Una de las máximas de políticas públicas en los países serios es: “Prioridad que no se refleja en el presupuesto, no es prioridad”. La versión mexicana es desde luego ligeramente distinta: “Amistad que no se refleja en la nómina, no es amistad”. Pero, aunque se trate de México, podemos utilizar la visión de países más robustos para ver hasta qué punto lo que el gobierno ha venido diciendo sobre sus preparativos ante la próxima llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, son en efecto verosímiles.
Las autoridades han dicho que están haciendo todo lo posible para prepararse ante la inminente, aunque incierta todavía, deportación de decenas o cientos de miles de mexicanos y de otras nacionalidades desde Estados Unidos. No hay motivo para descreer de ello, pero las cifras presupuestales son ligeramente diferentes. Por ejemplo: la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, que no atiende necesariamente ni a mexicanos deportados de Estados Unidos ni a venezolanos o salvadoreños o guatemaltecos que corran la misma suerte, pero que sí debe trabajar con los cientos de miles de personas de otras nacionalidades que han llegado a México, registra en el 2025 el peor de sus presupuestos en los últimos 8 años, con un recorte de 10%. Sabemos que, durante todo el sexenio de López Obrador, la Comar fue el pariente pobre del gobierno federal.
En cuando al Instituto Nacional de Migración, que según nos dice la presidenta, experimentará una transformación radical este año, pero que por lo pronto sigue dirigido por Francisco Garduño, el verdugo del albergue de Ciudad Juárez, va a padecer una reducción en su presupuesto del 14% en relación a su presupuesto del año anterior. Como dice el periódico Reforma: “Este monto equivale a una reducción al 29% con respecto al 2018 y representa el presupuesto más bajo en términos reales registrados desde entonces por la institución.”
Es cierto que algo del trabajo de recibir a los migrantes lo llevarán a cabo otras instancias. Por ejemplo, la Guardia Nacional seguramente seguirá cazando migrantes en todo el sur-sureste del país, en el Istmo de Tehuantepec y en las carreteras y ferrovías. De la misma manera tal vez sea la Secretaría del Bienestar o la propia Defensa que vayan a encargarse de recibir a los mexicanos deportados de Estados Unidos y los recursos presupuestales para ello se encuentran en esas dependencias. Pero por lo pronto no es muy alentador el panorama que vemos en Comar e Inami.
Los consulados de México en Estados Unidos, como sabe cualquier persona que haya seguido mínimamente de cerca su trabajo a lo largo de los últimos 30 o 40 años, es poco lo que pueden hacer por los posibles deportados en Estados Unidos. El programa de abogados, asesores o consultores que se estableció desde la época de Fernando Solana, realiza una labor muy eficaz de protección, pero se refiere más bien a los mexicanos que suelen ser detenidos injustamente o que enfrentan otro tipo de adversidades en Estados Unidos. Por definición, los consulados no pueden hacer mucho para evitar deportaciones, y los abogados, asesores o consultores tampoco. Dicho esto, es loable el esfuerzo que parece estarse haciendo para activar a nuestro medio centenar de consulados en Estados Unidos para que le echen más ganitas.
Sabemos que el presupuesto total de la SRE es de 9,294 millones de pesos; de éstos, 75 millones se destinan a atención a migrantes, 134 millones a grupos vulnerables y 4 millones a niños y niñas. Sin embargo y a reserva de poder conseguir cifras más granulares sobre el presupuesto específico de las dos direcciones generales de la Secretaría de Relaciones Exteriores dedicadas a protección etc, y lo mismo con el Instituto de Mexicanos en el Exterior, podemos inferir lo siguiente: si a la Cancillería en su conjunto se le recortó el presupuesto en más de 8% para 2025, y si recordamos que 75% del presupuesto de la Cancillería se dirige al pago de cuotas a organismos internacionales y a la nómina de los que trabajan en la institución y que no son programables, es decir, no están sujetos a reducción o recorte, es difícil imaginar que no se haya concentrado el recorte del 8% justamente en todas las labores que hace la Cancillería además del gasto en nómina y los organismos internacionales. Lo más probable es que las direcciones de protección y de servicios consulares hayan sufrido recortes extremos en lugar de cualquier aumento.
No va a ser fácil enfrentar a la deportación. Lógicamente se debiera dar ya un encuentro entre miembros del gabinete de la presidenta Sheinbaum con los colaboradores del presidente electo Trump. Varios altos funcionarios, principalmente el canciller, pueden entrevistarse sin mayor dificultad con el consejero de Seguridad Nacional, Mike Waltz, ya que no está sujeto a ratificación por el Senado, o con Tom Homan, el zar de la frontera, por odioso que sea. Ya vimos cómo un par de ministros del gobierno de Canadá se entrevistó con un par de próximos titulares de secretarías en Estados Unidos -Comercio y Homeland Security- es decir, Trump no está esperando a la ratificación por el Senado para permitirle a los miembros de su gabinete a reunirse con sus homólogos de otros países. Cuando esas reuniones sucedan, en las próximas dos semanas, sabremos con más precisión de cuántos deportados se trata, sobre todo en un primer momento, que será desde luego el que más le interesa a Trump por ser el de máxima exposición mediática. Pero volvamos a lo mismo: prioridad que no se refleja en el presupuesto, no es prioridad. Y por lo tanto si en efecto el gobierno de Sheinbaum quiere darle prioridad a proteger y recibir a los mexicanos que vendrán y también a todos los extranjeros que ya están en México y a los extranjeros que seguramente nos va a enviar Trump también, quizás sería el momento de empezar a modificar algunas líneas del presupuesto para que reflejen esa prioridad. (Jorge Castañeda, El Universal, Nación, p. A8)
Ciudad Juárez nos recibió en marzo con un triste memorial para los 40 migrantes muertos por el incendio en la estación migratoria del INM, que por negligente no paró el fuego y sacó de inmediato a quienes se quemaron. (Alejandro Domínguez, Milenio, Al Frente, p. 3)
A unos días de que el presidente Donald Trump asuma la presidencia, los discursos en torno a la deportación y detención del flujo migratorio irregular en la frontera con México, provocan incertidumbre y miedo. Si bien es cierto que Trump ha reforzado sus discursos de odio y ha prometido detener la migración hacia los Estados Unidos –sin explicar claramente cómo y cuándo se llevará a cabo–, las expectativas frente a la posible situación de una llamada “deportación masiva” se encuentra en el tablero, como una de sus primeras acciones, cuando asuma la presidencia el 20 de enero. Lo anterior lo anunció el pasado domingo 22 de diciembre en Phoenix. Así, el presidente electo prometió que iniciaría operaciones de deportaciones históricas en los Estados Unidos, pero asumiendo que existe un plan de deportación sobre la mesa ¿a qué tipo de migración irregular se refiere y cómo se llevaría a cabo? ¿cuáles serían sus costos?… Donald Trump ha hecho énfasis en que, en los procesos de deportación, se enfocarán en migrantes irregulares con antecedentes penales y que tengan órdenes de deportación. Si este fuera el caso, sería complicado pensar en un gran número, ya que, en cualquiera de los dos escenarios, estos migrantes en condición irregular estarían detenidos en cárceles o ya habrían sido deportados.
En este sentido, habría que distinguir entre migrantes documentados y migrantes irregulares –indocumentados–, y en este universo, de acuerdo a información de CATO Institute, sería el grupo que acusa menos encuentros con la ley, en referencia a actos criminales, en contraste a como se ha externado en múltiples ocasiones el discurso del presidente electo (Given the Green Light: Open Border Policies and Threats to Law Enforcement | Cato Institute). Nadie discute que el fenómeno migratorio requiere de una visión conjunta entre Estados Unidos y México, de la mano de una profunda reforma migratoria que atienda problemas de fondo, que se enfoquen en fortalecer una visión humana y no criminal y amenazante como se ha manejado con tanto éxito en los discursos electoreros del otro lado. El tratamiento al fenómeno migratorio urge a un compromiso más amplio, donde políticas migratorias compartidas entre países de origen, tránsito y destino, puedan contribuir a re-estructurar y construir, espacios dignos para la vida de miles de personas, que se ven obligadas a dejar sus hogares, por la necesidad económica, y en muchos casos orilladas por el miedo, debido a los altos niveles de violencia y criminalidad. Actualmente el legado de Biden en torno al problema migratorio es complejo aunado a la gestión mexicana que cada vez militariza más la contención de las personas en tránsito sin una verdadera reforma de fondo al Instituto Nacional de Migración, y el fortalecimiento de apoyos a la operación de refugios y albergues en el país.
Si hacemos un recuento del problema y su magnitud, en los últimos doce meses del año, fueron deportadas aproximadamente 271,484 personas a 192 países –ejercicio fiscal que terminó el 30 de septiembre del 2024–, de acuerdo con información del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos (ICE), lo cual representó el doble, con respecto al periodo anterior, que fue de 145,580 personas. A su vez, los gastos de deportación sin especificar el monto, se intensificaron, volviendo a México el destino con más deportaciones, con un aproximado de 87,298 personas, seguido por Guatemala con 66,435 y Honduras con 45,923. Si bien es cierto que las detenciones por parte de Estados Unidos se redujeron a partir de la intensificación de medidas por las autoridades mexicanas y las políticas de restricción de asilo del presidente Biden, el problema no se resuelve. Es importante ampliar nuestro conocimiento ante el fenómeno migratorio, exigir que su enfoque debe y tiene que ser tratado con apego a derechos humanos en una coordinación amplia, pero sobre todo a partir de una responsabilidad compartida. El 2025 trazará grandes retos en materia migratoria, y como cada año, siempre hay una oportunidad para reordenar, reestructurar y proponer nuevas perspectivas de un fenómeno humano, que urge a ser tratado y reconocido con una visión más solidaria, humana y justa, pero no solo por parte de las instituciones del estado de los países involucrados, también por parte de nosotros, los ciudadanos. Informarnos responsablemente, apoyar, hacer comunidad y promover acciones, son sumamente valiosas en estos tiempos, donde el odio y la exclusión han facilitado posturas inhumanas, que no nos llevarán a ningún buen puerto… Ojalá nuevas perspectivas puedan trazarse en el horizonte del 2025… (Marisol Ochoa, El Economista, El Foro, p. 39)
4.- Deseo que México resuelva el problema de los migrantes, que por lo menos haya suficientes fuentes de trabajo en nuestro país. Ojalá que Juan Ramón de la Fuente abandone su tibieza y que se enfrente con más energía y carácter con el ex policía y ex director del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, Tom Homan, el nombrado “zar de la frontera”.
10.- Espero que todas las amenazas de Trump sean pura “baba de perico”. Él suele hablar mucho para amedrentar. Deseo que el próximo Presidente entienda que Estados Unidos necesita a los migrantes, hasta los republicanos lo reconocen. (Guadalupe Loaeza, Reforma, Opinión, p. 9)
Al cerrar este año, como jesuitas, hacemos un balance desde una mirada ignaciana, que nos invita a reconocer las luces y sombras de nuestra realidad. Celebramos los avances sociales, como la disminución de personas en situación de pobreza y las reformas que buscan beneficiar a las mujeres y a los pueblos indígenas. Sin embargo, somos conscientes de los profundos desafíos que aún persisten, como las violaciones a los derechos humanos, el flagelo de la violencia y la impunidad que perpetúa injusticias. En este contexto, renovamos nuestra esperanza y nuestra misión de ser constructores de reconciliación y justicia.
En medio de este panorama, celebramos la llegada de la primera mujer Presidenta de México. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo generó expectativas positivas al firmar en marzo el Compromiso por la Paz, reafirmando la importancia de “construir desde las coincidencias.” Este gesto nos da aliento y nos recuerda que la violencia solo puede enfrentarse desde un enfoque integral, que aborde no solo las consecuencias, sino también las causas estructurales de este fenómeno. Invitamos a la Presidenta a convertir este compromiso en una práctica sostenida, abriendo canales de diálogo permanente para trabajar por la paz en los territorios más afectados.
La violencia en México no conoce fronteras desde hace varios sexenios; está presente de norte a sur, en Chiapas, Guanajuato, Culiacán y muchas otras regiones. Su impacto no solo fractura el tejido social, sino que también exige un compromiso real de todos los sectores: del Estado -en sus tres poderes-, de la sociedad civil, organismos internacionales, empresas y comunidades.
Este año, fue asesinado en Chiapas el sacerdote Marcelo Pérez, un defensor incansable. Su muerte, al igual que la de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora en la Sierra Tarahumara en 2022, nos recuerda que trabajar por la paz sigue siendo un acto de valentía que no debería costar la vida. No podemos, ni debemos, olvidar ni minimizar estos crímenes que marcan un límite que nunca debió cruzarse.
El próximo año se agudizará la crisis migratoria con el cambio de gobierno en Estados Unidos. A pesar de ello, celebramos la reciente sentencia del máximo tribunal que obliga a reformar la Ley de Migración para crear un registro público de detenciones de personas migrantes. Este logro, impulsado por el Servicio Jesuita a Refugiados y la Clínica Jurídica Alaíde Foppa de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, representa un avance significativo. Sin embargo, la migración requiere una respuesta integral que respete la dignidad y los derechos de quienes se ven obligados a abandonar sus hogares.
El nuevo sexenio que está por cumplir 100 días ha sido escenario de decisiones preocupantes: la reforma judicial, la eliminación de órganos autónomos, el incremento en la aplicación de la prisión preventiva oficiosa y el control total de la Guardia Nacional por parte del Ejército. A esto se suma la falta de atención adecuada a la crisis de desapariciones. Sin embargo, reconocemos como un gesto significativo la primera reunión oficial con las familias de Ayotzinapa. Este encuentro renueva la confianza de que, en este sexenio, se logre avanzar hacia la verdad. También confiamos en que se reconozca el trabajo del Centro Prodh, nuestra obra jesuita que ha acompañado con profesionalismo a las familias durante más de una década.
Cerramos el año con esperanza. A través de nuestras 50 obras apostólicas, presentes en 14 estados del país, renovamos nuestro compromiso de abordar las urgencias de nuestra realidad. Que este nuevo año nos encuentre fortalecidos en nuestra misión de servir, acompañar y transformar, porque como dice el Papa Francisco, “la esperanza nos pone en camino y da sentido a nuestra vida.” (Luis Gerardo Moro Madrid, Reforma, Opinión, p. 10)