Nueva York., El gobierno de Estados Unidos está contemplando destinar cerca de 159 millones de dólares en asistencia a México, sobre todo para el rubro de seguridad y antinarcóticos, renovar reuniones bilaterales de alto nivel sobre seguridad y mayor asistencia para manejo migratorio, pero en el proyecto de ley para la apropiación de estos fondos ante el Congreso también se incluyen órdenes para evaluar el respeto a los derechos humanos por fuerzas de seguridad en México.
El poderoso Comité de Apropiaciones de la Cámara de Representantes emitió ayer su reporte sobre el proyecto de ley que destina fondos a las operaciones internacionales del gobierno federal –proponiendo más de 13 mil millones de dólares para el Departamento de Estado– a nivel mundial para el año fiscal 2022, entre los cuales está lo propuesto para México.
Este proyecto de ley incorpora y/o modifica las propuestas del Ejecutivo para el presupuesto federal registrando el giro en política exterior bajo el nuevo gobierno demócrata de Joe Biden, y a la vez, incluye las recomendaciones y condiciones del Congreso.
Para México, el Comité de Apropiaciones recomienda un total de 158 millones, 910 mil dólares en asistencia manejados por el Departamento de Estado. La gran parte de ese total se desembolsaría –si esta propuesta es aprobada sin modificaciones– a través de dos canales: 100 millones a programas de la oficina de Control Internacional de Narcóticos (INCLE, por sus siglas en inglés) y otros 50 millones al Fondo de Apoyo Económico (ESF).
Además, se propone un millón 750 mil dólares para Educación y Capacitación Militar Internacional (IMET), 6 millones al Programa Internacional Militar de Financiamiento (FMF) y otro millón 160 mil para los programas de no proliferación, antiterrorismo, antiminas y relacionados. Parte de estos fondos son destinados a entidades responsables del tema migratorio, incluyendo Comar y el Instituto Nacional de Migración.
El proyecto de ley afirma que los fondos de asistencia para México tendrán como prioridad apoyar la construcción de capacidad de instituciones mexicanas en los sectores de seguridad y justicia para combatir y enjuiciar las organizaciones criminales trasnacionales y promover el buen gobierno, protección de derechos humanos y la investigación y enjuiciamiento de violaciones, esfuerzos para buscar e identificar a personas desaparecidas, entre otros objetivos.
El comité instruye –al aprobarse este proyecto de ley– al secretario de Estado presentar un plan para restablecer reuniones bilaterales de seguridad entre los gobiernos de Estados Unidos y México.
A la vez, ordena que el secretario de Estado y el administrador de Usaid presenten un informe al Congreso evaluando los programas implementados bajo la Iniciativa Mérida y una evaluación del efecto de la nueva ley mexicana sobre agentes federales extranjeros para la cooperación bilateral.
El comité expresa su preocupación por el deterioro de las condiciones de derechos humanos en la zona fronteriza entre México y Estados Unidos señalando informes de que agentes de migración federales mexicanos han cometido violaciones de derechos humanos y no han sido obligados a rendir cuentas.
El comité también expresa su preocupación con la participación de agentes de policía mexicanos capacitados por Estados Unidos en la masacre de 19 personas en el norte de México y solicita un informe sobre el equipo y capacitación otorgado por Estados Unidos a agentes de seguridad y de migración mexicanos operando en las fronteras norte y sur del país desde 2016.
El Comité prohíbe que los fondos de asistencia a México “sean usados para apoyar el involucramiento de militares en aplicación de la ley en México…”
Finalmente el comité ordena que –al promulgarse esta ley– el secretario de Estado informe al Congreso respecto de si México está actuando de manera judicial en violaciones de derechos humanos, cumpliendo con las prohibiciones al uso de tortura, y si de manera creíble está buscando víctimas de desapariciones forzadas y aplicando la ley contra los responsables.
El proyecto se empezará a aprobar esta semana en el comité para proceder con su esperada aprobación por el pleno próximamente. (David Brooks, La Jornada, 8 Columnas)
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) solicitó a la Secretaría de Salud de Tamaulipas tomar las medidas necesarias para salvaguardar la salud e integridad de migrantes que se encuentran instalados en la Plaza de la República, en Reynosa, así como para evitar contagios de Covid-19.
En un comunicado refirió que el 28 de junio pasado, visitadores adjuntos de este organismo presenciaron en dicha plaza que la organización GRM de Brownsville, Texas, realizó pruebas rápidas de detección de Covid-19 a los extranjeros que pernoctan en ese lugar, mientras el titular del Instituto Tamaulipeco para los Migrantes en Reynosa confirmó que resultaron positivos los test aplicados a alrededor de 50 personas de diversas nacionalidades.
Ante ello, la CNDH solicitó a la Secretaría de Salud estatal emprender las acciones necesarias para proteger su integridad y proporcione atención médica preventiva y curativa de forma oportuna a los casos confirmados.
Añadió que el 23 de marzo emitió medidas cautelares a servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, sin que a la fecha se adviertan acciones suficientes para atender las necesidades de estas personas. (De La Redacción, La Jornada, Política, p. 12)

Reynosa.- Al menos 42 migrantes varados en la Plaza de la República de esta ciudad de Tamaulipas, donde viven hacinados, resultaron positivos a las pruebas de Covid-19, por lo que no pudieron ser movilizados a la recién construida sección 2 del albergue Senda de Vida, informó la pastora Mary Luz Madrigal, de Mission, Texas.
La religiosa señaló que desde febrero acompaña a los migrantes varados en esa plaza por ser comisionada de su iglesia en Mission, para brindarles ayuda humanitaria.
“Estoy aquí desde febrero, pero las pruebas Covid las empezamos a aplicar el lunes; sí tenemos pruebas suficientes, pero lo que pasa es que no tenemos a dónde llevarlos (a los que resultan positivos)”, explicó.
El albergue Senda de Vida, agregó, está lleno y la ampliación que realizaron es sólo para personas que dieron negativo en las pruebas.
“Pruebas sí tenemos, hemos aplicado más de 200, los que salen negativos ya se fueron; los que son positivos los tenemos aislados aquí mismo, no hay dónde más ponerlos, pero están recibiendo atención médica”, dijo.
En los dos primeros días de la semana, 40 migrantes resultaron con resultado positivo, pero asintomáticos.
De acuerdo con Madrigal, la otra Casa del Migrante –Nuestra Señora de Guadalupe– no tiene tanta capacidad y los hospitales públicos de Reynosa requieren que los pacientes de coronavirus estén delicados para alojarlos.
“En los hospitales no quieren asintomáticos”, indicó.
De acuerdo con fuentes oficiales, el Hospital General de Reynosa y el Hospital 270 del IMSS están ocupados casi al 100 por ciento en sus áreas Covid-19.
Con ayuda de organizaciones sociales y religiosas de Estados Unidos, el pastor Héctor Silva amplió el albergue que administra –Senda de Vida–, con el fin de desalojar la Plaza de la República y darles más seguridad y atención digna a los migrantes, que desde enero empezaron a pernoctar en dicha plaza, a pocos metros del puente internacional Reynosa-Hidalgo. (Miguel Domínguez, Reforma, Nacional, p. 13)
Matamoros, Tam.- Albergues e iglesias que apoyan a migrantes en la fronteriza ciudad mexicana de Matamoros están al límite de su capacidad, un reflejo de la incesante ola migratoria que azota este municipio del noreste del país, donde hay además alerta máxima por contagios de coronavirus.
Estos centros se encuentran en una encrucijada por el arribo de centenares de migrantes en los últimos meses que buscan cruzar a Estados Unidos, y adolecen de falta de insumos para proveerles de lo necesario.
La ciudad fue conocida por el oprobioso campamento migrante a orillas del río Bravo, que llegó a albergar hasta 2.000 personas y fue símbolo de la dura política del expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021).
Este campamento fue desmantelado hace unos meses pero el fenómeno migrante permaneció, aunque con mayor sigilo, y volvió a extenderse hasta estallar de nuevo y revelar la vulnerabilidad tanto de los migrantes como de los activistas a favor de sus derechos.
De acuerdo a las cifras más recientes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), el pasado mes de mayo se arrestaron a más de 180.000 migrantes a lo largo de la frontera, la cifra más alta en más de dos décadas.
Mientras que según cifras del Gobierno mexicano, entre enero y abril de 2021 se han presentado ante la autoridad migratoria hasta 56.622 personas.
Los migrantes centroamericanos y de diversos países, así como también mexicanos que estaban refugiados en la saturada iglesia, tuvieron este lunes que salir a la calle con sus pertenencias para buscar un nuevo lugar donde cobijarse.
E incluso pasaron la noche en la calle y, algunos pernoctaron en los techos de las viviendas que rodean el sitio.
Residentes del sector se apiadaron de los niños migrantes y en un principio se organizaron para proporcionarles sopa con frijoles.
Finalmente, los vecinos terminaron cocinando para los 130 adultos y 65 menores que todavía se mantenían en grupos al exterior del recinto religioso.
La pandemia en Matamoros se ha agudizado en las últimas semanas e incluso las autoridades de la Secretaría de Salud de Tamaulipas han catalogado en semáforo rojo (peligro máximo) al municipio, pues es la segunda urbe de la entidad con más casos activos, al registrar 470. (Efe, Ovaciones, Nacional, p. 9)
A escala mundial, el número de trabajadores migrantes se incrementó 3 por ciento, al pasar de 164 millones a 169 millones entre 2017 y 2019. Este sector –que carece de protección social– constituye 4.9 por ciento de la fuerza laboral en el planeta, convirtiéndolos en una parte integral de la economía mundial, indica un informe de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Si bien el grueso de los trabajadores migrantes son adultos (de 25 a 64 años), pues representan 86.5 por ciento, la proporción de los jóvenes (16-24 años) aumentó casi 2 puntos porcentuales –esto es, 3.2 millones en 2017– hasta alcanzar 16.8 millones en 2019. En cambio, la proporción de quienes tienen 65 años o más se redujo de 5.2 a 3.6 por ciento en ese periodo.
El documento Estimaciones mundiales sobre los trabajadores migrantes internacionales toma como referencia 2019, un año antes de la pandemia de Covid-19 pero, subraya la OIT, ofrece un punto de referencia para analizar los cambios provocados en trabajos futuros.
La fuerte representación de adultos en plena edad de trabajar, explica, se debe a la mayor capacidad de este grupo para emigrar a un país extranjero –en términos de medios económicos y de conexiones sociales– y a mayores posibles beneficios con respecto a los jóvenes migrantes con menos años de experiencia.
En tanto, el aumento de la migración juvenil podría deberse a las elevadas tasas de desempleo en el sector en los países en desarrollo y al aumento de su población.
Según los datos, la mayoría de los trabajadores migrantes son hombres (99 millones), mientras 70 millones son mujeres. Ellas enfrentan más obstáculos económicos y tienen mayor probabilidad de emigrar como familiares acompañantes por razones distintas a la de buscar trabajo.
Pueden sufrir discriminación por razones de género en el mercado de trabajo y carecer de conexiones sociales que les faciliten conciliar la vida laboral y familiar en un país extranjero, lo que reduciría la representación de las mujeres en la migración laboral.
Por sectores, 66.2 por ciento de los migrantes labora en servicios, donde existe mayor presencia femenina; 26.7 por ciento en la industria y 7.1 por ciento en la agricultura, donde se encuentran más hombres.
El informe señala que es frecuente que los trabajadores migrantes estén expuestos a mayor riesgo de inseguridad, despidos y deterioro de las condiciones de trabajo, toda vez que la mayoría de ellos ocupan puestos temporales, informales o no protegidos.
La pandemia ha revelado la precariedad de su situación. Los trabajadores migrantes, con frecuencia, son los primeros en ser despedidos, tienen dificultades para tener acceso al tratamiento y muchas veces están excluidos de las respuestas políticas nacionales al Covid-19, declaró Manuela Tomei, directora del Departamento de Condiciones de Trabajo e Igualdad de la OIT.
El organismo resaltó la importancia de las políticas de migración laboral, las cuales serán efectivas sólo si se basan en datos estadísticos confiables. (Jared Laureles, La Jornada, Política, p. 12)
(Laura Toribio, Excélsior, Nacional, p. 18)

Después de que Excélsior recorriera albergues para migrantes en Tijuana y diera a conocer el brote de varicela, autoridades de Salud llegaron al Campamento improvisado el Chaparral a instalar un módulo de vacunación contra la enfermedad.
Alonso Pérez, secretario de Salud, dijo que hacen un recorrido portados los centros de atención migrante. (Yolanda Morales, Excélsior, Nacional, p. 16)

Migrantes aprovechan la jornada de aplicación de la vacuna anticovid para protegerse de la enfermedad. (Redacción, El Sol de México, República, p. 12)

En su primera visita a la frontera desde que dejó el cargo de Presidente de EU, Donald Trump urgió ayer a retomar su polémica política de asilo, que obligó a decenas de miles de migrantes a esperar en México mientras se procesaban sus casos.
Trump acompañó al Gobernador de Texas, Gregg Abbott, en Weslaco, en el Valle del Río Grande, donde se realizó una reunión de seguridad enfocada en la situación migratoria.
Su visita llega unos días después de que la Vicepresidenta Kamala Harris visitó El Paso, también en Texas, para supervisar el trabajo en los centros de procesamiento de migrantes.
“Tenemos que regresar el ‘Quédate en México’. Eso fue algo muy difícil de conseguir. Nos llevó muchas litigaciones, negociar con México.
“Realmente creo que el Presidente de México es un gran tipo. Sorpresivamente, él quiere que esto funcione, porque tiene a gente arrojándose por su país por millones”, agregó Trump, en referencia a Andrés Manuel López Obrador, en la reunión con policías estatales.
El Protocolo de Protección al Migrante, conocido como “Quédate en México”, obligaba a los solicitantes de asilo a esperar en abarrotados campamentos en ciudades fronterizas mexicanas mientras los tribunales de inmigración de Estados Unidos procesaban sus casos. Decenas de miles estuvieron sujetos al programa, que la administración de Joe Biden eliminó al llegar al poder.
Tras una primera conferencia de prensa, Trump acudió a un punto del muro fronterizo, donde repitió sus comentarios.
“Teníamos la mejor frontera y ahora todo terminó”, aseguró.
Abbott, quien invitó al ex mandatario a su estado, lanzó una iniciativa para continuar el muro fronterizo con fondos estatales, y solicitó ayuda policial a otros estados de la Unión Americana para atender el creciente flujo migratorio, acusando al Presidente Biden de generar una crisis fronteriza por relajar las normas antimigrantes.
En la reunión, el ex mandatario defendió sus políticas migratorias, incluyendo el muro fronterizo, que aseguró es impenetrable, y afirmó que la actual administración se equivocó al detener su construcción.
“Podrían haberlo completado en unos meses, pero no quisieron. Escuché rumores de que lo querían hacer de nuevo. Construimos un muro que no era penetrable, casi lo terminamos, y luego hubo una elección en la lo que lo hicimos mejor que la pasada… nuestras elecciones son un desastre”, dijo.
Asimismo, acusó a los demócratas de iniciar una campaña de desinformación al culpar a su administración de la situación en la frontera. La semana pasada, Harris afirmó que la situación migratoria en El Paso, y en la frontera, fue generada por la política del anterior Gobierno.
Trump reiteró que se lleva muy bien con López Obrador, y que a él le interesa que la situación migratoria se arregle.
“Trabajamos muy bien, es una persona increíble y ama México”, indicó.
Desde que asumió el cargo hace cinco meses, Biden ha revertido muchas de las políticas restrictivas de Trump y prometió un sistema más humano.
Detuvo la construcción del muro de Trump y cerró un programa que obligó a decenas de miles de migrantes a esperar en México a la espera de la resolución de sus casos de asilo en EU.
Al presentar a Trump, Abbott aseguró que es un amigo suyo y el único Presidente que puso en marcha medidas efectivas para asegurar la frontera.
Dijo que la administración de Biden debe enfocarse en la frontera y no en los países de Centroamérica, como ha hecho, en busca de atender las causas de origen de la migración.
Criticó en particular la labor de Harris, a quien se le encomendó liderar los esfuerzos para atender la migración irregular.
“Ella está engañando a Estados Unidos”, afirmó Abbott. (Staff, Reforma, Nacional, p. 13)
(Redacción, El Universal, Mundo, p. A14)
(Afp, Excélsior, Global, p. 24)
(Afp y Reuters, El Heraldo de México, Orbe, p. 25)
(Afp y Reuters, El Economista, GeoPolítica, p. 40)
(Agencias, El Financiero, Mundo, p. 24)
(Efe y Afp, El Sol de México, Mundo, p. 24)
(Fran Ruíz, La Crónica, Mundo, p. 18)
(Luis Fernando Reyes, 24 Horas, P.p.)
(Redacción, La Razón, Mundo, p. 19)
(EFE, Ovaciones, Internacional, p.13)
(Agencias, Contraréplica, Global, p. 14)

Donald Trump, ex presidente de EU, pidió en Texas reactivar el programa migratorio Quédate en México y agradeció a AMLO que quisiera “resolver” el flujo de indocumentados. (AP, Milenio, Política, p. 13)
El Paso.- Decenas de organizaciones sociales de Texas rechazaron ayer la visita a la frontera del ex Presidente Donald Trump y del Gobernador Greg Abbott.
En una carta abierta dirigida a ambos, la Alianza de Texas por una Reforma Migratoria (RITA) y 40 asociaciones con sede en ese estado, condenaron lo que llamaron la hipocresía de la visita, a la luz de la retórica y políticas inmigrantes, racistas y xenófobas que han promovido.
“Trump y Abbott enmarcan esta visita como una respuesta a los fracasos del Presidente Biden en la frontera, pero el hecho es que es simplemente un esfuerzo por continuar perpetuando narrativas infundadas y xenófobas que han puesto en peligro a las comunidades fronterizas. No debemos permitir que la frontera se use como un futbol político en una farsa racista”, señalo Adriana Cadena, directora general de RITA.
Trump realizó ayer su primera visita como ex Presidente a la frontera, donde acompañó a Abbott en Weslaco, en el Valle del Río Grande, a una reunión enfocada en la situación migratoria.
“Esta visita sólo promete continuar con la narrativa falsa de supremacistas blancos sobre los inmigrantes y traer el caos a nuestras comunidades fronterizas. No tenemos una “crisis de inmigración”. Más bien, tenemos una crisis de información falsa y mentiras difundidas por políticos como Abbott y Trump”, consideró Fernando García, director ejecutivo de Red Fronteriza por los Derechos Humanos. (Pedro Sánchez Briones, Reforma, Nacional, p. 13)

Washington. EU cerrará media docena de las instalaciones de emergencia del Departamento de Salud (HHS) en las que ha alojado a miles de niños migrantes que cruzaron sin alguno de sus padres o tutor legal. A finales de junio, más de 14 mil 700 menores estaban en custodia de la autoridad sanitaria. (Staff, Reforma, Internacional, p. 14)
(Redacción, Excélsior, Global, p. 24)

A más de dos años de su creación, la Guardia Nacional se consolida como la fuerza de seguridad más importante del país y en el epicentro de la estrategia del Gobierno federal, superando en número de efectivos a la Secretaría de la Defensa Nacional.
Desde su creación, en marzo del 2019, durante su ejecución y hasta la actualidad, al marco legal de la Guardia Nacional le han llovido críticas y recursos que incluso han escalado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pese a eso, la institución sigue creciendo.
El pasado fin de semana desde Baja California, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que en los últimos dos años su administración había construido 165 cuarteles de la Guardia Nacional, que la fuerza operativa de la institución era de más de 100 mil elementos y que para finales de su sexenio las bases de operaciones aumentarían a 500 en todo el país.
Además, el jefe del Ejecutivo federal dijo que el precio promedio de un cuartel de una hectárea que incluye dormitorios para 100 elementos, cocina equipada, aulas de formación, sistema de vigilancia, canchas y jardín, era de 26 millones de pesos.
Es decir, que hasta el pasado fin de semana el Gobierno federal ha gastado 4 mil 290 millones de pesos en infraestructura para la Guardia Nacional y busca invertir al menos 13 mil millones de pesos.
El presidente López Obrador también dijo que cada cuartel tarda en construirse seis meses y los encargados de la edificación, al igual que en las principales obras de su gestión, son el cuerpo de ingenieros y militares de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con datos obtenidos a través de transparencia, la Sedena terminó el año pasado 120 cuarteles, espera construir otros 76 este año para tener a finales de 2021 al menos 248 bases terminadas.
MILES DE EFECTIVOS
Los integrantes de la Guardia Nacional ya son más que los del Ejército, mientras al 31 de diciembre del 2020 la Sedena reportaba que contaba con 84 mil 847 elementos, la Secretaría de Marina con 16 mil 351, la Guardia Nacional reportó a 95 mil 282 elementos divididos en 200 coordinaciones regionales, ahora su fuerza operativa es de más de 100 mil elementos.
Respecto al despliegue de elementos de la Guardia Nacional por estado, la Ciudad de México encabeza la lista con 12 mil 751 efectivos, el Estado de México con 9 mil 638, Guanajuato con 6 mil 855, Jalisco con 5 mil 831 y Michoacán con 4 mil 910 elementos.
En contraparte, las entidades con menos efectivos de la Guardia Nacional, son Aguascalientes con 358, Tlaxcala con 560, Yucatán con 844, Campeche con 920 y Colima con 986.
Sobre las tareas que realizan los elementos de la Guardia Nacional, la organización de seguridad respondió que 98 mil 381 se encuentra realizando operaciones para la construcción de la paz, 12 mil 647 son utilizados para atención en desastres, 3 mil 215 para el Plan de Migración y Desarrollo de la Frontera Norte y Sur, mil 527 se encargan de la seguridad en instalaciones estratégicas, 514 para operaciones de combate al mercado ilícito de combustibles y solo 100 a operaciones de búsqueda y rescate.
FALTA CERTIFICACIÓN EN GUARDIA NACIONAL
Durante el fin de semana que el presidente López Obrador anunció en Baja California la construcción durante su sexenio de 500 cuarteles de la Guardia Nacional, en su natal Tabasco una mujer murió y otra más resultó herida en un enfrentamiento a balazos entre elementos del cuerpo de seguridad y presuntos polleros.
De acuerdo con C4 de la entidad, ocho elementos de la Guardia circulaban por la Ranchería Punta Arena en el municipio de Xalapa cuando detectaron tres vehículos sospechosos a los que les marcaron el alto. Al darse a la fuga, los elementos de la Guardia Nacional presuntamente comenzaron a disparar ocasionando que una de las camionetas chocara en contra de un árbol.
La conductora murió, su acompañante resultó herida y durante el operativo la Guardia Nacional detuvo a cuatro mujeres, dos hombres y aseguró a 10 menores de edad provenientes de Honduras que fueron entregados al Instituto Nacional de Migración.
Ese mismo fin de semana, en Dolores Hidalgo, Guanajuato, un menor de edad y un adulto resultaron lesionados por un disparo de arma de fuego que por accidente accionó un elemento de la Guardia Nacional.
De acuerdo con medios locales, el efectivo presuntamente se tropezó mientras llevaba el arma en manos y soltó una ráfaga de balas por no traer puesto el seguro.
Al respecto, legisladores federales del PAN recordaron en un comunicado que solo el 10 por ciento de los efectivos de la Guardia Nacional han sido certificados para realizar funciones de policía civil y que el 28 de mayo se venció el plazo constitucional y legal para certificar a sus integrantes.
“En el Segundo Informe Anual de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la misma Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC) informó que del total de los 104 mil 267 efectivos de la Guardia Nacional, solo 10 mil 396 están certificados”, argumentaron los albiazules.
El artículo 21 constitucional obliga a los integrantes de instituciones de seguridad pública a ser certificados en sus capacidades como policías, de no tenerlo, implica baja de la corporación.
Al respecto el senador y especialista en Derechos Humanos, Emilio Álvarez Icaza, niega que la construcción de más cuarteles y un mayor despliegue de Fuerzas Armadas vaya a ser sinónimo de más seguridad. (Rubén Zermeño, Reporte Índigo, P.p.)
Funcionarios de alto nivel del FBI y de la Fiscalía General de Estados Unidos se reunieron con autoridades mexicanas para avanzar en una estrategia de seguridad conjunta “que deje atrás las políticas punitivas características de la Iniciativa Mérida”, informaron las secretarías de Relaciones Exteriores, así como de Seguridad y Protección Ciudadana.
La comitiva estadunidense estuvo encabezada por el subdirector del FBI, Calvin A. Shivers, y la fiscal General asistente adjunta, Amanda Liskamm, quienes abordaron el reforzamiento del combate al crimen trasnacional y otros temas, con el jefe de unidad para América del Norte de la cancillería, Roberto Velasco, y el subsecretario, Ricardo Mejía.
Para este jueves está programado un encuentro de trabajo con la DEA, “en seguimiento al diálogo continuo entre las administraciones de los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joseph Biden” para tratar los objetivos compartidos de México y EU en materia de seguridad.
“Los representantes de ambos países coincidieron en avanzar en una estrategia en temas de salud pública, y otra que priorice y fortalezca la ampliación de los mecanismos de inteligencia, especialmente la financiera, que deje atrás las políticas punitivas características de la Iniciativa Mérida”, puntualizaron la SRE y la SSPC. (Ignacio Alzaga, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 34)
(Enrique Sánchez, Excélsior, Nacional, p. 16)
E a DEA (Administración de Control de Drogas, por sus siglas en inglés) asestó un duro golpe al Cártel de Sinaloa, al capturar a 44 de 60 de sus integrantes que tenían su sede de operaciones en San Diego, California, durante un megaoperativo realizado el martes.
A través de su página oficial, la agencia estadounidense precisó que en la acción efectuada en dicha ciudad, como en otros cinco estados de EU, se incautaron 100 kilogramos de metanfetaminas y otras drogas, así como 90 armas de fuego y alrededor de 250 mil dólares.
La acción policiaca se realizó tras la acusación en un tribunal federal de EU contra 60 miembros del Cártel de Sinaloa, por su responsabilidad en el tráfico de drogas y de armas, así como lavado de dinero.
Indicó que aún se encuentran en trámites para realizar el aseguramiento de las residencias, autos de lujo y los recursos económicos que pertenecen a los integrantes detenidos del cártel sinaloense.
La DEA detalló que los involucrados participaron en una compleja red internacional de narcotráfico, a través de la cual recibieron miles de kilogramos de metanfetaminas por parte del grupo criminal que lideraba Joaquín El Chapo Guzmán.
De acuerdo con las investigaciones, la droga llegaba a EU a través de escondites en automóviles, motocicletas, trenes, aerolíneas comerciales, el correo estadounidense y servicios de entrega comercial, como Fedex y UPS, para ser distribuida.
“Se distribuía a docenas de subdistribuidores ubicados en todo el condado de San Diego; Estados Unidos y el mundo, incluidos Hawai, Arizona, Texas, Kansas, Iowa, Indiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts y Kentucky; y otros países, incluidos Australia y Nueva Zelanda”, agregó la dependencia.
Respecto a los pagos millonarios, la DEA detectó que éstos se efectuaban a través de distintos medios, con el objetivo de no ser rastreados por las autoridades estadounidenses y mexicanas.
“A cambio, decenas de miles de dólares en ganancias de narcóticos se devolvieron a los líderes de la red a través de envíos de efectivo a granel, depósitos estructurados en efectivo en cuentas bancarias y sistemas de transferencia de dinero, como MoneyGram, Western Union, PayPal, Zelle, Venmo y Cash App”, reveló la agencia federal.
“Hoy hemos asestado un duro golpe a esta red internacional de tráfico de drogas con sede en San Diego, que tiene vínculos con el Cártel de Sinaloa”, dijo el fiscal federal interino Randy Grossman.
Por su parte, el agente especial a cargo de la DEA, John W. Callery, aseguró que “la agencia está intensificando sus esfuerzos para interrumpir, desmantelar y destruir las organizaciones de tráfico de drogas más violentas en todo el país, bajo la Operación Crystal Shield”.
Mientras que el agente especial a cargo de la oficina de campo de Los Ángeles de Investigación Criminal del IRS, Ryan L. Korner, consideró que la motivación principal de los traficantes de droga es la codicia. (Sergio Ramírez, La Razón, México, p. 9)
La ciudad de Nueva York lanzará este verano en México su primera campaña publicitaria en el extranjero para atraer a turistas tras la pandemia.
Para ello destinará 30 millones de dólares con los que busca revitalizar este sector clave para la Gran Manzana.
“Latinoamérica es supremamente importante para el turismo en la ciudad (…) Por ejemplo, si nos referimos a 2019 podría decirte que cerca de siete países latinoamericanos estuvieron en el ranking de los 30 países que más visitaron Nueva York”, aseguró Adriana Aristizábal, portavoz de NYC & Company, la empresa encargada de la promoción turística de la urbe.
El plan lanzado por la ciudad, “Nueva York, el momento es ahora”, ya ha arrancado a nivel regional y nacional buscando reanimar el turismo local, tradicionalmente el más importante para la ciudad de los rascacielos, ya que representa casi 80 por ciento de los visitantes totales.
Después irá a Canadá y Reino Unido, y sumará a otros mercados según se vayan levantando las restricciones de viaje.
Según los datos de la compañía, 495 mil turistas mexicanos visitaron en 2019 a Nueva York pero por las restricciones impuestas en marzo de 2019 se desplomó el número de visitantes en 67 por ciento. (EFE, Reforma, Negocios, p. 5)
(Redacción, Ovaciones, Finanzas, p. 6)