

Mexicali, BC., Más de 250 migrantes centroamericanos y mexicanos realizaron un plantón frente al puerto fronterizo de Tijuana-San Ysidro para solicitar a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, que abra la frontera y otorgue refugio humanitario o asilo político a quienes huyen de sus países por causas de la inseguridad y crisis económica.
Biden, por favor déjanos entrar, corearon los manifestantes provenientes de México, Honduras, El Salvador y Guatemala en las instalaciones mexicanas que dan acceso a la garita peatonal estadunidense.
Nosotros no tenemos seguridad, tranquilidad ni oportunidades, por eso migramos a otros países, explicó. Dulio Martín, un guatemalteco que, hincado, se unió en oración ante la mirada de los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos
Los manifestantes caminaron primero los dos kilómetros de línea fronteriza que hay desde las oficinas del Instituto Nacional de Migración en la zona federal de El Chaparral hasta la garita internacional de San Ysidro, California. No hubo bloqueo de vialidades o intentos de cruzar a territorio estadunidense.
Joe Biden, please let us inn, decía una leyenda escrita en las camisetas blancas que utilizaron en la protesta. Allí anunciaron que esta acción la repetirán diariamente hasta que su petición sea escuchada por la administración estadunidense.
En tanto, un grupo de migrantes irrumpió en la garita internacional de Tecate-Tecatito, a 60 kilómetros al oriente de Tijuana, en un intento por adentrarse a Estados Unidos.
El cruce masivo por los carriles de tránsito vehicular se reportó a las 7 horas de este martes, lo que provocó que agentes de Aduanas y Protección Fronteriza cerraran el puesto fronterizo. Al menos un centenar de vehículos quedaron varados en espera que los agentes reabrieran las instalaciones para ingresar a Estados Unidos de manera legal.
Otro grupo de migrantes hondureños se instaló en Los Algodones, el poblado que se ubica más al norte de México, y cruzó a Estados Unidos por la zona poniente de Andrade, California, durante la madrugada de este lunes. (Antonio Heras, La Jornada, P.p.)
(Staff, con información de Agencias y Mauro de la Fuente, Reforma, Nacional, p. 2)
(EFE, Milenio, Política, p. 12)
(Arturo Salinas, Excélsior, P.p.)
(Redacción, El Universal, Mundo, p. A14)
(Redacción, La Razón, México, p. 4)
(Atahualpa Garibay, El Heraldo de México, Estados, p. 15)
(Carlos Luna, El Sol de México, República, p. 12)
(Redacción, El Economista, Índice, p. 2)
Aunque el número de solicitantes de refugio en México –entre ellos muchos niños, niñas y adolescentes– comienza a aumentar y se han promulgado reformas para proteger a la infancia en condición de movilidad, no hay garantías de que las autoridades del país puedan atender adecuadamente a dicha población y le otorguen las visas humanitarias que necesita.
Así lo advirtió la organización civil Save The Children México (STCM), la cual señaló que los operativos del gobierno en la frontera sur deben estar enfocados en permitir la entrada ordenada de los menores de edad y sus familias, para gestionar la ayuda que les permiten diversas leyes en la materia.
Destacó que, de acuerdo con cifras oficiales, al 31 de enero de 2021 se habían registrado un total de 6 mil 505 solicitantes de refugio en México –de los cuales mil 539 son niños y adolescentes (713 mujeres y 826 hombres)–, la cifra más alta para el primer mes del año en relación con 2020 y 2019.
La organización especializada en temas de infancia recordó que el pasado 11 de enero entraron en vigor diversas reformas a las Ley de Migración y la Ley sobre Refugiados, Protección Complementaria y Asilo Político, que garantizan los derechos de los menores y sus familias, a través del acceso al Procedimiento de Protección Especial y Restitución Integral de sus Derechos.
De igual manera, las citadas reformas garantizarían el acceso a la Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias y al reconocimiento de la condición de refugiado.
Sin embargo, advirtió STCM, el panorama es complejo en esta materia, porque por un lado, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y el Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia no tienen las capacidades suficientes para atender a los menores migrantes a quienes deberían cuidar.
Lamentó que aunque el Instituto Nacional de Migración ha informado que a partir de la entrada en vigor de las reformas de ley llevará a cabo acciones para garantizar que ninguna niña, niño o adolescente ingrese y permanezca en estaciones migratorias, podría no estar dispuesto a proveer todas las visas solicitadas por razones humanitarias. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p. 14)
Para migrar en México o trasladarse a Estados Unidos, los venezolanos que llegaron al país casi se cuadruplicaron al inicio de 2021.
Cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación (Segob) indican que 12 mil 192 personas provenientes de Venezuela arribaron a los aeropuertos México en enero pasado, casi cuatro veces los 3 mil 476 registrados en el mismo mes de 2020.
Se trata del mayor volumen de venezolanos en casi seis años, desde abril de 2015, cuando ingresaron 14 mil 750 residentes de la nación que gobierna Nicolás Maduro.
México siempre había sido un país de paso para trasladarse a Estados Unidos, pero ahora se ha convertido en un destino para migrantes, expone Fernanda Rivero, integrante de la organización civil Sin Fronteras.
Desde su punto de vista, esto se debe a las contrataciones de empresas mexicanas y las políticas restrictivas que aplicó Donald Trump como presidente de la Unión Americana.
Sin embargo, en su último día de gobierno, el magnate suspendió por 18 meses las deportaciones de venezolanos y les permitió conseguir empleo en territorio estadounidense, tras reconocer que en ese país se vive “la peor crisis humanitaria del hemisferio occidental en la historia reciente”.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Rivero explica que posiblemente la llegada de Joe Biden a la Casa Blanca esté dando esperanza a los venezolanos, aunque dice que, si solicitan asilo en México, ya no les concederán este derecho en Estados Unidos.
En Sin Fronteras han detectado recientemente un mayor número de solicitudes de apoyo de venezolanos, los cuales están varados en las terminales aéreas del país, principalmente en la Ciudad de México y Cancún. Están hacinados en cuartos o en estaciones migratorias, como Las Agujas en Iztapalapa.
“Llegan con un ticket de hotel y su objetivo es quedarse, pero son mal aconsejados, mienten en migración diciendo que vienen de turismo y no solicitan asilo desde un principio, porque tienen miedo de decir que se quieren quedar o desconocen que tienen este beneficio de protección internacional”.
“Ante esto, son extorsionados en los aeropuertos por parte de los agentes de migración y también por abogados que les prometen pasarlos a México con una visa de trabajo, lo que termina siendo contraproducente, pues se activa una alerta migratoria y no los dejan pasar”, explica Rivero.
Agrega que varios venezolanos vienen al país por ofertas de trabajo, pero terminan siendo víctimas de delitos como trata de personas.
Se establecen en territorio
México reportó 550 mil migrantes entre 2015 y el año pasado, 79 mil ingresaron para buscar trabajo y 50 mil por un cambio u oferta de empleo, cuya mayoría provino de Venezuela, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi.
Al ser clasificados como personas que padecen violencia generalizada, casi el total de venezolanos que solicitan asilo en México reciben el derecho. Entre 2013 y 2020 fueron reconocidos positivamente 13 mil 411, de 13 mil 681 casos resueltos, indican datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
Rivero dice que, desde que llegan a México, los migrantes cuentan con 30 días para solicitar asilo ante la Comar. “Esto no debería estar sujeto a una temporalidad, pues se trata de una protección internacional”.
“Esto es el pan de cada día en Sin Fronteras, los migrantes desconocen este plazo y por eso los apoyamos, desde antes de que salgan de su país, mediante un preregistro ante la Comar, para informar que vendrán a México para pedir asilo”, comenta.
“Urge que el gobierno mexicano agilice los trámites para reconocer a los refugiados y su derecho a la salud. A pesar de la pandemia está creciendo el número de deportaciones en México, sin considerar la historia de vida de las personas”, acusa la integrante de Sin Fronteras.
En cuanto a los venezolanos que quieren regularizarse por temas laborales o educativos, señala que varios llevan dos años o más viviendo en México, requisito para acceder a la naturalización, pero necesitan un pasaporte vigente y un documento de identificación de viaje.
Esto es imposible de obtener porque los migrantes son considerados “traidores a la patria” por el gobierno de Maduro, por lo que “las oficinas diplomáticas de Venezuela sólo son simbólicas”.
Los venezolanos que llegan a México tienen un perfil educativo alto en comparación con los centroamericanos. Es gente que tiene estudios de bachillerato, licenciatura o incluso posgrados, por lo mismo buscan resolver de manera efectiva su estatus migratorio, expone Rivero. (Tláloc Puga, El Universal, Cartera, p. A21)
Frente a la propuesta de aumentar la cantidad de visas de trabajo entre México y Estados Unidos, es necesario plantear un acuerdo de migración laboral inclusivo y que no sea violatorio de los derechos humanos, señalaron especialistas en la materia.
Evy Peña, directora de Comunicaciones del Centro de los Derechos del Migrante (CDM), señaló que en la actualidad los programas de visas de trabajo son unilaterales y carecen de una supervisión adecuada, además de que ese esquema depende de los empleadores estadunidenses e incentiva los abusos contra las personas migrantes.
El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador planteó a su par estadunidense, Joe Biden, ampliar considerablemente las visas de trabajo temporal.
Al respecto la especialista indicó que de alguna manera los gobiernos salen ganando: México, con las remesas, y Estados Unidos abasteciendo sus mercados de mano de obra, pero están delegando su responsabilidad de establecer estándares laborales a empleadores del país vecino.
Comentó que la forma en que los programas de visas H2 están estructurados facilitan la explotación y la discriminación sistemática hacia los migrantes, siendo las mujeres las más vulnerables, ya que históricamente sólo 6 por ciento de las visas para trabajo en el campo han sido destinadas a ellas.
Peña explicó que no pueden dejar las condiciones abusivas de empleo, porque su visa depende de su empleador, y si lo hacen pierden su estatus migratorio, además de que llegaron endeudadas, ya que en el proceso de reclutamiento existen intermediarios que les exigen hasta 70 mil pesos a cambio de la oportunidad de trabajar en Estados Unidos.
Ante esta situación, indicó, en México la Secretaría del Trabajo debería asegurarse de que todas las personas involucradas en el proceso de contratación estén registradas ante la dependencia, ya que, ante la falta de registro y transparencia, significa que estos actores pueden operar sin ser regulados a costa de la necesidad económica de las personas.
Camelia Tigau, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, coincidió en señalar que las visas están ligadas a los empleadores y eso provoca que los empleos temporales sean una moneda de cambio, ya que si los trabajadores protestan, no se las renuevan. (Jared Laureles, La Jornada, Política, p. 4)
Los grupos trasnacionales del crimen organizado mexicano son la mayor amenaza para Estados Unidos, señala la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) en su informe anual 2020, divulgado ayer.
“Los cárteles mexicanos son cada vez más los responsables de producir y proveer fentanilo para el mercado de Estados Unidos”, indica el reporte. Agrega que el narcótico opioide sintético producido en México logró desbancar al chino, que solía ser el usado más comúnmente.
Se descubrió una expansión en el uso de los estimulantes, como cocaína y metanfetaminas, cuyo alcance y volumen se incrementó considerablemente, indica el documento.
Las muertes y hospitalizaciones por sobredosis de metanfetaminas subieron drásticamente el año pasado, y criminales mexicanos se encargaron de aumentar la oferta de este fármaco y expandir su mercado en el país, subraya.
Los narcotraficantes se adaptaron muy pronto a las restricciones de viaje y traslado impuestas por la pandemia de coronavirus, y para la mitad de 2020 ya habían logrado evadirlas y operaban, sin retraso alguno, para exportar drogas y precursores de las mismas a Estados Unidos.
Menciona también que más de 83 mil personas murieron en Estados Unidos por sobredosis entre julio de 2019 y el mismo mes de 2020, lo que fue un incremento muy significativo a la cifra anterior de 70 mil, registrada en el periodo anterior.
El informe en https://www.dea.gov/press-releases/2021/03/02/dea-releases-2020-national-drug-threat-assessment
(De La Redacción, La Jornada, Política, p. 8)
(Jorge Chaparro, La Razón, P.p.)
(Víctor Sancho, El Universal, P.p.)
(Jorge Monroy, El Economista, P.p.)
(Roxana González, El Sol de México, P.p.)
(David Saúl Vela, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 30)
Los mexicanos que radican en el extranjero tendrán hasta el 10 de marzo para activar su credencial para votar y/o registrarse para participar en las elecciones del próximo 6 de junio.
La presidenta de la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto del INE, Norma Irene de la Cruz, llamó a los connacionales a participar en la toma de decisiones de sus lugares de origen y a ejercer su derecho a votar.
“Votar en los asuntos de su estado es muy importante, es otra forma de estar y de apoyar a sus familias, decidir quién dirige y administra sus estados. Las y los paisanos todavía tienen hasta el 10 de marzo para inscribirse y participar”, dijo en conferencia de prensa, acompañada de las y los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Nayarit (IEEN). (Sarahi Uribe, El Sol de México, República, p. 6)
(Sarahi Uribe, La Prensa, Nacional, p. 20)
En la reunión con Joe Biden no hubo una sola discrepancia, ¡así lo digo, de manera categórica, ninguna!, ocurrió con respeto, amistad y colaboración, aclaró el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Para despejar dudas, aseguró el Presidente, fue evidente la buena disposición de su homólogo –de quien dijo, no es un hombre acartonado– para escuchar los argumentos de México de contar con los antivirales, y no puedo decir que se logró ya el acuerdo, tampoco que no lo hubo. Nos fue bien.
Con el diseño art déco del Salón Tesorería en Palacio Nacional como escenario, el tabasqueño abundó en los temas de la conversación: el desarrollo compartido, la economía, el dispar uso de las vacunas en el mundo y en especial el migratorio. En la rueda de prensa aseguró haberle dicho al estadunidense que tanto Petróleos Mexicanos como la Comisión Federal de Electricidad fueron saqueados y aquél lo escuchó.
“Seguramente algunos de nuestros opositores estaban esperando que me dijera: ‘Oiga, Presidente, ¿por qué reforma la ley eléctrica?’ Pues eso no lo puede plantear el presidente Biden, porque es otra dimensión, es una relación de otro tipo.”
Precisamente para dar certeza a la relación entre México y Estados Unidos, ponderó el grupo de trabajo de alto nivel que encabezarán Marcelo Ebrard y Antony Blinken.
Entre ambos presidentes hubo invitaciones de visita a sus respectivos países. Para López Obrador, en abril, a una reunión sobre cambio climático –aún sin definirse– y a Biden para que visite los proyectos del Tren Maya, del transístmico y conozca las obras de arte que realizan los indígenas y campesinos en Oaxaca, construyendo sus caminos y carreteras mediante el tequio.
Migración, tema central
Sobre el flujo de personas que buscan trabajo y dejar atrás el hambre, dijo el tabasqueño, expuse que se haga un análisis de cuánta fuerza de trabajo, de cuántos trabajadores requiere la economía estadunidense y la economía de los tres países de América del Norte para crecer. Independientemente de la automatización que se va a requerir, nosotros tenemos una fuerza de trabajo joven, muy creativa y los países de Centroamérica y de América, es cosa de ordenar el flujo migratorio.
Al insistirle si se llevó a la mesa el asunto de la energía eléctrica, el mandatario replicó: No se trató ese tema, hablé de las prioridades que tiene nuestro gobierno: moralizar al país, acabar con la corrupción, purificar la vida pública. Que no haya la vergonzosa desigualdad.
Del sector energético se lo planteé, le comenté que estamos limpiando de corrupción a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, hablé de que habían sido saqueadas estas empresas y que estamos poniendo orden y que queremos la autosuficiencia.
–¿Qué le respondió Biden?
–Escuchó –repuso.
Advirtió que en torno a las vacunas el panorama se terminará aclarando cuando él cumpla el compromiso que tiene de inmunizar a 100 millones de ciudadanos en 100 días, y su plan de inoculación. Yo creo que ellos están considerando que van a producir vacunas suficientes. Y mencionó su contribución al mecanismo Covax de Naciones Unidas.
López Obrador, al referirse al ambiente de cooperación, expuso: “diría, de solidaridad, en un buen ambiente con el principal socio comercial y nuestro vecino, con quien nos unen muchas cosas: la geografía, la economía, el comercio, la cultura y la historia, a veces –como él mismo lo mencionó– de confrontación, de tensiones, de abusos que no se olvidan y también momentos de colaboración. Fue muy buena la reunión, de buen ánimo, o sea, nos pasamos un buen tiempo riéndonos, no hubo caras duras”. (Roberto Garduño y Fabiola Martínez, La Jornada, P.p.)
(Antonio Baranda y Claudia Guerrero, Reforma, Nacional, p. 6)
(Ángel Cabrera, 24 Horas, México, p. 3)
(Por Sergio Ramírez y Antonio López, La Razón, México, p. 5)
La Fiscalía General de Tamaulipas no fue informada sobre los guatemaltecos sobrevivientes a la masacre de 19 personas en Camargo, por lo que pedirá la información al Gobierno de Guatemala, informó el Fiscal del Estado, Irving Barrios.
Fuentes de la Cancillería de Guatemala confirmaron a Grupo REFORMA que cinco personas que atestiguaron el multihomicidio, ocurrido el 22 de enero, se encuentran con protección en Estados Unidos, donde ya habrían brindado sus declaraciones de los hechos.
“Nosotros no tenemos conocimiento de esa información”, indicó Irving Barrios en entrevista telefónica.
“Vamos a elaborar las asistencias jurídicas a ambos países (Guatemala y Estados Unidos) para que nos aclaren esa información, ya que nosotros, dentro de los canales diplomáticos, del intercambio de información que tenemos con el Gobierno de Guatemala, desconocemos eso. Ni jurídica ni económicamente tenemos conocimiento de eso”.
El 22 de enero, 19 personas fueron asesinadas y calcinadas en un camino de Santa Anita, municipio de Camargo, de las cuales 16 se han identificado como ciudadanos guatemaltecos, 2 como mexicanos y uno permanece en calidad de desconocido.
El Fiscal recordó que dentro de la investigación que realizan en Tamaulipas tienen la hipótesis de era mayor el grupo de personas que viajaba con las víctimas.
“Desde el principio se estableció que podía haber una caravana más grande”, dijo.
Sobre la repatriación de los cuerpos, Irving Barrios consideró que se podría concretar la próxima semana.
“Es donde ahorita ellos (el Gobierno de Guatemala) están enfocados, una cosa que es muy entendible”, refirió.
“Yo creo que estaríamos hablando a más tardar de este fin de semana al otro, la gente de Guatemala está manejando el día 19 como una fecha última, pero yo creo que será unos días antes”. (César Martínez, Reforma, Nacional, p. 3)
El gobierno de Guatemala dio a conocer que cinco migrantes originarios de ese país lograron sobrevivir a la masacre ocurrida en Camargo, Tamaulipas, y se encuentran bajo protección de autoridades de Estados Unidos. El 23 de enero, 19 cuerpos quemados —16 guatemaltecos y tres mexicanos— fueron hallados en una camioneta calcinada; aún se desconoce el móvil. (Redacción, Milenio, Política, p. 6)
Poza Rica, Ver., Los datos de los tres estudiantes cubanos de la Universidad Veracruzana (UV) desaparecidos el 23 de febrero aparecen en el Sistema Localizador de Detenidos del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), por lo que se presume que cruzaron a Estados Unidos. La Fiscalía General del Estado no integró una carpeta de investigación porque sus familiares así lo solicitaron; mientras, la Comisión Estatal de Búsqueda mantiene publicadas las fichas informativas respectivas en redes sociales. El 28 de febrero se dio a conocer la desaparición de Carmen Boza, Mercedes Díaz y Yuri Lorenzo Torre, de la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, con sede en Tuxpan. La última información que se tuvo de ellos fue que viajarían a realizar trámites al consulado de Cuba en Boca del Río. (La Jornada Veracruz, La Jornada Estados, p. 26)
Después de negar una crisis fronteriza, el secretario del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estadounidense, Alejandro Mayorkas, adelantó que necesitan 20 mil camas para el aumento de niños migrantes.
La rápida afluencia de menores no acompañados se está convirtiendo en la primera nueva crisis de la administración de Joe Biden. Según Axios, la cantidad de niños migrantes está en camino a superar el récord de todos los tiempos en 45%.
Se espera que los refugios alcancen su capacidad máxima a finales de este mes, pues el DHS proyecta que 117 mil menores migrantes no acompañados cruzarán la frontera este año; muchos de ellos adolescentes. Sólo el mes pasado, aproximadamente seis mil migrantes de 16 y 17 años fueron detenidos en la frontera.
Mientras tanto, el gobierno de Biden está considerando acelerar la entrega de niños a patrocinadores, como un padre o pariente, que ya se encuentre en EU, con el fin de liberar espacio en los refugios. Asimismo, planea poner fin a los estrictos requisitos de investigación que se implementaron bajo la administración Trump.
“Les decimos que no vengan ahora porque podremos entregarles un proceso seguro y ordenado lo más rápido posible”, dijo Mayorkas.
En enero, más de cinco mil 800 niños no acompañados y casi siete mil 500 familias fueron detenidas por Aduanas y Protección Fronteriza en la frontera entre Estados Unidos y México, según los datos mensuales más recientes de la agencia.
Un alto funcionario del DHS informó a CNN que para ampliar la capacidad, la agencia abrió una estructura “blanda” en Donna, Texas, y está construyendo otra en Eagle Pass, también en ese Estado. Se están considerando al menos cuatro instalaciones más, pero las ubicaciones aún no han sido definidas. (Redacción, El Heraldo de México, Orbe, p. 21)
En una estrategia que busca detener el ingreso de migrantes indocumentados a Estados Unidos, la administración del presidente joe Biden ordenó el envío de mil 200 agentes a la frontera con Texas.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) confirmó que la medida se da ante el aumento de cruces ilegales.
Tan sólo la semana pasada, CBP detuvo a cien personas que intentaron ingresar a EU.
Agentes informaron a la cadena NBC News que también se instalarán carpas en Eagle Pass, Texas, con el fin de albergar a migrantes detenidos en esa entidad.
De acuerdo con el diario The Wall Street Journal, en enero detectaron más de 78 mil cruces ilegales, mayor a los 74 mil registrados en diciembre y 72 mil en noviembre.
En su plan migratorio, desde el 20 de enero pasado, cuando Biden asumió la presidencia de Estados Unidos, firmó varias órdenes ejecutivas que buscan aliviar la crisis en esa materia.
Ante el aumento de migrantes menores no acompañados en la frontera sur, el gobierno reabrió en Carrizo Springs,Texas, un centro de acogida temporal que ayer albergó a más de 200 adolescentes, informó el departamento de Salud y Servicios Humanos. (Redacción, Excélsior, Global, p. 20)
Houston.- El Gobierno de Estados Unidos está enviando más agentes para controlar el flujo de migrantes al área del Valle del Río Grande, en Texas, a donde en las últimas semanas han llegado cientos de familias y niños no acompañados que buscan ingresar al país.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) no detalló el número de oficiales adicionales en la zona, que abarca de 88 mil kilómetros cuadrados.
En el sector de El Paso, Texas, que se compone de casi 324 mil kilómetros cuadrados por cubrir también todo Nuevo México, hay, por ejemplo, 2 mil 400 puestos de agentes de la Patrulla Fronteriza.
“Debido a las fluctuaciones a lo largo de la frontera suroeste, se están desplegando oficiales extras en el área de operaciones del sector del Valle del Río Grande”, aseguró la agencia.
“Por la sensibilidad de la información, no se pueden dar más detalles sobre el número total de agentes que serán desplegados, la ubicación y otros aspectos”.
Indicó que se busca disuadir e interrumpir las actividades de tráfico de personas por parte de organizaciones criminales transnacionales, así como garantizar que su personal esté debidamente equipado para mantener la seguridad fronteriza.
En las últimas semanas, el área del Valle del Río Grande ha visto una ola de cientos de migrantes que han cruzado la frontera de manera indocumentada.
La región se convirtió en 2018 en uno de los pasos preferidos de familias sin estatus legal para ingresar a Estados Unidos.
La situación, con casos de trata de personas por parte de contrabandistas, obligó a la CBP a emprender campañas enfocadas en rescates y para crear conciencia de peligro como la nombrada “No Se Arriesgue”.
La confirmación del envío de más agentes a la frontera, y la que pudiera ser una nueva ola de migrantes, representa un reto para la Administración del Presidente estadounidense, Joe Biden, que el lunes negó que haya una crisis en ese ámbito.


(EFE, Reforma, Internacional, p. 12)
Nueva York., Una reforma migratoria integral en Estados Unidos podría brindar billones de dólares adicionales al PIB de Estados Unidos y México, según una nueva investigación pero, en el corto plazo, el tema bilateral de mayor urgencia para el gobierno de Joe Biden es el apoyo del vecino delsur para controlar los flujos de personas en movilidad, pues podrían detonar otra crisis en la frontera y una pesadilla política para la Casa Blanca.
Si la reforma integral propuesta por Biden en su primer día en Washington y ahora sometida al Congreso –el proyecto de Ley de Ciudadanía de Estados Unidos de 2021– es aprobada e implementada, generará enormes beneficios económicos a las dos naciones.
El análisis elaborado por el Centro de Integración y Desarrollo Norteamericano (NAID, por sus siglas en inglés) de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) concluye que la propuesta Ley de Ciudadanía generaría más de 3 billones de dólares en PIB adicional a lo largo de una década, como resultado de un incremento en productividad e ingreso brindados por la regularización y naturalización de la población inmigrante indocumentada (unos 11 millones) más los nuevos flujos de personas en movilidad reglamentada.
El doctor Raúl Hinojosa-Ojeda, director del NAID, señaló en entrevista con La Jornada que el informe preliminar (el final será presentado en el Senado en Washington en un par de semanas) indica que sólo con la regularización y ciudadanía de los denominados trabajadores esenciales indocumentados, se generarían 1.5 billones en PIB adicional a lo largo de 10 años. Del total de los 7.8 millones de empleados sin documentos, 77 por ciento son oficialmente trabajadores esenciales.
A la vez, agregó Hinojosa-Ojeda, la investigación calculó que la remesas a México y a los tres países del llamado Triángulo del Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador y Honduras) como resultado de los ingresos superiores de los beneficiados de una reforma, que incluye tanto la regularización como a nuevos inmigrantes con documentos, podría alcanzar un total de más de un billón de dólares a lo largo de una década.
Si son utilizados con programas de inclusión financiera en programas de ahorros e inversión podría generar unos 100 mil millones de dólares de inversión en las comunidades que envían migrantes.
No obstante, la prioridad en la coyuntura actual para el gobierno de Biden en la relación binacional es el control de los flujos migratorios indocumentados. Aunque se abordó la migración en la reunión entre los presidentes Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden el lunes, no se han ofrecido mayores detalles sobre lo que se discutió en ese tema (como otros), más allá de esa palabra tan repetida que ya no se sabe qué significa: la cooperación.
Fuentes oficiales en Washington y expertos han subrayado que la gran preocupación inmediata de Biden es evitar una crisis migratoria en la frontera, lo cual sirvió de pretexto al gobierno de Donald Trump para promover sus políticas antimigrantes que el nuevo gobierno intenta desmantelar.
Se registra un incremento dramático de personas detenidas en la frontera –según datos oficiales de la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza–, llegando a los niveles más altos en una década, unos 78 mil en enero. De ellos, 80 por ciento han sido expulsados.
Aunque el gobierno de Biden está desmantelando el llamado programa Quédate en México para solicitantes de asilo, canceló la construcción del muro, busca reducir el número de deportaciones desde el interior del país y está impulsando su programa para reunificar a las familias que fueron separadas bajo órdenes de Trump, aún está usando la medida del magnate que permite expulsar casi de inmediato a todos los indocumentados interceptados al cruzar la frontera bajo el pretexto del control de la pandemia.
Sin embargo, a diferencia del gobierno anterior, no está usando esa medida para expulsar a menores de edad no acompañados. Pero eso está generando otro problema sobre qué hacer con el alza dramática en el número de esos menores que están cruzando la frontera –cientos cada día– y se esperan miles más, la mayoría llegando desde Centroamérica. De hecho, se reporta que el gobierno está contemplando que se requiere espacio para albergar 20 mil menores más.
Pero al reabrir algunas instalaciones para alojar a los menores de edad, el gobierno de Biden se enfrentó a un coro de críticas por usar de nuevo los viejos centros de detención, aunque ahora no se llaman igual y aparentemente han sido mejorados. Las autoridades estadunidenses ha insistido en que hacen lo mejor posible bajo las condiciones que heredaron mientras intentan desmantelar las políticas crueles de Trump, y reiteran que todo esto tomará tiempo y, por lo tanto, pide paciencia.
Sin embargo, para frenar o por lo menos disminuir esos flujos, sobre todo los provenientes de Centroamérica, Biden necesita que México continúe con algunas de las políticas de control fronterizo que se vio obligado a implementar bajo presión de Trump, incluyendo el despliegue de tropas de la Guardia Nacional a las fronteras. Ambos gobiernos señalaron el lunes que para abordar estos temas se requiere de mayor cooperación. Aún no se anuncia con exactitud lo que representa. (David Brooks, La Jornada, P.p.)
Mexicali, BC., Una camioneta con 27 personas a bordo fue impactada por un tractocamión en la autopista estatal 115, que atraviesa los campos de cultivo del sur de California, muy cerca de la frontera con México, con saldo de 15 muertos –10 connacionales– y 12 heridos, confirmó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
La unidad Ford Expedition, conducida por un ciudadano mexicalense, de 28 años, quien falleció, fue chocada en su costado izquierdo por el vehículo pesado, en la intersección situada en las inmediaciones de la comunidad agrícola de Holtville, autodenominada la capital mundial de la zanahoria, alrededor de las 6:15 de la mañana.
Mientras, el operador del vehículo pesado, que remolcaba dos contenedores vacíos, un hombre de 69 años, residente de la población de El Centro, fue hospitalizado con lesiones que no ponen en riesgo su vida.
Autoridades estadunidenses dijeron desconocer si la camioneta transportaba a trabajadores agrícolas o a inmigrantes que ingresaron al país sin documentos. Indicaron que se investiga por qué había tantas personas en un vehículo con capacidad para transportar de manera segura a un máximo de ocho individuos.
El tractocamión circulaba en dirección norte, sobre la autopista estatal 115, a unos 10 kilómetros de la frontera Caléxico-Mexicali, cuando la camioneta que trasladaba a 27 ciudadanos –entre hombres y mujeres– se le atravesó en Norrish Road.
No se ha logrado determinar si el conductor de la Ford Expedition ignoró una señal de alto o si se detuvo antes de ingresar a la vía rápida de dos carriles. Tampoco hubo informes sobre la velocidad a la que transitaba el vehículo pesado.
Cuando la policía de California llegó al lugar, algunos de los heridos intentaban salir del vehículo modelo 1997 y otros deambulaban por los cultivos aledaños. El costado izquierdo de la unidad quedó prensado a la parte frontal del camión. (Antonio Heras y Emir Olivares, La Jornada, P.p.)
(Ariadna García, El Universal, Mundo, p. A14)
(Enrique Sánchez, Excélsior, Nacional, p. 11)
(Paris Salazar, El Heraldo de México, País, p. 7)
(Marcel Sanroma, La Crónica, Mundo, p. 19)
(Diana Benítez, 24 Horas, Mundo, p. 14)
(Roxana González, El Sol de México, República, p. 7)
(Agencias, El Financiero, Mundo, p. 23)
(Redacción, Ovaciones, Internacional, p. 14)
El gobierno de República Dominicana construirá un muro en la frontera para reducir la migración ilegal desde Haití, un controvertido proyecto cuya eficacia genera dudas si no viene con planes de desarrollo, advierten expertos.
El presidente Luis Abinader anunció que en el segundo semestre de 2021 comenzará la construcción de una verja en la frontera de 380 kilómetros, sensores de movimiento, cámaras de reconocimiento facial, radares y sistemas de rayos infrarrojos. Una empresa israelí ya diseña el proyecto piloto. (AFP, El Sol de México, Mundo, p. 25)
Defensoras de los derechos de migrantes hicieron un llamado para que dicha población tenga un acceso afectivo a dosis de las vacunas contra el Covid-19, además de que se procure que no se le discrimine.
Para Ana Saiz Valenzuela, directora general de Sin Fronteras IAP, el derecho a la salud de las personas migrantes en territorio mexicano debe estar garantizado bajo el principio de igualdad y no discriminación, por lo que el acceso equitativo a las vacunas es de primera importancia, con independencia de su situación legal en México.
“Es importante incluirlos en los planes porque se tiene que ver por la protección de la salud de una manera general. Si dejamos desprotegidos a un sector como pueden ser los migrantes, se está desprotegiendo a toda la población de acogida y a la comunidad en general”, añadió.
La activista también consideró que entre los principales retos a vencer para que la población migrante tenga un acceso afectivo a la vacuna contra el coronavirus están el vencer la discriminación y la xenofobia ya que, dijo, “muchas veces los empleados del gobierno y el público en general creen que la gente migrante no tiene derechos a los servicios de salud como lo tienen las personas nacionales”.
Por su parte, Lorena Guzmán. coordinadora del departamento de protección al migrante de la delegación regional para México y América Central del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), resaltó la idea de que “sólo estamos a salvo cuando todos estamos a salvo”.
La experta en temas migratorios indicó que uno de los principales retos para vacunar a los migrantes en México es identificarlos y hacerles llegar información sobre los servicios disponibles para ellos, como albergues o atención sanitaria.
Hace unas semanas, la Secretaría de Salud federal sostuvo que los migrantes que se encuentren en México son considerados en el plan de vacunación contra el coronavirus, aunque señalaron que debido a la distribución de esta población por todo el territorio nacional, aún se realiza la planeación de una estrategia puntual.(Martiza Pérez, El Economista, P.p.)
El portal Sin embargo, en nota de Dolia Estévez, difundió ayer que la Ministra de la Corte, Yasmín Esquivel, viajó a San Antonio para vacunarse contra el Covid-19.
Para hacerlo, obtuvo una matrícula consular, un documento que se otorga a residentes mexicanos en el extranjero y que es muy preciado por los migrantes e indocumentados.
De hecho, los consulados mexicanos la exigen ahora para vacunar a los migrantes del País.
La Ministra negó haberse vacunado en Estados Unidos o en México. Lo que no aclaró es por qué y para qué tramitó la matrícula siendo que reside en la Ciudad de México y labora de tiempo completo en la Suprema Corte.
Según el reporte, Rubén Minutti Zanatta, en su calidad de Cónsul en San Antonio, Texas, fue quien le expidió la matrícula consular el primero de febrero pasado.
Para obtenerla, hay que pagar 33 dólares y acreditar residencia en Estados Unidos.
Minutti fue subordinado de la Ministra Esquivel cuando ella encabezó el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Entonces, era magistrado de ese órgano, cargo que dejó en 2019 para asumir en enero de 2020 su nueva responsabilidad diplomática. (Staff, Reforma, P.p.)
Extranjeros residentes en Puerto Vallarta, y quienes realizaron turismo de vacunación durante el fin de semana pasado, acapararon casi 10% de las vacunas contra Covid-19 destinadas a los adultos mayores, entre los cuales aún buscan ser inmunizados.
De acuerdo con el titular de la octava región sanitaria de la Secretaría de Salud de Jalisco, Vladimir Atilano Barraza, durante la jornada de vacunación que se llevó a cabo del jueves 26 al domingo 28 de febrero, se suministraron 21 mil 401 dosis de las 21 mil 450 que llegaron a esta ciudad, ya que 49 no contaban con estándares de calidad para su aplicación.
Con las 21 mil 401 dosis, poco más de 90% fueron aplicadas a vallartenses mayores de 60 años y el resto entre la población flotante, en su mayoría extranjeros radicados por temporadas en este destino de playa, y quienes realizaron el llamado turismo de vacunas, es decir, personas de otras partes del estado e incluso del país.
Todavía el lunes y este martes 22 de marzo, varias personas acudieron a alguno de los hospitales de la ciudad para vacunarse, pues no lograron hacerlo durante los cuatro días en que se llevó la inmunización.
Atilano Barraza calificó como exitosa la jornada de vacunación, pero reconoció que hubo personas de otros destinos que acudieron a esta ciudad para aplicarse el biológico.
Habitantes del vecino estado de Nayarit, o de la Zona Metropolitana de Guadalajara, acudieron para ser inmunizados.
Incluso el exgobernador Alberto Cárdenas Jiménez recibió el biológico que era destinado inicialmente para los vallartenses.
De acuerdo con el Censo de Población de 2020 del Inegi, en Puerto Vallarta hay 291 mil 839 personas, de las cuales 9.7% corresponden a adultos mayores de 60 años; es decir, poco más de 28 mil 300.
Se estima que la población extranjera radicada en Puerto Vallarta por temporadas oscila en 5 mil, en su mayoría adultos mayores, principalmente originarios de Estados Unidos y Canadá.
En suma, vallartenses y extranjeros superarían las 33 mil personas, más aquellas que acudieron de otros destinos del estado y el país (turismo de vacunación), podrían oscilar los 34 mil; es decir, pudo registrarse un déficit de vacunas superior a 12 mil dosis. (Quadratín, 24 Horas, Estados, p. 10)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.