La Guardia Nacional será un cuerpo de seguridad con presencia en todo el territorio nacional e intervención en diferentes ámbitos de la vida del país, pero con reglas para evitar que ese poder la lleve a excesos, pues se coordinará con cuerpos policiacos existentes, incluidos los privados, será supervisada por el Poder Legislativo y el Judicial autorizará sus solicitudes de intervención de comunicaciones.
La nueva Ley de la Guardia Nacional, aprobada ayer por el pleno del Senado con 114 votos en favor y una abstención, conserva la propuesta presidencial para que sea un cuerpo de seguridad poderoso; sin embargo, introduce controles sugeridos por organismos internacionales para que no se convierta en un cuerpo de seguridad abusivo de los derechos humanos, dinámica en la cual se incluye la separación de los militares del Ejército y la Marina para ser parte de la Guardia, con el concepto jurídico “funcionalmente separado”.
Además, quedaron establecidos los requisitos para ser integrante de la Guardia, incluido el Certificado Único Policial e, incluso, para poder ocupar uno de los mandos superiores, denominados comandante y coordinadores, será necesario “no haber sido condenado en forma definitiva por delito doloso o haber sido observado por violaciones graves a los derechos humanos; no estar sujeto o vinculado a proceso penal ni contar con orden de aprehensión, presentación o comparecencia”.
La Guardia podrá auxiliar tareas de seguridad en penales y centros de reclusión; carreteras, aeropuertos; coordinarse con otros cuerpos policiacos, como la autoridad fiscal, militar o naval, para el caso de las aduanas, recintos fiscales y garitas; con personal del Instituto Nacional de Migración para el caso de detención de migrantes y con autoridades de Protección Civil en caso de “calamidades, situaciones de alto riesgo o desastres por causas naturales”.
Sus elementos tendrán que presentar reportes de sus acciones de investigación, de auxilio al ministerio público y de detención de personas, así como de su presentación ante las fiscalías, y serán entrenados con una disciplina estricta, que será “la base fundamental del funcionamiento de la Guardia Nacional; su objeto es el fiel y exacto cumplimiento de los deberes que prescriben las leyes y reglamentos aplicables y se sustenta en la obediencia, el honor, la justicia y la ética”, una disciplina que incluso les prohíbe grillas internas.
“Su actuación se regirá inspirada en el cumplimiento del deber, por encima de otro interés o consideración personal; en consecuencia, no permitirá que se propalen murmuraciones, quejas o descontentos que impidan el cumplimiento de las obligaciones o que depriman el ánimo de sus subordinados”, dice la nueva ley que fue enviada a la Cámara de Diputados para su análisis y aprobación.
Serán castigados con hasta 60 años de cárcel en caso de coludirse con el crimen organizado, y su máximo jefe, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, deberá presentar anualmente un informe sobre todas las actividades realizadas por la Guardia. —