De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes, cuatro de las 18 personas detenidas el pasado sábado 26 en un narcolaboratorio donde se producía crystal habían sido reportadas como desaparecidas por sus familias y tenían abiertas carpetas de búsqueda, por lo que dicha instancia se puso en contacto con colectivos de buscadores a fin de apoyarlos en el cotejo de los nombres y fichas de los arrestados. La Jornada recibió información extraoficial según la cual los expedientes datan del año pasado y tres de los cuatro detenidos con boletín de búsqueda ya fueron liberados y entregados a sus respectivos familiares, pero hasta el cierre de esta edición la especie no había sido confirmada ni desmentida por ninguna autoridad.
De confirmarse que los cuatro hombres fueron privados ilegalmente de su libertad y forzados a trabajar para el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), se trataría de una prueba de la veracidad de las denuncias efectuadas por personas y agrupaciones que buscan a sus seres queridos en el sentido de que éstos fueron sustraídos por organizaciones criminales a fin de obligarlos a participar en alguna de las muchas tareas delictivas perpetradas por cárteles y pandillas. Debe recordarse que la primera llamada de atención acerca de este fenómeno se produjo en agosto de 2010, cuando Los Zetas asesinaron a 72 personas (58 hombres y 14 mujeres, en su mayoría provenientes de Centroamérica) en el municipio de San Fernando, Tamaulipas. De acuerdo con una de las versiones conocidas, la masacre de San Fernando fue una atroz represalia por la negativa de los migrantes a trabajar para ese grupo criminal.
La evidencia acumulada de que la delincuencia organizada usa a desaparecidos como una suerte de ejército industrial de reserva significa que ya no sólo es pertinente concebir un reclutamiento facilitado por la pobreza, la exclusión, la pérdida de horizontes y la destrucción del tejido social exacerbadas durante el neoliberalismo, sino que es imprescindible investigar la posible existencia de una nueva modalidad de esclavitud y de redes de tráfico de personas de dimensiones desconocidas.
Semejante tragedia exige indagatorias adicionales y un renovado esfuerzo de las autoridades de los tres niveles de gobierno a fin de redoblar la búsqueda, localización y rescate de personas vivas que, tras ser sustraídas de sus entornos familiares y sociales, estarían siendo forzadas a colaborar en actividades criminales.
En un sentido más amplio, si se comprueba la existencia de un reclutamiento forzoso a gran escala, ello obligaría a replantear supuestos alrededor del sustrato social que alimenta a los cárteles y, por lo tanto, de las estrategias usadas para combatirlos: si las personas pueden caer en manos de los criminales independientemente de los contextos de precariedad y marginación, eliminar las causas sociales que orillan a delinquir no sería suficiente para abatir la delincuencia desde su raíz. Más allá del diagnóstico que elaboren autoridades y expertos, está claro que el secuestro con fines de explotación laboral en actividades ilegales reviste la máxima gravedad y no puede ser soslayado en los planes de pacificación. (Redacción, La Jornada, Editorial, p. 2)
Lo que las izquierdas y, en general, los movimientos progresistas aún no han visto ya lo tiene absolutamente claro la ultraderecha que lucha por imponer, en el hemisferio occidental al menos, una nueva era de oscuridad e intolerancia; la reacción sabe que este México que se transforma ocupa una posición de vanguardia en la batalla que se libra por la paz, la justicia y la democracia en el mundo.
Mientras que la izquierda, europea y latinoamericana, se muestra tacaña a la hora de reconocer lo que representa la cuarta transformación y le regatea su apoyo. La derecha, que ha identificado el “potencial subversivo” del humanismo mexicano y la fuerza avasalladora de su principio fundamental: “por el bien de todos primero los pobres”, está empeñada en destruirla.
Si a la lógica de esta ultraderecha que lucha por la hegemonía nos atenemos, habría que considerar que la CIA, la DEA y la fiscal de Estados Unidos tienen razón, desde el punto de vista de sus pretensiones imperiales, cuando afirman que México constituye una amenaza.
Que aquí los derechos democráticos de las y los ciudadanos se ensanchen. Que las acciones de justicia social estén consagradas en la Constitución y no solo no representen la pérdida anunciada sino que, por el contrario, dinamicen el mercado interno. Que se fortalezca —mientras allá se destruye— un sistema universal de salud pública puede volverse un factor de atracción irrefrenable para millones de seres humanos al norte del Bravo y más allá.
De ahí los ataques constantes, masivos y combinados en los que la derecha, el poder mediático y la oligarquía locales —como en el pasado y a pesar de su recién adquirida estridencia libertaria— son solo una fuerza subsidiaria tan patética como desechable, a la que nuestro vecino del norte usa a su antojo, así como usa, como elemento desestabilizador, al crimen organizado.
Cruzarán los halcones en Washington, como lo han hecho a lo largo de su historia y para conseguir a cualquier costo sus objetivos —ya lo están haciendo— la delgada línea que separa a la política del crimen. No importa lo que intenten. Contra un pueblo consciente “que tiene la arrogancia de ser libre” y una presidenta como Claudia Sheinbaum Pardo, que no cae en provocaciones, defiende con serenidad, dignidad y firmeza la soberanía nacional, no abandona a nuestras y nuestros compatriotas migrantes y se mantiene fiel a los principios y valores que inspiran la cuarta transformación, habrán de estrellarse.
México, aquí en la vecindad del imperio, es esperanza para el mundo.(Epigmenio Ibarra, Milenio, Al Frente, p. 3)
Kristi Noem Secretaria de Seguridad Nacional de EU
Como refuerzo a la política antiinmigrante de Donald Trump, la funcionaria informó que comenzará a transmitir anuncios en televisión e Internet para instar a que los indocumentados se autodeporten con la aplicación CBP Home o serán expulsados. (Sube y Baja, La Crónica de Hoy, La Dos, p.2)
Hace un mes el gobernador de Florida, Ron De Santis, cedió al presidente Donald Trump la pista aérea abandonada de Ochopee, en los Everglades, para abrir un centro de detención que sus promotores llaman “Alligator Alcatraz”. El objetivo, admiten, es simple: aterrorizar al migrante para que se auto-deporte.
Treinta días después, la crueldad es palpable. Al menos cien personas ya fueron expulsadas en vuelos opacos, según la ACLU, una asocia ción defensora de los derechos y libertades individuales garantizados por la Constitución de Estados Unidos. Quienes aún duermen en carpas sobre pasarelas de madera narran historias de calor sofocante, muy poca comida y la imposibilidad de hablar con un abogado: sus nombres ni siquiera figuran en los registros de ICE. La alcaldesa de Miami-Dade, Daniella Levine Cava, pidió visitar la instalación pero recibió dos negativas porque ni el estado ni el gobierno federal reconocen responsabilidad.
El Arzobispo de Miami, Thomas Wenski, ha buscado poder proveer servicios religiosos a los detenidos y también se ha topado con pared.
Ante la pregunta ¿quién manda aquí?, Tallahassee apunta a Washington y Washington responde que es asunto estatal.
Ese limbo jurídico se refleja también en la imagen: torres de vigilancia improvisadas, cercas metálicas y pantano hasta donde alcanza la vista. La promoción de los cocodrilos no es inocente: en el sur de EUA esa bestia ha sido símbolo racista desde el fin de la Guerra Civil; hoy se reutiliza pero para deshumanizar al migrante.
Florida es uno de los estados de mayor recepción de migrantes. La descripción que he encontrado aquí sobre el Alcatraz de los Cocodrilos es que es un lugar que deshumaniza a los migrantes y que busca normalizar el odio y una retórica de violencia. De hecho, ONGs que trabajan ayudando a migrantes piden que no se use ese nombre propagandístico y se le llame por lo que es: un centro de en tierro (la traducción exacta de internment center).
Las protestas crecen. Carteleras sobre la autopista 836muestran la leyenda Not in our name (No en nuestro nombre). Parroquias recolectan agua y bloqueador para los detenidos; ambientalistas advierten que el diésel de los generadores del centro de detención está contaminando estos manglares que son tan importantes para la diversidad del ecosistema.
Todo esto de un lado, pero los defensores de la mano dura replican que “no es un hotel”. Alcatraz busca normalizar la barbarie.
Lo peor es que todo indica que esto es apenas el comienzo. Para alcanzar la meta de detener a 3 mil personas al día, La Casa Blanca desvió fondos de FEMA, la agencia dedicada a la atención de emergencias por desastres naturales, para el manejo de este centro en Florida y dará dinero a otros estados para que puedan detener a más migrantes.
Por su parte el Pentágono adjudicó un contrato de mil 260 millones de dólares a Acquisition Logistics para levantar un megacampo de detención de cinco mil camas en la base de Fort Bliss, en El Paso, Texas. Al mismo tiempo, Florida licita otro centro en Camp Blanding con capacidad para 2 mil detenidos.
La narrativa oficial presume eficacia; la realidad huele a miedo. En Alligator Alcatraz los reptiles son parte del espectáculo, pero el mensaje central es causar miedo a quienes han buscado El Sueño Americano. (Ana Paula Ordorica, El Universal, Nación, A. 7)
En Washington se habla de Venezuela y México, con discursos que llegan a toda la Unión Americana. Hace unos días fue el turno del Departamento del Tesoro quien designó a un cártel venezolano como organización terrorista global. El golpe tiene implicaciones financieras, legales y de seguridad. También emite una señal de alerta dentro de la opinión pública estadounidense.
La designación del “Cártel de los Soles” atiende a peticiones, como la del senador Rick Scott, para frenar una “influencia maligna” y proteger al “pueblo americano del flujo de drogas ilegales” (25 de marzo de 2025). En el mismo sentido, la idea de “America First” (primero Estados Unidos) permite sancionar a cualquier país que le exporte opioides y carezca de Estado de Derecho.
La calificación de “grupo trasnacional terrorista” es poderosa, porque permite a EU tratar esta problemática como asunto de seguridad nacional y actuar con mayor libertad fuera de sus fronteras. Por ley, problemas como cárteles, fentanilo y lavado de dinero pueden asociarse con el terrorismo.
Además, crece el sentimiento de que ciertos países latinoamericanos son una amenaza, viven “sin gobierno” y sus migrantes cargan con sus males. La nueva narrativa sostiene que tampoco se puede confiar en empresas, bancos, ciudadanos extranjeros y que pueden estar vinculados a operaciones del crimen organizado.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), del Departamento del Tesoro, ha señalado al gobierno de Venezuela y enviado un mensaje a otros vecinos. Se bloquearán los activos, habrá restricciones comerciales y se investigará a los socios o interlocutores del citado cártel. Eso incluye gobiernos, así como bancos, casas de bolsa, empresas, e incluso, profesionistas o personas migrantes.
La acción toca de manera paralela a México: “El Cártel de los Soles es un grupo criminal de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro Moros (sic) y otros individuos venezolanos de alto nivel en el régimen de Maduro que proveen apoyo material a organizaciones terroristas extranjeras amenazando la paz y la seguridad de los Estados Unidos, a saber, el Tren de Aragua y el Cártel de Sinaloa” (Comunicado de OFAC, 25 Jul. 25).
En el mismo contexto del combate al narcotráfico, el Departamento de Estado ha retomado el debate crítico de Venezuela. Ha manifestado su “apoyo reiterado” para restaurar la democracia”, asumiendo que “Maduro no es presidente legítimo”, ha manipulado elecciones y que instituciones venezolanas han facilitado actividades del crimen organizado.
El problema de México yace en la opinión pública “americana”, negativa y creciente en varios sectores. Es delicado que se hagan paralelismos con el caso venezolano. El primer rechazo lo pagan los migrantes indocumentados, los más vulnerables a la deportación, separación de familias y pérdida de su patrimonio. La comunidad mexico-americana sufre también el embate pues aun contando con ciudadanía ha sido asociada con estereotipos criminales y “cárteles”, a nivel laboral, educativo y en la vida cotidiana.
Los nuevos afectados son los bancos, empresarios y comerciantes mexicanos pues el que “cumplan las reglas en su casa” (regulaciones), no genera confianza en EU, sino por el contrario, los expone a un mayor escrutinio. Aumenta la mala imagen mexicana en EU y se necesitarían recursos extraordinarios para contrarrestarla con una positiva, pues ese discurso ya ronda la mente de 342 millones de personas. (Horacio Saavedra, El Universal, Opinión, A. 15)
Sí o no. No ceden en México las conversaciones sobre el grupo criminal tabasqueño llamado ‘La barredora’. Específicamente, sobre el presunto involucramiento -que ha dominado la agenda pública- del líder del oficialismo en el Senado y antes precandidato a la presidencia y secretario de Gobernación de López Obrador, a quien públicamente ha considerado ‘un hermano’. Una variable ha sido la división entre quienes apuestan por la caída inminente de Adán Augusto López frente a los que expresan una percepción de impunidad del senador. Los primeros se basan en la conveniencia de sacar del juego al exsecretario de Gobernación. Los segundos se basan en las reacciones ambiguas, a ratos indulgentes, de la presidenta Claudia Sheinbaum Prado, así como en las omisiones de la fiscalía general y en la evolución de la actitud del legislador López.
Una historia inconclusa. Éste pasó del ocultamiento de las miradas públicas por unos días, a la notable zozobra que mostró ante sus compañeros de partido y los medios en su reaparición, y a la ofensiva posterior contra comunicadores, una vez que, quizás en sus corazonadas, obtuvo las seguridades de que no será tocado ni con la primera foja de una carpeta de investigación. Pero da la impresión de que esta historia no ha terminado. Y si ya terminó, quedará entonces inconclusa.
Hora cero. Corren los días y, a 48 horas del plazo para la materialización del castigo arancelario del 30 por ciento a las exportaciones mexicanas a EU, la extorsión de Trump para evitarlo excede con mucho las condiciones de una relación comercial. Como las que irritan hoy a los alemanes en el acuerdo impuesto por la Casa Blanca de un arancel del 15 por ciento a los productos de los países de la Unión Europea, para compensar -en los cálculos de Trump- no un arancel a los productos estadunidenses, sino el IVA que se carga a estos y muchos otros productos.
En México, la condición narrativa. Pero en el caso de México, a las sinrazones de política comercial se ha agregado una exigencia de política de comunicación de orden interno. Lo que pretenderían los negociadores estadounidenses sería una confesión del régimen mexicano, implícita en la entrega a la justicia de exponentes del grupo en el poder ligados al narcoterrorismo. Con ello, el régimen mexicano avalaría la exitosa narrativa del propio Trump sobre una ‘alianza intolerable’ de políticos y gobernantes de la ‘transformación’ con los cárteles criminales, acaso el legado más riesgoso de AMLO a la Presidenta.
La condición punitiva. En el mismo sentido iría un acuerdo ‘global’, que hizo suyo la presidenta Sheinbaum semanas atrás, y que estaría formalizando una condición punitiva permanente contra los productos mexicanos, que quedarían así atados a la calificación que hagan -unilateralmente-las agencias estadounidenses del comportamiento del gobierno mexicano en materias migratoria, de seguridad y tráfico de drogas. Es decir, la DEA o el ICE terminarían fungiendo como autoridades decisorias en materia comercial, lo que agravaría la incertidumbre que se trata de desvanecer hoy entre los productores y los inversionistas del lado mexicano. Habrá que ver en las próximas horas si hay acuerdo y en qué términos. O si no lo hay, y cuáles serán los efectos del golpe arancelario.
Otras barredoras. Trump parece una barredora aquí de la inversión, la producción, el empleo y el bienestar. Y el régimen mexicano no cesa en su pulsión barredora de los derechos de los ciudadanos. Estos verán arrasada, en septiembre, la representación proporcional que desde las elecciones de 1979 garantizó la pluralidad en el Congreso. Se agrava la clausura de los cauces de expresión de la democracia. Y ante Trump, será difícil convocar a la cohesión de una ciudadanía a la que le han cercenado sus derechos y libertades. (José Carreño Carlón, El Universal, Opinión, p. A14)
La llegada de migrantes a Estados Unidos es una constante, ante lo cual, se implementaron acciones como las redadas y las deportaciones en busca de la inhibición de los flujos provenientes de diferentes partes del mundo.
Ante la fenómeno migratorio, el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) prepara el lanzamiento de una nueva serie de anuncios a nivel nacional e internacional para promover el uso de la aplicación CBP Home, con el objetivo de incentivar a los migrantes irregulares a “autodeportarse”.
De acuerdo con el DHS y a través de la app CBP Home, los indocumentados que utilicen esta aplicación recibirán hasta mil dólares, un vuelo gratuito a su país de origen y la posibilidad de regresar posteriormente a su país por vías legales.
Al mismo tiempo, el gobierno de Estados Unidos amenaza a quienes se nieguen a ocupar la salida voluntaria con multas de miles de dólares, detención y expulsión forzosa.
El experimento, de alguna manera, ya se había realizado; sin embargo, ahora se reforzará para todo el mundo como medida para contrarrestar la llegada de migrantes irregulares.
Los migrantes indocumentados se niegan a ocupar la aplicación del gobierno norteamericano porque aseguran que se trata de dar información para que luego sean víctimas de deportaciones.
Kristi Noem, titular de la Secretaría de Seguridad Interior, planea que la iniciativa de la autodeportación ofrece una “salida ordenada” a quienes se encuentran irregularmente en Estados Unidos.
El gobierno norteamericano resalta que la aplicación CBP Home ofrece a los extranjeros la opción de salir y autodeportarse, con lo que se contará con la oportunidad de regresar legalmente en el futuro y vivir el sueño americano.
A pesar de la información y de la posibilidad de regresar en el futuro por la vía legal, los migrantes indocumentados, entre ellos, los poblanos dudan y optarán por seguir trabajando de manera irregular o con documentos falsos.
A pesar de la política que forma parte de una línea dura en materia migratoria, entre los migrantes impera la desconfianza y buscarán seguir luchando por sus sueños intentando ser transparentes. (Jaime Zambrano, Milenio, Online)

(Chavo del Toro, El Economista, El Foro, p. 62)