(José Gil Olmos y Mathieu Tourliere, pág. 6 a 10)
En el mapa mundial de las “escuelas sociodeportivas de futbol” del Real Madrid aparece un pequeño punto en Unión Hidalgo, un municipio oaxaqueño de 15 mil habitantes ubicado en la región del Istmo de Tehuantepec, don-de seis de cada 10 personas son pobres. Ahí, 527 niñas, niños y jóvenes juegan futbol vistiendo el uniforme blanco oficial del equipo más rico del mundo. La Fundación Real Madrid, que preside el empresario Florentino Pérez Rodríguez, promueve siete proyectos de escuelas de futbol en México –incluyendo la de Unión Hidalgo– como obras de caridad para las poblaciones desfavorecidas, pero en realidad forman parte de una gran campaña de mercadotecnia. Así, a la par de que la empresa Actividades de Construcción y Servicios (ACS), que también preside Florentino Pérez, instalaba centenares de aerogeneradores eólicos en los terrenos comunales de Santo Domingo Ingenio, la Fundación Real Madrid abrió su escuelita en el municipio aledaño Unión Hidalgo, donde los niños inscritos tienen un apodo relacionado con el negocio del empresario madrileño: “aerogubiños” (gubiños son los zapotecos de la región).
(José Gil Olmos, Pedro Matías, Marta Molinay Paulina Ríos, pág.11 14)
Santo Domingo Ingenio, Oax. –En la región del Istmo se observan, interminables, las espigadas siluetas que recortan el horizonte. Son los aerogeneradores que parecen molinos de viento. Esa zona, la más estrecha de la geografía nacional, concentra la mitad de la industria energética eólica. Hasta ahí llegaron los inversionistas españoles, como Florentino Pérez, presi-dente de la firma Actividades de Construcción y Servicios (ACS), con un propósito definido: sacar dinero del viento. ACS y otras compañías, como su anti-gua socia Iberdrola y otras que lideran megaproyectos en América Latina, como Gas Natural Fenosa, Acciona o Renovalia, firmaron contratos de 30 años, alquilaron a campesinos pobres sus tierras por 3 mil pesos mensuales para instalar en ellas los aerogeneradores y aprovechar el fuerte viento del Istmo, capaz de derribar árboles, casas, camiones de carga pesados, autobuses, autos y torres de energía eléctrica.
Con 200 kilómetros de anchura, el Istmo de Tehuantepec es la zona más angosta de México entre los océanos Pacífico y Atlántico. Habitada por indígenas huaves, zapotecos y zoques, tiene amplios recursos marítimos, petróleo, maderas y, ahora, el viento, un negocio muy redituable cuya velocidad media anual es de 10 metros por segundo, mientras en el mundo es de sólo seis metros por segundo.
(Mathieu Tourliere, pág. 18- 20)
La trama de la compra-venta a sobreprecio de la empresa Grupo Fertinal a Pemex durante la gestión de Emilio Lozoya Austin –ahora prófugo de la justicia– dio un nuevo brinco la semana pasada con la inclusión del nombre del expresidente Enrique Peña Nieto en una denuncia interpuesta en Estados Unidos, según la cual él “aprobó” la transacción con un soborno de por medio. De acuerdo con la denuncia, la dádiva que presuntamente recibió el presiden-te pasó por el fideicomiso F/470 de Banco Azteca, que tenía una cuenta en Banco del Bajío (CLABE 030180900006555442) y una cuenta intermediaria en el Standard Chartered Bank de Nueva York, como muestran documentos consultados por Proceso.
Fue a través de esta cuenta que se re-partieron los 203.4 millones de dólares que Pemex desembolsó para la compra de la empresa; la misma cuenta sirvió para esparcir una parte del dividendo de 871 millones 500 mil pesos que el grupo de accionistas –encabezado por el empresario Fabio Massimo Covarrubias Piffer y aboga-dos vinculados con el multimillonario Ricardo Salinas Pliego– se otorgó a sí mismo el 25 de septiembre de 2015, apenas dos meses antes de la firma del contrato. De ese dividendo, 619 millones 400 mil pesos fueron repartidos “en efectivo” a través del fideicomiso, mientras que los 252 millones 100 mil pesos restantes se distribuyeron “por medio de un aumento en la parte variable del capital social, sin la emisión de acciones representativas de dicho capital”, como reveló Proceso en su edición 2208.
La pista Peña Nieto
Prófugo de la justicia y acorralado por la Fiscalía General de la República (FGR), Emilio Lozoya publicó una carta abierta el lunes 10 en la cual anunció que no se presentaría ante el juez, pero reiteró su disposición a “colaborar” y “manifestar la verdad histórica” sobre los hechos de corrupción que se le imputan. “Aclararé que funcionarios del nivel que sea, intervinieron en lo que hoy se investiga con las consecuencias que haya para cualquier persona”, expuso el exdirector de Pemex, mientras su abogado, Javier Coello Trejo, insistía en que citaría a comparecer a Peña Nieto y a Luis Videgaray Caso en un hipotético juicio.
Los desfalcos de Covarrubias
Covarrubias también envió una carta al periódico El Universal, en la cual insistió en que nunca conoció a Peña Nieto ni a Lozoya, echó la culpa a Pemex por el estado actual de la empresa y dio a entender que el “informante” interpuso la denuncia por-que tiene pleitos legales con él, aunque no lo identificó. Y abundó: “Pareciera que dichos señalamientos podrían obedecer a tácticas de distracción por algunas otras personas o grupos y por los defensores de Emilio Lozoya, como una estrategia para escalar e internacionalizar el asunto, así como para tratar de debilitar mi reputación y posición jurídica en otros asuntos donde estamos enfrentados con estos últimos.
(Neldy San Martín pág. 21-23)
En el sexenio anterior, Petróleos Mexicanos (Pemex) pretendía procesar al menos 13 mil barriles de crudo al día en las instalaciones de la Batería de Cárdenas Norte, Tabasco, pero a la fecha no se ha obtenido ni una gota. Se trata de otro de los pasivos de Pemex en la época en que la dirigió Emilio Lozoya Austin. Pese a que las obras han costado más de mil 678 millones de pesos, la planta está inoperante debido a una serie de irregularidades, entre ellas que el proyecto quedó a cargo de una empresa fantasma. El 31 de julio de 2015 Pemex Exploración y Producción (PEP) contrató, mediante adjudicación directa, a la empresa Conjunto de Servicios Industriales, SA de CV (CSI), para terminar de construir y poner en operación una batería de sepa-ración, estabilización, deshidratación, desalado y medición de petróleo crudo en las instalaciones de la planta, ubicadas en el kilómetro 114 de la carretera Cárdenas-Villahermosa.
Pleitos legales
En 2017 Citapia, propiedad de Juan Carlos Tapia Vargas, denunció penalmente a CSI ante la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo, en Pachuca, por presunto fraude al incumplir el contrato, acusando a su socio de un adeudo de 255 millones 899 mil pesos tras el avance de más de 70% de la obra hasta septiembre de 2016, cuando ya no pudieron continuar los trabajos porque les fue impedido el acceso a las instalaciones propiedad de PEP.
Presuntos daños millonarios
El proyecto de Batería Cárdenas Norte tuvo problemas desde el inicio. En el gobierno del expresidente panista Felipe Calderón, el 24 de junio de 2010, la obra fue adjudicada a Grupo Tradeco por un monto de 834 millones 982 mil pesos mediante la licitación pública 18575106-005-10. Luego de una decena de convenios para modificar los plazos y el monto hasta 918 millones 312 mil pesos, en 2014 se le rescindió el con-trato 420900803 por incumplimiento, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
El “privilegio de información
“En una carta dirigida al expresidente Enrique Peña Nieto, con fecha del 29 de agosto de 2017, a través de la Dirección General de Atención Ciudadana, Citapia acusó a Froylán Gracia Galicia –coordinador ejecutivo de la dirección general de Pemex durante la administración de Emilio Lozoya y cercano a él– de ordenar la adjudicación del contrato a CSI pese a no contar con “oficinas, personal técnico, administrativo, maquinaria y experiencia, ni re-cursos financieros”. En la carta, así como en las denuncias penales, Citapia señala como propietario de CSI a Erick Walter Legorreta López, presidente de la Asociación Mexicana de la Industria del Petróleo (Amipe).
(Neldy San Martín y José Raúl Linares, pág. 24-27)
En las oficinas de los juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, en San Lázaro, en la Ciudad de México, hay cajas llenas de documentos y torres de papel con argumentos contra la ley que establece que nadie puede ganar más que el presidente de la República: 108 mil pesos al mes. El pasado 28 de mayo el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) decidió concentrar ahí todas las controversias sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para “aliviar la carga de trabajo” a los jueces, pues se trata de 5 mil 165 de-mandas de amparo de 27 mil 324 quejosos por los recortes salariales y la eliminación de prestaciones en la administración pública federal. Esos dos juzgados no habían tenido tanto trabajo desde el “gasolinazo” en 2017 y la reforma fiscal en 2013.
La vía de la oposición
Con la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados y el Senado, el Poder Legislativo está prácticamente alineado con las decisiones presidenciales. En ese panorama se deja al Poder Judicial como la única salida. Senadores que integran las minorías en la Cámara alta ya crearon un “Bloque de Contención” para llevar ante la justicia acciones de inconstitucionalidad. La primera de ellas fue contra la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, que Morena y sus aliados aprobaron sin contra-tiempos y luego modificaron y volvieron a avalar para subsanar las contradicciones que ponían en riesgo su viabilidad.
Santa Lucía
El lunes 17, el equipo de litigio estratégico de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), encabezado por Claudio X. González, anunció la determinación de un juzgado federal, con sede en el Estado de México, para suspender la construcción del aeropuerto civil-militar de Santa Lucía. El Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México determinó que el proyecto carece de permisos ambientales, de seguridad, viabilidad aeronáutica, prospección arqueológica, estrategias de viabilidad social, política e interinstitucional. También ordenó a las autoridades dejar intactas las obras del NAIM
Resistencia indígena
Entre los casos polémicos destaca el del Proyecto Integral Morales (PIM), un megaproyecto eléctrico que incluye un gasoducto que desemboca en la comunidad de Huexca, Morelos, donde se proyectó construir dos termoeléctricas. La oposición de las comunidades se patentó en un mitin en Cuautla, en el que López Obrador reviró calificando a los inconformes de radicales de izquierda y convocó a una consulta ciudadana sin atender normas internacionales en la materia.
Respecto al PIM, González advierte que de aprobarse, se replicará en otras comunidades del país: energía, negocios inmobiliarios, carreteras, extracción de recursos, entre otras prácticas. “Estamos convencidos de que proyectos como el PIM, el Corredor Transísmico y el Tren Maya forman parte de estos mu-ros que pretenden construir los gobiernos de Estados Unidos y México para contener la población migrante de Centroamérica y del propio México hacia Estados Unidos”, apunta el abogado.
Estancias infantiles
El 5 de febrero de 2019 el gobierno federal anunció que el programa de estancias infantiles, creado en el gobierno de Felipe Calderón, tenía que desaparecer porque se habían detectado casos de corrupción en el manejo de los fondos y que en su lugar se entregaría a cada familia la ayuda directa, mil 600 pesos bimestrales y 3 mil 600 a niños con discapacidad.
(Álvaro Delgado, pág. 28-30)
Admirador de Claudio X. González, el ideólogo del sector privado, y de Andrés Marcelo Sada, el líder empresarial que se enfrentó a Luis Echeverría, Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), gusta de la política y acaricia el proyecto de ser presidente de México. “No es vergonzante que un ciudadano, llegado el momento, pueda transitar a lo público”, aclara De Hoyos sobre su aspiración política tras concluir, en diciembre, cuatro periodos consecutivos como líder de los patrones de México, con un activismo sin precedente.
Mi amigo Claudio
Abogado por la Universidad Autónoma de Baja California, de cuyo patronato es integrante, De Hoyos hace política en la Coparmex desde 1994 con el ejemplo de figuras que presidieron el organismo, como Manuel Clouthier, Carlos Abascal y, sobre todo, Andrés Marcelo Sada Zambrano. “Él a mí me inspira”, dice sobre el líder patronal regiomontano en los setenta, que presidió la Coparmex entre 1976 y 1978, al final del gobierno de Echeverría y al principio del de José López Portilllo, presidentes detestados por el sindicato patronal
Que AMLO rectifique
De Hoyos Walther es un viajero permanente en el país, con visitas a los estados para reunirse con empresarios y autoridades, y sólo descansa los fines de semana en Mexicali, su ciudad natal. Desde temprano los lunes está activo en las redes sociales posicionando temas, a menudo con videos. Aunque respalda decisiones del gobierno de López Obrador, como la disciplina fiscal, la apertura comercial o el respeto a la autonomía del Banco de México, es un duro crítico de las que considera erróneas, en un tono más encendido del que suele tener la Coparmex.
(Gloria Leticia Día, pág. 32-34)
El pasado viernes 7, en el portal de Youtube, empezó a circular un video que confirma el uso de la tortura como la principal herramienta de investigación en el caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La grabación, de un minuto con cuatro segundos, aparece en la plataforma con el título textual: La verdad histórica ayotzinapa de carlos gomez arrieta. Las imágenes son elocuentes: en primer plano, un hombre moreno con los ojos y la nariz cubiertos con vendas y cinta canela, las mejillas enrojecidas, vestido con una playera de manga larga, oscura, con líneas blancas horizontales y el número 1922 estampado. Una voz masculina en off lo interroga. Sentado en una silla metálica blanca, con los brazos amarrados al frente, con una pared blanca de fondo, el prisionero habla con temor. En tanto, de pie y sin expresar emociones, un hombre con uniforme de policía ministerial federal y otro con camuflaje gris de la Secretaría de Marina portan los instrumentos de tortura: una bolsa de plástico, una chicharra eléctrica y una botella de agua.
Lo que no vio la comisión
El exrelator Juan Méndez fue uno de los cuatro expertos de igual número de mandatos de la ONU que tuvo conocimiento de la tortura sufrida por Canto Salgado y otros 12 detenidos por el caso Ayotzinapa. El organismo internacional pidió información sobre ellos al gobierno de Enrique Peña Nieto en 2015 y se reiteró su preocupación en su informe de seguimiento en 2017.
Revés al gobierno de Peña Nieto
Los casos de Carlos Canto y otros 12 detenidos por el caso Ayotzinapa motivaron la Acción Urgente MEX 6/2015 de cuatro mandatos de las Naciones Unidas: el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria; el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas e Involuntarias; la Relatoría Especial sobre Independencia de los Magistrados y Abogados; y el Relator Especial sobre Tortura y otros tratos o penas crueles inhuma-nos o degradantes. El 10 de julio de 2015, los responsables de los mandatos –entre ellos Juan Méndez– solicitaron información precisa de las quejas recibidas y expresaron al gobierno de Peña Nieto su “seria preocupación” por los 13 casos en los que se denunciaban detenciones arbitrarias, torturas y malos tratos, ya que estos hechos “podrían demostrar que la investigación del caso de la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala podría estar basada en informaciones recaba-das por medio de actos de tortura u otros tratos”.
(Denisse Dresser, pág. 38-39)
Cuando Andrés Manuel López Obrador anunció la cancelación del aeropuerto de Texcoco, expuso la razón funda-mental: él no sería un florero. No estaría de adorno, contemplando cómo el capitalismo de cuates continuaba depredan-do al país. No permanecería sobre un librero, permitiendo que las grandes obras de infraestructura produjeran ganancias para pocos a expensas de muchos. Él no reproduciría los viejos vicios de las adjudicaciones directas, las contrataciones discrecionales, el inicio de obras sin estudios completados, el despilfarro de dinero público sin control o supervisión. Dejaría de ser figura ornamental y crearía una nueva forma democrática de ejercer el poder presidencial. Pero tanto sus acciones como sus reacciones de los últimos meses revelan a un líder que, en efecto, no quiere ser florero. Quiere ser goma de borrar. De esas gomas en la punta opuesta del lápiz, de esas color caramelo que todos usábamos en la primaria. Pero si el objeto de una goma es borrar errores, en el caso del presidente la está usando para desvanecer leyes, anular la legitimidad de amparos y desaparecer artículos de la Constitución que le resultan incómodos. Como el 134, donde dice que los recursos públicos no pueden usarse caprichosa o arbitrariamente. El que norma los principios de racionalidad y transparencia en las decisiones de gobierno. El que invocan quienes han sometido amparos ante la cancelación del NAIM y el inicio de las obras del aeropuerto de Santa Lucía.
(Ernesto Villanueva, pág. 40)
El concepto de justicia transicional no es unívoco, pero sí tiene elementos que deben aplicarse caso por caso: responsabilidad penal, búsqueda de la verdad, resarcimiento de las víctimas y garantías de no repetición. Hay, por supuesto, diferentes modelos de esta política pública y reforma normativa; lo que puede funcionar en unos países podría ser inaceptable en otros. Incluso en un mismo país deben concretarse mecanismos que pueden tener algunas diferencias por regiones. La idea es aplicar ese vocablo, que agrupa varios rubros, para pasar de un régimen a otro, generalmente de un estado de derecho fallido o una dictadura a otro que no lo sea, a efecto de lograr la paz social y el cumplimiento gradual de la ley. En México esa política, que deberá tener su propio diseño para que funcione, es una iniciativa de la Academia Iberoamericana de Justicia Transicional, con sede en la Ciudad de México y cuyo presidente, el jurista Sergio Ar-turo Ramírez Muñoz, ubica al gobierno de Felipe Calderón como un punto de quiebre que desató la imparable violencia en el país.
(Jorge Sánchez Cordero, pág.56 59)
El 30 de noviembre de 2018, en los estertores de su administración, Enrique Peña Nieto firmó como jefe de Estado el T-MEC, a la par de su homólogo de los Estados Unidos y del primer ministro de Canadá. Lo suscrito fue la versión en inglés del documento, aun cuando los conocimientos de ese idioma por parte del presidente mexicano eran precarios. Peor aún, el mandata-rio privilegió un idioma distinto al de México. Esta faceta empero se extravió en la inmensidad del anecdotario. El Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC) fue negociado con una inhabitual premura debido fundamentalmente, por el lado mexicano, a la inminencia del plazo constitucional –es una regla de oro en el epílogo de cualquier negociación comercial que el apremio abona en beneficio de la contraparte, que observa en ello un elemento de vulnerabilidad. A lo anterior se añade la complejidad misma del T-MEC y el hecho de que los tiempos internacionales y domésticos re-quieren de un debate y de un proceso de maduración para poder ser comprendidos de manera cabal, y con mayor razón en instrumentos de esta naturaleza.