La emergencia sanitaria por el COVID-19 ha golpeado a los migrantes. La situación para estos grupos de personas se complica más, ya que enfrentan dificultad para acceder a un empleo que les garantice el acceso a servicios médicos y sanitarios.
Su situación de vulnerabilidad se vuelve más compleja. Por un lado se encuentran quienes deben regresar a sus hogares en países de ingresos bajos y medianos, donde los mercados laborales están frágiles a causa de la crisis por el coronavirus, mientras que otros se encuentran varados en las naciones de acogida, sin acceso a la protección social y con poco dinero para costear su alimentación o alojamiento.
Los trabajadores migrantes que regresan a sus países aportan competencias y talentos que apoyarían en la recuperación de sus economías
El número de personas que se vieron obligadas a abandonar sus países alcanzó un récord en 2019, cuando registró un crecimiento de 79.5 millones de migrantes, de acuerdo con datos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Este número equivale a casi el doble de la cantidad de personas en crisis registrada hace una década, como resultado de la guerra, la violencia, la persecución y otras emergencias, puntualiza el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).
La oficina de la ONU detalla que el 68 por ciento de los refugiados y desplazados en el extranjero provienen de cinco países. Siria encabeza la lista con 6.6 millones, le sigue Venezuela con 3.7 millones, Afganistán con 2.7 millones, Sudán del Sur con 2.2 millones y Myanmar con 1.1 millones.
En tanto, el país que acogió a más refugiados a nivel mundial fue Turquía con 3.6 millones, seguido de Colombia con 1.8 millones, Pakistán con 1.4 millones, Uganda con 1.4 millones y Alemania con 1.1 millones, de acuerdo con los datos del informe “Tendencias globales: desplazamiento forzado en 2019”.
El panorama de migrantes y desplazados puede ser desolador. En primer lugar, porque algunos de los países que ofrecen refugio, como es el caso de Uganda, sufren severas crisis alimentarias y un alto número de sus habitantes padecen hambruna.
Es por ello que la emergencia por la pandemia amenaza con llevar a estos grupos a enfrentar situaciones de carencias, por lo que se prevé que crezca el número de personas que enfrenten una crisis de pobreza
Algunos gobiernos han sumado esfuerzos para garantizar que los migrantes mitiguen su contexto de vulnerabilidad, sin embargo, es posible que pudiera desarrollarse una crisis de derechos humanos, porque no existen mecanismos claros para garantizarlos.
Al respecto, Filippo Grandi, alto comisionado de ACNUR, en un encuentro con medios en Ginebra manifestó su preocupación, ante la situación que combina las carencias, aunque afirmó que ha mantenido reuniones con algunos líderes para garantizar la seguridad de estos grupos.
“No se puede esperar que las personas vivan en un estado de incertidumbre durante años, sin la posibilidad de volver a casa, ni la esperanza de construir un futuro donde estén. Necesitamos una actitud nueva y más receptiva hacia todas las personas desplazadas”, declaró Grandi.
EMERGENCIA DE MIGRANTES DESPLAZADOS EN PUERTA
La migración va en aumento a causa de la situación particular de algunos países, como la guerra en Siria o la crisis política en Venezuela, que han elevado las cifras de desplazados en el último año.
En 2019, el número de migrantes llegó a 272 millones, 51 millones más que en 2010. Los migrantes internacionales comprenden un 3.5 por ciento de la población mundial, cifra que continúa en tendencia ascendente, de acuerdo con la ONU.
Del total de migrantes, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) estima que 164 millones son trabajadores, casi la mitad de ellos mujeres, que representan el 4.7 por ciento de la fuerza de trabajo mundial.
La situación para este grupo podría complicarse con la entrada de la nueva normalidad, dado que un número importante se enfrentará con un mercado laboral débil que no garantizará su inserción a un empleo en el corto plazo.
Si bien muchos trabajadores migrantes, en particular mujeres, trabajan en los sectores de la atención de la salud o la agricultura en sus países de acogida, otros han perdido su empleo o han seguido trabajando de manera informal.
La mayoría de los países de origen tienen un margen muy limitado y no cuentan con políticas y sistemas que garanticen una gobernanza eficaz de la migración laboral y planes de reincorporación, lo cual desencadenará una crisis de desempleo, pobreza y desigualdad.
“Millones de trabajadores migrantes, que estaban confinados en sus países de trabajo, han perdido el empleo y se prevé que ahora regresen a casa en países que ya están lidiando con una economía débil y un desempleo creciente”, declaró Manuela Tomei, directora del departamento de condiciones de trabajo e igualdad de la OIT. (Mara Echeverría, Reporte Índigo, Latitud, p. 26)
La pandemia de coronavirus provocó una caída en las remesas de seis países de América Latina durante abril, reveló el Centro Pew Research.
En ese mes, México, Colombia, El Salvador, Guatemala, Honduras y República Dominicana reportaron en conjunto una caída de 17 por ciento en el envío de dinero del extranjero, comparado con abril de 2019.
Esto supone 981.2 millones de dólares menos, según el reporte Entre covid-19, remesas de algunos países de América Latina cayeron abruptamente.
Después de la caída en ese mes, las seis naciones revisadas presentaron un repunte.
El peor panorama fue para El Salvador, con una caída de -40 por ciento, seguido de Colombia, con -38.5 por ciento. En tanto, el escenario más favorable fue para nuestro país, con -2.6 por ciento, según los conteos elaborados con las cifras del banco central de cada país.
Las naciones analizadas representan 80 por ciento de la población de migrantes de origen hispano que habitan en Estados Unidos.
En este panorama, en mayo pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador agradeció a los migrantes por el envío de cuatro mil millones de dólares en remesas
En tanto, los países del Triángulo Norte experimentaron su mayor porcentaje de caídas de remesas en la primera mitad del año por primera vez desde 2009. (Verónica Mondragón, Excélsior, Alerta Coronavirus, p. 17)
El jefe del Ejecutivo asegura que a finales de este año se van a cumplir por completo los compromisos
Al segundo año de gobierno de la 4T, 4 por ciento de las promesas de campañas no se han cumplido, de acuerdo con las estimaciones del propio presidente Andrés Manuel López Obrador.
En materia de seguridad, sigue el proceso de consolidación de la Guardia Nacional y su despliegue por las 266 coordinaciones territoriales, construyendo sus respectivos cuarteles.
A partir del 18 de enero de este año, se despliega la Guardia Nacional para frenar el paso a caravana de migrantes centroamericanos en Suchiate, Chiapas. (Francisco Nieto Balbino, El Heraldo de México, País, p. 8)
La marginación, la tragedia, la migración, las protestas alrededor del mundo y los efectos del cambio climático son los ejes centrales de la exposición World Press Photo 2020, que abrirá del 2 de septiembre al 8 de noviembre, en el claustro del Museo Franz Mayer bajo un esquema de sana distancia.
En esta edición también destaca la imagen Roadrunner Approaching the Border Wall (Correcaminos acercándose al muro fronterizo), de Alejandro Prieto, el único mexicano que obtuvo un lugar entre las distinciones de este año, con el segundo lugar en la categoría de Naturaleza.
Esta imagen también es muy poderosa porque podemos apreciar a un correcaminos que es prácticamente detenido por el muro fronterizo entre Estados Unidos y México, por lo que el impacto de la fotografía nos permite ver no sólo las tragedias humanas, sino que el cruce de este muro implica un enorme peligro hacia los ecosistemas y la biodiversidad compartida”, apuntó Alejandra de la Paz, directora del Museo Franz Mayer. (Juan Carlos Talavera, Excélsior, P.p.)
El gobierno de EU pidió a la fiscal general del distrito sur de Florida, Adriana Fajardo, “certificar la extradición de César Duarte” al considerar que el resumen de la investigación presentada por el Fiscal general del Estado Cesar Peniche reúne “evidencia suficiente que establece una causa probable” de los delitos del ex gobernador. (Redacción, Milenio, Política, p. 14)
(Redacción, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 28)
(Manrique Gandaria y Venessa Rivas, El Sol de México, P.p.)
Una mujer de nacionalidad estadounidense que pretendía ingresar a territorio nacional con un arma de alto poder conocida como Barrett calibre 50 abastecida y con alrededor de ocho mil cartuchos útiles, fue detenida en la garita de la Puerta 1 en Nogales Sonora.
Elementos de la Guardia Nacional y personal del Servicio de Administración Tributaria (SAT) la ubicaron al efectuar una inspección de seguridad a la unidad con placas de circulación de Arizona, Estados Unidos, ahí observaron en los asientos traseros una maleta que trasladaba el arma de fuego con 18 cartuchos, al revisar la cajuela fueron halladas ocho cajas que contenían a su vez 50 cajas con 20 cartuchos útiles calibre 7.62 x 39 mm., cada una.
La mujer detenida junto con lo asegurado fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República en la entidad, a fin de deslindar responsabilidades. (Noel F. Alvarado, La Prensa, Policía, p. 13)
(David Vicenteño, Excélsior, Nacional, p. 20)
Un juez federal falló el lunes que los empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos no pueden realizar la entrevista inicial de las personas que solicitan asilo, lo que representa un revés para una de las estrategias del gobierno del presidente Donald Trump para acotar el asilo.
La orden judicial a nivel nacional probablemente tendrá poco o ningún impacto inmediato debido a que el gobierno ha suspendido de facto el proceso de asilo durante la pandemia de coronavirus, alegando cuestiones de salud pública.
El gobierno de Trump argumentó que los empleados de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP por sus siglas en inglés) que habían sido designados para las entrevistas estaban capacitados de manera similar a los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por sus siglas en inglés), otra agencia del Departamento de Seguridad Nacional. El juez federal Richard J. Leon en Washington estuvo en desacuerdo.
Leon, quien fue designado por el expresidente George W. Bush, dijo que los empleados de la CBP reciben de dos a tres semanas de capacitación a distancia y presencial, mientras que los funcionarios de asilo reciben por lo menos nueve semanas de capacitación formal.
Los abogados de algunas mujeres y sus hijos originarios de México, Ecuador y Honduras que no pasaron la evaluación preliminar —conocida como entrevista de “miedo creíble”, en la que deben persuadir a las autoridades de que tienen un temor fundado a la persecución en su país natal— alegaron que los empleados de la CBP no estaban autorizados para realizar el trabajo y que carecían de capacitación. (AP, Reforma, Internacional, p. 16)
La administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prohibió a los beneficiarios del Estatus de Protección Temporal o TPS aspirar a la residencia legal permanente o la ciudadanía.
El Estatus de Protección Temporal es por su propia naturaleza temporal, expresó el subdirector de políticas de la oficina de Servicios de Ciudadanía e inmigración, Joseph Edlow, en un comunicado.
El TPS no debe proporcionar un camino para el estatus legal de residente permanente o ciudadanía. La mala interpretación y la aplicación inconsistente de esta ley han permitido previamente esas vías para los beneficiarios extranjeros del TPS”, abundó.
Actualmente, más de 320 mil personas en EU están amparados por TPS.
Según Edlow, es una distorsión que un beneficiario quiera cambiar de condición migratoria a residente legal permanente o a ciudadano.
El comunicado oficial se refiere a que los extranjeros con TPS estarían temporalmente protegidos para no ser deportados, y se refiere a aquellos que salen de Estados Unidos a visitar esos países.
La oficina de Servicios Legales Católicos de la arquidiócesis de Miami advirtió que la administración de Trump aleja la posibilidad de que los beneficiarios del TPS ante deportaciones puedan aspirar a la residencia legal.
La nueva política anula una práctica de una década, y ha sucedido sin previo aviso, sin ningún análisis legal, y francamente sin ninguna justificación en la ley”, dijo Randy McGrorty, director ejecutivo de Catholic Legal Services of Miami, a la emisora WRLN. (Manuel Ocaño, Excélsior, Global, p. 25)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.