TIJUANA.— Sin programas efectivos de apoyo a los mexicanos deportados de Estados Unidos, cientos de connacionales son expulsados de Estados Unidos donde algunos de ellos pasaron la mayor parte de sus vidas, y carentes de documento alguno se les dificulta volver a sus estados de origen y es fácil que caigan presa del alcoholismo o de la farmacodependencia.
Aunque el gobierno municipal anuncia a través de la Dirección Municipal de Atención al Migrante que presta servicios como la canalización a un albergue y que se brinda asesoría jurídica, servicios médicos y atención sicológica, la realidad es otra. Perseguidos por los policías municipales, los deportados pasan a convertirse en parias en pocos meses, y orillados a vivir en sitios de alto riesgo, insalubres y donde el tráfico de drogas duras es elevado. “Dejan de comer, de asearse, los policías los detienen y hacen muchas cosas más”, afirma Margarita Andonaegui, quien fuera administradora del desayunador del Padre Chava y quien ha visto cómo estos hombres pasan de dedicarse a labores como la construcción donde ganaban 11 o más dólares por hora, a convertirse en alcohólicos y drogadictos.
Conocedores del caso como Ignacio Benavente, del albergue Pro Libertad y Derechos Humanos, destacan la necesidad de atender a los migrantes y deportados antes de que estos pasen de la desatención al consumo de alcohol y de drogas, con lo que se pierde mano de obra altamente calificada de hombres y mujeres que pasaron muchos años en Estados Unidos. Moisés Hernández, administrador del albergue La Roca, explica que “aquí en la zona norte que hay unos 10 o 15 albergues más, la mayoría es por ayudar, pero algunos buscan lo económico, lo hacen por negocio”.