar tráfico de drogas y la migración irregular, pero exigió a México intensificar esos esfuerzos y “hacerlo con rapidez”.
Desde hace varias semanas, fueron reiterados los mensajes, velados o directos, que en varias áreas del gobierno del presidente Donald Trump, con declaraciones de sus funcionarios o a través de influyentes medios de comunicación, se difundieron advertencias de que, ante la pasividad de las autoridades mexicanas de actuar contra funcionarios y políticos señalados de tener vínculos con el crimen organizado, su país actuaría.
A lo largo de los meses, desde que Trump declaró a los cárteles mexicanos organizaciones terroristas extranjeras, como los de Sinaloa, Jalisco, Golfo y otros, han estado en su mira e insistiendo en que se actuara contra varios de quienes los protegen y financian, principalmente, lo que ayer hizo.
Va a sacar chispas en la relación México-EU el “extrañamiento” que la Cancillería le hará a la embajada de EU por la forma en que se dio a conocer la acusación contra el gobernador de Sinaloa y la solicitud de que, éste y demás acusados, sean detenidos y extraditados, porque en los tratados vigentes se establece la “confidencialidad de la información”. (Francisco Cárdenas Cruz, La Razón, México, p. 7)
El 29 de abril de 2026 marcará el día en que la relación entre México y Estados Unidos cruzó un umbral sin retorno sencillo. La presentación de cargos criminales contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el senador Enrique Inzunza, entre otros, por parte del Departamento de Justicia estadunidense, no es una anécdota judicial más; es un emplazamiento directo al corazón del sistema político mexicano.
El gobierno federal enfrenta la oportunidad histórica de demostrar, con hechos y no sólo con retórica, que no existe protección para quienes son señalados por vínculos con el narcotráfico. Sin embargo, el repliegue defensivo visto hasta ahora pone en riesgo la credibilidad de todo un proyecto de nación por la figura de un mandatario cuya trayectoria genera más dudas que certezas.
La administración de la presidenta Claudia Sheinbaum no debe jugarse su capital político por un gobernador cercado por evidencias acumuladas con paciencia quirúrgica. La acusación formal desmantela una red de supuesta complicidad al más alto nivel, vinculando a figuras del partido oficialista con la estructura del Cártel de Sinaloa. Si el oficialismo opta por atrincherarse y mantener a Rocha Moya a toda costa en la gubernatura, el mensaje será devastador: que el poder es un blindaje y la lealtad partidista está por encima de la ley. El resultado inevitable será que los funcionarios concluyan que pueden actuar con total impunidad, pues no habrá consecuencias reales bajo el manto protector del movimiento.
Para comprender la gravedad del asunto, basta mirar el rastro de sangre en el territorio. Desde que Ismael El Mayo Zambada fue trasladado a Estados Unidos en julio de 2024, tras el secuestro orquestado por Joaquín Guzmán López, Sinaloa se ha desangrado en una guerra fratricida entre los Chapitos y la Mayiza. Hasta principios de este año, el saldo era aterrador: más de dos mil homicidios dolosos e igual número de desapariciones forzadas. Mientras Culiacán se convertía en un escenario de combate urbano que paralizó la vida social, el gobernador intentaba sostener coartadas frágiles, como aquel viaje a Los Ángeles del que nunca presentó registros migratorios u otras pruebas sólidas que lo ubicaran fuera de la escena donde cayó Zambada y fue asesinado su rival Héctor Melesio Cuén.
Ante esta crisis, la insistencia de la Cancillería y la FGR en que Estados Unidos debe presentar evidencias exhaustivas para tramitar la extradición es una falacia técnica con tintes de protección política. No es verdad que un gobierno que solicita una detención con fines de extradición deba presentar un expediente probatorio como si el juicio fuera a desahogar en suelo mexicano. La extradición es un proceso administrativo, de cooperación judicial; exigir requisitos no contemplados en el tratado es una táctica dilatoria para proteger a un aliado. Resulta paradójico que el mismo gobierno que ha entregado a cerca de un centenar de capos con eficiencia notable, hoy recurra al letargo procedimental cuando el dedo acusador señala a uno de los suyos.
Esta soberanía selectiva se vuelve estrambótica al contrastarla con el caso de Chihuahua, donde el oficialismo persiguió a la gobernadora Maru Campos por colaborar con la CIA en el desmantelamiento de un gran laboratorio de drogas sintéticas. En aquel caso, se acusó de traición a la patria a quienes combatían al narco; con Rocha Moya, se invoca la soberanía para proteger a quien presuntamente lo facilitaba. Si el gobernador está tan seguro de su inocencia, lo menos que debe hacer es dejar de usar la gubernatura de Sinaloa como un parapeto. La dignidad del cargo no es un escudo contra la justicia, especialmente cuando la revocación de su visa indica que el cerco se ha cerrado.
México puede y debe romper con esa condición en la que la frontera entre gobierno y crimen resulta invisible. Mantener el apoyo a un gobernador bajo sospecha no es defender la soberanía, es administrar una crisis de legitimidad que arrastrará a quienes intenten justificar lo injustificable. La pregunta ya no es si Rocha Moya caerá, sino cuánto del prestigio del Estado se hundirá con él. (Pascal Beltrán del Río, Excélsior, Nación, p. 2)
Hay una forma de robo que no aparece en las noticias. No tiene víctima que pueda quejarse. No genera escándalo porque quienes lo sufren todavía no nacen. Es el robo que un gobierno comete cuando decide gastar hoy pasándoles la cuenta a generaciones futuras -y a los niños que hoy celebramos- cuando se endeuda no para construir, no para educar, no para ponerle la mesa a un mejor futuro, sino para comprar votos, repartir dinero a cambio de lealtad y perpetuarse en el poder a costa de generaciones que aún no nacen y que, cuando lleguen a este mundo, heredarán no solo la carga de la deuda, sino el caos que la acompaña. México lleva años en ese camino y el costo va creciendo.
La deuda pública no es en sí misma un pecado. Puede tener sentido endeudarse para construir infraestructura, invertir en capital humano, educar a nuestros jóvenes, mejorar la salud pública o impulsar la productividad. Lo que nunca tiene sentido moral ni económico es endeudarse para repartir limosnas disfrazadas de política social. Eso no es solidaridad, es clientelismo. Es la apuesta más cínica que puede hacer un gobierno: asumir que el ser humano no merece más que un billete cada dos meses, que no aspira a ganarse la vida, que no necesita dignidad, ni propósito, ni el orgullo de construir algo con sus propias manos.
Es francamente insolente que este gobierno presuma la creación de 6.9 millones de empleos desde 2019 sin reconocer que 42% ocurrieron en la economía informal: trabajadores sin seguridad social, sin prestaciones, sin acceso a crédito ni a una jubilación digna, y que tampoco contribuirán pagando impuestos más allá de los que genere su consumo.
El politólogo George Will dice que el populismo acaba sucumbiendo por su incapacidad de cumplir lo que promete. Peor aún, dice que es peligroso que éste asuma que la gente sabe lo que quiere. Un buen ejemplo proviene de la política migratoria en Estados Unidos, donde Trump cumplió su promesa de cerrar la frontera, y hoy incontables sectores se topan con el encarecimiento de servicios y con la imposibilidad de encontrar trabajadores para construcción, hospitalidad, cuidado de niños y ancianos.
Morena incumple su promesa de crecer. El ingreso per cápita de México lleva siete años bajando. El pastel crece más lento que los comensales a la mesa. Al no generar riqueza, el “gasto social” se paga quitándoles recursos a educación y salud pública. Y, cada vez más, lo paga quien aún no nace. México seguirá acumulando déficits de más de 5% anual. Pronto nuestra razón de deuda a PIB estará por encima de 60%: niveles donde Brasil, Colombia y Sudáfrica perdieron el grado de inversión. Eso imposibilitaría que grandes fondos de pensiones e instituciones puedan comprar deuda mexicana, lo que también les encarecería el crédito a nuestras empresas.
Este año hemos perdido 250 mil empleos formales. Las implicaciones son graves no solo para quienes pueblan la informalidad, sino para un gobierno que deja de recaudar impuestos sobre la nómina, y para el IMSS que percibe menos ingresos mientras sus requerimientos de gasto aumentan conforme envejecemos.
El tan celebrado aumento al salario mínimo no ha estado acompañado por incrementos en productividad ni acceso a mejor tecnología o infraestructura, y ha vuelto imposible que muchas empresas pequeñas y medianas cumplan sus obligaciones sin que el alza en costos las saque del mercado. La migración a la informalidad continuará. Insistimos en encarecer el empleo formal cuando el mundo enfrenta el reto de defenderlo ante una inteligencia artificial que avanza sin días de asueto, sin pagar sueldos, prestaciones, ni liquidaciones.
No solo consumimos a expensas de quienes no han nacido. Les heredaremos una sociedad polarizada, conformista y fracturada; una infraestructura cayéndose a pedazos; un gobierno tan mediocre como voraz y corrupto, aliado con criminales. Un país que se aleja del imperio de la ley, de la prosperidad y del progreso.
Algún día, nuestros hijos y nietos nos preguntarán qué hicimos mientras esto pasaba. Ojalá tengamos algo mejor que decirles que: vimos el futbol. (Jorge Suárez-Vélez, Reforma, Opinión, p. 11)
Las reformas a la Ley General de Turismo en materia de seguridad y protección de niñas, niños y adolescentes, tan largamente esperadas, hoy son prácticamente una realidad, constituyendo un logro fundamental del desarrollo de la política y gobernanza turística en beneficio del sector nacional.
La nueva normativa jurídica, establecerá como obligaciones de los prestadores de servicios turísticos, efectuar los protocolos y acciones preventivas definidas por las autoridades competentes que, priorizando el interés superior de la niñez, permitan detectar la posible comisión de delitos contra la integridad de niñas, niños y adolescentes; así como llevar a cabo medidas de seguridad para salvaguardar su vida e integridad, previo a la prestación del servicio, ya sea de manera física o a través de medios electrónicos. Para lo cual, deberán requerir a los turistas que sean acompañados por menores de edad acreditar el parentesco, la patria potestad, tutela o guarda y custodia que tengan con los menores, o en su caso, acreditar su mayoría de edad a través de documentos oficiales, de lo contrario, se les deberá negar el servicio y se dará aviso a las autoridades investigadoras correspondientes sobre la posible comisión de algún delito.
Y es que la realidad exige redoblar esfuerzos y tomar todas las medidas posibles. Basta decir que, de acuerdo con los datos de la organización World Vision México, nuestro país es el segundo destino para la explotación sexual contra personas menores de 18 años y tiene el deshonroso primer lugar a escala mundial en consumo de pornografía infantil.
La trata de personas en la modalidad de explotación de niñas, niños y adolescentes en el sector turístico ocurre fundamentalmente de dos formas: sexual y laboral. En la primera, un delincuente se hace pasar por “turista” nacional o extranjero y se traslada a cierto destino para establecer contacto sexual con personas menores de 18 años; y en la segunda, una persona menor de 18 años es sometida para realizar actividades o trabajos en condiciones peligrosas o insalubres que atentan contra sus derechos y dignidad.
No obstante la Secretaría de Turismo ha implementado acciones preventivas individuales y conjuntas con la Secretaría de Seguridad Publica y Ciudadana contra el trabajo infantil y la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en contextos turísticos, era necesario subsanar el vacío jurídico en la legislación nacional, pues si bien el delito se encuentra tipificado, para su eficaz prevención, investigación, persecución y sanción es necesario tender una red institucional y social más vigorosa que la de los tratantes.
Dentro de las acciones preventivas destaca la actualización del Código Nacional para la protección de niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo, cuyo protocolo de actuación dirigido a prestadores de servicios turísticos busca impulsar la participación activa de todos los actores para construir destinos turísticos con cero tolerancia para estos delitos.
Estoy cierta de que el nuevo texto normativo constituye un paso más en la lucha contra la trata de personas y en la protección efectiva a las niñas, niños y adolescentes de México; sin embargo, desde la sociedad tenemos que afrontar el gran desafío de impulsar la cultura de la denuncia y no pasar por alto delitos aberrantes, para darle voz a quienes son víctimas de este delito silencioso que atenta contra la dignidad humana. (Paola Félix Díaz, El Universal, Opinión, p. 21)