Sube y baja
Baja
Montserrat Caballero, Alcaldesa de Tijuana
En la explanada de El Chaparral, donde está el campamento con más de mil migrantes que buscan llegar a EU, las autoridades de Tijuana los cercaron sin previo aviso.
(La Crónica de Hoy, p. 2)
El Correo Ilustrado
Caminos tortuosos de caravanas migrantes
Violencia, pobreza y discriminación desgraciadamente son algunas de las dificultades a las que se enfrentan los migrantes, irónicamente es de lo que principalmente huyen; pero intentarlo para ellos es mejor que no hacerlo, a pesar de lo tortuoso que pueda ser el camino. Todos tienen una historia, en ocasiones, por cierto, muy cruenta, por ello sobrevivir y tener una mejor calidad de vida es la principal idea que los hace seguir adelante.
Es conmovedor ver a familias enteras abandonando su lugar de origen para aventurarse en un viaje lleno de esperanza, ojalá en un futuro no muy lejano, esos niños que hoy acompañan a sus padres puedan contar con satisfacción que las inclemencias padecidas en su andar valieron la pena y aprecien la osadía y el esfuerzo de sus familias por dejar sus raíces para vivir mejor, aunque, tristemente, en una tierra siempre ajena. (Cecilia Espinosa Villegas La Jornada, Editorial, p.2)
Entrando a la pospandemia
Al reservar la mayor parte de las inversiones públicas a los tres proyectos iconos del Presidente, el proyecto de Presupuesto de Egresos para 2022 no prevé fondos para sostener el aumento de las actividades productivas de la comunidad nacional. El presupuesto 2022 destina más del 80% del presupuesto de egresos a los proyectos icónicos lanzados por el presidente López Obrador. No se prevén recursos financieros para las pymes ni para medicinas.
Continúa, por otra parte, con los programas sociales diseñados para rescatar a la mayoría de la pobreza sosteniendo un nivel mínimo de la demanda cotidiana familiar.
Este esquema coincide con el modelo de la renta universal, como el que el candidato presidencial Anaya, del PAN, prometía establecer. La Cepal, por su parte, propuso la renta universal como programa permanente para corregir las profundas brechas de desigualdad social que se abren en América Latina e incorporar a la población desfavorecida a la actividad económica. El instrumento contiene cierto valor anticíclico.
Repartiendo poder de compra a la comunidad se estimula la economía. Contra esto se alega que el reparto indiscriminado premia el ocio y se induce al beneficiario a no buscar empleo productivo que la sociedad requiere. En la práctica, como se ve en nuestro país, el resultado es positivo.
Los varios programas sociales de la presente administración están sirviendo para mantener un mínimo de consumo familiar. Complementados cada vez más con las generosas remesas de compatriotas en el exterior, dichos programas tienen un gran valor político, lo que en mucho explica el que hasta ahora se mantenga constante el índice de apoyo del que goza el Presidente. No sirven, sin embargo, para promover el empleo ni para aumentar la estructura productiva nacional.
Muchas veces hemos repetido la urgencia de ofrecer a las miles de pequeñas y medianas actividades agrícolas e industriales, que ocupan el grueso de la población trabajadora, el capital de trabajo indispensable para consolidar su operación y ampliar su oferta de artículos para el mercado interno y la exportación.
Por razones de presupuesto y un instintivo y mal entendido rechazo a endeudarse, el gobierno se ha resistido a pasar del simple apoyo familiar al siguiente peldaño de apoyo económico. El margen para expandir nuestra producción está lejos de agotar su potencial y la demanda insatisfecha de empleo sigue presente en al menos un millón anual.
Por evitar inflación y endeudamiento, aunque los datos oficiales muestran que ni uno ni otro de estos factores se han respetado, el gobierno de López Obrador ha caído en el grave error de desaprovechar la oportunidad de respaldar a las unidades de producción y la fuerza de trabajo de millones de compatriotas sin empleo que esperan ser ocupados en elevar la producción que corresponde a un país de 130 millones de habitantes. Se desperdician, incluso, las vastas oportunidades del T-MEC
La demanda de empleo que traemos desde antes de brotar covid-19 sigue y, desafortunadamente, se ha perdido tiempo. Las cosas se complican aún más al aparecer en escena miles de migrantes que están llegando a México procedentes de El Caribe, Centro y Sudamérica, incluso desde África y Asia, pidiendo asilo y trabajo.
Una proporción importante de esos refugiados, por ejemplo, la caravana de más de cuatro mil almas, incluyendo aproximadamente 1,200 menores que viajan sin sus padres, que atraviesan en estos días nuestro país rumbo al norte y, de no ser aceptados por EU, se quedarán entre nosotros y en lugar de regresar a sus lugares de origen de donde huyen, buscarán tramitar su residencia en México. Su inesperada presencia, incorporada en forma ordenada y productiva en nuestra sociedad mexicana, podrá convertir a esos individuos en un elemento de riqueza para nuestro país.
No contamos, menos ahora, con un presupuesto federal reducido e incompleto, para el deseable propósito ni siquiera para incluirlos en los programas sociales existentes y, menos aún, para crear las plazas de trabajo para alojar a estos asilados.
La responsabilidad del gobierno de México está ante todo con su propio pueblo. Pero la solidaridad que debemos ejercer con los migrantes que tocan a nuestras puertas es también obligación de conciencia. Tenemos incluso un papel a desempeñar en el alivio del dramático problema migratorio internacional.
A estas responsabilidades podemos responder si aumentamos nuestra producción y con ello ocupamos el lugar que nos corresponde en la comunidad internacional. El desorientado y magro presupuesto de egresos nos llama a corregir el desperdicio de recursos que en estos tres años todos hemos caído. (Julio Faesler, Excélsior, Nacional, p.11)
Trascendió
Que son cinco los temas que figuran en la agenda que el canciller Marcelo Ebrard empujará en la Cumbre del G20 en Roma: el reconocimiento universal de las vacunas aprobadas por la OMS, apoyo a los países de ingresos medios, facilitación de acceso a fondos contra el cambio climático, protección de bienes culturales y reconocimiento a las causas que provocan la migración. Al final la declaración estará orientada a promover la recuperación pospandemia. (Milenio, Al Frente, p.2)
Linotipia / La extradición de García Luna
El caso de Genaro García Luna está moviéndose al mismo tiempo en dos aguas, ambas en Estados Unidos. Por una parte, esta semana en el juzgado de Nueva York -donde se le acusó de traficar toneladas de cocaína cuando era funcionario- se decidió que en un año más comenzará el juicio. Probablemente, la selección del jurado empezará el 24 de octubre de 2022, si los abogados del exsecretario de Seguridad Pública logran revisar a tiempo un millón de documentos que hay hasta ahora en el expediente neoyorquino del caso.
Al mismo tiempo, otra cronología está corriendo fuera del radar de la prensa. El 25 de junio pasado, la Cancillería mexicana solicitó formalmente a Estados Unidos la extradición a México de García Luna, por los delitos de asociación delictuosa y de uso indebido de atribuciones y facultades. La solicitud se envió como una nota diplomática, a través de la embajada de México en Washington al Departamento de Estado de Estados Unidos.
Poco después, el Departamento de Estado la envió a la Oficina de Asuntos Internacionales del Departamento de Justicia, que debe considerar los motivos de México y valorar si procede una nueva aprehensión, solo formal porque ya está detenido, para extradición.
Si esta parte fuera aprobada, seguiría que los fiscales estadounidenses lo presentaran ante un juez; este determinaría si quedaba libre de ese caso o se le envía a México.
Hasta ahora, casi todas las partes de este procedimiento siguen pendientes. México optó por solicitar la extradición del exsecretario de Seguridad del calderonato por esta vía, conocida como “detención provisional” y no por otra, la “petición formal”, que incluiría que los fiscales de Estados Unidos elaboraran una demanda para solicitar la extradición, basándose en el expediente con acusaciones y pruebas contra García Luna, que México elaboró.
¿Por qué México ha solicitado la extradición por esta vía, más como negociación diplomática que como cooperación entre fiscalías? Porque el expediente contra el exsecretario en la Fiscalía federal no es lo suficientemente robusto como para convencer a los fiscales estadounidenses, me dijeron para esta columna fuentes de alto nivel en el gobierno obradorista.
Desde el otoño de 2019, la Fiscalía General y la Unidad de Inteligencia Financiera han investigado a García Luna. Cada una por su parte, ha acopiado indicios que se encaminan a un mismo objetivo: trazar la ruta del dinero y averiguar cómo García Luna se gastó más de 250 millones de dólares sucios que obtuvo, dicen las acusaciones, de sobornos de los traficantes y de corrupción política en los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.
Hace unas semanas, frustrada por la inacción de la Fiscalía, la Unidad de Inteligencia Financiera presentó una demanda civil en Miami para tratar de que se devuelva a México parte del usufructo de propiedades que se compraron allí usando un intrincado esquema corporativo que buscó ocultar que García Luna vivía como millonario, con sueldo de servidor público. En Miami, la próxima audiencia para el caso civil está planeada para el 3 de noviembre.
Mientras, en Washington, la petición diplomática de extradición a México transcurrirá su camino burocrático, en los meses cuando la defensa del exfuncionario se prepara para el juicio. Si finalmente Estados Unidos niega la solicitud de extradición, México deberá enterarse por los reportes desde Nueva York de cuáles son las pruebas, qué dicen las grabaciones que los fiscales usaron para acusar a García Luna, qué testigos han conseguido que hablen sobre él.
Una segunda fecha tentativa de juicio en Nueva York será que inicie en la primera semana de 2023, con la selección del jurado. Luego seguirían otras siete semanas de pruebas, grabaciones, testigos y una decisión final. Para marzo de 2023, cuando es más probable que sepamos en qué termina este caso, la arena política en México estará calentándose, antes de las elecciones presidenciales de 2024. Ocurra la extradición o no, el caso será usado como herramienta política. ¿Por qué México no acopió pruebas para hacer una solicitud de extradición más sólida? Quizá es que, otra vez, la Fiscalía General estaba ocupada con otros asuntos. (Peniley Ramírez, Reforma, Opinión, p.8)
Política Zoom / Familias jornaleras, la peor pobreza
Sin llamar la atención, más de una vez al año ocho millones y medio de personas recorren México. Acompañadas por la discreción de su existencia migran, trabajan y regresan a sus lugares de origen. Ni siquiera la tremenda precariedad de sus vidas logra darles protagonismo.
Para la inmensa mayoría no existen, tampoco para un gobierno que afirma haber puesto a los pobres primero.
En época de cosecha, el bote de chile verde se paga a 25 pesos y por la cubeta de manzanas pueden obtenerse hasta 40. Si ayudan la mujer y la hija adolescente, el niño y el muchacho mayor, puede llegar a juntarse una decena de cubetas en un solo día, quizá un poco más, y entonces la jornada habrá valido la pena.
Son familias que trabajan en el campo de manera itinerante. Viajan en marzo, cuando hay que preparar la tierra y luego sembrar. En esta época del año la remuneración es peor. La jornada laboral es larga y la remuneración apenas si llega a los 180 pesos por día. En cambio, la cosecha ofrece mejor ingreso. Hay días en que se obtienen los 300 pesos y entonces hay que celebrar antes de volver a casa.
El problema es que no todo el año hay empleo. Las personas exageran con la faena cuando hay trabajo para poder vivir cuando no lo hay.
No hay tampoco horario ni límite de edad en este oficio, sobre todo cuando se paga a destajo. Los patrones que contratan, salvo excepciones, no son responsables de proporcionar vivienda, alimentación, salud o escuelas. Las autoridades municipales o las del estado igualmente se desentienden de esta responsabilidad.
Con los botes y las cubetas cargadas de fresas o pimientos hay que sufragar esos otros gastos. Rentar varias camas dentro del galerón o las bodegas improvisadas para dormir, pagarle al médico si llega a ocurrir un accidente o comprar alimento en la tienda de conveniencia más cercana.
Solo tres de cada cien personas jornaleras cuentan con un contrato escrito donde se definen horarios, pago o prestaciones. Esas hojas de papel son un privilegio desconocido para la inmensa mayoría: 24 por ciento de estas familias son indígenas y muy pocas de entre ellas hablan castellano.
Aunque las cifras oficiales varían, es posible afirmar que en México hay alrededor de 2 millones y medio de jornaleros agrícolas. Pero esta aritmética deja fuera a las familias que los acompañan y que también participan en las tareas del campo. En realidad, se habla de una población de 8.5 millones de personas, algo así como dos veces los habitantes que tiene el estado de Oaxaca o seis veces la del estado de Zacatecas.
El promedio de escolaridad de estas personas ronda los seis años. Las hijas y los hijos que acompañan a sus padres en las tareas agrícolas no superarán ese nivel educativo. En los campos solamente va a la escuela entre 14 y 17 por ciento de los menores de edad.
Si no hay clínica de salud cerca de los sembradíos ni vivienda medianamente digna o alimentación aceptable, menos aún hay salones de clase.
Las familias jornaleras vienen del sur del país, donde no hay trabajo, y migran al norte, donde la tierra cultivable es extensa y la proximidad con el mercado de Estados Unidos es una ventaja.
Son familias que abandonan sus comunidades en Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Veracruz para irse a trabajar a Jalisco, Guanajuato, Sinaloa, Sonora, Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.
Casi ninguno de los campos donde estas familias van a laborar está formalmente registrado. Se trata de propiedades extensas que igual pueden cultivar uva que papa, lechuga o cebollas. Sus dueños, salvo excepciones, explotan a las personas jornaleras porque saben que la remuneración ofrecida, aunque miserable, es mejor a la que esas familias podrían obtener si se quedasen en la Montaña de Guerrero o en las costas de Oaxaca.
No es exagerado afirmar que muchas de estas familias padecen condiciones igual de precarias a las de sus bisabuelos, antes de la Revolución. En ciertos casos no hay diferencia entre un peón acasillado del Porfiriato y un trabajador itinerante del campo en el presente. Las deudas contraídas para pagar una subsistencia mínima suelen convertirse en una gruesa cadena que atrapa a toda la familia.
Entre 1990 y 2018 el gobierno federal tuvo un programa de ayuda para este sector, el Programa de Apoyo a Trabajadores Jornaleros Agrícolas (PAJA). En sus mejores momentos ayudó a las comunidades, tanto las de origen como las contratantes, para que se construyeran, entre otras cosas, escuelas, centros de salud, viviendas, dispensarios o tiendas de alimento a bajo costo. El PAJA también incluyó apoyo económico para jornaleros.
Sin embargo, este programa se desvirtuó con el tiempo. Durante la administración de Enrique Peña Nieto fue señalado como clientelar y propenso a la corrupción. Algunos de sus operadores intentaron manipular los recursos del PAJA con propósitos electorales.
Por este motivo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador optó por eliminar el programa. A partir de enero de 2019 las familias jornaleras fueron expulsadas de todos los padrones del bienestar. Esto fue así porque la Cuarta Transformación eliminó el PAJA y porque las actuales reglas de operación son incompatibles con las características migratorias de las familias jornaleras.
Para ser persona beneficiaria de alguno de los programas sociales del gobierno federal es requisito indispensable residir de manera permanente en una comunidad.
Los Servidores de la Nación, responsables de verificar los padrones, visitan de tiempo en tiempo las casas de las personas beneficiarias y, en caso de no encontrarlas reiteradamente, les apartan del padrón respectivo.
La tragedia se presenta cuando las familias jornaleras pasan largas temporadas fuera de su comunidad.
Los voceros de la Cuarta Transformación afirman que los programas promovidos son universales; esto quiere decir que no existen programas diseñados para un grupo poblacional específico.
Por tanto —explican— iría en contra de la filosofía lopezobradorista confeccionar una política para atender a la más vulnerable de las poblaciones: son 8 millones y medio de personas las que están en esta situación inmoral y sin embargo son invisibles. (Ricardo Raphael, Milenio, Política, p.10)