El trabajo de Migración está, otra vez, en entredicho al conocerse que decenas de colombianas y colombianos son traídos con engaños e ingresados al país para el negociazo del mercado sexual. Ofrecen sus servicios en redes sociales y son solicitados abiertamente sin que se sepa si nuestras autoridades investigan o combaten esa cadena delictiva revelada hoy por Crónica. (La Esquina, La Crónica de Hoy, P.p.)
MADRID.— Quirino Ordaz, embajador de México en España, tiene una respuesta preparada cuando le preguntan por qué después de que el presidente López Obrador puso “en pausa” la relación binacional al iniciar su mandato, en la recta final del mismo esos nexos atraviesan por uno de los mejores momentos de su historia.
Lo que no quiere el Presidente son abusos, declaró a este espacio, y eso los empresarios españoles lo han entendido muy bien y, aunque ha habido casos complicados, como el de Iberdrola, las inversiones españolas siguen creciendo como nunca en México.
Recientemente, al menos cientos de mexicanos han adquirido propiedades en Madrid y, los más acaudalados, como Valentín Díez Morodo, tienen hoteles como el Rosewood Villa Magna; mientras que la familia Amodio estuvo entre los inversionistas originales del Four Seasons.
En tanto, la familia Slim y Jesús Martínez, presidente del Pachuca, están entre los que han invertido en equipos de futbol de la Segunda División en la capital española, según relató el propio Ordaz.
Sin olvidar que Alejandro Soberón, el mandamás de la Corporación Interamericana de Espectáculos (CIE), apareció apenas la semana pasada como uno de los empresarios que están llevando la Fórmula 1 a Madrid y, precisamente, en una pista que estará en las inmediaciones de IFEMA, el recinto ferial donde se llevó a cabo la Feria Internacional de Turismo de España (Fitur).
Ordaz dice que es difícil llevar una contabilidad precisa sobre cuántos españoles viajan a México al año y viceversa porque hay muchos que tienen doble pasaporte, debido a una serie de facilidades que ha otorgado el gobierno español, como la doble nacionalidad o la “visa dorada”, para quienes compran una propiedad de, al menos, medio millón de euros.
Pero si en números redondos llegan a México unos 400 mil españoles, según las cifras del Instituto Nacional de Migración, hay, por lo menos, otro número similar de mexicanos que van a España e, incluso, pueden ser más.
Giancarlo Molinari, vicepresidente de Ventas Corporativas de Grupo Aeroméxico, dijo a esta columna que cinco vuelos diarios son insuficientes para atender la demanda actual y, por ello, el próximo verano la aerolínea ampliará a seis las frecuencias conectando a ambos países.
Si cada uno de los Boeing 787 tiene capacidad para 280 pasajeros y el factor de ocupación el año pasado rondó 90%, nada más la compañía bandera de México transportará a 92 mil pasajeros al año entre México y España y otros tantos de vuelta.
Ordaz dice que su trabajo en este momento es seguir cuidando los intereses de los mexicanos, ser un facilitador y atender las situaciones que se van presentando cada día, pues el fortalecimiento de las relaciones también lleva implícitos los servicios diplomáticos y consulares.
El embajador también ha aprovechado su primera experiencia como representante de México en el extranjero para acercarse a los jóvenes y recorrer España con el propósito de dar conferencias y participar en eventos, mostrando aspectos importantes de nuestro país.
Molinari, por su parte, consideró que el detonante del incremento de los viajes fue la pandemia, pues Aeroméxico sólo dejó de volar dos semanas a España y, aunque no podían entrar los mexicanos, sí convencieron a más españoles con su servicio.
Luego de la crisis sanitaria, lo que ha habido es una necesidad creciente por viajar, pues las personas saben que la única oportunidad segura es hoy. (Carlos Velázquez, Excélsior, Dinero, p. 6)
Sigue incierto el destino del acuerdo entre el gobierno de Joe Biden, los legisladores centristas y progresistas del Partido Demócrata (son dos grupos distintos), y los congresistas republicanos de ambas cámaras (otros grupos distintos) sobre el apoyo a Ucrania y la frontera de Estados Unidos con México. Asimismo, permanece en la incertidumbre la aquiescencia del gobierno mexicano ante las exigencias norteamericanas, principalmente el restablecimiento del programa de Donald Trump de Quédate en México. Todavía puede derrumbarse todo, principalmente ante la embestida de Trump contra el proyecto de ley. Insiste que no se le debe hacer ningún regalo a su rival en las elecciones presidenciales de noviembre, sobre todo en un tema tan álgido para el país y tan favorable para los republicanos. Es muy posible que Biden sólo haya propuesto un trato para poner en evidencia la duplicidad republicana de lamentar la crisis en la frontera y rechazar cualquier intento de solucionarla.
El convenio, hasta donde se sabe sin que se conozca su letra chiquita, incluye varias disposiciones peligrosas para México. El esquema de Remain in Mexico impuesto por Trump a Ebrard y López Obrador y aceptado de manera ignominiosa por ambos en mayo de 2019, ante la amenaza de aranceles a exportaciones mexicanas a EU. Desde esa fecha y hasta que llegara Biden a la Casa Blanca, los solicitantes de asilo no-mexicanos que ingresaran a la Unión Americana, se vieron obligados a esperar su audiencia en suelo mexicano. Más de 70 mil centroamericanos, venezolanos, haitianos y nacionales de otros países se vieron hacinados en ciudades fronterizas mexicanas, en campamentos o albergues saturados, amenazados, asaltados, secuestrados o violados por el crimen organizado. Ahora, con un flujo casi tres veces mayor, Biden busca restablecer el mecanismo, con los riesgos para México.
En segundo lugar, el acuerdo en potencia se propone acelerar el proceso de deportación, y de restringir los criterios para el otorgamiento del asilo, mucha gente será devuelta a México, o permanecerá en México, por no poder ingresar a EU. Sobre todo, Biden propone —y esto sí es público y formal— que se le brinde al Ejecutivo la facultad de “cerrar la frontera” si el promedio de “encuentros” o de detenciones por las autoridades de aquel país supera los 5 mil diarios a lo largo de una semana.
Nadie entiende exactamente qué significa “cerrar la frontera”. ¿Se refiere Biden a los cruces autorizados para personas (y automóviles)? ¿Incluye los carriles de trailers y los cruces ferroviarios, como hace un mes en Eagle Pass/Piedras Negras, es decir, el gigantesco comercio entre los dos países? ¿O sólo se refiere a los centros de procesamiento de solicitantes de asilo? No lo sabemos, pero cualquiera de las hipótesis se antoja violenta y arteramente nociva para México.
De allí que muchos supongan que no nos queda más remedio que cumplir con las exigencias de Biden. La primera, de acuerdo con los medios estadounidenses, fue aceptada. En la visita a México de tres altos funcionarios de Washington el 27 de diciembre, solicitaron que se repusiera el presupuesto del Instituto Nacional de Migración. Demandaron que se reanudaran y se incrementaran los vuelos de deportación a otros países, la vigilancia de los trenes hacia el norte, los retenes en las carreteras mexicanas, y el acoso sistemático a los migrantes en suelo nacional. En cuanto a lo demás, es falso que no tengamos canicas para negociar. En tres frentes contamos con fichas y márgenes de maniobra. El primero se refiere al número y al tipo de deportados no-mexicanos procedentes de EU que aceptemos. Ningún país recibe a ciudadanos de otro país que no sean sus nacionales. No tenemos por qué aceptar el ingreso de cientos de miles de ciudadanos que no sean mexicanos. O podemos aceptar algunos, con topes y categoría.
En segundo lugar, podemos destinar mayores o menores recursos humanos, logísticos y fiscales a patrullar y sellar nuestra frontera sur y/o el Istmo de Tehuantepec. Se puede hacer todo lo que pide Washington, parte, muy poco, o nada. Todo depende a cambio de qué.
He aquí el tercer frente (…)
Por alguna extraña razón, López Obrador no quiso nunca pedir dinero a EU por hacerle el trabajo sucio. Sólo solicitó que lo dejarán en paz para hacer en México lo que quisiera. Ahora que vienen elecciones, este quid pro quo parece más apetitoso que nunca, pero la suciedad resulta más repugnante que nunca, y las presiones vecinas, más fuertes que nunca. (Jorge G. Castañeda, El Universal, Mundo, p. A22)
Los republicanos tienen un tema que es un garbanzo de a libra para ellos de cara a la elección presidencial de noviembre 8: el migratorio. Es un garbanzo de a libra porque es el gran problema que le interesa de manera especialmente importante al electorado y en el que este partido goza de una ventaja de 30 puntos sobre los demócratas en la opinión pública cuando se les pregunta cuál partido es el que mejor puede manejar el tema.
La migración es el gran pendiente por resolver. Y en éste logran mayor aceptación los republicanos sobre los demócratas. El discurso que pueden y están utilizando para echarle gasolina a una hoguera de por sí encendida es ideal para estos tiempos de odio hacia lo extranjero: ¡Paren la invasión! Es lo que ha dicho Trump y lo que los republicanos, que están a los pies del expresidente, no paran de repetir.
Ahora que Trump ha ganado las primarias de Nuevo Hampshire y los caucuses de Iowa es prácticamente seguro que los estadounidenses verán una repetición de Trump vs. Biden en su elección presidencial. Con ello el banderazo de salida de las campañas generales se ha dado. Y tanto Biden como Trump han adoptado el discurso de dureza y firmeza para decir que quieren arreglar el caos de un sistema migratorio roto.
La realidad es que ninguno está pensando en arreglar nada. Los demócratas saben que deben empujar políticas más severas y menos humanitarias hacia los migrantes pero entienden que los republicanos ahora mismo se van a negar a aprobarles nada con tal de seguir utilizando a la migración como herramienta de golpeteo al gobierno de Biden. Las campañas políticas estarán por encima de cualquier tipo de acuerdo bipartidista.
Atrás ha quedado el Biden humanista que quería demostrar que era diferente a Trump en materia migratoria. Ahora tenemos a un presidente demócrata hablando de cerrar la frontera porque sabe que si quiere reelegirse, tiene que demostrar que puede arreglarla. El presidente ya no está escuchando a quienes en su partido y en su gobierno abogan por políticas que respeten los Derechos Humanos y honren el sentido de Estados Unidos como un país de migrantes. En pocas palabras, Biden se han endurecido en el tema migratorio.
Del lado de Trump ya sabemos que hay: gritos que señalan a México como culpable de la invasión a Estados Unidos. Y conocemos sus tácticas intimidatorias que prometen desde ya que, si regresa a La Casa Blanca, podría hasta invadir México con tal de arreglar la frontera.
¿Qué significa esto para México? Que sin quererlo ni pedirlo, formaremos parte de las campañas políticas estadounidenses. Y lo haremos por las razones equivocadas. Porque representamos un problema para Estados Unidos. Así que más nos vale irnos preparado para una temporada muy turbulenta que puede convertirse en huracán categoría 5 si llega a reelegirse Trump.
¿Se estarán preparando para ello en Palacio Nacional? (Ana Paula Ordorica, El Universal, Nación, p. A8)
En este espacio hemos repetido que una de las zonas más truculentas de la 4T es la transparencia. El ejemplo más visible son las obras emblemáticas del gobierno de López Obrador.
Todas son de seguridad nacional e interés público. Es decir, ni el Inai tiene acceso a información sobre contratos, montos, beneficiarios… ¿Por qué será?
Lo anterior viene a cuento por la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción 2023 de Transparencia Internacional. México no sale bien. Por tercer año consecutivo, el gobierno de la “honestidad valiente” mantiene la posición 126 de 180 países. Transparencia dice que a pesar de que la sociedad mexicana identifica la corrupción como uno de los principales obstáculos para el desarrollo social y la reducción de desigualdades, ni un sólo caso mayor ha tenido sentencias definitivas: Segalmex, Agronitrogenados, Odebrecht o la Estafa Maestra.
La corrupción fue tema en la segunda Conferencia de la Verdad de Xóchitl Gálvez. Dijo la abanderada de la coalición opositora: “La 4T no significa transformación. Las verdaderas tes de la 4T son la traición , la tranza, el tráfico de influencias y la tapadera.
Abundó: “López Obrador traicionó su promesa (de combatir la corrupción) cuando persigue a opositores y perdona a los corruptos. También nos traicionaron cuando prometieron que serían primero los pobres y a la hora de las tranzas todos sabemos que son primero los López”.
Xóchitl, por cierto, viaja hoy a Estados Unidos en su primera gira a ese país como aspirante presidencial de la coalición opositora. Tiene una agenda bastante pesada en los dos días que pasará en Nueva York, uno en Washington, y otros dos en Nueva Jersey.
El punto neurálgico de la gira es dejar el siguiente mensaje: “Wake up Washington” (despierten).
“No saben lo que está pasando aquí. Si siguen dormidos los va a despertar un terremoto. Los que siguen el tema están involucrados. Lo que no se dan cuenta es que este tipo de acuerdos que han hecho con la 4T son parches, no soluciones”, nos dijo uno de los organizadores del periplo.
Puso ejemplos: “Llegar a un acuerdo por primera vez en la historia y decir: ‘A ver Marcelo, acepta México, tercer país seguro’”.
Según la fuente, la primera pregunta que debió haberse hecho el Departamento de Estado es ¿cómo y con qué van a dar las garantías de derechos humanos a la cantidad de gente que se va a dejar venir, porque ya escucharon que México es un tercer país migrante?
“Xóchitl les va a cantar en su casa que estos acuerdos y pactos parciales no solucionan las cosas, que se requiere darle fondo a la relación bilateral”, subrayó.
El Inai es el órgano autónomo encargado de la transparencia y la protección de datos personales. Lleva más de 600 días incompleto. La mayoría oficialista en el Senado tiene la línea de Palacio de no sustituir los comisionados que terminan su periodo. El pleno del instituto es de siete comisionados. Sólo quedan cuatro.
El Presidente ya anunció sus intenciones de desaparecerlo, junto con otros órganos autónomos. Dice que cuesta mil millones de pesos y que “no sirve para nada”.
Ésa es una de las reformas constitucionales que presentará el 5 de febrero próximo. Adrián Alcalá, comisionado presidente del Inai, sí se toma en serio la amenaza de López Obrador, aun cuando el oficialismo no tiene una mayoría calificada en el Congreso para modificar la Carta Magna.
Sobre el tema nos dice: “No podemos confiarnos. Tenemos que ir al debate con base en evidencia y estar preparados para lo que venga. Sería deseable un debate de parlamento abierto que nos permita manifestar, de cara a la sociedad, por qué es de utilidad social el instituto”, puntualizó.
La nota en la plenaria de las bancadas del PRI en ambas cámaras, celebrada en la sede del CEN en Insurgentes, la dio Rubén Moreira, coordinador de los diputados tricolores. Habló de las reformas a la Constitución que enviará López Obrador al Congreso. Dijo que el PRI dará un “rotundo no” a las que estén encaminadas a destruir las instituciones, pero votará a favor de la que propone una jubilación con salario completo.
“Le hacemos un llamado al Ejecutivo para que presente la iniciativa en los términos que dijo y que den soporte económico que podría sufragar los gastos a los que se refiere”, dijo.
Retó al oficialismo a aprobar la reforma que propone bajar a 40 horas la semana la jornada laboral.
Moreira nos dijo, por separado, que en materia de seguridad, las dos bancadas del tricolor mostraron su preocupación por la falta de una postura del Estado mexicano frente a la intervención del crimen en elecciones.
Y comentó que Xóchitl incorpora a la diputada del PRI, Blanca Alcalá, a su equipo de campaña. (Francisco Garfias, Excélsior, Nacional, p. 4)
La entrada en vigor del T-MEC en julio de 2020 fue fundamental para consolidar los beneficios obtenidos desde la puesta en marcha del TLCAN en 1994, al que, recientemente, algunos diputados de Morena llamaron ‘tratado de los neoliberales’.
Más allá de interpretaciones políticas, en los últimos años México logró cifras récord a nivel comercial en su relación con los países de América del Norte.
De hecho, México ha venido ganando participación de mercado y desde el primer trimestre de 2023 se convirtió en el principal proveedor de mercancías en Estados Unidos, además de posicionarse como su primer socio comercial.
Gracias a que el país continuó aumentando su volumen de transacciones comerciales con el exterior, principalmente con EU, las exportaciones mexicanas registraron niveles récord al cierre de diciembre.
En los 12 meses del 2023, las exportaciones totales sumaron 593 mil 12 millones de dólares y aumentaron 2.6 por ciento respecto a las de un año antes.
Su expansión fue mucho menor a la de 2022, cuando las ventas externas se incrementaron 16.7 por ciento.
Y también fue inferior al crecimiento de la economía mexicana de 3.1 por ciento, según el PIB oportuno publicado ayer por el INEGI.
En 2023 el mercado exportador siguió mostrando un comportamiento positivo, aunque más moderado que en 2022.
De enero a diciembre, el comercio exterior de México presentó un déficit en la balanza comercial de 5 mil 464 millones de dólares, menor al del año anterior de 26 mil 879 millones.
Esta reducción obedeció no sólo al incremento de 2.6 por ciento anual en las exportaciones, sino también al retroceso de 1 por ciento en las importaciones totales.
En el interior de las exportaciones, las petroleras se contrajeron en 14.8 por ciento anual, mientras que las no petroleras crecieron 3.9 por ciento por el aumento de sus principales componentes y de los envíos dirigidos a EU.
Destacó el incremento de 2.8 por ciento anual en las exportaciones agropecuarias y de 14.3 por ciento en las automotrices para no sólo ligar tres años creciendo a doble dígito, sino alcanzar máximos históricos en 2023.
A pesar de su ralentización en 2023, en los últimos 13 años las exportaciones totales de México prácticamente se duplicaron desde 298 mil 473 millones de dólares en 2010.
El lunes, en su conferencia matutina, el presidente López Obrador dijo que, en Estados Unidos, republicanos y demócratas usan la migración y el narcotráfico para ganar adeptos culpando a los mexicanos.
En ese contexto, AMLO acusó al presidente Joe Biden de demagogia, luego de que el demócrata prometió “cerrar” la frontera con México si en el Senado de EU se aprueba un acuerdo bipartidista en materia de migración.
“Es muy demagógica la postura: vamos a cerrar las fronteras”, abundó López Obrador en alusión a lo dicho por Biden, cuyo comentario representa un cambio de tono notable respecto a su plataforma política de 2020.
“Lo respeto mucho al presidente Biden, entendemos las circunstancias, pero imagínense cerrar la frontera, con un poco de luz en la frente no se podría pensar que esa es una solución, imagínense el nivel de integración económica, somos los principales socios en el mundo”, advirtió AMLO.
Además de que la amenaza de Biden subraya la importancia del tema para su campaña de reelección, deja ver que podría adoptar una actitud hostil con México en migración, con posibles repercusiones en el comercio.
La postura de Biden fue rechazada por liderazgos republicanos, incluido Donald Trump, quien continúa imparable en la carrera por la Casa Blanca y quien en 2019, como presidente de EU, amenazó con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas, siendo una medida claramente vinculada a temas de carácter migratorio.
En el contexto del proceso electoral estadounidense no sólo es necesario sino conveniente que el gobierno mexicano deje clara su posición ante EU para desvincular la agenda comercial de la migratoria.
Sin los beneficios obtenidos durante 30 años de integración económica y comercial en América del Norte, del TLCAN de 1994 al T-MEC de 2020, no se entendería que las exportaciones mexicanas se hayan duplicado entre 2010 y 2023. (Víctor Piz, El Financiero, Economía, p. 8)
En Estados Unidos hubo desconfianza de un gobierno central fuerte desde el principio. Los estados del sur, con una estructura agrícola, no querían que los estados del norte, con una economía mercantil, les impusieran leyes restrictivas, impuestos abusivos o guerras indeseadas.
Exigieron por ello que en la Constitución se incluyeran las garantías individuales (Bill of rights), se enumeraran los poderes federales (artículo primero) y se dejara explícito que los poderes no delegados quedaran reservados a los estados (Décima Enmienda). Se permitió también que los estados mantuvieran pequeños ejércitos, llamados Guardia Nacional.
De no ser por el talento jurídico y negociador de Alexander Hamilton y James Madison, nunca se hubieran podido poner de acuerdo.
La Guerra Civil fue, en buena medida, una lucha entre federalistas y antifederalistas y la ganaron los partidarios de un gobierno central vigoroso. Aunque el Ejecutivo y el Congreso federales se fortalecieron, son mucho más débiles que sus equivalentes en el resto del mundo.
De entonces para acá ha habido una lucha incesante en las legislaturas y en los tribunales. Cada año se promulgan o anulan leyes y se expiden o reinterpretan sentencias judiciales.
El enfrentamiento más fuerte se dio en 1957, cuando el estado de Arkansas se opuso a la integración racial en las escuelas. El presidente Dwight D. Eisenhower puso a la Guardia Nacional de ese estado bajo el control del Ejército federal y obligó al gobernador a inscribir a nueve estudiantes negros.
Desde los setenta, los presidentes republicanos (Nixon, Ford, Reagan, los Bush) han enarbolado la devolución de poderes a los estados y, por ello, éstos aceptan el dinero de los programas federales, pero son libres de aplicarlos como quieran.
Además, en 1992, la Corte Suprema prohibió que se obligue a los estados a pasar o no cierta legislación o a hacer cumplir las leyes federales. Por eso, hay estados que no cooperan con las autoridades migratorias para detener a extranjeros ilegales o no verifican los antecedentes de los compradores de armas o permiten el uso medicinal del cannabis.
La fórmula que han encontrado para hacer viables las leyes federales es el llamado “federalismo cooperativo”. Por ejemplo, la velocidad máxima de 55 millas por hora, el límite de 21 años para la expedición de licencias de manejo y la prohibición de conducir si se tienen más de 0.08 ml de alcohol en sangre, se hacen cumplir porque los fondos federales para construcción y mantenimiento de carreteras lo ponen como condición.
¿Otra Guerra Civil?
El tema migratorio ha enfrentado de nuevo a las autoridades locales y estatales con Washington.
Ante el incremento en la entrada de inmigrantes ilegales en su estado, el gobernador de Texas ha adoptado un enfoque militarista. A pesar de que la materia migratoria es federal, consiguió que su legislatura pasara leyes para impedir que los indocumentados trabajen, reciban beneficios sociales o consigan una licencia de conducir, además de castigarlos con un año de cárcel y deportarlos.
Mandó poner boyas y alambre de púas a la mitad del río Grande (en Eagle Pass) y no deja que la Patrulla Fronteriza (que tiene jurisdicción dentro de las 25 millas adyacentes a la frontera) las remueva, a pesar de que la Corte Suprema lo ordenó.
Los gobernadores republicanos, enarbolando la soberanía territorial de los estados, apoyan a Greg Abbott en su desafío al gobierno central. Catorce de ellos incluso le han enviado personal y recursos. En el Capitolio, los republicanos están iniciando un juicio político en contra de Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.
Gran parte de la opinión pública tejana ve sólida la posición de Abbott (que se ha reelegido dos veces): el presidente Biden, por su negligencia para hacer cumplir las leyes federales, ha dejado entrar a millones de ilegales y por ello es legítimo que Texas despliegue a su Guardia Nacional.
Los alcaldes demócratas de grandes ciudades también se están enfrentando a la Casa Blanca. La ley federal prohíbe dar permisos de trabajo a los solicitantes de asilo hasta después de seis meses de que firman su solicitud y ésta es admitida. Mientras tanto, las ciudades que se han declarado santuario se ven forzadas a proporcionarles vivienda y sustento, a un costo altísimo y con la oposición de los locales.
Eric Adams y Brandon Johnson, alcaldes de Nueva York y Chicago, amenazan con usurpar la autoridad federal y darle permisos de trabajo a los miles de indocumentados que han llegado a sus urbes. (Alejandro Gil Recasens, El Financiero, Mundo, p. 23)
La agenda migratoria será determinante en la batalla electoral presidencial de este año en los Estados Unidos. El virtual candidato republicano aprovecha cada mitin con sus incondicionales para agitar nuevamente el racismo y xenofobia e insistir que él es el único capaz de frenar la persistente llegada de personas a la frontera sur. Tan arraigada está la cuestión en el debate político que Joe Biden ha optado por modificar su habitual posición.
Estamos ante un deja vu. Barack Obama prometió buscar una reforma migratoria integral en su primer año de gobierno, aunque solo logró impulsar una acción ejecutiva en 2012 que otorgaba permisos de dos años para estudio o trabajo a jóvenes llegados en la infancia, el DACA. Durante su segundo mandato, el Congreso estuvo en manos de los republicanos que bloquearon cualquier iniciativa del demócrata. El último intento se frustró en 2016 cuando la votación sobre el tema quedó en un empate en la Suprema Corte.
Las oleadas de inmigrantes que cruzan la frontera han rebasado la capacidad de las autoridades norteamericanas, pero también ha agudizado la confrontación entre el gobierno federal y el de Texas. Greg Abbott ha emprendido acciones incluso violatorias de los derechos humanos para contener la llegada de migrantes en la frontera: ordenó reforzar la vigilancia con elementos de la Guardia Nacional, instalar boyas forradas de navajas en el cauce del Río Bravo, fletar autobuses para trasladar a migrantes a ciudades santuario como Chicago o Nueva York y mantener una batalla legal contra las políticas de asilo.
La semana pasada, la Suprema Corte resolvió el retiro de un alambre de púas colocado en la ribera de Eagle Pass que había reclamado el gobierno de Biden. Abbott alegaba que la Patrulla Fronteriza no tenía la autoridad legal para cortar la alambrada de 3 kilómetros y que destruía ilegalmente la propiedad estatal. Pero el gobernador no cede; tras el fallo de la Corte dijo que esa barrera es un elemento disuasorio eficaz y seguiría defendiendo la autoridad constitucional de Texas.
Durante semanas un grupo bipartidista de senadores ha negociado un proyecto legislativo para reforzar la frontera que se hará público la próxima semana. Biden urgió a su aprobación a cambio de “cerrar la frontera” lo que supone un giro sustancial y podrá decirse que desesperado, en el tono del presidente porque endurece su tradicional postura sobre migración y la de su partido. Trump no para de demonizar a esa población y machaca la fórmula discursiva que le ha redituado dividendos electorales. Como lo hizo en su primera campaña presidencial en 2016, sigue declarando que la frontera con México es entrada de terroristas, un área por donde ingresan sin control personas de todas partes del mundo.
Se afirma que “cerrar la frontera” permitiría expulsar a los migrantes cuando las detenciones en la frontera superen las cinco mil durante un promedio de cinco días.
En el ánimo de los votantes, la marcha de la economía norteamericana juega a favor del presidente Biden pero no así la gestión migratoria de su gobierno. Por eso quiere ganarle la narrativa a su competidor; el proyecto de ley que se discute puede avanzar en el Senado, pero no tendrá el aval en la Cámara de Representantes donde la mayoría es republicana.
La ofensiva trumpista parece haber contagiado el ánimo en la Casa Blanca y desatar turbulencias extremas que afectan a muchos seres humanos. (Claudia Corichi, El Sol de México, Análisis, p. 22 y Ovaciones, Opinión, p. 26)
En los próximos meses es previsible que en México sucedan distintos acontecimientos que marcarán nuestro futuro en lo inmediato y un poco más allá. En el terreno local, el número de víctimas de homicidio en el sexenio rebasará las 200 mil; la variante Pirola de Covid-19 causará estragos en un número importante de personas que estarán indefensas por contar con vacunas de deficiente calidad; el magnicidio de Luis Donaldo Colosio será utilizado para revivir viejas afrentas y capitalizar políticamente, a 30 años de distancia, aquella tragedia; los escándalos en torno al primer círculo del presidente López Obrador continuarán y como respuesta se iniciarán persecuciones en contra de personajes del sexenio pasado.
En lo internacional, los flujos de caravanas de migrantes que ingresan a México con el objetivo central de llegar a Estados Unidos continuarán; Donald Trump será confirmado como el candidato republicano para las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos; el gobierno de Joe Biden buscará presionar a México en materia de flujos migratorios y tráfico de drogas, particularmente fentanilo; la polarización regional en América Latina arreciará con Javier Milei a la cabeza, quien utilizará el caso mexicano como arquetipo de los gobiernos autocráticos a los que busca erradicar; desde algunos de los principales medios de comunicación norteamericanos, se filtrará información que involucre a personajes de la política mexicana con la delincuencia organizada.
Todo lo anterior, además de lo cotidiano en lo nacional y lo internacional, sucederá con una gran probabilidad mientras se desarrolla el proceso electoral más grande de la historia y en el que más de 100 millones de personas podrán votar para decidir entre la continuación de un gobierno que se ha autodenominado como transformador y una oposición que señala estar interesado en sacar a México del desfiladero. Los mexicanos tendremos que sortear los discursos descalificantes de quienes se asumen como adalides de la honestidad y de nostálgicos para quienes tiempos pasados fueron mejores. Al final, en medio de estas opciones, pareciera que no existirá una alternativa, pues Movimiento Ciudadano no logrará entusiasmar lo necesario para ser opción a la Presidencia y el grueso de sus votos se encontrarán en ámbitos locales, como Jalisco, Colima y Nuevo León, así como en las candidaturas al Congreso.
En prácticamente un mes, el 1 de marzo, iniciarán las campañas y uno a uno se irán sucediendo estos y muchos otros acontecimientos. Por supuesto que las campañas cuentan y el tono y frescura de las candidatas y el candidato jugarán un papel, pero junto con los tres debates que organizará el INE, serán estos hechos, más que las propuestas o las promesas de campaña, los que moverán las preferencias. Las campañas son espacios en los que las emociones juegan un papel preponderante, incluso por encima de la razón y la inteligencia. Los spots y las líneas discursivas buscarán apelar al miedo, la desconfianza, el rencor, la traición y el odio. En segundo plano quedarán los mensajes que intenten mover en los votantes sentimientos de esperanza, alegría u optimismo. Los tonos que hasta ahora han utilizado las tres fuerzas políticas que competirán así lo dejan ver: “el PRIAN representa el pasado al que no debemos regresar”; “Morena y el presidente están destruyendo a México”, “tenemos que sacar a la vieja política”.
Los meses por venir serán aciagos para el presidente y su gobierno que se juegan la continuidad de su proyecto y, en no pocos casos, la libertad; para las candidatas y el candidato presidenciales que no tienen mañana, pues juegan sin red de protección; para las burocracias de los partidos políticos que decidieron apostar por lo mismo de siempre en sus listas de plurinominales para el Congreso; para miles de candidatos a puestos de elección popular que harán campaña en la zozobra de la violencia y la inseguridad, para los medios de comunicación que se verán presionados y tendrán frente a sí la tentación de la autocensura; para los empresarios que han apostado, unos y otros, el retorno de su inversión al triunfo de su candidato patrocinado. Los meses por venir serán aciagos para una ciudadanía a la que le urge despertar para comprender el verdadero significado de la democracia y lo que su pérdida podría implicar para el futuro de todo un país. (Joaquín Narro Lobo, La Crónica de Hoy, Columnistas, p. 3)
Según los reclamos republicanos sobre los problemas de seguridad en la frontera con México, Estados Unidos enfrenta la posibilidad de una oleada de terrorismo.
“ESTÁN LLEGANDO TERRORISTAS, SIN CONTROL, DE TODO EL MUNDO. Ahora hay 100% de posibilidades de que se produzcan GRANDES ATAQUES TERRORISTAS EN EE.UU. ¡CIERRE LA FRONTERA!”, demandó Donald Trump en redes sociales.
Pero, como suele ocurrir con los mensajes de Trump, hay más exageración que realidad, y aunque el ingreso ilegal a un país es delito no es, ni de lejos, terrorismo.
Más allá de las impresionantes cifras de personas de muchas nacionalidades que tratan de llegar a territorio estadounidense a través de México y de un racismo sospechado, más que explícito, las denuncias de terrorismo aparecen como más mentirosas que reales, pero usadas para azuzar sentimientos ultranacionalistas.
Entre octubre de 2022 y septiembre de 2023, la Patrulla Fronteriza tuvo más de dos millones de “encuentros” con indocumentados en la frontera con México, incluso 249 con personas en la lista de vigilancia de terrorismo de Estados Unidos, pero 487 en el límite con Canadá.
Pocos, si acaso, proponen un cierre de la frontera de EU con Canadá.
Según Peter Bergen, un analista de seguridad nacional y catedrático universitario, la última vez que un terrorista verdadero fue arrestado en cualquier frontera terrestre de EU fue en 1999: Ahmed Ressam transportaba explosivos en su automóvil y se dirigía al aeropuerto de Los Ángeles para hacer estallar una bomba allí. Fue detenido en el cruce fronterizo de Port Angeles, Washington, donde llegó desde Canadá.
Los brutales atentados del 11 de septiembre de 2001 no fueron cometidos por indocumentados, sino por personas que entraron legalmente a EU. Los tres mil muertos ocurridos ese día fueron el mayor número de víctimas desde el 19 de abril de 1995, cuando un camión cargado con explosivos improvisados hizo explosión frente al edificio federal de Oklahoma y causó la muerte a 168 personas –incluso 19 niños en una guardería– y lesiones a más de 680. Los responsables fueron nacionalistas estadounidenses blancos, Timothy McVeigh y Terry Nichols.
En 2016, un musulmán nacido en Estados Unidos, Omar Mateen, asesinó a 49 personas y lesionó a 53 más en un club nocturno de Orlando, inspirado por el Estado Islámico (ISIS).
El 1 de octubre de 2017, en Las Vegas, un tirador identificado como Stephen Paddock, disparó contra asistentes de un concierto de música country y desde el piso 32 de un hotel dio muerte a 59 personas y lesionó a 851.
El 3 de agosto de 2019, Patrick Wood Crusius, inspirado por tesis ultranacionalistas y de supremacía blanca, entró a un centro comercial de El Paso y comenzó a disparar contra presuntos “invasores” hispánicos: mató a 23 e hirió a 22 más.
Y eso, sin contar los sucesos del 6 de enero de 2021, y la invasión del Capitolio en Washington.
Pero los terroristas son los inmigrantes…. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 28)
La relación entre México y EE.UU siempre ha vivido momentos clave en los cuales lo bilateral y lo internacional se entreveran. Lo vimos en momentos álgidos de la Guerra Fría, con el espionaje desde la ciudad de México y particularmente en los ochenta con el choque entre nuestras respectivas diplomacias en Centroamérica y su traslape con el asesinato de Camarena; en el deshielo bipolar y cómo abonó a la oportunidad que se abrió con el TLCAN; y en los ataques terroristas de 2001 y la manera en la cual obligaron a un paradigma de seguridad norteamericana. Hoy son las fortunas de Ucrania por un lado y de un manejo corresponsable y no politizado de los flujos migratorios en ambos lados de nuestra frontera.
En mi columna anterior describía cómo el Presidente López Obrador está usando los flujos migratorios a través de territorio mexicano para chantajear diplomática y electoralmente a su homólogo estadounidense. Pero esta última semana, el otro lado de esa moneda, lo que ocurre en Washington con el debate sobre política migratoria y la seguridad fronteriza, ha tomado otro giro más en una espiral interminable de politización, polarización, alcahueteo electoral e incertidumbre geopolítica. Y es que desde octubre pasado, la solicitud formulada por el Presidente Biden al Congreso de un paquete suplementario de recursos para apoyar a Ucrania en la defensa de su soberanía e integridad territorial frente a la agresión e invasión rusa ha sido bloqueada por la bancada Republicana.
Esta exige, en una combinación tóxica de aislacionismo y oposición a ayudar a Ucrania (lo que diría Ronald Reagan de su partido si estuviese vivo hoy) y de oportunismo electoral, que a cambio de liberar esos recursos, Biden instrumente medidas aún más draconianas para controlar lo que Trump y muchos otros Republicanos caracterizan como la verdadera amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos, a decir, la frontera con México.
Durante meses, las bancadas Demócrata y Republicana en el Senado han estado enfrascadas en negociaciones, entre ellas y con la Casa Blanca, sobre un paquete de medidas para endurecer los controles migratorios en la frontera entre nuestros dos países, y con ello desatorar la aprobación de recursos para Kiev. Y si bien es posible que esta misma semana se dé a conocer el texto, el acuerdo podría nacer muerto. De entrada, los Republicanos creen haber encontrado el tema con el cual pueden arrinconar electoralmente a Biden, y por ello todos los caminos de la campaña presidencial Republicana pasan por la frontera con México.
Pero además, ahora Trump se ha insertado de lleno en el proceso de negociación, convencido de que puede -gracias también a las acciones de su comparsa Gregg Abbott, el gobernador de Texas- sacar raja político-electoral al dinamitar el acuerdo con los Demócratas y la Casa Blanca, negándole a Biden una victoria política, profundizándole la crisis en la frontera y elevándole el costo cara a los votantes. El viernes el ex mandatario demandó a la bancada Republicana oponerse a cualquier acuerdo (cosa que además de rebote le es funcional para garantizar que no fluyan más recursos a Ucrania y hacerle el “favorcito” a Putin). Inmediatamente, en una reacción pavloviana, varios senadores Republicanos que habían estado participando en la negociación con sus contrapartes Demócratas salieron a declarar que las perspectivas de un acuerdo se habían desdibujado, mientras que el presidente de la Cámara de Representantes declaró, con una espina dorsal digna de una amiba, que el acuerdo, tal y como estaba siendo negociado en el Senado, no transitaría en la cámara baja. A ello hay que agregar que esta semana en ese recinto legislativo iniciará el otro frente en esta ofensiva con la ópera bufa Republicana para tratar de enjuiciar políticamente al Secretario
de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, por lo que ocurre en la frontera, a pesar de que ninguno de los artículos de la ley para proceder a enjuiciar a un servidor público se le puede aplicar.
¿Qué es lo que contiene el acuerdo? Se sabe que las medidas que se han discutido incluyen una ampliación radical de las facultades de deportación del gobierno y la capacidad de expulsar a migrantes y refugiados que cruzan ilegalmente la frontera, negándole a los segundos el acceso al sistema de asilo cuando los cruces diarios superen los 5,000. Los Republicanos también han presionado para que se establezcan nuevos límites a las atribuciones y facultades del presidente de utilizar la autoridad Ejecutiva de libertad condicional a inmigrantes y refugiados mientras esperan su juicio de adjudicación migratoria.
No cabe duda que una de las áreas más activas de formulación de políticas durante la gestión de Biden se ha convertido en una de sus mayores vulnerabilidades cara a la reelección. El presidente firmó más órdenes Ejecutivas relacionadas con la inmigración que cualquier otro tema en su primer día en el cargo, instrumentado más de 500 acciones Ejecutivas desde entonces. Pero la Patrulla Fronteriza ha registrado más de 6 millones de cruces indocumentados a lo largo de la frontera con México desde que Biden asumió el poder, el lapso de mayor actividad en los 100 años de historia de la agencia, además de casi 2 millones de personas que fueron detectadas al cruzar más no detenidas. Solo el mes pasado se registraron 249,785 cruces indocumentados (con los mexicanos hasta arriba de la lista) a lo largo de la frontera, el total mensual más alto jamás registrado.
La gestión de la frontera por parte del presidente y la inmigración es el tema peor valorado en las encuestas. Y eso que Biden, quien en 2020 hizo campaña con lo que el Wall St Journal tildó como el “plan más liberal presentado por cualquier candidato Demócrata convencional en la historia”, lo ha abandonado en favor del enfoque Republicano.
En un intento de triangulación política para salvar el acuerdo en ciernes en el Senado y hacer jiu jitsu con la narrativa Republicana, Biden apuntó el mismo viernes que los cambios le darían la autoridad para “cerrar la frontera cuando se vea abrumada” (y por cerrar se refiere a los flujos migratorios, no a los cruces comerciales) y dijo que “la usaría el día que firme el proyecto de ley”, agregando que estaba dispuesto a aceptar restricciones al sistema de asilo y otras medidas coercitivas que eran casi impensables como eje de política migratoria Demócrata hace tan solo cuatro años.
Tales declaraciones corren el riesgo de alienar aún más a sectores progresistas del partido (ya de por sí molestos por el arropamiento de Biden a Tel Aviv y el uso de la fuerza israelí en Gaza) que consideran que los esfuerzos para endurecer la aplicación de la ley son demasiado similares al enfoque de la era Trump contra el cual Biden hizo campaña. Pero a la vez, si los Republicanos, espoleados por Trump, deciden denunciar el acuerdo que ellos mismos negociaron hasta la semana anterior, Biden y los Demócratas tendrán por primera vez una rendija para lanzarse a la contraofensiva y argumentar que los Republicanos no tienen la menor intención de alcanzar un acuerdo para mejorar la situación en la frontera, que todo es puro teatro y que, además, la jugarreta Republicana se lleva a Ucrania entre las patas, cosa que Putin aplaudirá rabiosamente desde el Kremlin.
Seguramente subrayarán además que la capacidad de la administración de mejorar el “control operativo” de la frontera depende en parte de la asignación presupuestal del Congreso: la solicitud suplementaria en juego para Ucrania, en limbo desde el otoño, etiqueta aproximadamente $14 mil millones de dólares para contratar más agentes para la Patrulla Fronteriza, más agentes aduaneros (para no tenerlos que desviar a tareas de procesamiento migratorio) y jueces de inmigración.
Para México y para la relación bilateral estas no son buenas noticias y encarnan una ecuación pierde-pierde. Implica que el GOP está decidido a doblar la apuesta en usar la frontera con México como ariete electoral y que Trump busca que explote la situación ahí; que de concretarse el acuerdo, México -y los estados y municipios fronterizos en particular- tendrá que enfrentar el impacto de números al alza de migrantes y refugiados atorados en limbo del lado mexicano de la frontera; que López Obrador seguirá contando con un instrumento de coerción diplomática, con el peligro de que hasta el 30 de septiembre, poco más de un mes antes de que los estadounidenses acudan a la urnas, pudiese decidir generarle otra crisis a Biden abriendo la llave de los flujos migratorios hacia nuestra frontera norte; y que Rusia seguirá explotando la situación, capitalizando temas mexicanos que le sean funcionales, como quedó en evidencia con el tuit del ex presidente ruso Medvedev -el mismo día del ultimátum de Trump a los Republicanos- criticando a Biden por el caos en la frontera y haciéndole el caldo gordo a Abbott y con la probadita de la campaña de desinformación y polarización en ciernes que se avecina por parte de Moscú en EE.UU camino a noviembre. (Arturo Sarukhán, El Universal, Opinión, p. A19)
El vecino de la casa que arde solo observa. En su lógica, la frontera es lo suficientemente ancha y robusta para impedir que las paredes colapsen y el infierno llegue a su casa.
Donald Trump ya va adelante en las encuestas y la crisis migratoria juega a su favor.
Ya fueron 250,000 los cruces fronterizos en un solo mes (diciembre), y 6 millones acumulados en el gobierno de Biden.
El gobierno del presidente López Obrador ha tenido tres años para anticiparse al posible regreso de Trump a la Casa Blanca.
Cerrar la frontera ha dejado ser monopolio del trumpismo; quién lo diría, Biden ha sido arrastrado por la campaña de su rival.
Vendrán los chantajes; las nuevas órdenes ejecutivas redefiniendo el Título 42; también los obsequios tipo “Quédate en México”; la desinstitucionalización de la relación bilateral.
“Que bueno que no firmamos un acuerdo de tercer país seguro, porque imagínense lo que hubiera pasado”, afirmó en alguna ocasión el creador del obsequio: Marcelo Ebrard.
De haber firmado un acuerdo, Estados Unidos hubiera pagado a México para atender de manera digna a los migrantes, y así se hubiera evitado lo ocurrido hace un año en Ciudad Juárez donde murieron 40 venezolanos tras las rejas de un centro de retención.
Lord molécula no es una caja de resonancia comparable con el volumen que tiene la sala de conferencias de la Casa Blanca. El primero levanta pancarta para el pueblo, la segunda informa al mundo.
El costo de oportunidad de haber tenido una política exterior menguante está arrojando resultados preocupantes.
La renovación del Acuerdo Global con la Unión Europea corre la misma velocidad que el tren México-Toluca; el acuerdo comercial que se tuvo que haber negociado con Corea del Sur presenta la misma salud que el aeropuerto de Texcoco; el deterioro de la Alianza del Pacífico es tan preocupante como lo fue la ausencia de AMLO en Los Ángeles durante la Cumbre de las Américas.
El Gobierno mexicano se ha olvidado de la frontera sur. No hay cumbres ministeriales con Guatemala, El Salvador y Honduras. Los árboles no sustituyen a los políticos.
La voz de México en el mundo ha perdido sonoridad. El apoyo de Estados Unidos a Bernardo Arévalo, quien recibió junto a su partido Semilla una persecución judicial, no lo hizo con la boca chiquita. Lo hizo presionando y sancionando.
¿Era imaginable que Arévalo, un socialdemócrata progresista, recibiera un apoyo mucho más enérgico de parte de Estados Unidos que de México?
AMLO y Ebrard decidieron apoyar a Evo Morales, personaje que violó la Constitución que él mismo elaboró. La mayoría de ciudadanos que participó en el plebiscito de 2015 decidió dejar fuera a Morales de la boleta electoral en 2019. Lo que vino después fue un capítulo de muertes en Bolivia, pero abrazos de Ebrard y AMLO en México.
Algo similar ocurrió con el peruano Pedro Castillo. El día que intentó propinar un golpe al Congreso, ya tenía abierta la puerta de la embajada de México en Lima.
El mismo tono musical sonó con Maduro. AMLO decidió sacar a México del Grupo de Lima. Bien. La OEA había encallado. Iba a existir diálogo entre el régimen con la oposición, según Maduro. México aplaudía. Hoy el dictador presume de su talla.
Frente a la represión del cubano Díaz Canel en la primavera de 2022, el gobierno de México respondió abriéndole la puerta a los doctores-peones del dictador isleño.
La autopsia muestra sucesos horribles. (Fausto Pretelin Muñoz de Cote, El Economista, Geopolítica, p. 42)
De acuerdo con Transparencia Internacional y su Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) México sigue igual de CORRUPTO que antes. Queda desmentida, pues, la cantaleta esa de que en México “se acabó la corrupción”. ¡Nada de eso! Nos ubicamos en el mismo lugar 126 (de 180), empatados con El Salvador, Kenia y Togo con una puntuación de 31 sobre 100.
Transparencia Internacional atribuye el hecho a que se socava la independencia del Poder Judicial: “Esto fomenta la injusticia y un sistema en el que la Ley se aplica de acuerdo a los intereses del Gobierno y las élites gobernantes. También garantiza la impunidad de los corruptos y obstaculiza la recuperación de activos robados”.
En Latinoamérica los países con percepción de menos corrupción son Uruguay, Chile y Costa Rica, y los más corruptos, para sorpresa de nadie, con puntuaciones abajo de 20, son Nicaragua y Venezuela. Noten, por favor, que los países “amigos” de la 4T son los MÁS CORRUPTOS, mientras que los despreciados por este Gobierno son de los menos corruptos. ¿Será coincidencia o serán aves del mismo plumaje?
Aunque no lo menciona específicamente, este su h. servidor agregaría a la falta de independencia del Poder Judicial como factor de corrupción otro igualmente grave: la AUSENCIA de TRANSPARENCIA en el uso del presupuesto. Ya se tornó costumbre en este Gobierno, por ejemplo, asignar cuantiosas obras públicas por DEDAZO y en total opacidad, argumentando el tema de “seguridad pública”.
La ausencia de transparencia está reñida con las mejores prácticas democráticas, de manera que la falta de rendición de cuentas fomenta la sospecha de que se malversan fondos públicos y por ello es que se OPACA su destino.
Agreguen el hecho de que comunicólogos de renombre como Carlos Loret de Mola han presentado investigaciones -con documentos y grabaciones telefónicas- en las que amigos de los hijos del Presidente reciben jugosos contratos precisamente en las obras que este régimen ha opacado. ¡Razón de más para que la percepción de corrupción en México no haya mejorado y se mantenga en el sótano!
Explica, igualmente, el afán presidencial de distraer la atención sacando a la luz temas que no vienen al caso y cuyo propósito es cambiar la conversación de todo lo que por ineptitud le ha salido mal al régimen, por ejemplo, que “su” nueva aerolínea realice vuelos con UN pasajero, pero muy lejos de la capacidad requerida para lograr el llamado “break even”.
No es de lo único de lo que quiere desviar la atención: está el fracaso de la “Megafarmacia” que ha costado miles de millones de pesos y que en sus primeras dos semanas apenas había surtido 67 recetas. Y el AIFA sigue sin tráfico, costando miles de millones de pesos al año mantenerlo. A este “detalle” habrá que sumarle las fallas constantes del Tren Maya (hace unos días se INUNDÓ una estación, según reportes) y la devastación ecológica que su construcción ha causado en la Selva Yucateca, considerada reserva ecológica.
No conforme con ello, la construcción del Trenecito Maya también está destrozando el subsuelo, dañando los CENOTES y sitios arqueológicos por los que pasan los bulldozers para abrirle paso a lo que cuando esté terminado habrá costado unos 500 mil millones de pesos y no sacará la inversión jamás, pero además costará un blanquillo de CISNE REAL mantenerlo.
Para no hablar de estos temas, o de la VIOLENCIA (récord de asesinatos dolosos sexenal), récord de exportaciones de fentanilo, grandes capos impunes, CRISIS de migración, amenaza de Estados Unidos de cerrar la frontera, descontento a granel y un Presidente que se dedica a golpear a comunicólogos y sus medios, opta entonces por SILENCIAR a quienes informan de ello y OSAN no aplaudirle y hacerle genuflexiones, que es lo que le gusta.
En suma, razones sobran para explicar el porqué México nomás no sale del SÓTANO de la corrupción, estamos PEOR que antes, no mejor, por lo que los discursos triunfalistas del Tlatoani suenan más huecos que una nuez vana. (Manuel J. Jáuregui, Reforma, Opinión, p. 9)
Postura sobre Roemer
› Este miércoles, el gobierno del presidente López Obrador, fijará su postura sobre el caso de Andrés Roemer y su posible triunfo ante la justicia que lo acusa de posible violencia de género. Primero, se tratará este tema en la reunión de seguridad de Palacio Nacional, y luego durante la mañanera se dará a conocer que pasará con el ciudadano que se encuentra en Israel. (El Heraldo de México, La 2, p. 2)
En pleno proceso electoral en México, en donde millones de personas elegiremos la que será la primera presidenta de la República, se ha dejado de lado un asunto importante: Estados Unidos elegirá, a finales del año, a quien manejará sus destinos desde la Casa Blanca y la posibilidad de que Donald Trump regrese al poder implica riesgos no sólo en la relación bilateral, sino en la personal.
Para nadie es un secreto que Trump es un personaje difícil de entender. Sus inesperados arranques denotan preocupación no sólo entre los estadounidenses, sino en el mundo entero. Durante su presidencia, mantuvo al mundo en serios predicamentos, entre ellos, sus amenazas de cerrar la frontera con México provocaron que la diplomacia mexicana tuviera que hacer malabares para evitar un conflicto mayúsculo con el vecino del norte.
López Obrador ha insistido en la buena relación que logró tejer con quien ha calificado como su amigo Trump. Sin embargo, el exmandatario estadounidense se ha ufanado en decir que en 2019 “dobló” al gobierno de México, por lo que, a cambio de no gravar con impuestos a las importaciones mexicanas, el gobierno aceptó desplegar en sus fronteras a más de 25 mil elementos de la Guardia Nacional y dar inicio a los protocolos de protección de migrantes llamados “Quédate en México”.
Habrá quien señale que las expresiones de Trump quedaron sólo en dichos, pero no es así, sus mensajes llevan consigo una sobrecarga de menosprecio a las mujeres.
Difícilmente se puede olvidar lo dicho por Trump cuando llamó cerdita a la ex Miss Universo Alicia Machado; asquerosa a una abogada que durante un juicio, dijo que necesitaba un receso para dar el pecho a su bebé y mentecata a la senadora Elizabeth Warren. Esos comentarios no son aislados y reflejan una peculiar personalidad, la de un hombre acostumbrado al poder y hacer de las suyas, y ve a las mujeres como objeto.
Es por ello que si quien resulte ganadora en los comicios de junio próximo deberá hacer gala de herramientas especiales para gobernar a un país en el que aún no se logra superar el machismo, al tiempo que deberá relacionarse con quien gane las votaciones en Estados Unidos. Si Joe Biden se reelige para un segundo periodo, las cosas podrían no ser tan delicadas, pero si Trump se alza con el triunfo, la piedra en el zapato será enorme.
A nuestra próxima gobernante le tocará hacer frente a muchos retos. Uno de ellos, quizá el más inmediato, será la inseguridad. Ligado a ese fenómeno se encuentran los incontrolables flujos migratorios, que exigirán una mayor y estrecha colaboración con Washington.
Recientemente, tanto Biden como Trump han hablado de cerrar su frontera con México para atender este problema. De las dos principales contendientes presidenciales no ha habido mayores comentarios al respecto, quizá por prudencia para evitar fricciones.
En consecuencia, cualquiera de las dos mujeres que obtenga la victoria deberá relacionarse con su vecino del norte y cuidar, a final de cuentas, la relación bilateral más importante que México tiene en el mundo. Y hacerlo con un presidente misógino y autoritario, no será nada sencillo. (Salvador del Rio, El Sol de México, Online y Ovaciones, Opinión, p. 26)
No hay plazo que no se cumpla y el sexenio del presidente López Obrador está por concluir. Es indispensable evaluar, a partir de evidencia verificable y del conocimiento de especialistas, los saldos que este gobierno dejará para México y sus habitantes. Es lo que se propone el libro El daño está hecho. Balance y políticas para la reconstrucción (editorial Grano de sal), coordinado por Ricardo Becerra, quien encabeza el Instituto de Estudios para la Transición Democrática (IETD). El libro revisa asuntos tan sensibles como el medio ambiente, la economía, la democracia, la ciencia y tecnología, la salud, el empleo, la corrupción y la transparencia, la política social, la agenda de género, el cumplimiento a la ley, la seguridad pública e, incluso, el deporte.
En los textos del volumen hay dos puntos de partida comunes que bien podrían ser la base para una deliberación racional y constructiva sobre la realidad mexicana: es falso que antes de este gobierno las cosas marcharan bien y que esta administración sea la causa de todos los males país, pero igual de falaz resulta decir que antes de este gobierno nada era rescatable para, así, justificar la destrucción indiscriminada. Al contrario, en los textos se aprecian valoraciones mesuradas de lo que México había avanzado, de las múltiples insuficiencias previas y, a la vez, del retroceso que las decisiones arbitrarias han significado en múltiples áreas.
Van veinte anotaciones del diagnóstico que dibuja el libro:
1) De acuerdo con The Economist, México pasó de ser una “democracia defectuosa a un régimen híbrido” que combina elementos propios de la democracia y del autoritarismo, o sea, el país empeoró.
2) En este sexenio se reformó la Constitución 55 veces, sin que el gobierno haya tenido mayoría calificada en el Congreso. Para ello logró contar con el respaldo de algún partido opositor o varios.
3) Entre 2019 y 2022 ingresaron a la Corte 809 acciones de inconstitucionalidad, número sin precedente.
4) En enero de 2018, las autoridades migratorias de Estados Unidos registraron 18 mil “encuentros” con mexicanos; en enero de 2023 fueron 62 mil: con ese parámetro, la emigración se multiplicó tres veces y media.
5) Entre 2018 y 2022, Estados Unidos creció a una tasa media anual de 1.8 por ciento. En esos mismos años, México creció cero por ciento en promedio.
6) De acuerdo con las cifras oficiales, el número de pobres disminuyó en 5.1 millones entre 2018 y 2022, pero aumentó en 400 mil el número de personas en pobreza extrema.
7) Tómese el 5 por ciento de los hogares de menor ingreso. En 2016, 68 de cada 100 recibían apoyos del gobierno; en 2022, sólo 49 de cada 100. “Al gobierno de ‘primero los pobres’ se le olvidaron los más pobres”.
8) El salario mínimo real creció más de 13 por ciento anual a partir de 2019: la mejora del ingreso del trabajo explica buena parte de la reducción de la pobreza.
9) En 2018 el 20 por ciento de los mexicanos no tenía acceso a servicios de salud. En 2022, la exclusión de salud afectó al 50 por ciento.
10) El sector público de salud atendió a 22.3 millones de personas en 2018; en 2022 sólo a 18.1 millones.
11) Las becas de posgrado en el extranjero pasaron de más de 7 mil en 2018 a 2 mil en 2022.
12) El presupuesto para el deporte en 2023 fue la cuarta parte del de diez años antes.
13) La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas tuvo un presupuesto de 1,800 millones en 2016; para 2024 de 930 millones a precios constantes.
14) El presupuesto en 2024 de la Comisión Nacional Forestal es menos de la tercera parte que diez años atrás.
15) A la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se le recortó el 40 por ciento de su presupuesto de 2023 frente a 2015.
16) En 2022 el presupuesto para las Fuerzas Armadas alcanzó 230 mil millones de pesos, superando los presupuestos en salud y educación, así como el de la pensión para adultos mayores.
17) El gobierno ha intentado derrotar y eliminar a las instituciones para combatir la corrupción: “no sólo se ha mantenido el virus, sino que se han tirado las vacunas”.
18) Este sexenio es el de mayor incidencia de feminicidios de la historia: más de 3,400 al año.
19) Hasta septiembre de 2023, la organización Artículo 19 registraba 41 asesinatos de periodistas desde el inicio del gobierno.
20) Entre diciembre de 2018 y agosto de 2022, la empresa SPIN contabilizó 86,917 “afirmaciones falsas, engañosas o que no se pueden probar” del presidente en sus conferencias mañaneras. (Ciro Murayama, El Financiero, Opinión, p. 24)