En los límites del imperialismo capitalista
La multitud se amotina en el enésimo portazo sin importar el lugar en el escenario, el chiste es ver el gran espectáculo del estriptis, ajeno y propio, de la humanidad. Esto ha hecho las nuevas tecnologías, a partir de la tercera revolución tecnológica, robótica, biotecnología y sobre todo la microelectrónica, que avanzó rauda y veloz que ya se anda entre la cuarta y/o la quinta.
Ahí donde todos somos víctimas y victimarios del personaje de George Orwell, El Gran Hermano, 1949, hoy somos testigos, de la élite al último eslabón, prácticamente, del desnudo y exhibición de la miseria humana, por comisión y omisión. Jamás imaginamos ver que se derrite el imperio estadunidense y se revuelca en su propio lodo con su presidente actual, el casi alzheimeriano Joe Biden, amagando con guerra armada y Donald Trump con la económica, imponiendo aranceles a Dios y al diablo, expulsar a los migrantes y así la tasa de ganancia y plusvalor, auténtica aberración contra natura capitalista mientras el ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping con el Brics se frotan las manos.
Mientras, la presidenta Claudia Sheinbaum adelanta correctivo a Trump. Momento crucial en límites capitalismo imperialista, apremia espabilar la izquierda social para reactivar la lucha de clases, no lo hará la inteligencia artificial. (Ismael Cano, La Jornada, Editorial, p. 2)
La agenda política de esta semana ha estado preponderantemente ocupada por dos temas: las tensiones con Trump y la desaparición de 7 órganos constitucionales autónomos.
Claudia y Trump. Este lunes, Trump anunció que en su primer día de mandato, el 20 de enero de 2025, firmará una orden presidencial para imponer aranceles a importaciones provenientes de México y de Canadá. El arancel es de 25% sobre importaciones de ambos países hasta que se controle la migración ilegal y otro de 10% si los productos tienen origen chino hasta que China frene la llegada de fentanilo a Estados Unidos.
La administración de Joe Biden hizo que nos olvidáramos un poco del estilo y los modos de Donald Trump. Desde su campaña y desde que ganó la elección Trump ha mencionado su intención de poner en orden la relación con sus vecinos. Esta situación es similar a la que ocurrió en 2018 cuando anunció aranceles a la importación de acero como presión para controlar la migración a Estados Unidos desde México.
El resultado de esa situación es que se evitó la imposición de los aranceles, ya que se acordó que México controlaría la migración. Para lograrlo la administración de López Obrador desplegó a miles de elementos de la Guardia Nacional en las fronteras norte y sur para evitar la entrada y llegada a Estados Unidos de migrantes sin documentos. Esto disminuyó en cerca de 40% la migración a Estados Unidos en los primeros días de la estrategia, a expensas de cerrar la frontera para cientos de miles de migrantes que huían de la violencia y la pobreza en sus países.
En esta segunda administración de Trump al frente del Ejecutivo en Estados Unidos, el presidente electo está buscando llegar a enero con un nuevo acuerdo relacionado con la migración y con la seguridad transfronteriza. Aunque su amenaza no es creíble ya que estos aranceles producirían distorsiones económicas severas en los tres países, sí es una estrategia para que los gobiernos de México y Canadá se acerquen con Trump para ganarle tiempo al tiempo.
Ante la opinión pública, tanto Donald Trump como Claudia Sheinbaum están haciendo lo suyo. Claudia Sheinbaum envió una carta que leyó en la mañanera en donde indicaba que a un arancel de Estados Unidos vendría uno de México y que la crisis de fentanilo se debe en buena medida a la pérdida de valores en la sociedad estadounidense. Luego, anunció que tuvo una conversación con Donald Trump en donde se alinearon sobre la situación de la migración hacia Estados Unidos y acordaron fortalecer la seguridad con apego a derechos humanos y las soberanías nacionales. Por su parte, Donald Trump salió a anunciar que se acordó detener la migración cerrando la frontera sur y el tráfico y consumo de drogas.
En ambos casos los dos políticos están explotando los sentimientos de sus audiencias. En el caso de México, siempre es atractivo envolverse en la bandera y mostrar dignidad y fortaleza frente a Estados Unidos. Frente a la audiencia estadounidense a Trump le ha funcionado siempre colocarse como el que doblega a sus contrapartes. En los próximos días veremos el avance de estas negociaciones y pláticas.
Constitucionales Autónomos. Esta semana también se aprobó finalmente la desaparición de siete órganos constitucionales autónomos. Entre los más importantes está el Coneval que lo absorberá el Inegi (otro órgano constitucional autónomo); la Cofece se adscribe a la Secretaría de Economía, el IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la CNH y CRE a la Secretaría de Energía y el Inai a la Secretaría de la Función Pública. Sumado a ello se crea una nueva autoridad en materia de libre competencia y concurrencia que absorberá las facultades sobre competencia económica de la Cofece y el IFT.
Esta reforma es un avance más en la consolidación del Plan C, que distingue la concentración de facultades y poder del Estado mexicano en el Poder Ejecutivo. Es una reforma agridulce. En el caso del órgano de transparencia hay serias dudas sobre si el acceso a la información estará garantizado por lo menos con el mismo estándar que tenía el órgano autónomo. Por lo que hace a los mercados de competencia económica, se abre una ventana para mejorar las regulaciones de competencia económica y telecomunicaciones en las normas secundarias y ver su funcionamiento con su reincorporación al Ejecutivo.
Sobre todo, queda ver cómo se realizará el andamiaje institucional para garantizar los compromisos de México en el T-MEC, cuya revisión con la nueva administración Trump no será tarea sencilla. (Pedro Sánchez Rodríguez, La Razón, Informativa, p.2)
Fue José Luis Arrese, ministro franquista de vivienda, quien en 1959 resumió las bases del modelo de casas conocido en España hasta hace cuatro días: No queremos una España de proletarios, sino de propietarios. Desde entonces, rentar cosa de estudiantes y migrantes, gente pobre a la espera de acceder a la sacrosanta propiedad de una vivienda a través de un préstamo bancario. Pero esto está empezando a dejar de ser así. No socialmente, ni como aspiración, pero sí, cada vez más, en la práctica. El alquiler no se ha prestigiado, sigue siendo la alternativa de quienes no alcanzan a comprarse una vivienda, y sin embargo, cada vez más gente vive como inquilino en un lugar que no le pertenece.
Al menos en el mercado español hay un contrasentido infame. Las cuotas de un préstamo bancario ordinario son más bajas que lo que cuesta rentar un departamento; sin embargo, para acceder a un préstamo, es necesario adelantar entre 20 y 30 por ciento del valor de la vivienda. He ahí un círculo infernal: las personas que no pueden acceder a un préstamo para comprar una casa se ven obligadas a pagar más mensualmente por rentar un departamento, lo cual a su vez, les dificulta ahorrar algo para acceder a una propiedad.
El problema, por si alguien se aventura por aquí, no radica en la dificultad de tener acceso a una hipoteca. Las condiciones se endurecieron, con razón, tras la crisis de 2007, cuando la burbuja inmobiliaria estalló, miles de personas no pudieron pagar el préstamo y fueron desahuciadas. El problema, que nadie se engañe, es el precio de la vivienda, en general, y el del alquiler en particular, que no ha hecho más que subir y subir en la última década.
Tener una casa en propiedad no es un derecho, hay modelos perfectamente viables, y posiblemente más justos, basados en una vivienda pública de alquiler. Lo que es un derecho es tener un techo al que poder llamar hogar sin tener que empeñar en ello la mitad del salario y sin miedo a que te expulsen de un día para otro. En el caso español, está reconocido por la propia Constitución, que en su artículo 47 blinda, teóricamente, el derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Pero hace tiempo que el libre mercado colisiona frontalmente con la garantía de este derecho, y que el gobierno más progresista posible actualmente sea incapaz de dar respuesta, resulta descorazonador. El problema, en todo caso, es global, porque globales son los circuitos financieros que han encontrado en el sector de la vivienda un valor seguro en el que rentabilizar inversiones a costa de los inquilinos, pero la crisis adquiere características propias en cada lugar, y en España va camino de provocar una ola de indignación de derivadas inciertas. Las manifestaciones que en octubre tuvieron lugar en numerosas ciudades son un primer aviso. La que se celebró en Barcelona el 23 de noviembre fue un segundo toque de atención.
Un reciente estudio del Instituto de Investigación Urbana de Barcelona ha puesto cifras e ideas a esta crisis. Por un lado crece la gente que vive de alquiler: son ya mayoría entre los 16 y 29 años (53 por ciento) y casi un tercio (32 por ciento) entre los 30 y los 44. Los porcentajes son muchísimo más altos entre la población migrante, y la mayoría de quienes viven de alquiler no confían en heredar una vivienda, lo cual desmiente uno de los mitos con que se combate la crisis: la gente vive de alquiler hasta que hereda la casa de sus padres. Muchas veces no es así.
Del otro lado de esa gente que no puede comprar una vivienda, está la que puede comprar cada vez más. Casi seis de cada 10 compraventas se hacen con dinero al contado, sin necesidad de hipotecas, y 15 por ciento fueron realizadas por extranjeros no residentes. Entre 2008 y 2020, casi la mitad de las viviendas inscritas en el registro de la propiedad fueron de empresas con más de ocho inmuebles. La renta se ha convertido en uno de los principales vectores de desigualdad social, ya que no hace sino traspasar rentas de pobres a ricos.
La explicación fácil dice que hay un exceso de demanda y una falta de oferta, ante lo cual se propone construir más. Habrá lugares concretos en los que sea una necesidad, pero a estas alturas se debería haber aprendido que el ladrillo no es la solución en el sexto país con mayor número de viviendas por habitante de toda la OCDE.
En realidad, no hay que inventar nada. Hay países del norte de Europa y ciudades-modelo como Viena y Singapur que, sin cerrar la puerta a la iniciativa privada, enseñan cómo organizar el sector para blindar el derecho a una casa: un imponente parque público de viviendas para rentar y un tope razonable al beneficio máximo que un particular puede sacar a su propiedad, pero tampoco hace falta irse lejos. Bastaría con que el gobierno siguiera leyendo ese artículo 47 de la Constitución española: Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho (a la vivienda), regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. (Beñat Zaldua, La Jornada, Opinión, p. 12)
Una invasión suave con aviones no tripulados o ataques aéreos contra la infraestructura de los cárteles y sus laboratorios; asesores y entrenadores militares en suelo nacional; despliegue de equipos de exterminio, y una guerra cibernética contra los narcotraficantes, son solo algunas de las acciones que la Casa Blanca podría implementar en contra de nuestro país.
Si bien la posibilidad de que Estados Unidos ponga en marcha un operativo que implique el uso de activos militares en contra de su vecino y principal socio comercial es remota, no es imposible. Miembros del futuro equipo del presidente electo han cuando menos barajado la opción de una intervención del ejército estadounidense en México para dar golpes a las estructuras de los cárteles de la droga, ya sea aniquilando a sus líderes o destruyendo instalaciones para la fabricación de drogas.
En la intimidad del círculo cercano de Trump, supuestamente se preguntan: “¿Hasta qué punto debemos invadir México?”. Los antecedentes de la mala relación en materia de seguridad entre la administración de López Obrador y Biden, son un caldo de cultivo perfecto para hilar ideas. Voces norteamericanas, e incluso mexicanas, abogan para que los crímenes de los carteles de la droga sean clasificados como “narcoterrorismo”, y justificar una hipotética invasión.
De manera pública, la presión para que México combata la inseguridad y la inmigración, se da en la coyuntura comercial.
Luego de su primera conversación telefónica con Donald Trump, la presidenta Sheinbaum reafirmó la posición de mantener un diálogo entre iguales y en el marco de la soberanía nacional. Este último concepto es el que ha reiterado la presidenta electa que defenderá.
Históricamente, Estados Unidos ha intervenido en naciones latinoamericanas más cuando tiene interés económicos que de seguridad; por ejemplo están Panamá y Haití. Por eso la conjugación de elementos comerciales y de seguridad manejados esta semana toman un acento relevante.
La inclusión de China en esta ecuación hace sentido, al alinear las preocupaciones comerciales y de seguridad del vecino del norte con la intervención oriental en actividades del crimen organizado de México.
El presidente electo Trump y la administración Biden han hecho las observaciones conducentes. Para dar una muestra de que se puede actuar por cuenta propia -con presiones de por medio-, se dio un golpe a la piratería de origen chino al ponerse en marcha el “Operativo Limpieza” que inició con un cateo en un edificio del centro de la Ciudad de México donde todo mundo sabía que se comerciaba mercancía apócrifa fabricada en oriente.
Al inmueble se aplicará la extinción de dominio y advierten que vendrán acciones similares. Se despacha también un mensaje para que tomen nota del otro lado de la frontera que, queriendo, se puede actuar con los propios recursos contra la delincuencia organizada. Nada de suavidades. (Carlos Zúñiga, El Heraldo de México, La 2)
CARTONES
Dilema

(El Fisgón, La Jornada, Política, p. 3)
De temporada

(Alarcón, El Heraldo de México, p. 2)