Esta semana Chihuahua concentró la atención nacional. La gobernadora Maru Campos compareció el miércoles ante la FGR por la presencia de agentes de la CIA sin la autorización del Gobierno federal, según la FGR, en operativos antinarcóticos en la Sierra del Pinal, donde murieron cuatro personas el 19 de abril.
Algunos simpatizantes protestaron frente a la Fiscalía pidiendo la intervención de Donald Trump para defender la soberanía de Chihuahua. Es un caso con implicaciones de soberanía, seguridad bilateral y calendario electoral que seguirán desarrollándose. Pero hay algo más que está pasando en Chihuahua, con mucha menos cobertura y consecuencias igual de graves.
Guadalupe tiene doce años y es de Delicias, Chihuahua. Vivió cuatro años en El Paso con su familia. En marzo pasado cruzó de regreso el Paso del Norte sin sus padres, con un papel del ICE en la mano y sin nadie esperándolo del otro lado. Es, según los registros de la Secretaría de Gobernación, uno de los 205 menores deportados a Chihuahua entre enero y marzo de 2026. De esos 205 menores, 171 viajaban solos. Un menor cada once horas cruzando ese puente internacional.
La Unidad de Política Migratoria registró que Ciudad Juárez recibió seis mil 42 deportaciones en el primer trimestre de 2026, un aumento del 74.4 por ciento respecto al año anterior. Del total nacional de mil 429 deportaciones de menores mexicanos en ese período, mil 73 fueron niños no acompañados. El Colegio de la Frontera Norte advierte que el aumento de expulsiones no se acompaña de mecanismos robustos de reintegración, generando escenarios de vulnerabilidad social, económica y de seguridad para los retornados. México recibe a los niños en la frontera y luego los suelta sin red.
Detrás de estas cifras hay tres decisiones de la administración Trump: la cancelación de CBP One, que eliminó las citas de asilo; el despliegue militar en la frontera; y la reactivación del programa “Quédate en México”. Cada medida cerró una puerta legal, y los que siempre terminan pagando son los que menos opciones tienen.
Lo que escribieron desde adentro de Delaney Hall
Mientras eso ocurre en Juárez, en Newark, Nueva Jersey, cerca de 300 migrantes detenidos en el centro Delaney Hall llevan desde el viernes en huelga de hambre y de trabajo. Esta semana circuló su tercera carta pública, firmada como “los reclusos del centro Delaney Hall.”
En ella denuncian, con nombres y detalles: comida con gusanos o en estado de descomposición, baños en condiciones inhumanas, problemas de ventilación, y una atención médica que consiste en esperar dos semanas para recibir respuesta a una solicitud, cuando no se ignora del todo. “Las enfermeras solo recetan Tylenol para todos los males”, escriben.
Y agregan: “Los agentes del ICE coaccionan a los detenidos para que firmen órdenes de deportación.” En casos de emergencia médica, la respuesta tarda una hora. Los detenidos también reportan que se les obliga a trabajar sin pago, o por un dólar la hora.
El senador Cory Booker declaró el domingo que la huelga ocurre “porque los inmigrantes están luchando por sus derechos humanos.” En su reunión de gabinete, Trump respondió que administran “las mejores instalaciones de este tipo en el mundo.” El zar fronterizo Tom Homan agregó que, si la situación empeora, los alimentarán a la fuerza. La carta termina con una frase corta: “Por favor, no se rindan.”
Lo que México debe hacer
Esta semana, en el foro especial de Alma de México, el ex Presidente Vicente Fox y Ramiro Cavazos, presidente de la Cámara de Comercio Hispana de Estados Unidos, pusieron sobre la mesa algo que los números confirman: la comunidad mexicana en Estados Unidos enfrenta hoy una presión que no tiene precedente reciente, y México no está respondiendo a la altura.
La investigadora Luciana Gandini, coordinadora del Seminario de Desplazamiento Interno, Migración y Repatriación de la UNAM, ha señalado que las políticas de Trump no solo incluyen deportaciones, sino el debilitamiento sistemático de figuras humanitarias como el asilo y el DACA. Lo que llega a Juárez es el resultado humano de ese desmantelamiento. El programa “México te Abraza” ofrece cartas de orientación y transporte gratuito. Pero una carta no matricula a un niño en la escuela ni reconstruye la red familiar que quedó del otro lado.
Nuestros connacionales no son un problema de gestión migratoria. Son ciudadanos mexicanos que merecen un Estado a la altura de lo que representan. Guadalupe, el niño de doce años de Delicias, ya cruzó el puente. La pregunta es qué México encontró del otro lado. (Juan Hernández, El Sol de México, Análisis, p. 13)
Empezó el rumor
No ha sido confirmada la entrega del extitular de la Policía de Investigación de Sinaloa, Marco Antonio Almanza Avilés, a las autoridades de Estados Unidos. El ex funcionario es parte de los 10 personajes solicitados por Washington para extradición, y ayer se difundió que se habría entregado, pero ni en nuestro vecino del norte ni acá se oficializó. (Sacapuntas, El Heraldo de México, La 2, p. 2)
Si a un mexicano —excepto quizá en Chiapas, Tabasco y Quintana Roo— se le pregunta su primera ocurrencia al oír la palabra frontera, dirá Estados Unidos, Tijuana o Chihuahua. Diez de cada cien dirían Guatemala. A muy pocos les importa la antigua Capitanía General.
Por desgracia, entre esos diez no habría nadie del gobierno federal. Ni siquiera de Relaciones Exteriores. Si fuera de esta ciudad todo es Cuautitlán, fuera de la República sólo existen Estados Unidos.
Pero ese desdén, ese desinterés, deberán cambiar pronto. Guatemala, desde ayer, se ha convertido —al menos de intención política— en una base fronteriza de Estados Unidos, a unos cuantos metros de nuestra línea.
Si ya cerca de Tijuana tenemos la base Naval de San Diego con submarinos nucleares, destructores, cruceros, y portaaviones (el Nimmitz está ahora allí), a dos cuadras de Ciudad Juárez está el enorme Fort Bliss con divisiones blindadas, artillería y aviación; ahora, por obra y gracia del Escudo de las Américas, Guatemala acepta militarizar su territorio para operaciones contra los terroristas de los cárteles del fentanilo y demás, con la mirada, obviamente, en México.
Nosotros hemos descuidado la frontera; ellos no.
El secretario del Pentágono, Pete Hegseth, declaró preparado a su país “para emprender acciones militares directas contra los cárteles del narcotráfico”, catalogados como terroristas, y advirtió sobre posibles intervenciones unilaterales si no se aumentan los esfuerzos regionales. “Regipon”, es este país.
Un día después, ayer, sus amagos tomaron forma de manera preocupante para cualquiera: Guatemala amplió el compromiso de cooperación con el gobierno de Trump (y su ideología) con apoyo de inteligencia incluido (es decir, trabajo de la CIA “in situ”), y de acuerdo con The New York Times (matizado por el presidente Bernardo Arévalo ayer mismo), tolerancia para usar su territorio.
El NYT dijo:
“…Guatemala ha aceptado llevar a cabo ataques conjuntos con el ejército americano dentro de su territorio para enfrentar a organizaciones de narcotráfico, según tres personas familiarizadas con las conversaciones (con Hegseth), en una nueva expansión de la campaña militar del gobierno de Trump en América Latina”.
Arévalo, con los dedos en la puerta, dijo:
“…Lo que hemos hecho es solicitar al Gobierno de Estados Unidos la cooperación para apoyar estas operaciones lideradas por las fuerzas de Guatemala en el marco del interés que tienen los Estados Unidos (ellos, no yo, le faltó decir) en combatir las redes del narcotráfico”.
Obviamente, el presidente Arévalo quiso lavarse la cara frente a sus ciudadanos, pero la carta del Escudo de las Américas dice otra cosa.
Mientras, México se desentiende de la frontera sur. Su mayor interés austral está en Palenque, a 350 kilómetros de Guatemala. (Rafael Cardona, El Heraldo de México, País, p. 5)