Los de abajo
Agrava extorsión a trabajadoras sexuales
Uno de los sectores más castigados por la actual pandemia es el de las trabajadoras sexuales en todo el país. Aquí conviven todas las violencias posibles: física, social, económica y política, como quedó expuesto en el XXIV Encuentro de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.
La grave crisis económica detonó que el número de trabajadoras sexuales se incrementara en 100 por ciento en 25 de los 27 estados del país en los que trabaja la Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, de acuerdo con un informe de esta organización que acompaña a las trabajadoras desde hace más de 25 años.
Mucho de lo que habíamos ganado en los últimos años lo hemos perdido, no porque se haya dejado de trabajar en la calle, sino porque las instituciones no se han involucrado, señala Elvira Madrid Romero, presidenta de la Brigada Callejera, y advierte que con la llegada del coronavirus aumentó la extorsión por parte de la delincuencia organizada y las autoridades, además se incrementaron la violencia en las calles, los casos de trata de personas y los contagios de VIH.
El aumento del trabajo sexual, derivado de la crisis económica, se encontró con las restricciones sanitarias que orillaron a las trabajadoras sexuales a ejercer en la clandestinidad, la cual las expone a una mayor extorsión, por lo que exigen la reapertura de bares, cantinas y centros nocturnos con medidas de higiene.
En el encuentro se señaló que la crisis ha forzado también el desplazamiento de más mujeres centroamericanas que ejercen el trabajo sexual en Chiapas, donde aumentaron las agresiones por parte de clientes y autoridades, que ellas no se atreven a denunciar por temor a ser deportadas.
Por su parte, el colectivo Cihuatlahtolli de Orizaba, Veracruz, acusó que con la pandemia se ha negado la posibilidad de acceder a la salud sexual, pues, en lugar de repartir gratuitamente los condones, los funcionarios comenzaron a venderlos u ofrecerlos a cambio de servicios sexuales sin paga.
Este Encuentro lo vivimos con más retos y coraje, señala Elvira Madrid, quien exige al gobierno una batalla efectiva contra la delincuencia organizada. (Gloria Muñoz Ramírez, La Jornada, (Gloria Muñoz Ramírez, La Jornada, Política, p.14)
Justicia para trabajadores agrícolas migrantes
Una de las cosas que ha dejado la crisis sanitaria provocada por el Covid-19 es percatarse de la importancia del sector agrícola para las economías de México y de Estados Unidos (EU) y, sin duda, para nuestra vida cotidiana. Al mismo tiempo que el gobierno estadunidense clasificó a los trabajadores agrícolas migrantes como esenciales, se han puesto de relieve en este sector las condiciones precarias de trabajo y los riesgos que enfrentan para que cada uno de nosotros pueda satisfacer la necesidad de alimentarse.
En México las personas trabajadoras migrantes agrícolas continúan laborando invisibilizadas, en condiciones precarias e incluso en mayor vulnerabilidad, luego de la cancelación, en 2019, del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas. La vulnerabilidad es múltiple, pues a estas condiciones laborales, se suma el contexto de pobreza de las comunidades en las que viven y su condición de migrantes.
En nuestro país hay cerca de 2.5 millones de personas que se emplean en la industria agrícola de forma temporal. Ellas y ellos normalmente migran del sur al norte del territorio mexicano; se calcula que alrededor de 200 mil personas cruzaron en 2019 la frontera entre México y Estados Unidos, utilizando visas H2A. Este tipo de documentos permiten a migrantes trabajar de manera temporal en la industria agrícola en EU. Los trabajadores agrícolas migrantes en México también forman parte de la cadena de suministro trasnacional, pues cerca de 60 por ciento de las exportaciones agrícolas de México tienen como destino Estados Unidos.
El sistema laboral que perdura en la industria agrícola es sumamente desigual y genera una serie de desventajas para quienes se emplean en su escalafón más bajo. Por las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan, por la limitada capacidad de las autoridades a cargo de regular el sector y sus condiciones de empleo, y por la alta opacidad de empleadores y reclutadores, las violaciones de derechos son amplias.
Algunas organizaciones de la sociedad civil en México y en Estados Unidos han documentado y denunciado condiciones de explotación laboral, en ocasiones de esclavitud, que incluyen cobros ilegales y fraudes durante el reclutamiento, irregularidades en el monto y pago de los salarios, jornadas laborales que sobrepasan las ocho horas, retención de salarios o falta de pago, así como carencia de prestaciones sociales, falta de acceso a servicios de salud y vivienda, y abusos y maltrato por parte de los empleadores.
Las mujeres sortean mayores dificultades, a menudo son objeto de discriminación en el reclutamiento, hostigamiento y acoso sexual por parte de supervisores o empleadores. El incumplimiento de las reglas impuestas por las empresas, y la denuncia o demanda de derechos, pueden implicar el despido o la amenaza de no volver a ser contratados. Si bien es clara la responsabilidad de las instituciones estatales de respetar y proteger los derechos humanos de las y los trabajadores en México y en EU, el sector privado juega un papel fundamental en asegurar la implementación de estándares internacionales y medidas de debida diligencia.
Las herramientas en esta materia son varias y accesibles a través de iniciativas que promueven el reclutamiento responsable y buenas prácticas durante el empleo, como el proyecto Reframe, de la Organización Internacional del Trabajo o las guías y herramientas puestas a disposición por organizaciones como Verité.
La transformación hacia un cambio sostenible requiere de esfuerzos e iniciativas del sector privado para transitar hacia procesos de reclutamiento y condiciones de empleo con mejores prácticas y compromiso con los derechos humanos de los trabajadores agrícolas migrantes. Diversas iniciativas de organizaciones de trabajadores en ambos lados de la frontera han impulsado acciones a través de las cuales contribuyen a la creación de un sistema laboral más equitativo. Ejemplos como la Alianza Campo Justo, que incluye la participación de trabajadores agrícolas migrantes de la Montaña de Guerrero, que acompaña el Centro de Derechos Humanos Tlachinollan, y el proyecto Periplo, impulsado por la Fundación Avina en México, son una muestra de ello.
La suma de fuerzas, a través de iniciativas como Periplo, proyecto que conjunta a varias organizaciones de la sociedad civil que impulsan tanto el fortalecimiento de capacidades y conocimientos en derechos laborales de los trabajadores, como la promoción de buenas prácticas en el sector privado y la formulación de recomendaciones en políticas públicas, señalan que el cambio sistémico necesita de la participación de diversos actores para la generación de una transformación de la industria y de las condiciones desiguales que en ella imperan.
Las alianzas y diálogos multisectoriales que se puedan gestar a través de iniciativas como Periplo son fundamentales para la generación de un cambio sostenible en el largo plazo. (Miguel Concha, La Jornada, Opinión, p.17)
Por la Verdad y la Justicia
Bajo el mando del general Antonio Riviello Bazán, secretario de la Defensa Nacional entre 1988 y 1994, y con el objetivo de modernizar al Ejército mexicano, se impulsó la creación de los Grupos Aeromóviles de Fuerzas Especiales (Gafes), grupos de élite con militares entrenados en el extranjero (Estados Unidos (EU), Israel, Francia, Guatemala, Chile, etcétera). Adiestrados para realizar operaciones de contrainsurgencia, a los Gafes les fue asignada la misión, en la década de los 90, de dar un golpe quirúrgico contra los zapatistas, un golpe a la cabeza del EZLN. La misión se complementaría luego con un golpe total.
Arturo Guzmán Decena, Arturo Lazcano Lazcano y otros miembros de los Gafes desertaron y fundaron el grupo criminal Los Zetas. Entre las tareas de entrenamiento de la organización criminal también participaron antiguos integrantes de los Kaibiles, grupo de élite del ejército guatemalteco, una de las unidades militares de Centroamérica que reciben mayor asistencia por parte de EU.
Como se sabe, Los Zetas es una de las organizaciones criminales que más terror ha sembrado en México. Recientes investigaciones de la Comisión Nacional de Búsqueda de la Secretaría de Gobernación apuntan a que nueve centros de exterminio identificados en el noroeste del país se ubican en lo que fue su zona de influencia.
La transición de Los Zetas de un grupo de élite militar a uno criminal no impidió que continuara haciendo las tareas para las que originalmente fue planeado: labores de contrainsurgencia. Oaxaca fue uno de los teatros de operación.
En 2006, en plena rebelión popular encabezada por la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO), el gobernador Ulises Ruiz ordenó una violenta represión contra actores del movimiento popular que implicó desapariciones forzadas, tortura, ejecuciones extrajudiciales y caravanas de la muerte. Para ejecutar dicha represión, Ulises Ruiz recurrió a “todo el aparato estatal de manera ‘legal’”, pero también a la acción de grupos armados ilegales, esto de acuerdo con el informe de la Comisión de la Verdad sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo oaxaqueño en 2006 y 2007 (versión popular).
Arturo Peimbert, quien fuera titular de la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, es más directo: “una ecuación comprobada aplicada por Ulises Ruiz, en la que se utilizaron fuerzas parapoliciales para colaborar y hacer el trabajo sucio de las fuerzas de seguridad de los tres órdenes de gobierno y es el primer caso en que se comprueba la participación en estas acciones [de] integrantes del crimen organizado, específicamente Los Zetas, a partir de los testimonios de las víctimas” (https://bit.ly/3iTrTZ4).
Al igual que otros grupos del crimen organizado, Los Zetas no se limitaron al negocio de las drogas, también entraron en el del carbón, de la gasolina, a la extorsión y a los más de 20 delitos que forman parte del crimen trasnacional organizado, una de las expresiones más brutales del capitalismo global hoy (https://bit.ly/3f6AO8t).
La historia de Los Zetas es un ejemplo claro de ese mundo en donde se ha borrado toda frontera entre lo legal y lo ilegal, donde el Ejército, policías, gobiernos municipales, estatales y federales, así como empresarios y crimen organizado se fusionaron en una verdadera máquina de guerra contra pueblos enteros, contra organizaciones populares, pueblos indígenas, personas migrantes, contra hombres, mujeres, ancianos, niños, niñas…
¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo fue que se autorizaron recursos públicos del Estado mexicano para entrenar y financiar a este grupo que después se convirtió en nuestro verdugo? ¿Quiénes tomaron las decisiones que llevaron a esto? ¿Quiénes les garantizaron impunidad o fueron omisos ante sus acciones?
Por las víctimas de Aldama, por las 72 personas migrantes asesinadas en San Fernando, por las más de 300 mil personas asesinadas y las más de 85 mil personas desaparecidas de 2006 a la fecha… Por Tlatelolco, Ayotzinapa, Acteal, Aguas Blancas, Tlatlaya… Por todos los crímenes de Estado, por toda la barbarie que hizo de nuestro país una gran fosa clandestina. Por todo eso y mucho más, es tiempo ya de que los y las de abajo salgamos a buscar Justicia, una justicia que no vendrá de arriba ni llegará sola. Necesitamos conocer la Verdad y emprender procesos de Memoria para dignificar a todas nuestras víctimas. Porque como dice el EZLN, no puede haber vida sin verdad y justicia. (Raúl Romero*, La Jornada, Opinión,p.18)