En agosto pasado, 15 mil 471 mexicanos fueron deportados de Estados Unidos, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia en marzo, y es similar al promedio mensual de devoluciones de 2019.
En tanto, frente a un exhorto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el Instituto Nacional de Migración (INM) indicó que aplica un protocolo para recibir a los paisanos.
Al mismo tiempo, el organismo dependiente de la Secretaría de Gobernación (SG) desmintió una versión que circulaba ayer por las redes sociales de que el gobierno mexicano regularizaría caravanas de migrantes.
Datos de la Unidad de Política Migratoria de la SG indican que en los primeros ocho meses de 2019 un total de 139 mil 887 mexicanos habían sido repatriados desde el vecino país; en el mismo periodo del año en curso se acumulaban 119 mil 257 casos.
Eso se explica por los niveles bajos de abril y mayo, por las restricciones de movilidad ante la expansión del coronavirus, pero en agosto Estados Unidos retomó el paso en cuanto alas deportaciones.
Las 119 mil personas que fueron regresadas es una cifra sustancialmente mayor que las repatriaciones operadas por el INM que en el mismo periodo llegó a 46 mil 782.
En Estados Unidos se comenzó a retomar en junio la repatriación de connacionales, con 12 mil 598 casos; para julio sumaron 14 mil 800 y en agosto 15 mil 471, la mayoría son hombres mayores de edad, aunque también se reporta la devolución de 11 niños no acompañados y 598 que iban con alguien, así como de 883 adolescentes.
Menores migrantes
Si se da la perspectiva de todo el año, de los casi 120 mil devueltos, son 6 mil 154 adolescentes (la mayoría viajaba solo) y mil 333 niños menores de 11 años, de los cuales 101 fueron devueltos a México sin la compañía de un familiar adulto.
En ese contexto, el INM aseveró que recibe en condiciones dignas a los mexicanos repatriados dentro de las obligaciones que le confiere la ley en la materia.
Dijo que retoma los señalamientos de la CNDH con el fin de fortalecer las acciones establecidas en el programa de repatriación.
Mencionó que al llegar al aeropuerto se practica una revisión general a los connacionales para detectar alguna sintomatología asociada con el Covid-19, por lo que se entrega un certificado médico a fin de no ser víctimas de actos discriminatorios en México. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 11)
San José. – Luego de una pausa obligada por restricciones fronterizas y de movilidad impuestas por el coronavirus, las caravanas de migrantes irregulares que viajan de Centroamérica a México y Estados Unidos, a pie y sin visa, se reanudaron anoche en Honduras con aproximadamente un millar de personas.
“Ya van en camino”, dijo el periodista hondureño Orlando Escoto, jefe de Redacción del periódico El País, de San Pedro Sula, en el norte de Honduras.
Los caminantes, en su mayoría hondureños, se dirigen al puesto de Corinto, en el norteño departamento (estado) hondureño de Cortés y limítrofe con el nororiental departamento guatemalteco de Izabal, precisó Escoto a EL UNIVERSAL.
Un grupo se reunió ayer desde las 14:00 horas (15:00 en el centro de México) en los alrededores de la Gran Central Metropolitana, estación de autobuses de San Pedro Sula.
La meta inicial era emprender la marcha hoy en la madrugada rumbo a una primera escala en suelo guatemalteco para intentar penetrar a México y a EU, pero sorpresivamente los viajeros empezaron a trasladarse anoche cerca de las 19:40 horas hacia Corinto.
Guatemala reabrió el 18 de septiembre sus fronteras terrestres tras mantenerlas cerradas desde el 13 de marzo por el Covid-19. Hondureños, salvadoreños, guatemaltecos y nicaragüenses tienen libre ingreso a Honduras, Guatemala, El Salvador y Nicaragua.
Las caminatas fueron repudiadas por el presidente de EU, Donald Trump, por su política antimigrante. Los migrantes, por su parte, argumentan que huyen de la represión política, la crisis socioeconómica y la inseguridad.
Los gobiernos de Honduras, Guatemala y El Salvador no han logrado evitar que sus ciudadanos se unan a las caravanas. (José Meléndez, El Universal, Estados, p. A12)
(Laura Toribio, Excélsior, Alerta Coronavirus, p. 13)
Al menos 2 mil 500 migrantes salieron la noche de este miércoles desde San Pedro Sula, rumbo a México y Estados Unidos en busca del sueño americano. Originalmente se tenía previsto que el éxodo se realizara hoy, pero los centroamericanos decidieron adelantar su salida. (Redacción, La Razón, México, p. 4)
La tarde de ayer fue encontrado y detenido Diego Urik Mañón Melgoza, principal sospechoso del feminicidio de la joven maestra Jessica González, quien desapareció el lunes de la semana pasada y fue hallada muerta el viernes 25 de septiembre en Michoacán.
Por medio de Twitter, el fiscal general de Michoacán, Adrián López Solís, comunicó que el presunto feminicida ya fue detenido y se realizan los trámites para presentarlo ante el juez de control que lo reclama.
“Informo que hace unos momentos personal de la @FiscaliaMich detuvo a Diego Urik ’N’ probable responsable del feminicidio de Jessica. En estos momentos se realizan los trámites para ponerlo a disposición del Juez de Control que lo reclama. Mantenemos firme nuestro compromiso de que se haga justicia”, escribió el funcionario estatal en redes sociales
Lo anterior se da luego que la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), informó que colabora con la Fiscalía General del Estado de Michoacán y con la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) para detectar e informar sobre el ingreso o salida del país de Diego Urik.
El cuerpo de la joven, de 21 años, fue hallado en una zona boscosa del sur de Morelia, capital de Michoacán, informó el viernes un equipo de investigadores de la Fiscalía General del Estado (FGE). (Índigo Staff, Reporte Índigo, Reporte, p. 3)
(Armando Gutiérrez, El Sol de México, República, p. 21)
(Eduardo Luis Hernández, Milenio, Política, p. 11)
Autoridades mexicanas descartaron que dos mujeres que estaban en un centro migratorio de Estados Unidos fueron sometidas a histerectomías.
En uno hay una mujer que reporta que no obtuvo suficiente conocimiento del procedimiento que se le iba a practicar. Su médico en México hizo un dictamen y nos informó que sus órganos reproductores no tenían daños, pero de todos modos está recibiendo asistencia legal”, afirmó Roberto Velasco, Director General para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, en entrevista con Nacho Lozano en De Pisa y Corre.
Velasco confirmó que se trata del caso de Yuridia, una mujer de 36 años cuyo caso quedó consignado en el periódico The New York Times.
Hace dos semanas, medios estadunidenses reportaron que mujeres retenidas bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas fueron víctimas de cirugías de esterilización forzada sin su consentimiento.
La cancillería mexicana identificó a 23 mujeres para determinar si se les practicó una cirugía para retirar el útero u otro tipo de intervención.
De las 20 que fueron entrevistadas, 18 no reportaron que se les haya practicado ninguna cirugía, de cualquier tipo”, afirmó el funcionario federal.
Está pendiente cuestionar a tres mujer pues fueron deportadas a México y se trabaja para ubicarlas.
Por supuesto que es algo muy delicado, por eso hemos hecho todas estas gestiones y vamos a acompañar a las víctimas hasta las últimas consecuencias de lo que desean emprender, sin dejar de nosotros también por la vía diplomática entre Estados, poner en evidencia y comunicar nuestra inconformidad”, agregó.
Autoridades estadounidenses se comprometieron a proporcionar información y dar facilidades para que México haga una investigación propia, señaló. (Redacción, Excélsior, Global, p. 24)
Yuridia, mexicana de 36 años, fue sometida sin su autorización a una delicada operación ginecológica en el centro de detención de migrantes de Irwin, Georgia, administrado por LaSalle Corrections, empresa contratadapor el Servicio de Control de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).
Los informes médicos sobre su condición no mostraron presencia de quistes peligrosos en su útero, por lo que no necesitaba la intervención. Sin embargo, el personal que colabora en centro de retención migratoria le comentó que sería una “cirugía menor” y no debía preocuparse. Cuando recuperó la conciencia se dio cuenta que había sido víctima de algo más grave.
Esta no es la única historia de abusos contra migrantes en ese lugar. En una reunión virtual con personal de la quinta visitaduría general de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), efectuada el domingo, abogados de varias mujeres señalaron que son “más víctimas, muchas de ellas mexicanas, que no han sido identificadas” y que han sido sometidas a esos procedimientos.
Denunciaron que los médicos del lugar inyectan a algunas Depoprovera-un anticonceptivo con la hormona progestina- que las hace sangrar. “Esto se documenta en los archivos médicos para justificar la cirugía”, cada una cuesta miles de dólares, que son facturados por los propios doctores. El médico encargado ha sido identificado en varios sectores estadunidenses como MahendraAmin.
El 14 de septiembre varias organizaciones defensoras de derechos humanos de aquel país denunciaron que a mujeres detenidas se les efectuaron intervenciones ginecológicas sin pleno consentimiento, e incluso a algunas se les practicaron histerectomías.
A otra mexicana, quien prefirió reservar su nombre y que estuvo detenida en ese lugar, la presionaron para autorizar la intervención quirúrgica. El 30 de julio, postrada en la cama de un hospital y lista para la operación, le hicieron firmar varios documentos que no le dejaron leer en los que teme daba su consentimiento. Le dijeron que presentaba “sangrado pesado” y que era necesaria la cirugía. Días atrás le habían suministrado una extraña inyección.
“Estaba confundida, no sabía qué papeles había firmado, no los pude leer y no me dieron explicaciones. Les dije que no quería la cirugía porque escuché que me iban a quitar el vientre. Una enfermera me dijo que no, que era una cirugía menor porque presentaba sangrado pesado, le contesté que yo nunca había padecido eso. Me respondió que el doctor Amin lo había presentado así para que Migración lo autorizara”.
Los estudios preparatorios mostraron que en su sangre había anticuerpos de Covid-19, por lo que podía ser positiva, eso la salvó de la operación. Al retornar al centro migratorio fue aislada y el 16 de septiembre la deportaron. (Redacción, La Jornada, Política, p. 11)
San Luis Río Colorado. El gobierno de Estados Unidos amplió sus métodos para evitar cruces ilegales e implementó carros todo terreno, cámaras capaces de detectar el calor humano y drones para dicha acción. La Patrulla Fronteriza aseguró que “Una de las prioridades de la CBP es asegurar la frontera tal como lo demostraron los agentes con el arresto de un grupo detectado con estas herramientas”. (Luis Bravo, El Sol de México, República, p. 22)
Atravesar México para llegar a Estados Unidos es muy difícil si eres migrante indocumentado, y es todavía peor en tiempos de pandemia. Las personas que hacen este viaje saben que durante el trayecto corren el riesgo de ser detenidas por las autoridades, secuestradas por grupos criminales, mutiladas al caer del tren o, incluso, pueden morir.
Este año el Covid-19 ha dificultado aun más su camino, no sólo por el peligro de contagio, sino porque el confinamiento obligó a que los albergues, el único oasis en su paso, fueran cerrados.
Hace más de dos meses que Marvin dejó su hogar en Honduras. Tomó una bicicleta, un celular sin cámara y un cubrebocas para protegerse durante su viaje hacia el sueño americano.
“Ha sido muy pesado, me dijeron que en dos o tres semanas llegaría a Estados Unidos y ya llevo casi tres meses intentándolo. Los caminos más seguros están cerrados. He visto cómo La Bestia descuartizó a un compañero; no hay trabajos de paso porque todo está cerrado, por eso he pasado días sin comer. He tenido que dormir en la calle porque, aunque me habían dicho que podía descansar en las casas de refugio para migrantes, algunas están cerradas”, relata Marvin en entrevista con EL UNIVERSAL.
Sin albergues en el camino
Uno de los pocos lugares seguros para ellos son las casas para migrantes, donde las personas son acogidas por una o dos noches. Un lugar seguro donde pueden descansar, darse un baño, comer y dormir tranquilos.
En México hay cerca de 96 casas, pero la mayoría están cerradas por la pandemia y las pocas que siguen abiertas atraviesan una situación crítica.
Una de ellas es la Casa del Migrante San Juan Diego Cuauhtlatoatzin, ubicada en Huehuetoca, Estado de México. Era financiada por feligreses de la Diócesis de Cuautitlán, pero desde marzo, cuando se suspendieron las misas, se acabaron las donaciones para su manutención.
“Desde marzo, que se hizo el cierre de parroquias, no hemos recibido aportación en especie ni económica de las parroquias. Los mercados tampoco nos han podido ayudar porque no hay venta, los voluntarios no han venido a trabajar porque se tienen que quedar en casa”, señala el padre Eloy Vargas, director de la casa.
Dice que se mantienen con sus reservas de alimentos y ha tenido que cambiar las reglas.
“Ha sido difícil porque a veces el hermano migrante viene muy cansado. Después de llevar días sin comer lo que quiere es comer, pero antes tiene que bañarse, lavar su ropa. Vemos que algunos se enojan, se desesperan y dicen: ‘Mejor ya me voy’”, relata el clérigo.
Aunque el flujo migratorio disminuyó por la pandemia, migrantes de Centroamérica y México no han dejado de transitar por el país. De acuerdo con Pueblo Sin Fronteras, este año muchos han decidido entregarse al Instituto Nacional de Migración (INM) para ser repatriados, lo cual no está sucediendo.
Marvin fue uno de ellos. “No tenía agua ni comida ni zapatos, me caí del tren y me lastimé la pierna, así que pensé en regresarme y me entregué a Migración, pero me dijeron que no podían ayudarme, que tenía que regresarme por mis propios medios, así como llegué. Que me subiera otra vez a La Bestia de regreso a mi país”, relató el migrante. Lo último que se supo de él es que estaba en Monterrey. (Gisela Castillo, El Universal, P.p.)
La Universidad Iberoamericana advirtió que la pandemia de covid-19 agrava la condición de personas migrantes que deberán enfrentar un reforzamiento de las fronteras con el pretexto de la implementación de controles sanitarios.
Karla Valenzuela, coordinadora de la Maestría en Estudios sobre Migración de la Ibero, señaló que esta situación les impedirá buscar asilo o transitar por un país.
Además, agregó que habrá una ralentización en la resolución de casos sobre migración regular.
La semana pasada la Ibero publicó un posicionamiento sobre el contexto migratorio en México en el que investigadores y especialistas analizan cinco ejes centrales de la movilidad humana en nuestro país: los factores socioeconómicos en la migración; la sociedad civil, defensores de derechos humanos y otros actores; las políticas de Estado y marco legal; la salud y la migración interna.
En este contexto, la doctora Valenzuela, una de las coordinadoras del documento, insistió en que se prevén controles sanitarios más severos.
“Las poblaciones de personas migrantes en México y en el mundo han estado invisibilizadas y han tenido que luchar por sus derechos.
Hay una mayor vulnerabilidad por el COVID-19, pues sabemos de casos en los que las personas en tránsito están hacinadas en estaciones migratorias efi donde no hay control en la detección de enfermedades.
Esta población vive una condición estructural que se arrastra desde hace muchos años y que se agrava con la pandemia”, indicó la académica.
El posicionamiento de la institución sobre el contexto migratorio en México reconoce el derecho a migrar, pero también a permanecer.
Plantea que la migración aporta positivamente al país de destino, de tránsito y de origen y refleja la preocupación sobre el porvenir de la población que salió forzadamente de sus países de origen o que fue deportada, y que ahora está en México con un futuro incierto.
De manera paralela recomienda ampliar el financiamiento a proyectos de investigación con miras a una intervención social.
Tragedia migrante La investigadora Karla Valenzuela señala que las poblaciones de migrantes en México y en el mundo han estado invisibilizadas. (Laura Toribio, Excélsior, Alerta Coronavirus, p. 13)
La mayoría de estadounidenses, canadienses y mexicanos quieren viajar durante la nueva normalidad, aunque consideran como factor primordial a la limpieza, de acuerdo con un informe presentado por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés).
Históricamente, Estados Unidos y Canadá han sido los principales emisores de turistas para México. Si la política de cancelaciones fuera gratuita, siete de cada 10 turistas norteamericanos están dispuestos a hacer reservaciones para viajar, dice el estudio sobre el futuro de viajes y el turismo del organismo que reúne a 200 líderes de las firmas del sector más importantes del mundo.
El informe menciona la importancia de adoptar nuevas tecnologías y aplicar protocolos globales de higiene para reconstruir la confianza de los viajeros, pues siete de cada 10 norteamericanos citan la limpieza como un componente esencial en viajes.
El turismo internacional se derrumbó durante la pandemia debido a las restricciones a la movilidad para contener la enfermedad, así como también por la reducción en el ingreso disponible y el gasto de las familias y empresas ante la recesión mundial.
En la nueva normalidad, de cada 10 extranjeros que llegan a México por avión, seis son estadounidenses y dos canadienses.
Sus destinos mexicanos favoritos son centros de playa, particularmente Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, aunque también la capital del país y Guadalajara.
Tras desplomarse a apenas 16 mil ingresos en abril, los estadounidenses sumaron 289 mil en agosto, lejos de los casi 900 mil de inicios de año, indican cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación. (Tláloc Puga, El Universal, Cartera, p. A20)
La prórroga que se ha dado al cierre de la frontera norte por acuerdo bilateral de México y Estados Unidos prevalecerá hasta en tanto no se modifiquen las condiciones sanitarias en los estados fronterizos establecidas en el esquema del semáforo epidemiológico, informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.
“No podemos suspender todas las restricciones hasta que no estemos en verde; esperamos que muy pronto se pueda regularizar”.
En el caso del nombramiento de Luz Elena Baños como embajadora de México ante la Organización de los Estados Americanos, explicó “no es que se haya suspendido, simplemente no se le notificó”. Ante cuestionamientos de que no cumple los requisitos, recordó que la legislación indica que debe contarse al menos con 10 años como embajador. (Redacción, La Jornada, Política, p. 13)
Washington.- El Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos cerró ayer el periodo fiscal 2020 con 21 personas indocumentadas muertas bajo su custodia, su peor cifra desde hace 15 años debido al nuevo coronavirus en sus centros de detención.
Según las cifras de la agencia, actualmente hay 19 mil 791 migrantes, incluidos menores de edad, en sus instalaciones, menos de la mitad de los casi 46 mil que tenía en enero, después de que por la pandemia se redujeran las capturas y se deportara y liberara a miles.
No obstante, ocho de los fallecidos bajo su custodia murieron tras contagiarse de Covid-19.
La cifra total de defunciones en centros de detención del ICE en 2020 supera con creces las ocho víctimas fatales en el periodo fiscal 2019, y es la más alta desde los 21 decesos registrados en el año fiscal de 2005.
“Muchas de estas muertes fueron evitables, innecesarias y resultado directo de la negativa de la Administración (del Presidente Donald) Trump a tomar medidas básicas para proteger la salud de los detenidos”, dijo el director de ICE en el Gobierno de Barack Obama, John Sandweg.
La agencia detalló que hasta el 25 de septiembre había realizado la prueba de coronavirus a 42 mil 366 personas, de las cuales 6 mil 168 resultaron positivos.
Actualmente, 582 detenidos están contagiados, y se encuentran aislados.
“Por seis meses se alertó sobre la amenaza que el Covid-19 representa para las personas arrestadas, y para los que trabajan allí”, sostuvo la subdirectora de ACLU, Andrea Flores. (EFE; Reforma, Internacional, p. 14)
Los Ángeles.- Un grupo de ocho familiares de migrantes detenidos en la cárcel migratoria de Adelanto, California, inició ayer una huelga de hambre frente a las instalaciones del ICE en Los Ángeles para que liberen a sus parientes.
Los manifestantes advirtieron que no se irán hasta lograr su objetivo.
Una de las participantes es Leonor Gómez, esposa del pastor guatemalteco Hugo Rolando Gómez, de 61 años, quien llevaba más de 34 años en EU y fue arrestado en 2019. Actualmente, está aislado porque tiene coronavirus.
También acudieron personas que no iniciaron la huelga, pero que fueron a brindar apoyo a los familiares de los detenidos, como el pastor Melvin J. Valiente, quien transmitió en Facebook. Algunos de los asistentes realizaron ayunos. (EFE, Reforma, Internacional, p. 14)
La heredera del imperio de destilerías Seagram, la canadiense Clare Bronfman, se negó hasta el final a renegar del gurú de la secta de esclavas sexuales NXIVM. Fue condenada en una corte de Nuera York a 81 meses de cárcel, tras declararse culpable de dos delitos. La sentencia es dura, y superior incluso a la pena de cinco años que pedían los fiscales.
En 2019, la hija del multimillonario Edgar Bronfman, de 41 años, se declaró culpable de fraude con tarjeta de crédito y de esconder y albergar migrantes indocumentados para ayudar a la organización creada por Keith Raniere. Bronfman no fue acusada por los delitos sexuales, pero su fortuna permitió los crímenes, según la acusación. (AFP, El Sol de México, Mundo, p. 26)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.