
Los migrantes en Chiapas serán atendidos por la asociación civil, Una Luz en el Camino Sin Frontera, luego de firmar un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Migración (INM).
Aunque no se dio fecha para la implementación, el INM detalló que el esfuerzo es para ejecutar programas de apoyo y en beneficio de las personas extranjeras en movilidad, donde se contempla el respeto a los derechos humanos, de acuerdo a una tarjeta informativa.
La dependencia explicó que los migrantes que así lo deseen pueden permanecer de manera voluntaria en un albergue de la asociación y se les proporcionará sana alimentación, un esquema de seguridad y un espacio en condiciones higiénicas y con los servicios necesarios.
Además, tendrán actividades culturales, educativas y recreativas, así como teatro y acceso a la lectura.
Datos de organizaciones civiles en Chiapas aseguraron que hay por lo menos 90 mil extranjeros varados, esperando respuesta a su solicitud de refugio, y otros que solo buscan salir de la entidad rumbo a otros estados del país. (La Razón)
El Instituto Nacional de Migración (INM) advirtió que es imprecisa la información difundida sobre la supuesta interposición de entre 500 y más de mil amparos ante juzgados federales con residencia en la ciudad de Tapachula, Chiapas, por parte de las organizaciones civiles Centro de Dignificación Humana y Pueblo Sin Fronteras, en favor de migrantes que se encuentran en esa entidad.
La Oficina de Representación del INM en Chiapas, aseguró la Secretaría de Gobernación (Segob) a través de un comunicado, únicamente tiene constancia formal de cuatro juicios de amparo a favor, en total, de 82 personas originarias de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Cuba.
A la fecha, señaló la Segob, los juzgados tercero y cuarto de distrito, en el estado de Chiapas -instancias en las que radican las demandas de amparo-, han concedido la suspensión de plano a favor de las personas quejosas, 41 en cada instancia jurisdiccional, de las nacionalidades mencionadas.
La suspensión de plano, precisa la dependencia, impide que las personas migrantes sean “deportadas, desterradas o repatriadas a su país de origen” y ordena al INM “mantener las cosas en el estado en el que se encuentran”, a la espera de que se dicte una sentencia ejecutoria.
Con base en lo anterior, se advierte que el estatus actual de los amparos es “en trámite”, situación que no permite el libre tránsito de las personas migrantes extranjeras por el país, por lo que deben permanecer en el estado de Chiapas a la espera de un fallo definitivo, subrayó la dependencia.
El INM hace de conocimiento esta información para que las personas migrantes no sean sorprendidas con información errónea, documentos falsos o sean víctimas de extorsión, destacó. (Redacción, La Jornada, Política, p. 14)
La Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración (INM) en Chiapas informó que únicamente tiene constancia formal de cuatro juicios de amparo a favor, en total, de 82 personas originarias de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Lo anterior corresponde para precisar la información que fue difundida por parte de las organizaciones civiles Centro de Dignificación Humana y Pueblo Sin Fronteras, en la que indicaron sobre la supuesta interposición de entre 500 y más de 1,000 amparos ante juzgados federales con residencia en la ciudad de Tapachula, Chiapas.
Según el instituto, dependiente de la Secretaría de Gobernación, especificó que a la fecha, los juzgados tercero y cuarto de distrito en el estado de Chiapas –instancias en las que radican las demandas de amparo– han concedido la suspensión de plano a favor de las personas quejosas, 41 en cada instancia jurisdiccional, de las nacionalidades mencionadas.
“La suspensión de plano impide que las personas migrantes sean “deportadas, desterradas o repatriadas a su país de origen” y ordena al INM “mantener las cosas en el estado en el que se encuentran”, a la espera de que se dicte una sentencia ejecutoria”, manifestó el instituto en un comunicado.
Con relación a todo lo anterior, el INM advirtió que el estatus actual de los amparos es “en trámite”, lo cual no permite el libre tránsito de las personas migrantes extranjeras por nuestro país, por lo que deben permanecer en el estado de Chiapas a la espera de un fallo definitivo.
El objetivo de difundir esta información, reveló Instituto Nacional de Migración es para que las personas migrantes no sean sorprendidas con información errónea, documentos falsos o sean víctimas de extorsión.
Exhortan a no expulsar
Cuatro agencias internacionales de derechos humanos de Naciones Unidas llamaron a diversos países, incluidos México y Estados Unidos, a no expulsar a personas de origen haitiano sin haber evaluado sus necesidades de protección, ya que “algunas de ellas tienen motivos bien fundamentados para solicitar protección internacional como refugiados”.
A través de un comunicado conjunto, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, también subrayan que el discurso público con tintes discriminatorios que sugiere que la movilidad humana es un problema “alimenta el racismo y la xenofobia; por tanto, debe evitarse y condenarse”.
Las cuatro agencias invitaron a los países en las Américas a adoptar un enfoque regional integral para garantizar que los haitianos en situación de movilidad en la región reciban protección.
Asimismo, la ONU y sus socios recordaron que el derecho internacional prohíbe las expulsiones colectivas y exige la evaluación de cada caso para identificar necesidades de protección en base al derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos.
En este contexto, se dijo que en Haití siguen aumentando la violencia y la inseguridad, lo que ha provocado que al menos 19,000 personas fueran desplazadas en la capital de Puerto Príncipe tan solo en el verano de 2021.
Mientras que más de 20% de la niñez ha sido víctima de violencia sexual, y casi 24% de la población (el 12,9% de los cuales son niñas y niños) vive por debajo de la línea de pobreza extrema, con ingresos de 1.23 dólares al día. (Redacción Y Maritza Pérez, El Economista, Política y Sociedad, p. 43)
EL DIRECTOR del Centro de Dignifcación Humana, Luis García Villagrán, informó que hasta el momento se han resuelto positivos al menos mil amparo para evitar detenciones arbitrarias y agresiones por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional (GN).
De acuerdo con el activista, desde hace dos semanas se interpusieron dos mil recursos legales, y este miércoles ya cuentan con la mitad para salir de la entidad, “y tenemos que ratifcarlos mañana (hoyo) por la mañana ante el juzgado de manera presencial. Tiene que ir cada uno de los migrantes que ya resultaron positivos para cumplir con el proceso. Aparte de ratifcarlo, vamos a hacer protesta de lo que está pasando en la entidad con la emergencia y crisis migrante”.
En entrevista con La Razón comentó que este viernes realizarán una marcha desde Tapachula, Chiapas, hasta la zona de los juzgados, que se encuentra a 10 kilómetros, donde se espera que asistan los extranjeros para ratifcar el amparo. Además dijo que de los mil resueltos, al menos 30 por ciento (300) corresponden a menores de edad de Centroamérica y Haití.
Al respecto, el INM advirtió que es imprecisa la información difundida sobre la supuesta interposición de entre 500 y más de mil amparos ante juzgados federales en Tapachula, Chiapas, por parte de las organizaciones civiles Centro de Dignifcación Humana y Pueblo Sin Fronteras.
En un comunicado, la dependencia detalló que la Ofcina de Representación del INM en Chiapas únicamente tiene constancia formal de cuatro juicios de amparo a favor en total, de 82 personas originarias de Honduras, El Salvador, Nicaragua, Venezuela y Cuba.
Por esta razón aseguró que la situación de los recursos legales interpuestos se encuentra con estatus “en trámite”, por lo que no se permite el libre tránsito de personas migrantes extranjeras en el país, y deben permanecer en Chiapas hasta concluir sus procesos.
Además, hizo un llamado a las personas extranjeras a no dejarse sorprender, no ser víctimas de extorsión con documentos falsos. (Jorge Butrón, La Razón, México, p. 11)

Ante el incremento de migrantes haitianos en diversos países del continente americano, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las Agencias de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), el Fondo para la Infancia (Unicef) y el Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ONU-DH) exhortaron a los estados a no expulsar a estas personas sin haber evaluado sus necesidades de protección, así como garantizar sus derechos humanos fundamentales.
De igual manera, invitaron a los países de las Américas a adoptar un enfoque regional integral para asegurar que los haitianos en situación de movilidad reciban protección, y los instaron a ofrecer mecanismos o acuerdos de estancia legal para garantizar el acceso efectivo a vías migratorias regulares.
En un pronunciamiento conjunto, señalaron que la compleja situación social, económica, política y humanitaria, junto con las catástrofes que han golpeado a Haití, algunas de las cuales son resultado del cambio climático y de la degradación ambiental, “han provocado en la última década movimientos de población en el país caribeño”.
Expusieron que entre los migrantes haitianos hay “personas cuyos perfiles, motivaciones y necesidades de protección varían, lo que incluye niñez no acompañada o separada de su familia, víctimas de trata de personas y sobrevivientes de violencia de género”.
Algunas de ellas, continuaron, “tienen motivos bien fundamentados para solicitar protección internacional como refugiados”, en tanto que otras pueden tener necesidades distintas.
Las agencias de la ONU recordaron que el derecho internacional prohibe las expulsiones colectivas y exige la evaluación de cada caso para identificar necesidades de protección.
Asimismo, alertaron que el discurso público con tintes discriminatorios que sugiere que la movilidad humana es un problema “alimenta el racismo y la xenofobia; por tanto, debe evitarse y condenarse”.
Refirieron que en Haití siguen al alza la violencia y la inseguridad, lo que ha provocado que al menos 19 mil personas fueran desplazadas en la capital de Puerto Príncipe tan sólo en el verano de 2021.
“Más de 20 por ciento de la niñez ha sido víctima de violencia sexual. Además de que casi 24 por ciento de la población, 12.9 por ciento de los cuales son menores de edad, vive por debajo de la línea de pobreza extrema, con ingresos de 1.23 dólares al día”.
En tanto, alrededor de 4.4 millones de personas, es decir, casi 46 por ciento de la población, padece inseguridad alimentaria, lo que incluye 1.2 millones de individuos que se encuentran en niveles de emergencia y 3.2 millones en crisis.
Se estima que 217 mil niñas y niños padecen desnutrición moderada o grave, indicaron. (Redacción, La Jornada, Política, p. 14)
(EFE, Ovaciones, Nacional, p. 9)
Por su condición y razones migratorias, los haitianos tienen muchas dificultades para obtener refugio en un México que suma un récord de peticiones en lo que va de año, explicó este jueves a Efe el titular de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Andrés Alfonso Ramírez.
México ha recibido 77.559 peticiones de asilo entre enero y agosto, un número que ya supera el anterior máximo de 70.423 solicitudes de todo 2019.
Sobresalen las solicitudes de hondureños, 29.699, y de haitianos, con 18.883 casos.
Los haitianos han reflejado en las últimas semanas la enorme crisis migratoria que padece el país porque miles de ellos están varados en la ciudad de Tapachula, fronteriza con Guatemala, y también en el norte del país, donde viven en condiciones precarias tras intentar cruzar masivamente desde Ciudad Acuña, en Coahuila, a Del Río (Texas, EE.UU.), siendo en su gran mayoría deportados.
No obstante, por su situación migratoria y su paso por otros países como Brasil y Chile, la mayoría no son aptos para ser refugiados.
“Los haitianos en realidad no son refugiados desde nuestro punto de vista (porque) no vienen bajo ninguno de los elementos propios de la definición de refugiado”, explicó el coordinador general de la Comar, con una larga trayectoria en la materia con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Ramírez explicó que la mayoría de haitianos hoy en México proceden de Brasil y Chile y salieron de su país tras el terremoto de 2010 para comenzar a llegar a México a partir de 2019.
Añadió que no cumplen “con las características propias” del refugiado -como huir de la violencia o tener el temor fundado de ser perseguido por motivos de índole política o de raza, por ejemplo- pues en su mayoría vienen “básicamente por razones económicas”.
A las 18.883 peticiones de 2021, explicó el experto, hay que sumarle las solicitudes de Chile (2.590) y de Brasil (1.243). (EFE, Ovaciones, Nacional, p. 9)
La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos capturó en dos acciones diferentes en Arizona a 90 migrantes centroamericanos, la mitad de ellos menores de edad no acompañados, y a dos polleros. Los indocumentados fueron deportados y se aprehendió a los traficantes de personas, informó Sabri Y. Dikman, titular del sector Tucson de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza del país vecino (CBP, por sus siglas en inglés).
En entrevista, Dikman expuso que uno de los grupos asegurados se conformaba de 27 migrantes que eran conducidos por dos ciudadanos estadunidenses, a quienes se confiscaron dos vehículos y un arma de fuego cargada. Agregó que agentes fronterizos detuvieron a los otros 63 indocumentados en las inmediaciones de la comunidad El Sásabe, en el desierto de Sonora, incluidos 45 niños y adolescentes sin compañía procedentes de Guatemala, Honduras y Nicaragua.
Según la CBP, durante los últimos seis meses se ha duplicado la cantidad de menores migrantes no acompañados que pretenden cruzar de México a Estados Unidos, donde se ha detenido a 7 mil 79 niños que cruzaron solos, entre los peligros y las inclemencias climatológicas del Gran Desierto de Altar, mientras que en 2020 se deportó a 3 mil 859 menores indocumentados.
Mientras, policías estatales y federales, así como elementos del Instituto Nacional de Migración, aseguraron a 71 migrantes originarios de Honduras y Guatemala-29 de ellos menores de edad- y detuvieron a cinco polleros en un hotel de la capital de Aguascalientes.
En Juárez, sin medios para apoyar a más
En tanto, el delegado de Programas para el Desarrollo en Chihuahua, Juan Carlos Loera, afirmó que 681 migrantes son atendidos en los albergues federales para indocumentados en Ciudad Juárez.
Aseguró que la llegada de extranjeros no está fuera de control en la frontera de la entidad, adonde, mencionó, han llegado entre 15 mil y 20 mil personas que buscan ingresar a territorio estadunidense, pero las autoridades no tienen medios para ofrecer apoyo a más foráneos sin papeles. (Cristina Gómez, La Jornada, Política, p. 14)

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está dejando pasar “la ventana de oportunidad” para estrechar la relación con el gobierno de Joe Biden para avanzar rápidamente en temas como el tráfico de personas, el vínculo comercial y el desarrollo económico, ya que Estados Unidos tendrá elecciones legislativas en 2022.
En el foro virtual de EL FINANCIERO Afganistán y México en el desgaste de Biden, moderado por Rafael Fernández de Castro, la exembajadora de México en Estados Unidos, Martha Bárcena; la extesorera de Estados Unidos, Rosario Marín, y el fundador y CEO de Lexia, Guido Lara, coincidieron en la necesidad de mejorar la relación entre ambos países.
De acuerdo con Bárcena, en el gobierno mexicano existe una “incomprensión” de la importancia del diálogo con Estados Unidos, porque existen personas “demasiado radicales” que tienen una interpretación del principio de no intervención y de la soberanía que es del siglo 19.
“Eso me da mucha pena porque la ventana de oportunidad, para avanzar rápidamente en una serie de asuntos que son del mayor interés para el desarrollo económico, se está cerrando, porque la próxima elección es en 2022, después en 2023, a finales, ambos países vamos a estar en elecciones presidenciales. Se nos está yendo el tiempo”, aseveró.
Ante una posible reunión AMLO-Biden en noviembre, Bárcena puso énfasis en la necesidad de que México centre la relación con Washington en “una agenda abierta”, en temas como la lucha con inteligencia del tráfico de personas, porque –consideró– no es fácil que lleguen haitianos desde Chile a la frontera sur; así como la relocalización de las cadenas de suministro, lo cual puede implicar la creación de empleos.
En ese sentido, destacó: “Estamos dejando de lado o no dando la importancia necesaria y la velocidad necesaria a una serie de intercambios y de relaciones que podríamos avanzar enormemente en tener un diálogo abierto (…) De la reunión AMLO-Biden lo único que yo podría decir es que ya se ha retrasado demasiado”.
Para Rosario Marín, lo más importante en la relación bilateral es no perder y, por el contrario, fortalecer el vínculo comercial:
“Va a haber distanciamientos, va a haber diferencia de opiniones, pero lo más importante es no perder de vista ese vínculo comercial. Eso no lo podemos parar. Yo creo que lo que debemos atender y no perder de vista es la situación tan estrecha entre el comercio. Si podemos mejorar ese ámbito, salimos ganando todos”, resaltó.
Además, la extesorera de Estados Unidos solicitó al presidente López Obrador pronto viajar a la Unión Americana para reunirse con las comunidades de migrantes.
De acuerdo con Guido Lara, con la forma como se ha trabajado desde el discurso de López Obrador la relación con Washington, no se está aprovechando la enorme oportunidad.
“Se está desaprovechando terriblemente y no se le está tendiendo la mano al presidente (Biden); es el principal foco de ataque: la frontera. Podríamos hacer mucho más para ayudar al fortalecimiento regional de Estados Unidos, plantearle una cara competitiva, comercial y económica a China, podríamos entrar a temas como tráfico de personas, etcétera”.
“Podríamos hacer mucho más para consolidar una relación positiva gana-gana, elevar nuestra capacidad de negociación, nos necesitan hoy más que nunca, y creo que no estamos obteniendo los frutos de esas posibilidades”, comentó el CEO de Lexia. (Eduardo Ortega, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 36)
Al anunciar el reinicio de su lucha para recuperar el fondo campesino, representantes y familiares de ex braceros demandaron al presidente Andrés Manuel López Obrador una reunión de trabajo que incluya a los titulares de las secretarías de Gobernación, Relaciones Exteriores, Trabajo y Hacienda para resolver el adeudo que se tiene con estos trabajadores.
Alfonso Lozano Sánchez, dirigente del Frente Binacional de Ex Braceros 1942-1967, señaló que se trata del fondo de ahorro que se constituyó con 10 por ciento del sueldo semanal que les fue descontado a los mexicanos que laboraron en Estados Unidos, en el Programa Bracero, entre 1942 y 1964.
Detalló que, considerando el dinero retenido incluidos los intereses generados en más de seis décadas, el monto que se adeuda asciende a 5 billones de pesos, que se repartirían en 4.6 millones de contratos firmados, por lo que correspondería a cada trabajador o familiares beneficiarios un millón 96 mil pesos, de acuerdo con la sentencia judicial de 2016.
Octavio Esparza Hernández, de la Alianza de Ex Braceros en el Norte 1942-1964, subrayó que el fondo mencionado es “totalmente distinto” a los 38 mil pesos del Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios, creado por el Congreso de la Unión en 2005, para ayudar a los afectados y que en 2020, tras su desaparición, contaba con 143 millones de pesos.
Ante esto, Martha Lugo Quintero, de la alianza, convocó a “reiniciar la lucha” a través de estrategias políticas y jurídicas, pero a partir de una “solución amistosa”. (Jared Laureles, La Jornada, Política, p. 20)

Pese a no ocupar los primeros lugares a nivel municipal en cuanto a índices de trabajo infantil, Tapachula, Chiapas, ha llamado la atención de diferentes organismos, como la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), por ser uno de los puntos migratorios del país, lo que ha orillado a niños centroamericanos, sin patrimonio alguno en el territorio, a bolear zapatos, vender chicles, dulces o refrescos, para generar recursos.
En pleno 2021, considerado como el año para reducir el trabajo infantil, las condiciones se tornan más complejas para este sector, principalmente para los migrantes, pues Estados Unidos ha empleado la pandemia como una justificación para impedir que soliciten asilo en su frontera sur, lo que los deja varados en un país que aumentó sus índices de trabajo infantil 6.06 por ciento, al pasar de 3.3 millones en 2019 a 3.5 millones en 2020.
El incremento de las solicitudes migratorias coincide con la agudización de ciertas problemáticas de impacto social que repercuten en la no garantía de los derechos de la niñez, señala el informe de la Redim Niñez Migrante.
De acuerdo con Mireille Del Valle, maestra del Colegio de la Frontera Norte, la mayoría de las niñas, niños y adolescentes que trabajan en Tapachula, lo hacen de manera informal y responden a la suma de eventos históricos que han ido formando una dinámica fronteriza con límites sociales como la violencia o la discriminación.
“Los niños o adolescentes que llegan a Tapachula se siente más protegidos que en su lugar de origen, principalmente por el aumento de grupos y pandillas en Guatemala, aún así, llegan a un territorio donde sólo se les ofrecen trabajos informales que contribuyen a crear un nivel de vida poco adecuado para la niñez”, dijo.
Litzi tiene 10 años y todos los días vende golosinas en una de las calles del centro de Tapachula, Chiapas. A las 11:10 de la mañana no ha probado bocado, ni agua. Su estómago está vacío; su cajita con dulces, llena, y los tiene que acabar al llegar la noche.
La pequeña niña indígena llegó hace dos años a Tapachula, proveniente de Guatemala, donde dejó a su familia y vino acompañada a México por una tía cercana a su madre, que también vende dulces en la ciudad.
A diario, Litzi tiene que reunir más de 200 pesos de la venta total del día, de lo contrario, la mercancía que le queda es acumulable con la del día siguiente y así continuamente. Tiene una enorme carga de dulces encima por vender para su patrón, de quien no quiso revelar su identidad.
Como Litzi, decenas de menores de edad se dedican a ser canguritos, denominados así por el cajón con dulces que cargan con una correa al cuello y cae sobre el abdomen.
De esos más de 200 pesos, la infante sólo obtiene una cuota de 50 para comer lo que, basta decir, hace muy tarde cuando el estómago ya arde. “Le gano poquito, 200 al día. A mí me dan como 50 pesos, más o menos”, relata la pequeña.
Esta labor es endémica en Tapachula, en ninguna otra parte del país o del mundo se ha conocido una situación similar en cuanto a la venta de dulces. Se trata también de una práctica de explotación laboral infantil en el sur de México que ninguna autoridad, ni organismo, ve o atiende.
Tanto Redim como el Colegio de la Frontera Norte, instan a las dependencias de gobierno a propiciar la articulación de procesos de monitoreo del fenómeno migratorio de la niñez y la adolescencia entre los países involucrados. (Frida Valencia y José Torres, El Heraldo de México, Estados, p. 26)

Nathanael camina de la mano con su mujer embarazada, llegaron a la capital del país hace más de dos semanas. El viacrucis ha sido largo, dejaron Haití hace cuatro años y tras recorrer 9 países llegó su esperanza cuando se dieron cuenta que los trámites migratorios serian más fáciles si su bebé nace en México.
La crisis económica-política de su país los obligó a marcharse con el anhelo de poder ayudar a su familia para que, como ellos, puedan ir en busca de una vida mejor.
Jamás imaginó, dice, que su destino final fuera México. Migraron de un país a otro, en ninguno enconrró la ilusión que la capital le dio, Chile, Colombia, Cosra Rica, Perú, Panamá, Ecuador, Nicaragua, Honduras y finalmente llegaron a Guatemala, cruzaron el Río Suchiate para instalarse por un tiempo en Tapachula, Chiapas.
La hospitalidad del estado sureño que esperaban nunca llegó. No encontraron trabajo ni un alma caritativa que los ayudara. Nathanael toma aire, sus ojos se nublan antes de seguir contando lo vivido. Recuerda el asalto que, junto a sus otros compatriotas, sufrieron cuando estaban de refugiados en Rincón del Bosque.
“Ha sido de lo más duro que nos tocó vivir. Estábamos ahí, llegaron y nos quitaron todo, no nos dejaron ni si quiera las ganas de seguir luchando”, cuenta a esta casa editorial mientras toca el vientre de su compañera de vida.; ella escucha, no entiende nada, no comprende que su marido está compartiendo su historia pues a diferencia de Nathanael ella nada más habla francés.
Ese mismo día decidió que esa no era la vida que quería para su primogénito. Tomaron lo poco que les quedaba y emprendieron la búsqueda del “sueño capitalino”.
Su camión llegó a la Terminal de Autobuses del Poniente, mejor conocida como la Tapo, el 10 de septiembre. Ahí mismo le dijeron que en Santa María la Ribera, en la alcaldía Cuauhtémoc, había casas de huéspedes donde podrían alojarse.
Está desesperado, sus ahorros se agotan y la estadía en la CDMX es cara, “no me alcanza para mucho, hacemos una comida al día”.
Por una semana de hospedaje paga mil 400 pesos, en su cuarto solo hay una cama; deben pagar por todo aquello que quieran; pape! de baño, jabón, shampoo, incluso le cuesta lavar su ropa dentro del lugar.
Su mayor preocupación: el bebé de seis meses de gestación -que crece en el vientre del amor de su vida-, nazca sano. Es difícil, ambos lo saben, la mala alimentación que ella está recibiendo, aunada a la falta de atención por parte de un especialista en gineco-obstetricia, complica la situación.
Se talla los ojos y acomoda su cubrebocas, “hemos buscado en los hospitales de aquí para que ella se consulte su cuerpo, su salud. Pero nos dicen que no pueden por que no hay papeles”.
Busca trabajo, pocos los escuchan. No ha tenido éxito, asegura que no le importa que tenga que hacer para poder tener más plata para vivir.
“Se me acaba la plata, se me acaba y no sé qué voy hacer. Sólo quiero trabajo, de lo que sea. No quiero hacer nada malo, sólo trabajo del bueno” suplica y echa una mirada ai cielo como si esperara un milagro.
No ha tenido respuesta de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), espera ansioso que le den información para saber su estatus migratorio. Quiere, necesita, dice, quedarse aquí y que su hijo sea mexicano.
Lo engañaron para firmar su deportación, pero no sabían que habla español
Leroy es un haitiano con 38 años que recorrió 6, 243 kilómetros desde Coquimbo, provincia del norte de Chile donde radicó desde 2017 y hasta el pasado 20 de agosto (de 2021), cuando decidió emprender una nueva travesía en busca de una mejor condición de vida y dinero para mantener a su familia que sigue en Haití. Después de una semana y media de peregrinar a pie, en aventones y en autobuses, llegó a México el pasado 8 de septiembre con el objetivo cruzar a Estados Unidos, pero se encontró con varios obstáculos: fue detenido por personal del Instituto Nacional de Migración (INM), ha enfrentado discriminación, estuvo cerca de ser víctima de un asalto y a la lentitud en los trámites que inició ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), para tener un permiso temporal de estancia en el país y encontrar un trabajo que lo haga sentir más libre en México.
Este joven haitiano, padre de dos niños de 5 y 7 años que junto con su esposa están en Pétion-ville, una comunidad de Puerto Príncipe, cuenta a Crónica que dada la situación de pobreza y escasas oportunidades para sobresalir en su país decidió migrar a cualquier país de Suramérica en busca de trabajo y el sustento para los suyos.
“El destino me llevó a Chile, un país que me abrió las puertas y a su gente, que también me trató como uno más de ellos, a pesar de que cuando llegué en mayo de 2017 no tenía más papeles que mi carnet haitiano y el pasaporte. Soy Alfarero, eso es mi vida y aunque al principio trabajé de ayudante de albañil, sacando bultos de basura en supermercados, encontré un trabajo de cerámica donde pude retomar mi oficio y hacerme de un dinero, ahorrar para mandarle a mi familia”.
Sin ocultar su preocupación por no tener un empleo y con poco dinero para ir librando los días en la Ciudad de México mientras le resuelven su solicitud de estancia temporal en el país, Leroy señala que decidió salir de Chile porque se le terminó el año de residencia temporal que le otorgó el gobierno chileno en 2019, y en sus intentos por renovar ese permiso sin resultados favorables, al encontrar más trabas con el gobierno del presidente Sebastián Piñera, decidió en el 2021 dejar el país andino y poner la mira hacia Estados Unidos o México.
“De los ahorros que tenía estaba por poner un negocio de artículos de alfarería en Coquimbo, pero la falta de papeles y muchos trámites me impidieron seguir con ese proyecto, por lo que tuve que malbaratar lo que ya tenía para hacerme de un dinero que envié a mi familia y otro tanto con el que cubro mis gastos en lo que encuentro otro trabajo. El 20 de agosto de este año fue mi último día en Chile, y estoy agradecido con ese país y su gente que me recibió y apoyó, pero al estar yo en calidad de migrante ilegal preferí buscar otro rumbo y acá estoy, en busca de otra oportunidad que espero tener pronto, pues no hay como ser libre y con papeles en orden”.
Leroy cuenta que después de dos semanas y media de peregrinar de día y noche a pie, pidiendo aventones y en autobuses, cruzó por Perú, Ecuador, Colombia, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala hasta alcanzar el 8 de septiembre Chiapas, en el sur de México. Desde Tapachula, recuerda, aplicó la misma estrategia para ahorrar dinero y el 10 de septiembre emprendió su nueva ruta y llegó a Tampico, en Tamaulipas, a donde el 14 del mismo mes personal de INM lo detuvo junto con otros de sus compatriotas y lo retuvo un par de días.
“Me dijeron que ellos me mandarían mensaje de chat o me llamarían a mi teléfono móvil para notificarme sobre el resultado del trámite, pero todos los días me he dado mis vueltas aquí (en la Comar) para saber si ya hay algo o si logro al menos conseguir un trabajo que me ayude con los gastos, aunque se que sin papeles es difícil, ya que como migrante hay desconfianza de la gente y eso lo entiendo, pero no me desanimo, ya que tengo una esposa y dos niños pequeños que son mi responsabilidad y son el motivo para que siga adelante sin importar consecuencias”.
Este haitiano minimiza el hecho de haber recorrido 6, 243 kilómetros desde Chile para llegar a México y asegura que si tuviera que recorrer esa misma distancia muchas veces lo haría, ya que su familia es el motivo para alcanzar sus metas, una de éstas, tener una estabilidad en cualquier lugar fuera de Haití y tener a su familia con él.(Ana Espinoza y Mario D. Camarillo, La Crónica, Metrópoli, p. 12)

Decenas de migrantes haitianos acudieron a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM)en el puerto de Veracruz para solicitar oficialmente la constancia de protocolo de residencia en México, a fin de quedarse con sus familias en esa ciudad y buscar empleo ante el riesgo de intentar cruzar a Estados Unidos y ser deportados por las autoridades. (Redacción, El Universal, Estados, p. A13)

Washington.— Ante las críticas sobre la política migratoria, el gobierno del presidente Joe Biden anunció ayer nuevas reglas, por lo que las autoridades sólo irán detrás de los migrantes que ingresaron recientemente al país sin autorización legal o que representan una amenaza a la seguridad pública.
Los lineamientos sustituyen a las reglas interinas que se emitieron en febrero y que fueron bloqueadas en agosto por un juez como parte de una demanda presentada por Texas y Luisiana.
El anuncio se produce en momentos en los que Biden enfrenta críticas de aliados y de los republicanos que arremeten en su contra por no hacer lo suficiente para contrarrestar un incremento enorme de migrantes. El gobierno ha expulsado a cerca de 5 mil haitianos que ingresaron desde México hacia Del Río, Texas, en semanas recientes.
El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que Estados Unidos no puede ir detrás de todas las personas que no tienen permiso legal para estar en el país, ni debería intentarlo, ya que muchos “han aportado a nuestras comunidades”.
Las autoridades serán instruidas a enfocarse en aquellos que no son ciudadanos y que han cruzado recientemente la frontera, es decir, después del 1 de noviembre de 2020, o aquellos considerados como una amenaza.
Seguridad Nacional incluye en este esfuerzo al Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y a la Patrulla Fronteriza.
Las directrices nuevas entrarán en vigor el próximo lunes 29 de noviembre.
Las autoridades de migración tendrán prohibido arrestar y buscar la deportación de alguna persona, en represalia por ejercer sus derechos establecidos en la Primera Enmienda, como sumarse a una protesta o formar parte de actividades sindicales.
“Otorgamos facultades a nuestra fuerza laboral, conferimos poderes de forma crítica a nuestra fuerza laboral, a ejercer su juicio, su criterio en el cumplimiento de la ley”, declaró el funcionario.
Mayorkas recalcó que no tiene sentido ir detrás de los cerca de 11 millones de migrantes que están en el país sin estatus legal, incluso si se tuviera la capacidad para hacerlo. “Contribuyen al bienestar de nuestro país y la justicia requiere que utilicemos nuestro criterio en conformidad. El hecho de que un individuo sea no ciudadano elegible a su expulsión no debe ser la única base para ejercer una acción en su contra”, dijo.
El gobierno de Donald Trump implementó cientos de medidas para restringir la migración, tanto legal como irregular, incluyendo deportar a quienes fueran identificados como indocumentados al interior del país, así como Tolerancia Cero en los cruces fronterizos que resultó en la separación forzada de miles de familias y la orden de que los solicitantes de asilo esperaran en México mientras llegaban sus audiencias. (Ap, El Universal, Mundo, p. A14)
(Staff, Reforma, Internacional, p. 12)
(Ap y Sputnik, La Jornada, Mundo, p. 31)
(Afp y Ap, Excélsior, Global, p. 21)
(Karla Guerrero, Milenio, Política, p. 13)
(Marcel Sanromá, La Crónica, Mundo, p. 16)
(Redacción, El Sol de México, Mundo, p. 24)
Elementos de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 23 migrantes que pretendían ingresar a EU a través de alcantarillas en Brownsville, Texas. El hallazgo se logró tras encontrar huellas de zapatos en una tubería del drenaje. (Mauro de la Fuente, Reforma, Nacional, p. 3)
Una caravana de manifestantes bloqueó una hora los carriles con rumbo al norte del puente Golden Gate, en California, en demanda de protección para las familias migrantes.
KRON-TV reportó que los manifestantes frenaron sus vehículos justo antes de las 7:00 debajo de la torre sur del emblemático puente de San Francisco, lo que detuvo el tráfico de quienes salían de la ciudad.
Una nota de prensa de los organizadores dijo que demandaban “que los senadores demócratas actúen de inmediato para proteger a todas las familias migrantes”.
Inicialmente, el tráfico hacia el sur fluyó sin problemas, pero entonces se detuvo en el extremo norte del puente. Más tarde se reanudó a un ritmo lento. El tráfico con dirección al norte comenzó a moverse lentamente alrededor de las 7:45.
La patrulla de caminos confirmó el arresto de cinco personas y cuatro vehículos fueron remolcados durante la manifestación. Las protestas de rechazo a lo que está pasando en el Senado con un plan de reforma migratoria se dieron en ciudades como Los Ángeles, San Francisco y Washington, DC, donde decenas se agolparon para expresar su frustración y exigir a los líderes demócratas y al gobierno de Joe Biden que cumplan sus promesas de campaña.
“Estamos en un desconcierto total sobre lo que está pasando en Washington”, dijo Salvador Sanabria, director de la organización El Rescate, basada en Los Ángeles. Agregó que la comunidad inmigrante está muy enojada.
Sanabria se refirió a la decisión tomada por Elizabeth MacDonough, la encargada de interpretar el reglamento del Senado, que por segunda vez determinó que los demócratas no pueden incluir su reforma migratoria en un plan social de 3.5 billones de dólares que quieren aprobar en solitario a través de un mecanismo llamado “reconciliación”.
Tras un primer rechazo, los demócratas habían prometido usar “un plan B” y echaron mano de la “Ley de Registro”, una norma de 1929 que en cuatro ocasiones ha permitido que indocumentados accedan a la residencia permanente. La última vez fue en 1986, en el gobierno del republicano Ronald Reagan, cuando se determinó que podrían ampararse bajo esta ley todos aquellos inmigrantes que hubieran llegado a EU antes de 1972. (Agencias, El Financiero, Mundo, p. 29)
Washington. Dos senadores estadounidenses reprendieron el jueves al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por recibir al mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en la reciente cumbre de la Celac y no extraditarlo a Estados Unidos, donde es requerido por narcotráfico.
En una carta, los republicanos Marco Rubio y Rick Scott, senadores de Florida, también reprocharon a López Obrador haber acogido al jefe de Estado cubano, Miguel Díaz-Canel, para las celebraciones del bicentenario de la independencia de México.
“Esperamos que su decisión de recibir al narco-dictador Nicolás Maduro y al títere de la dictadura cubana Miguel Díaz-Canel no sea indicativo de un alejamiento de los principios de su país en el respeto por la democracia y la libertad”, escribieron.
Rubio, de origen cubano, y Scott consideraron que López Obrador incumplió compromisos internacionales sobre crimen organizado trasnacional al no detener a Maduro cuando asistió a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), realizada en la Ciudad de México el pasado 18 de septiembre.
Recordaron que el 26 de marzo de 2020, el Departamento de Justicia estadounidense imputó a Nicolás Maduro de “narcoterrorismo” y tráfico de drogas a Estados Unidos, y subrayaron que hay “evidencia” de que supervisó el tránsito de narcóticos a través de México.
“Maduro debió haber sido extraditado a Estados Unidos para enfrentar un juicio por estos cargos tan pronto como pisó suelo mexicano”, sostuvieron Rubio y Scott, remarcando que México firmó la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional de 2000.
El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, recibió personalmente en el aeropuerto a Maduro, quien realizaba su primer viaje oficial desde que fue inculpado por la justicia estadounidense.
El gobierno de Estados Unidos ofrece 15 millones de dólares de recompensa por la captura de Maduro.
Invitado de lujo
Rubio y Scott también cuestionaron a AMLO, como se conoce al presidente mexicano, por tener como invitado de honor de los festejos independentistas a Díaz-Canel, quien también participó en la cumbre de la Celac.
“Por más de seis décadas, los hermanos Castro y ahora Díaz-Canel, han oprimido al pueblo de Cuba”, señalaron, resaltando las “históricas protestas” que estallaron el 11 de julio en la isla.
“El optar por otorgarle legitimidad a este régimen antidemocrático es una falta de respeto a la lucha del pueblo cubano por su libertad y también opaca el simbolismo histórico del Grito de Dolores”, dijeron, en alusión al acto de septiembre de 1810 que dio inicio a la independencia de México de la Corona española.
Durante la visita de Díaz-Canel, AMLO manifestó que esperaba que su par estadounidense Joe Biden “actúe con grandeza” y ponga fin a las políticas contra Cuba, especialmente el embargo económico. (Redacción, El Economista, GeoPolítica, p. 48)
Roma.- Una corte del sur de Italia condenó al exalcalde Domenico Mimmo Lucano, de un poblado diminuto apodado “el pueblo de bienvenida”, por prestar ayuda a la migración no autorizada y lo sentenció a 13 años y dos meses de prisión.
Mimmo Lucano también fue hallado culpable de fraude, malversación de fondos, asociación delictuosa y abuso de autoridad por la corte en Calabria.
Lucano ha negado haber cometido alguna falta.
“Estaré marcado de por vida por faltas que yo no cometí″, acusó el exedil, según fue citado por la agencia italiana de noticias ANSA.
Lucano colocó una mano en la frente en señal de incredulidad al escuchar el veredicto y la sentencia dictada después de tres días de deliberaciones.
La fiscalía alegó que Lucano facilitó matrimonios por conveniencia entre hombres italianos del poblado de Riace y mujeres extranjeras, con el fin de que ellas obtuvieran permisos de residencia de Italia. La fiscalía también argumentó que Lucano usó indebidamente fondos del gobierno destinados para la ayuda a migrantes, incluyendo 5 millones de euros que los fiscales afirman fueron a dar a bolsillos privados y no fueron usados en la asistencia a los migrantes.
En respuesta, los abogados de Mimmo indicaron que apelarán tanto la condena como la sentencia impuesta, que fue unos cinco años más larga de lo que los fiscales habían exigido en una primera instancia. (Agencias, El Financiero, Mundo, p. 28)
(Ap, La Jornada, Mundo, p. 30)
Los viajeros brasileños e indios han encontrado en México un hub o centro de viaje para transitar la cuarentena y cumplir con los requisitos que les impone Estados Unidos para entrar, muestra un informe de Forwardkeys.
Según la consultora, el método que están utilizando los brasileños para entrar a otros destinos como Perú y Panamá vía México también se recite en otras zonas como Oriente Medio para volar desde India hasta Canadá, a través de Serbia.
“No deseamos llamar a la creación de hubs de cuarentena como una tendencia, sino como un ejemplo de lo que la gente está dispuesta a hacer para llegar a ciertos destinos de larga distancia, incluso con restricciones de viaje complicadas”, indicó la empresa consultora.
Según los datos revelados, el 82% de los brasileños que viajan a México tiene como destino final Estados Unidos, 8% Perú y un 6% Panamá. (Miriam Paredes, Excélsior, Dinero, p. 3)
Estados Unidos permitirá a partir de noviembre que ingresen al país sólo extranjeros completamente inmunizados con vacunas que estén autorizadas por la OMS y la FDA, lo que deja fuera –por el momento– a más de 13.5 millones de latinos, que fueron inoculados con antídotos que no cuentan con ese aval, como la Sputnik V.
De acuerdo con CNN, el antídoto ruso centró su venta en América Latina, y hoy la Sputnik V se aplica en Argentina, Bolivia, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay y Venezuela, en esos países se han inoculado alrededor de 27 millones 77 mil 600 dosis de esa vacuna.
Por su parte, Brasil tiene negociadas 80 millones de dosis rusas y Perú 40 millones, pero no hay datos oficiales de si ya fueron utilizadas.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha aprobado las inmunizaciones de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinovac y Sinopharm (la producida en Beijing).
El 11 de agosto de 2020, el Ministerio de Salud de Rusia autorizó la vacuna Sputnik V, cuando aún no se habían publicado los resultados de los ensayos de fase I y II, y los de fase III –donde participan miles de personas para ver si realmente protege– no habían comenzado.
La vacuna recibió un espaldarazo en febrero pasado, cuando un análisis provisional de los ensayos de fase III, publicado en The Lancet, mostró que tenía 91.6% de efectividad para prevenir el COVID-19 sintomático y 100% de eficacia para prevenir enfermedades graves.
El proceso para que la OMS autorice el uso de emergencia de la vacuna Sputnik V está suspendido desde junio, dijo el Dr. Jaime Barbosa, subdirector de Organización Panamericana de la Salud (OPS).
“Eso fue porque se encontró en una planta productora de Sputnik en Rusia condiciones que no son las que se exigen para tener las buenas prácticas de fabricación”, dijo.
La autorización de la OMS, además de permitir que se ingrese a EU con esa vacuna, es crucial para que la Sputnik V pueda distribuirse a través del mecanismo COVAX. (Redacción, El Heraldo de México, Orbe, p. 32)
El fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, y su homólogo de Estados Unidos, Merrick B. Garland, acordaron trabajar estrechamente en las investigaciones de casos y procedimientos criminales, incluyendo los relacionados con narcóticos y tráfico de armas, tráfico y trata de personas, finanzas ilícitas y lavado de dinero, a lo largo de la frontera entre ambos países.
Ambos fiscales se reunieron ayer en Washington, la capital estadounidense, donde además coincidieron en la importancia de la relación en temas de extradición y su compromiso para continuar activamente con las solicitudes en ese rubro, pendientes en cada una de las naciones, informó la Fiscalía General de la República (FGR).
Mediante un comunicado, indicó que Gertz Manero y Garland reconocieron que una cooperación continua y exhaustiva entre ambas instituciones resulta fundamental, por lo que aseguraron la continuidad de un diálogo bilateral de forma regular, con el propósito de garantizar la protección de los ciudadanos de ambos lados de la frontera en común. (Manuel Espino y Diana Lastiri, El Universal, Nación, p. A5)
(Abel Barajas, Reforma, Nacional, p. 3)
(Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p. 11)
(Daniela Wachauf, 24 Horas, México, 5)
(David Saúl Vela, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 37)
(Alfredo Maza, El Sol de México, República, p. 11)
(EFE, Ovaciones, Nocional, p. 9)
Quito. Seis bandas se disputan las cárceles de Ecuador, y la mayoría están al servicio de los cárteles mexicanos de la droga.
Los Choneros, los Pipos, los Tiguerones, los Chone Killers, los Lagartos y los Lobos son las bandas que mandan en las cárceles del país.
Crimen organizado ahuyenta dos comunidades de Zacatecas
De éstas, una disputa entre los Choneros y los Lobos, brazos armados de los cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, habría desatado el enfrentamiento armado que dejó más de 100 muertos en una cárcel de Guayaquil.
Su disputa por control de reos y espacio ha logrado que el 2021 supere las muertes violentas en cárceles al 2019 y 2020.
En total, este año se han registrado 144 reos muertos en matanzas producto de amotinamientos. El dato es alarmante tomando en cuenta que en 2020 hubo 51 muertes de este tipo, en 2019 hubo 33 y en 2018 fueron 11.
BANDAS Y NARCOTRÁFICO
Para Andrés Granda, sociólogo y master en política pública, el discurso de “se trató de una guerra entre bandas” se ha normalizado de tal manera que “le permite al gobierno desligarse de su responsabilidad”.
Un exfuncionario del sistema penitenciario comenta que en el sistema carcelario hay seis bandas “bien constituidas” que se disputan el control de los pabellones y cuya rivalidad por espacio también “está afuera”, pues requieren ser dueños de los pasos de droga de los cárteles mexicanos a los que responden.
Antes de la muerte de Jorge Luis Zambrano, alias “Rasquiña” y líder de los Choneros, las cárceles tenían territorios marcados y “que se respetaban”.
Con su muerte (2020), las bandas de los Pipos, los Tiguerones, los Chone Killers, los Lagartos y los Lobos “se han puesto como consigna atacar a los Choneros y quitarles su espacio”, dice el exfuncionario, que prefiere el anonimato.
“Estas bandas conocen todo sobre el sistema carcelario y mueven la corrupción que impera en guías, directores y más (…) sino no hay otra explicación para que entren motosierras y fusiles”, detalla.
Agrega que los reos planifican motines simultáneos porque saben que la capacidad de reacción y el número de personal desde el gobierno, para seguridad, es bajo.
El experto en seguridad Mario Pazmiño dice que el narcotráfico en Ecuador y las bandas en las cárceles responden a dos cárteles mexicanos: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el de Sinaloa.
Ambos se disputan el control de corredores y las redes de envío de cocaína por las costas ecuatorianas a Centroamérica, Estados Unidos y Europa.
La rivalidad más marcada está entre los Lagartos y los Choneros. Los primeros responden al cártel de Jalisco Nueva Generación y los segundos a Sinaloa. “Por eso ellos han adoptado formas más cruentas en las matanzas, porque vienen de la escuela del narco mexicano”.
Sobre los otros cuatro grupos, el extrabajador del sistema carcelario explica que muchos son disidentes de los Choneros y los Lagartos y pueden estar ligados a los mismos cárteles u otros de menos impacto en el país, como los Zetas, la Familia Michoacana y el Cártel del Golfo.
¿GUERRA ESTADO VS NARCO?
El coronel Mario Pazmiño, exjefe de Inteligencia del Ejército ecuatoriano, dice que el alza de las muertes violentas, los ataques con drones y la dotación de armas que tienen los reos dan un claro mensaje de los cárteles al Estado: “el narcotráfico amenaza al Estado y no el Estado al narco”.
Es por eso que emprender un plan estratégico contra el narcotráfico y el tráfico de armas debe ser la consigna, para que “la violencia de las cárceles no se traslade a las calles”, dice Pazmiño.
Pero la crisis carcelaria no inició con la matanza de 79 presos, el 23 de febrero de 2021. El estado de las cárceles es el resultado de reformas legales, que entran en la categoría de populismo penal, mas la naturalización del mandato interno de bandas criminales y sus “guerras” por espacio.
Andrés Granda indica que el quiebre del sistema carcelario data del 2018.
“Si bien el déficit de guías penitenciario, tecnología e infraestructura es algo que pasa hace décadas, en Ecuador, en 2018, el abuso de la prisión preventiva impactó en el grado de hacinamiento”, dice.
El 2018, había un hacinamiento de 36 por ciento. En 2021 alcanza 38 por ciento.
La entrada en vigor del Código Penal, en 2014, tiene mucho que ver, según Granda, y lo único que representó fue el populismo penal del gobierno de Rafael Correa para enviar el mensaje de que había “mano dura contra la delincuencia”. (La Hora de Ecuador, El Sol de México, 8 Columnas)

Las víctimas mujeres y hombres de trata de personas en el país aumentaron 21% en los primeros ocho meses de 2021, en comparación con el mismo periodo de 2020, tiempo que se perfila para romper récord en este delito de alto impacto.
De enero a agosto de este año, suman 525 víctimas, en su mayoría mujeres, de trata de personas en sus diversas modalidades, principalmente con fines de explotación sexual y laboral, lo que representa 90 más que en los primeros ocho meses de 2020, cuando se contabilizaron un total de 435, según información estadística del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Con 90 víctimas, abril de este año mantiene la cifra más alta en el delito de trata de personas en lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, la cual el mes pasado acumuló otro récord en feminicidios, homicidios dolosos contra mujeres, víctimas mujeres de extorsión, así como incidentes de abuso sexual.
Los estados con más víctimas de trata de personas en lo que va del año son Estado de México, 154; Nuevo León, 86; Ciudad de México, 57; Baja California, 49; Puebla, 40; Chihuahua, 16; Coahuila, 14; Quintana Roo, 13; Jalisco, 12; Oaxaca, 12; Veracruz, 11, y Zacatecas, 11.
Para el director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC), Francisco Rivas Rodríguez, el incremento de la trata de personas a nivel récord refleja que el delito no está siendo atendido por autoridades federales y estatales.
“Lo podemos decir a todas luces que no se está atendiendo, porque mes a mes se rompen los récords, desde hace años todos los meses estamos viendo incrementar este delito”, indicó.
Ante la ola migratoria que se está registrando actualmente en América Latina, Rivas Rodríguez afirmó que las organizaciones criminales están privando de la libertad a muchos migrantes para obligarlos a trabajar en la delincuencia o para explotarlos en actividades ilícitas.
Por su parte, el experto en seguridad Alejandro Hope consideró que el grueso de los delitos, como la trata de personas, no se denuncian ante las fiscalías o procuradurías del país, por lo que, dijo, no es posible dimensionar lo que realmente está pasando.
Lo que sí se denuncia, aseguró, es el desmantelamiento de algunas de las bandas dedicadas a la trata de personas.
“Hay una cifra negra de más de 90%, y luego se configura como trata delitos que son de otra manera. A partir de las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública es difícil saber lo que está pasando en materia de trata de personas”, comentó Hope.
Según el Índice Global de Delincuencia Organizada, en el que más de 300 expertos lo elaboraron, México lidera el tráfico de personas en América Latina, cuyo “mercado es el más grande y sofisticado de la región”.
Incidencia delictiva en agosto
En materia de incidencia delictiva, Chihuahua, Nayarit, Nuevo León y Sonora fueron los estados peor calificados en agosto, reportó el Semáforo Delictivo.
Al presentar su análisis de las estadísticas de delitos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el director de la organización, Santiago Roel, señaló que dichas entidades presentan aumento en homicidio, secuestro, extorsión, robo de vehículo, lesiones, violación, violencia familiar y feminicidio, robo a casa y a negocio.
En contraste, el mejor calificado es Jalisco, con un solo rojo en su Semáforo Delictivo, seguido de Yucatán y Chiapas, con dos rojos, explicó.
La organización también señaló que los delitos en rojo son dos de crimen organizado: extorsión y narcomenudeo, y tres de litos sociofamiliares: violación, violencia familiar y feminicidio. Todos ellos, expresó, están por arriba de su media histórica mensual, mientras que el feminicidio rompió récord histórico, con 104 víctimas en el mes.
Sube violencia familiar y violaciones en casa; feminicidio rompe récord
La violación y violencia familiar se ubican en rojo desde febrero y tienen incrementos importantes en el año, de 31% y 20%, respectivamente. Los estados con las tasas más altas en violación son Chihuahua, Quintana Roo, Durango, Baja California Sur y Querétaro. Las entidades con tasas más elevadas en violencia familiar son Chihuahua, Durango, Colima, Coahuila y la capital.
“La mayor parte de las violaciones se dan en casa por parientes cercanos y las víctimas son menores de edad”, comentó Santiago Roel.
Al cierre de agosto, mencionó, el feminicidio rompió récord, con 104 casos y 107 víctimas. La cifra histórica más alta y un incremento de 8% en el año.
“El feminicidio suele ser un caso extremo de violencia familiar, por lo que no es de extrañarse su incremento, ya que la violencia familiar ha subido en todo el país de manera significativa. Es fundamental la atención oportuna de la violencia en casa y la protección de la familia”, refirió.
Los estados con tasas más altas de feminicidio en el año son Chihuahua, Morelos, Sonora, Quintana Roo y Sinaloa.
Para el director de Semáforo Delictivo, “sigue sin resolverse la violencia de crimen organizado, en especial de narcoejecuciones, es un tema federal y tampoco hemos sido capaces de hacer campañas efectivas contra la violencia en casa, que reduzcan los índices de violencia familiar, violación y feminicidio.
“Las familias mexicanas, en especial las mujeres, siguen atrapadas en la violencia extrema dentro y fuera de casa”. (Manuel Espino, El Universal, P.p.)
Nueva York. Fiscales estadunidenses informaron que entregaron al abogado del ex secretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna, acusado de narcotráfico, documentos enviados por el gobierno mexicano que detallan sus actividades comerciales.
Esos documentos son parte de las abundantes pruebas que la fiscalía del distrito este de Nueva York planea presentar en un juicio a García Luna, preso en Nueva York. Los fiscales dijeron en carta a César de Castro, abogado del ex secretario, que le entregaron nuevas pruebas y que éstas incluyen además un álbum de fotografías.
La carta se hizo pública en el sistema electrónico de las cortes federales estadunidenses. (Ap, La Jornada, Política, p. 12)
El Gobierno de México destacó la figura de cooperación internacional en la extradición del “Comandante Emilio”, guerrillero chileno involucrado en el secuestro del “Jefe” Diego.
El pasado 22 de septiembre la Federación entregó en extradición temporal al chileno Raúl “E”, con fundamento en el artículo 20, numeral 2 del Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal entre los gobiernos de México y Chile.
Esta es la primera ocasión en la historia que el país ha concedido esta figura de cooperación internacional.
El “Comandante Emilio” era requerido por la Corte de Apelaciones de Santiago para ser procesado por su probable responsabilidad en el delito de atentado terrorista, con resultado de muerte de un senador de Chile.
El 22 de noviembre de 2018 el Gobierno de México concedió su extradición a Chile, sin embargo, su entrega no fue posible materializarla en virtud de que se encontraba cumpliendo con una sentencia de 60 años de prisión que le fue impuesta por secuestro agravado que cometió en México.
En este sentido, el pasado 3 de septiembre el canciller Marcelo Ebrard emitió el Acuerdo por medio del cual el Gobierno de México concedió a Chile la entrega temporal de Raúl “E”. (Marco Fragoso, 24 Horas, México, p. 6)