En la memorable serie televisiva de la década de los años noventa “México en la obra de Octavio Paz”, el único —y posiblemente el último— premio nobel de literatura que ha dado este país, afirmaba que la tragedia de los pueblos prehispánicos, que propicia su desaparición, como identidad cultural, fue el no suponer la existencia de otros hombres de razas diferentes.
Desde entonces, lejos de aprender la lección, el factor “exógeno” ha servido para expiar nuestros propios errores y evitar vernos en el espejo como pueblo o pueblos originarios de estas tierras, permaneciendo el rencor aletargado por tres centurias y que reaparece con furia en la guerra de independencia, a lo que le sigue todo un siglo de una narrativa política de un “nacionalismo criollo” frente a lo que se considera como pernicioso para el país, a la extranjería. Cuyo último soplo de demagogia, lo da el nacionalismo revolucionario que se instaura luego del movimiento armado de principios del siglo XX.
Empero, la misma realidad pone al descubierto, en cada etapa de nuestra historia, que el aislamiento simplemente nos condena al atraso económico y cultural, y que incluso en los momentos más críticos, la presencia extranjera evita nuestro naufragio total como nación-Estado, en medio del caos y la anarquía.
Por descargo de prueba, fueron extranjeros los que lograron preservar la memoria escrita del pasado indígena, los que introdujeron los valores de una cultura basada en la dignidad humana, los que incorporaron en cada época técnicas y avances científicos de vanguardia, y, por ende, los que incentivaron el desarrollo económico.
Naciones exitosas, enarbolan el día de hoy que su fórmula consistió, en constituirse a partir de la interacción de razas y pueblos diversos, en el marco de instituciones sólidas, garantes de libertades y derechos humanos, como del irrestricto respeto a la ley.
Es posible que, en México, esa suerte de orfandad que nos ha acompañado desde la Conquista, junto con el victimismo y la desconfianza, lo que explique la escasa presencia de población extranjera residente en el país a lo largo de nuestra historia.
De acuerdo con datos oficiales del último Censo de Población y Vivienda (2020), no llega ni siquiera al 1% de la población total del país, compárese por ejemplo con el más del 13% de extranjeros residentes en España en el año pasado.
La presencia extranjera aquí, se limita —lo cual no es un asunto menor— a grandes inversiones económicas y financieras, resultado a su vez, de un enorme mercado consumista de todo tipo de artículos y servicios, lo cual no nos debería llenar de alegría, pues los capitales van donde obtienen mayor ganancia, caso contrario, cuando las condiciones de inseguridad jurídica e inseguridad pública no lo garanticen, simple y sencillamente emigrarán a otros latitudes, y con ello, la fuente de innovación científica y tecnológica ante el nulo aporte de universidades y centros superiores financiados con recursos públicos.
La otra presencia es la del turismo, que de acuerdo al Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) nuestro país ocupa el octavo lugar entre los países más visitados, aunque no se sabe con precisión el porcentaje del PIB que ello representa —el Inegi lo ubica junto con el turismo nacional en el 8.6%— sin duda es un aporte para la economía. Sin embargo, en los dos últimos años se ha registrado una ligera disminución tanto de viajeros estadounidenses como de sudamericanos.
Eso, explicable, por las alertas de viaje del gobierno estadunidense para que sus connacionales no visiten determinadas zonas por la inseguridad prevaleciente, que en 2025 ha alcanzado a 30 de las 32 entidades federativas, sumándose a la información de la inteligencia del mismo país que supone el control de áreas del territorio por el crimen organizado.
No hemos entendido que ha sido la benevolencia de la naturaleza, junto con la cercanía de la principal potencia económica del mundo, lo que ha propiciado que nuestro país siga siendo atractivo para el turismo enfocado principalmente a zonas de playa y sol, rechazando adentrarse, por obvias razones, al “México profundo”, el mejor ejemplo es el fracaso del Tren Maya, si no, hay que preguntárselo al turismo español que frecuenta esa zona.
Por ello, resulta sorprendente, que en gratitud a los extranjeros y extranjeras que visitan nuestro país, autoridades federales y de las entidades, no hayan implementado un programa de seguimiento en aras de su protección ante el riesgo de que el crimen organizado, amplíe sus operaciones hacia ese sector vulnerable. Como es absurdo que el gobierno de la CDMX no tenga un solo módulo bilingüe en la capital en atención a todos ellos, peor aún, que se les señale como una de las causas de la “gentrificación” de zonas de capital, en perjuicio -se dice- de comunidades “originarias” que se ven “expulsadas”.
Sería inconcluso este artículo, si no se mencionara un tercer sector de extranjería, producto también de la posición geográfica del país, pero que en el último lustro se ha agravado derivado a una política migratoria errática, nos referimos a las decenas de miles de inmigrantes, provenientes principalmente de Centroamérica, que de manera irregular utilizan el país como tránsito en busca del “sueño americano”.
Su misma situación los convierte en presa fácil de la delincuencia organizada, sin que se conozca con exactitud cuántos han optado por quedarse en el país temporalmente y a qué actividades se dedican. Sean bienvenidos todos aquellos y aquellas que desean asentarse en territorio aportando virtudes y respetando las normas de convivencia, no así los que comparten conductas y hábitos que son las causantes de la postración y atraso en que el país, en promedio, se encuentra y se niega a salir.
Lo cierto, es que, ante los ojos del mundo, de los extranjeros y extranjeras, no somos un foco de atracción como modelo de sociedad, por mucho que se presuma nuestra gastronomía y el tequila como sello distintivo, en que vale advertir, datan desde hace siglos.
Los que hemos viajado fuera del país por razones académicas, haciendo largas escalas en diferentes aeropuertos de Europa y Norteamérica hemos podido constatar la creciente atracción de europeos, estadounidenses y canadienses por personas de nacionalidad china, sin duda, por la admiración que genera un país que ya disputa la supremacía económica y financiera a nivel mundial, que es el principal en ingeniería robótica, en tecnología sustentable y no contaminante, que se prepara para enviar misiones espaciales permanentes a la Luna y Marte, que le da prioridad al aprendizaje de las lenguas extranjeras, etc.
Caso contrario, no lo puede ser un pueblo cuyo estigma es el analfabetismo cultural, la violencia y la corrupción, de hombre y mujeres, de ricos y pobres. (Héctor Fernández Pedroza, El Universal, Opinión, Online)
En un reporte que al mismo tiempo es advertencia y lamento, The Washington Post afirmó que las autoridades militares estadounidenses “preparan una fuerza especial para enfrentar disturbios civiles dentro de Estados Unidos”. La “Fuerza de Reacción Rápida” sería formada por unos 23 o 24 mil hombres, con elementos de la Guardia Nacional (reserva militar) de cada estado.
El mandato tiene mucho que ver con los presuntos disturbios creados por la campaña de deportaciones masivas, desarrollada por el gobierno Trump, y por supuesto, con la intención de subrayar los problemas de criminalidad de inseguridad en la ciudad gobernadas por el partido demócrata. No es extraño, dado que son las ciudades donde dominan las vías técnicas. Los índices de pobreza son mayores.
Pero más allá, la orden sugiere una creciente presencia de policías y soldados, su pretexto de inseguridad exagerada, y un mayor control de la población, siempre con el pretexto de seguridad nacional y al parecer, según el criterio del mandatario, o sus ayudantes.
En el caso actual, junto con el envío de agentes de migración, pueden ser usados no solo para sofocar la resistencia que provoquen, sino el presagio de intervenciones que se creían superadas hace mucho en Estados Unidos. Peor aún, hay quienes creen que solo pueden aumentar en tamaño y frecuencia, con la presencia incrementada de agentes federales y de migración, empoderados ahora de tal forma que parece se sienten libres de detener a cualquiera y verificar sus documentos.
De acuerdo con The Washington Post, “el Pentágono ha ordenado a miles de efectivos especializados de la Guardia Nacional que completen el entrenamiento para misiones de control de disturbios civiles durante los próximos meses, lo que indica que el esfuerzo del gobierno de Trump por enviar fuerzas militares uniformadas a centros urbanos –antes reservadas para emergencias extraordinarias– podría convertirse en la norma”.
Las implicaciones políticas son, o podrían ser, enormes. Por un lado, el envío de fuerzas militares a centros urbanos se había limitado las últimas décadas a cuidar el orden en caso de desastres naturales, y cuando no, como en el caso de los motines raciales de Los Ángeles en los años 70 y 80, siempre de manera limitada.
Pero raramente se usaron Guardias Nacionales de otros estados, como es el caso, aunque algunos gobernadores estatales enviaron elementos a “apoyar” las operaciones fronterizas del gobernador republicano de Texas, Greg Abbott.
Por otro, el gobierno Trump encuentra una creciente desaprobación pública, pero al mismo tiempo el mandatario parece haberse apropiado del derecho de usar las fuerzas militares estadounidenses a su antojo, lo que incluye no solo matar presuntos delincuentes en el extranjero, sin supervisión alguna, o enviarlas a ciudades estadounidenses a pesar de la oposición de las autoridades locales, como es el caso. (José Carreño Figueras, El Heraldo de México, Orbe, p. 39)
Una de las formas de dominación más refinadas creadas por los poderosos, es haber multiplicado las confusiones, digamos, sistémicas. Buscan inducir a las poblaciones a cometer errores, esconden datos clave que permiten interpretar hechos, quieren paralizar la capacidad de reflexionar y de pensar. Se trata de modos complementarios de impedir que las y los de abajo comprendamos el mundo de hoy y hacia dónde nos dirigimos, para poder actuar en consecuencia.
Desde hace tiempo hablamos sobre el papel de la información como forma de inhibir el pensamiento. No me refiero solamente a las fake news, las mentiras difundidas abiertamente en redes sociales, sino a lo que señalan físicos y filósofos de que la mente no piensa con información sino con ideas. Por eso, atosigarnos con informaciones, aún veraces, que no pueden ser ordenadas porque no se manejan las ideas capaces de jerarquizarlas, descartarlas o incorporarlas a patrones determinados, es una de las estrategias más sutiles de dominación.
Cuando perdemos la capacidad de comprender dónde estamos y quiénes somos, nos convertimos en presas fáciles del sistema que nos oprime. Millones celebran a quienes los oprimen, perdiendo toda capacidad de identificar aquello que los perjudica. En tiempos de caos sistémico, de guerras y genocidios, estas confusiones cuestan vidas y, por supuesto, favorecen a los de arriba.
Quiero aportar una información que puede contribuir a explicar por qué Trump ha enviado militares a varias grandes ciudades como Nueva York, Chicago, Washington y Los Ángeles. Se trata de una guerra civil. Estamos ante la militarización de la sociedad estadunidense de forma similar a lo que viene sucediendo en América Latina, aunque con manifestaciones diferentes.
En Nueva York se ha creado la Comisión de Cuidado de la Comunidad, “un grupo que surge a partir del incremento de las amenazas de secuestro por parte de autoridades de migración y de la, cada vez mayor, presencia de la policía de las calles”, según un artículo del medio El Molino Informativo (https://goo.su/DsdgX). Aseguran que se inspiran en las estrategias de autodefensa de sus comunidades originarias de México, Honduras y Guatemala, de donde proceden buena parte de sus integrantes.
En su mayoría son mujeres mayas, garífunas, nahuas, tu’un savi y naa savi, que “monitorean las calles del sur del Bronx a través de un sistema de información vecinal que incluye grupos de comunicación instantánea, cámaras de vigilancia, teléfonos de emergencia, mapas territoriales y operativos nocturnos para prevenir la actividad criminal del gobierno y cualquier actividad sospechosa en el barrio” (las cursivas en el original).
Aseguran que la policía está levantando a vendedores ambulantes, cerrando parques y vigilando personas, “al mismo tiempo que permite la presencia de autoridades criminales como las de migración, que entran al barrio con el rostro cubierto y sin identificarse para llevarse a nuestras familias”. Aunque la organización nació en el Bronx, está incrementando su presencia en Queens y Brooklyn como forma de hacer respetar sus derechos. Algunos migrantes aseguran que en otras ciudades están naciendo organizaciones similares, que defienden a la población frente a las agresiones del Estado.
Esta sencilla información nacida de la propia comunidad, escrita por un compañero de camino, ayuda a comprender qué está sucediendo en Estados Unidos, en particular en las grandes ciudades, y permite asegurar que Trump no es ningún loco o desviado, sino que responde a los intereses de su clase dominante y a los de su nación imperialista. Destaco cuatro puntos.
El primer punto es que todos los imperios caen por crisis interiores, como sabemos por lo menos desde la caída del imperio romano hace dos milenios. Por eso, es imprescindible para el capitalismo controlar a la población que vive en Estados Unidos.
El segundo, es que la famosa democracia estadunidense (y mundial) si algún día existió realmente, es ya cosa del pasado, algo que ya no les sirve para sostener el capitalismo. En el ejercicio democrático, caen los derechos y quedan en pie sólo las elecciones, porque hace tiempo aprendieron a manipular a la opinión pública.
El tercero, quizá el central, es que los poderosos identificaron quiénes son los sujetos colectivos que pueden resistir la dominación y convertirse en los sepultureros del imperio. Quiénes son los que pueden repetir la historia de los “bárbaros” invasores que destruyeron Roma: los que hoy no tienen nada que perder salvo sus cadenas, o sea los millones de migrantes sin papeles.
Cuarto, ya no llama la atención que los progresistas y los partidos de izquierda sean los últimos en comprender estas realidades. ¿Será que ya son parte del intento de ocultar la realidad, porque colaboran de algún modo con los opresores? Tengo claro que es una pregunta incómoda, pero siento que no es momento para hacernos los distraídos ni los incautos. (Raúl Zibechi, La Jornada, Opinión, p. 18)
Las soluciones inmediatas son tentadoras, especialmente cuando se presentan como promesas de “paz” bajo un discurso de mano dura, en sociedades cansadas de la violencia y la impunidad. El modelo Bukele, caracterizado por un régimen de excepción continuo, detenciones masivas y un enfoque penitenciario represivo, se ha promovido como una vía rápida hacia la seguridad, lo que genera una discusión necesaria.
Beatriz Magaloni y Alberto Díaz-Cayeros, investigadores de la Universidad de Stanford, han documentado con precisión cómo el modelo salvadoreño —celebrado por la drástica reducción de homicidios— se sostiene en la suspensión prolongada de derechos, el encarcelamiento de casi 2% de la población —incluido alrededor de 10% de las y los jóvenes— y un patrón sistemático de detenciones arbitrarias y condiciones carcelarias inhumanas. Bajo el régimen de excepción, más de 85,000 personas han sido detenidas y, según organizaciones de derechos humanos, al menos 20,000 de ellas serían inocentes.
Lo que comenzó en 2022 como una medida temporal se ha extendido indefinidamente, mientras se desmantelan los contrapesos judiciales y legislativos. La aparente “paz milagrosa” descansa sobre un entramado de terror legal y penitenciario que erosiona el Estado de derecho y que, sin una transformación social y económica de fondo, solo podrá sostenerse mediante una represión continua.
El fenómeno tiene ya entusiastas seguidores. Gobiernos como los de Honduras, Ecuador y Argentina coquetean con sus propias versiones del “milagro Bukele”: regímenes de excepción permanentes, militares convertidos en policías y un relato que convierte la renuncia a las libertades en gesto patriótico. La pendiente es resbaladiza: lo excepcional se vuelve costumbre, la ilegalidad se disfraza de eficacia y la democracia se acomoda, dócil, en el margen de la rutina autoritaria. Encandilados por las cifras de delitos a la baja y el espectáculo del castigo, algunos gobiernos creen haber encontrado en El Salvador una receta exportable: una paz rápida, autoritaria y con público agradecido.
Cuando en marzo de 2025 Bukele propuso en X que México adoptara su estrategia “estado por estado” contra los cárteles, Sheinbaum respondió con firmeza, exigiendo respeto y recordando que México tiene su modelo de seguridad. Sin embargo, algunos gobiernos locales han sucumbido a la tentación. En Uruapan, Michoacán, el alcalde Carlos Manzo, apodado el “Bukele mexicano”, promueve la cero tolerancia: ordena abatir a delincuentes armados o que resistan la detención, y ha invertido en camionetas blindadas, drones y cámaras de vigilancia. Su liderazgo autoritario le ha ganado respaldo del empresarios, cansados de la extorsión del crimen organizado.
En Estados Unidos, Trump ha desplegado una política similar, aunque dirigida contra la población migrante. Al igual que Bukele, utiliza la comunicación como una herramienta estratégica para moldear percepciones, simplificar problemas complejos y proyectar control. Detrás de eso, se acumulan los excesos y la erosión de los límites legales: expansión de las facultades del ICE, deportaciones sin debido proceso, redadas indiscriminadas y detenciones arbitrarias. Como Bukele, ha hecho de la popularidad una forma de gobierno, sustentada en el miedo y la promesa de un orden absoluto, donde la apariencia de autoridad importa más que el respeto a la ley.
El riesgo de la bukelización no consiste solo en replicar una estrategia de seguridad, sino en adoptar un estilo de gobierno que roza la dictadura, que ve la ley como un obstáculo, considera prescindible al poder judicial, percibe a la prensa y a las ONG como enemigos, y acalla toda disidencia. En contextos de hartazgo social, este enfoque puede resultar políticamente rentable.
¿Hasta qué punto la frustración social legitima medidas que erosionan derechos y libertades? El verdadero desafío para México y la región no es imitar fórmulas autoritarias, sino demostrar que la eficacia puede alcanzarse dentro de la legalidad. La paz genuina no se decreta: se construye con justicia, instituciones fuertes y un Estado capaz de respetar y hacer cumplir sus propias leyes, sin excluir a ningún sector de la población. (Eunice Rendón, El Universal, Nación, p. 5)

(Llera, Excélsior, Nacional, p. 10)

(Rictus, El Financiero, Nacional, p. 44)