El problema que hay detrás del asesinato de Victoria Salazar Arraiza, es de fondo y estructural en México. La muerte de esta mujer salvadoreña, que desde el 6 de marzo de 2018 fue reconocida como refugiada por la Subdelegación Federal de Chiapas con el número de documento 11598479, puede ser el detonante de una lucha sin cuartel, encabezada por las mujeres contra el Estado mexicano, para obligarlo a que haga justicia por quienes han sido víctimas de violencia, y para que ponga fin a los feminicidios.
Aunque la abominable reacción de los policías de Tulum, que derrumbaron, fracturaron y sofocaron hasta la muerte a Victoria, es criminal y merece el máximo castigo, su actuación tiene que ver con circunstancias que involucran una serie de factores que han sido una pandemia en nuestro país, desde mucho tiempo atrás: racismo, machismo, desigualdad de género.
Estas circunstancias se han incrementado por la poca inversión en la preparación profesional e intelectual de los policías, hasta en la precaria y casi inexistente aplicación de la ley a favor de aquellos sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
Vemos con preocupación, cómo se han agudizado los ataques de policías contra migrantes y contra las mujeres, pero también los abusos por parte de las Fuerza Armadas: apenas ayer, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, reconoció el error de uno de sus elementos, al disparar y matar a un migrante guatemalteco.
El asesinato de Victoria tuvo ambas consecuencias: por ser mujer y por ser migrante. No obstante, sabemos que eso sucede a diario en México, feminicidios por un lado, y abusos hacia los migrantes por el otro. En la “Ley sobre refugiados, protección complementaria y asilo político” que se lee en nuestra Carta Magna, se suscribe que no deberá “existir discriminación”; que se protegerá el “interés superior del niño”, y que se “asegurará la unidad familiar”.
Todo esto falló con Victoria, sus niñas y su integración familiar. El Estado mexicano no le ofreció seguridad, mientras que sus garantías se desmoronaron. Desprotegió completamente el “interés superior del niño” al dejar a dos niñas huérfanas y mucho menos asegurar la unidad familiar. El Salvador destruyó todo eso en una primera instancia antes de solicitar refugio, ahora México lo vuelve hacer, a pesar de haberle otorgado garantías desde hace tres años.
Aunque ya destituyeron al jefe de la policía municipal de Tulum, Nesguer Vicencio Méndez, otro de los responsables directos es el presidente municipal, Víctor Mas Tah, cuya responsabilidad es prevenir estos sucesos, desarrollar una policía competente y liderar estrategias de desarrollo hacia los más vulnerables.
Al menos, debería renunciar y ofrecer disculpas públicas por su incapacidad de prevenir estos delitos que provienen de su equipo directo, y que, sin los videos de los transeúntes, probablemente se hubiera escondido el delito. ¿Cuántos otros abusos se han ocultado, omitido, transgredido?
No obstante, el asesinato de Victoria, considerado oficialmente como feminicidio, es de Estado, porque desde la policía municipal, pasando por el presidente municipal, el gobernador, y las instancias federales, no la pudieron defender ni hacer valer lo que dice nuestra Constitución en materia de personas refugiadas, y mucho menos han podido detener los feminicidios.
El Instituto Nacional de Migración registró que, de enero a marzo de 2021, ingresaron a nuestro país casi 8 mil migrantes más en comparación a los que se registraron en el mismo periodo de 2020, de los cuales 440 son menores de edad. La mayoría provienen de triángulo norte, Honduras, Guatemala, El Salvador, zona geográfica de la cual Estados Unidos y México han pretendido tutelar con una inversión “millonaria” para su desarrollo. Algo que no será así de sencillo, cuando vemos que al Estado mexicano le falta mucho para hacer sus propias tareas.
Es un feminicidio de Estado, porque, aunque los autores materiales fueron los cuatro policías de Tulum, el Estado mexicano ha sido omiso para prevenir la integridad de migrantes, refugiados y mujeres. Por ello, inmediatamente, la Secretaría de Gobernación instruyó al Instituto Nacional de Migración, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados mantener contacto con las autoridades consulares de El Salvador y apoyar a los familiares de Victoria
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya atrajo el caso, y debe ser implacable al definir todas las fallas en la burocrática cadena institucional del Estado mexicano que, por omisión o incapacidad, permite se sigan presentando estos terribles asesinatos….aunque los autores materiales fueron los cuatro policías de Tulum, el Estado mexicano ha sido omiso para prevenir la integridad de migrantes, refugiados y mujeres. (Omar Cepeda, El Financiero, Opinión, p.38)
Apenas 48 horas después de la muerte de la salvadoreña Victoria Esperanza Salazar Arriaza, producto del exceso de fuerza, impericia y nulo respeto a los derechos humanos por parte de policías de Tulum, Quintana Roo, un joven guatemalteco fue atacado y muerto en una localidad de Chiapas cuando un soldado mexicano le disparó en una “reacción errónea”.
Son dos casos de exceso de fuerza que se suman a los riesgos que durante años han padecido los centroamericanos que se internan en nuestro país con el objetivo de llegar a la frontera norte.
En ocasiones es el peligro de sufrir un accidente al intentar abordar clandestinamente La Bestia, el tren que desde el sureste los lleva al centro del país.
En otras situaciones es el crimen (común u organizado) que roba, extorsiona o mata a quienes llegan al país en busca de tener acceso a una mejor calidad de vida.
En otros momentos es la autoridad la que construye muros conformados por elementos de seguridad para bloquearles el paso, que lo único que logran es el ingreso de migrantes por zonas inhóspitas, o que los encierra en centros de detención migratorios hacinados, mal alimentados y peor atendidos, o que levanta muros burocráticos que alargan por semanas la entrega de permisos temporales de internamiento a quienes cumplen con el trámite.
La adversidad que enfrentan los migrantes centroamericanos alcanzó un punto en el que cinco organismos internacionales, tras la muerte de Victoria, alzaron su voz para que el país capacite a los elementos de seguridad de distintos órdenes de gobierno en materia de uso de la fuerza y de respeto a derechos humanos, así como a adoptar protocolos con perspectiva de género; también señalaron que es un reflejo de las carencias en México para proteger a los migrantes.
A todo esto se suma el señalamiento desde Estados Unidos de la impunidad prácticamente generalizada en México, que representa un freno al respeto a los derechos humanos. En un informe se destaca la inacción contra el tráfico humano, controlado por el crimen organizado.
Controlar la migración y ofrecer alternativas reales a quienes huyen de la pobreza y la violencia debe ir más allá de ofertas políticas de puertas abiertas (AMLO, en 2018) o de promesas de regularización (Biden, 2020). La complejidad del fenómeno y la debilidad institucional para atenderlo es la situación real. Lo que se requiere, como mínimo, es respetar sus derechos humanos, lo cual —hasta ahora— parece mucho pedir. (Editorial, El Universal, Opinión, p. 12)
Que si alguien está muy bien informado sobre lo que sucede en Quintana Roo es el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien declaró saber que el caso de su paisana Victoria, a quien cuatro policías sometieron hasta la muerte en Tulum, era “peor” de lo que parecía y que había “más agresores”, especie confirmada ayer cuando se informó de la detención de la pareja de la víctima por abuso sexual contra una de sus hijas. El mandatario no dejó pasar la oportunidad de darle un rozón al canciller Marcelo Ebrard, quien había dicho antes que no había más información que la ofrecida por la fiscalía estatal. Segundo round entre estos personajes. (Milenio Diario, Al frente, p. 2)
A Victoria la mataron cuatro policías — incluida una mujer—. Emplearon sobre su menuda condición humana la brutal desproporción montonera del poder físico y la arrogancia implacable de una supuesta autoridad basada en la adrenalina de someter y no en la lógica de sujetar para investigar. Vino a refugiarse y se detuvo en Tulum. Como una paloma mensajera, jamás imaginó que iba a ser sacrificada.
Victoria Esperanza ingresó a México por la frontera sur; arribó de puntillas, como los niños cuando no quieren hacer ruido por temor a despertar al monstruo de sus pesadillas. Sin sospecharlo, se confió y entró a las fauces de la bestia.
Victoria terminó huyendo de su país, como tantas y tantos mexicanos han hecho y lo harán: huyendo de la precariedad laboral, de la desventura económica, de la inseguridad pública por delincuencia y de la que causa la anarquía en favor del narcopoder. Victoria, era como tantas mujeres del siglo XXI, que abandonan sus lugares de origen para —además—, superar la impotencia por el machismo estructural que cancela oportunidades para ellas, porque nacieron o viven en los enclaves en los que la ignorancia y la tradición rural o suburbana coloca techos de cristal para limitar sus alcances.
¿Victoria creyó que acá iba a encontrar lo que en su patria no había para ella y para los suyos? No. Seguramente su meta no era permanecer demasiado en México: el odiado y a la vez amado país hermano mayor. Victoria vino con la esperanza de triunfar. “Triunfar” es algo que en el caso de las mujeres migrantes admite dos acepciones: primero significa sobrevivir (tal cual); después, una vez lograda cierta estabilidad personal y social, triunfar, como para todos significa construir la base de la prosperidad (incluye la posibilidad de alcanzar la felicidad).
Victoria no consiguió triunfar, pero su causa será la del estandarte para que otras muchas no sean cobardemente aplastadas; y esa causa, esa sí, triunfará. Victoria murió por amar la vida y desear cambiar su situación. Por eso emprendió esa aventura temeraria que la vida le costó. Victoria se internó en la selva maya, y fue a ese sitio cósmico, Tulum: “frente al mar” sin sospechar que, como Alfonsina, se iba a quedar sin aliento en el fondo del mar; pero ella no por propia decisión, como la poetisa lo hizo como una forma de sugestiva protesta por el desamor. Victoria fue ahogada en el mar de la intransigencia del supuesto orden público que persigue la legalidad.
Victoria llevaba en su nombre la doble condición para triunfar: tener esperanza de vida y lograr así la victoria frente a la adversidad. Hoy, Victoria Esperanza Salazar es un emblema del martirio arbitrario. Tulum debería llamarse “Tulum de Victoria Esperanza”, para que sirva de faro que ilumine a la humanidad. (Francisco Acuña Llamas, El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
Tenía nombre: Victoria Esperanza Salazar, 36 años. Nació en Sonsonate, El Salvador. Era refugiada. Hoy le sobrevive una familia que la llora en Nicaragua y dos hijas que le lloran en México. Hoy nos une la indignación y la condena por su asesinato. El asesinato de Victoria Esperanza es la línea indeleble de la interseccionalidad de la discriminación en México. Ella fue asesinada porque fue mujer, por su condición migratoria, por su clase social.
Lo que pasó en Tulum es el reflejo de la discriminación histórica que impide el avance de México. No queda duda de que, si Victoria Esperanza se llamará John Smith, estaría viva. Que la misoginia y discriminación que permean las fuerzas policiacas en Quintana Roo —allá donde les disparan a las mujeres que protestan por los feminicidios— no molestan a los miles de turistas, americanos y europeos que han alarmado a la sociedad mexicana por su irresponsabilidad en la pandemia. La discriminación y violencia contra migrantes en México es uno de nuestros grandes pendientes como sociedad.
De acuerdo con un informe del Instituto Nacional de Salud Pública, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de la Ciudad, un 29% de los migrantes son víctimas de violencia física, sicológica o sexual. La mayoría de los abusos quedan impunes por el temor a ser repatriados y por la desconfianza en las autoridades. Sólo se denuncia uno de cada 10 casos.
Por otra parte, Inegi ha revelado que siete de cada 10 personas detenidas en nuestro país sufrieron amenazas o agresiones de parte de la autoridad que les detuvo. De las más de 64 mil personas encuestadas en 2016, 75% afirmó haber sufrido algún tipo de “violencia sicológica” durante el arresto, esto incluye maltratos tan graves como la asfixia.
A Victoria Esperanza la sometieron cuatro elementos policiales, por presunta “alteración del orden” y en un principio se decía que estaba alcoholizada; ambas conductas no ameritan ni ameritarán jamás la pérdida de su vida. Victoria Esperanza sufrió una fractura en la columna, producto del peso de una oficial de policía en su espalda. Victoria Esperanza avisó a la Policía que no podía respirar.
Fue una fuerza policial mezquina, mal entrenada, enfrascada en prejuicios estructurales, que no supo cómo desescalar un altercado, quien utilizó de forma desmedida la fuerza, en total violación de la ley mexicana. Pedir Justicia para Victoria es pedir que se reivindique la justicia en México.
Hoy, las autoridades han obrado con celeridad, y el personal policiaco implicado ya está en custodia esperando un proceso por feminicidio. Existe una investigación por violación de derechos humanos por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Esto es un ejemplo de cómo la impartición de justicia debería de ser: enérgica y rápida.
Queda pendiente saber qué hará el Estado de Quintana Roo para garantizar el bienestar de las hijas de Victoria, refugiadas también. ¿Qué se hará para garantizar la no repetición de estas conductas? Todos estos son elementos importantes si queremos justicia para Victoria. (Catalina Monreal, Excélsior, Coronavirus alerta, p. 8)
ALGO no cuadra en el caso del ciudadano guatemalteco asesinado por militares mexicanos: si lo mataron dentro de territorio mexicano, ¿cómo es que a los soldados los tenían retenidos en una población dentro de Guatemala que está a dos horas de la frontera?
SEGÚN la versión oficial, el incidente en el que por “error” los elementos del Ejército Mexicano dispararon contra Elvin Mazariegos ocurrió en Mazapa de Madero, en Chiapas. Sin embargo, fueron rescatados en San Marcos, en la región de Tacaná, que está a unos 40 kilómetros -dentro de territorio guatemalteco- del supuesto lugar del crimen.
PARA EXPLICAR el asunto hay dos posibilidades: una es que los vecinos y familiares del fallecido viajaron a la frontera, se metieron en territorio mexicano, secuestraron a media docena de soldados con la facilidad de quien se roba un dulce y se los llevaron a su pueblo. La otra es que los militares de la Sedena en realidad invadieron un país vecino y provocaron un delicado conflicto binacional. Cualquiera de las opciones es preocupante. (F. Bartolomé, Reforma, Opinión, p. 8)
La otra relación
En público, la relación bilateral con EU es miel sobre hojuelas, pero las patadas bajo la mesa están a la orden del día. Ante el reclamo del presidente López Obrador al gobierno de Joe Biden para que amplíe apoyos a Centroamérica, el Departamento de Estado respondió con un informe sobre violaciones a derechos humanos, en el que incluye casos de México. (El Heraldo de México, La Dos, p. 2)
Poco sentido tiene disputar el estatus de crisis migratoria a lo que sucede en ambos polos de la frontera mexicana, el del sur y el del norte. Hay breves momentos de distensión que crean la apariencia de una merma o una contracción del éxodo, pero que, en tres o cuatro meses, son rebasados por una nueva acumulación de migrantes irregulares en Tapachula o el Río Bravo.
En octubre del año pasado, cuando todavía gobernaba Donald Trump, se formó una caravana de varios miles provenientes del Triángulo Norte centroamericano. En enero de este año, con Joe Biden en la Casa Blanca, hubo otra y en los próximos días veremos la tercera en menos de un año. Las caravanas son apenas la superficie de un flujo irregular constante que no logra ser detenido ni por las políticas republicanas de mano dura ni por las más humanitarias de la nueva administración.
Como bien ha reconstruido Jorge Durand en La Jornada, las cifras de migrantes centroamericanos y mexicanos muestran una tendencia creciente en el último año. En mayo de 2020, la patrulla fronteriza retuvo a unos 100 mil migrantes, una cifra demasiado elevada para el efecto disuasorio de las políticas punitivas de Trump. Según Durand, en marzo de este año el número de migrantes retenidos podría estar rondando los 170 mil, casi el doble
Es difícil determinar qué tanto de ese aumento responde a la oferta de mayor flexibilidad fronteriza por parte del gobierno de Joe Biden o al costo social de la crisis sanitaria y económica que afecta a toda la región. El hecho de que la propia migración mexicana crezca tiene que ver con la pérdida de empleos y el empeoramiento de las condiciones de vida en sectores vulnerables.
Las señales del agravamiento de la crisis migratoria son múltiples. La delegación de alto nivel, encabezada por la exembajadora en México, Roberta Jacobson, que envió el gobierno de Estados Unidos a la cancillería mexicana hace un par de semanas, es una de ellas. Otra, no menos importante, es la designación de la vicepresidenta Kamala Harris como responsable de un plan integral para tratar el tema migratorio en Centroamérica y México.
Si ese plan no incluye transferencia de recursos para el desarrollo regional o condiciona políticamente la ayuda, difícilmente dará resultados en el corto plazo. Algunos gobiernos podrían abanderarse con el argumento de la soberanía y entorpecer la concertación de políticas en una región que, como se observa en la composición demográfica del flujo, cada vez participa más de la crisis en su conjunto.
Otros síntomas del escalamiento del conflicto están relacionados con el aumento de la violencia. El asesinato de la joven salvadoreña, Victoria Esperanza Salazar Arriaza, a manos de la policía de Tulum, o las constantes noticias de guatemaltecos baleados en ciudades fronterizas, del sur o del norte, dan cuenta de un peligroso ascenso de la xenofobia, el racismo y la misoginia en toda la ruta que va de Centroamérica a Estados Unidos. (Rafael Rojas, La Razón, México, p. 7)
Bajita la mano, la Iglesia católica no está conforme con la política migratoria de la 4T, que encabeza el canciller Marcelo Ebrard . En un texto en su semanario Desde la Fe de esta Semana Santa, el departamento de Dimensión de Movilidad Humana de la CEM, presidida por monseñor Rogelio Cabrera López, se dice preocupado “especialmente por las políticas de persecución, detención, deportación y represión de la migración implementadas por el Gobierno de México, ya que han obligado a los migrantes a buscar rutas alternas que ponen en una situación de vulnerabilidad mayor ”.
El clero mexicano tiene cierta autoridad para hablar del asunto, ya que es la institución con la mayor red de protección a migrantes que existen en el país. En ese mismo texto señala que “han sido las casas del migrante las que acogen a estas personas, aún con las dificultades propias de la pandemia, y sin ningún tipo de apoyo por parte del Gobierno Federal, que tiene la responsabilidad directa de atender el fenómeno migratorio “. Así o más claro… (A La Sombra, El Sol De México, Republica, p.2)
El jueves pasado Grupo Reforma reportó que Tomás Yarrington se declaró culpable de lavado de dinero ante una Corte de Texas. Tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía, el ex gobernador de Tamaulipas (1999-2005) admitió haber recibido más de 3.5 millones de dólares en sobornos.
De esta manera, no será juzgado por otras imputaciones en su contra, como asociación delictiva, fraude bancario y narcotráfico.
De acuerdo con la investigación estadounidense, a cambio de sobornos millonarios por parte del Cártel del Golfo y Beltrán Leyva, Yarrington aseguró la vía libre a los narcotraficantes y facilitó el tráfico de drogas al país vecino.
Pero él no es el único ex gobernador de Tamaulipas que ha sido procesado por nexos con el narco. Sus sucesores, Eugenio Hernández Flores (detenido en 2017) y Egidio Torre Cantú, han sido acusados de lavado de dinero y desvío de más de 10 mil millones de pesos en recursos públicos, respectivamente.
Incluso Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador actual, también está siendo acusado por la Fiscalía General de la República por lavado de dinero, delincuencia organizada y fraude fiscal.
Así, Tamaulipas es uno de los pocos casos en México donde funcionarios de alto rango han sido procesados por su relación con grupos criminales.
Pero ¿qué sucede en Tamaulipas? ¿Es un Estado fallido? ¿Un “narcoestado”?
Desde 2006, el discurso político nacional nos ha asegurado que la colaboración entre el narco y el Estado se da en casos excepcionales. Nos han dicho que son “manzanas podridas” y errores del sistema. El narco se nos ha vendido como el gran “otro” que debe ser destruido y que amenaza la existencia misma del Estado mexicano.
Pero el caso de Tamaulipas nos muestra algo distinto.
Las acusaciones contra gobernadores, fuerzas de seguridad, empresarios y políticos locales, así como investigaciones académicas bien documentadas, demuestran que no sólo estamos hablando de un Estado funcional, sino de uno en donde el crimen organizado es compatible con las estructuras formales y que, incluso, puede ser utilizada para defenderlos.
En otras palabras: en Tamaulipas, la línea entre “nosotros” y “ellos” no está bien delineada.
Esta entidad ha sido un lugar importante para el tráfico ilegal desde hace 170 años. Además, con 18 puentes internacionales, tiene más pasos fronterizos que cualquier otro Estado.
Esto lo han aprovechado los cárteles que ahí surgieron, como el del Golfo, Los Zetas y, más recientemente, el Cártel del Noreste, quienes han construido redes nacionales y transnacionales para traficar narcóticos ilegales y generan miles de millones de dólares mediante el contrabando de inmigrantes, armas, heroína, cocaína y metanfetamina a través de la frontera.
Esto no hubiera sido posible sin redes de protección institucional, cooperación e integración de los grupos con el Estado.
Es bien sabido, por ejemplo, que el ex gobernador Emilio Martínez Manatou (1981-1987) eligió al sobrino de Juan N. Guerra, fundador del Cártel del Golfo, como alcalde de Matamoros.
También se ha demostrado que las policías estatal y local han sido protectoras de los grupos criminales y que en masacres tan terribles como la de San Fernando, los policías, en conjunto con Los Zetas, secuestraron, torturaron y asesinaron a 72 migrantes.
Los cárteles de la droga también se han integrado a la economía legal tamaulipeca. De acuerdo con Proceso, durante el gobierno de Hernández Flores, el Cártel del Golfo no sólo controlaba el mercado ilegal, sino que extendió su poder hasta manejar 34 por ciento de las actividades productivas como tortillerías y distribución de cerveza en estadios, bares y tiendas.
Por todo esto, el caso de Tamaulipas nos da una lección: ya es tiempo de dejar de creer que el narco vive en un México distinto y que son sólo las “manzanas podridas” las que ejercen como puentes a ese mundo que nos parece tan distante.
Debemos reconocer que los cárteles de la droga no pueden existir sin la gobernanza estatal, la economía legal y las redes políticas y sociales con las cuales subsisten.
Si algo nos ha enseñado la militarización y la mal llamada “guerra contra las drogas” es que al narco no se le puede “destruir” con las armas, porque se ha construido, crecido y transformado junto al Estado mexicano. (Mónica Guerrero, Reforma, Opinión, p. 8)
Uno de los capítulos más vergonzosos de la humanidad fue la deplorable trata trasatlántica de esclavos consecuencia del racismo practicado por el colonialismo de los países predominantes.
Durante cuatro siglos, más de 15 millones de hombres, mujeres, niñas y niños del África sufrieron el brutal sistema de esclavitud practicado en los continentes europeo y americano, siendo la mayor migración forzada de la historia; ahí están los grandes asentamientos de poblaciones afroamericanas.
Inglaterra, Francia, Estados Unidos y Brasil se convirtieron en potencias mundiales por medio de esta infame explotación, al someter a familias enteras durante décadas en trabajos extenuantes en sus plantaciones de café, azúcar, tabaco y algodón.
En 1791, un grupo de esclavos se rebelaron contra el sistema de Saint-Domingue (hoy Haití) para obtener su libertad y su independencia.
En México, en 1813, fue Chilpancingo, Guerrero, la sede donde José María Morelos y Pavón firmó Los sentimientos de la nación, para la abolición de la esclavitud en nuestra República.
El trato recibido era denigrante y ofensivo a la dignidad humana, al ser encerrados en barracas oscuras e insalubres (sin alimento y agua), donde los ataban con cadenas hasta proceder a su venta mediante subastas públicas, adjudicados a “sus nuevos dueños”, los trasladaban a las haciendas donde vivían peor que animales.
Existen formas modernas de esclavitud, como el reclutamiento de adolescentes por la delincuencia organizada para convertirlos en halcones, vigías en entradas y salidas de pueblos y ciudades para, después, convertirlos en vendedores de drogas en las zonas urbanas y turísticas del país.
La explotación sexual de mujeres, niños y niñas para ejercer la prostitución e intercambiar servicios sexuales a cambio de dinero es, sin duda, la esclavitud más lucrativa de todas.
La trata de personas basada en el engaño por parte del traficante a través de mentiras, coacción o abuso para conseguir una posición de dominación en sus víctimas, aprovechando su precariedad económica y cultural.
Esto sucede en todas las regiones del mundo, preponderantemente con migrantes; es común que personas desesperadas paguen fortunas por salir de sus países con la promesa de conseguirles trabajos prósperos, terminando como víctimas de las redes del crimen organizado mundial.
No es casual cómo “enganchan” a las jovencitas con el señuelo de conseguirles “empleos lucrativos”, como edecanes o modelos, las secuestran y vulneran para volverlas adictas a las drogas; al esclavizarlas con violencia, las explotan en la prostitución de calles y clubes nudistas de todo el mundo. Datos de la ONU refieren que 168 millones de niños y niñas trabajan bajo coacción para el beneficio de terceras personas.
El matrimonio infantil y forzado afecta a mujeres y niñas que son obligadas a contraer matrimonio sin posibilidad de elección y en contra de su voluntad, se estima que 12 millones de niñas lo viven anualmente.
El trabajo de servidumbre refiere a las personas que adquieren un préstamo o adeudo importante y se obligan a trabajar muchas horas en pésimas condiciones por un salario irrisorio para hacer frente a sus pagos. Ahora, en la pandemia, en el home office se da el “exceso laboral”, pues muchas personas trabajan sin las condiciones mínimas; al ser obligadas al trabajo en casa desarrollan jornadas laborales con horarios por encima de los señalados en la ley. El trabajo forzoso de personas que trabajan para organizaciones, gobiernos o individuos en diferentes contextos, como campos de concentración, explotaciones agrícolas, fábricas, barcos pesqueros y procesadores de productos. (Juan Carlos Sánchez Magallán, Excélsior, Editorial, p. 10)