Antes de ser localizada, narró que había caminado por más de 12 horas; se le proporcionó suero oral a fin de ser hidratada y trasladada a un hospital para una valoración especializada
Grupos Beta del Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y Cruz Roja Mexicana, rescataron a una migrante de origen ecuatoriano, con un embarazo avanzado y extraviada en la zona desértica de Jerónimo-Santa Teresa, al norponiente de Ciudad Juárez, Chihuahua.
Alrededor de las 07:00 horas del 31 de marzo se recibió el reporte de la central de emergencia del C4 de Ciudad Juárez, para localizar y auxiliar a la mujer extranjera de 23 años de edad, con 34 semanas de gestación y contracciones.
De inmediato, el personal del INM aplicó el protocolo de rescate de migrantes y, en coordinación con elementos de la GN, emprendió la búsqueda de quien -se informó- se perdió al intentar llegar a la línea fronteriza con Estados Unidos.
Tras varios recorridos por esta zona árida, hacia las 09:00 horas se tuvo contacto con la joven, la cual manifestaba ligeras contracciones y signos leves de deshidratación; enseguida se le brindó atención y proporcionó suero oral para hidratarla y retirarla de la zona.
Poco antes de las 10:00 horas se hizo contacto con los tripulantes de una ambulancia de la Cruz Roja Mexicana, a fin de trasladarla al Hospital de la Mujer de la ciudad, donde se le realizaría una valoración médica especializada.
La migrante ecuatoriana narró que, antes de su rescate y auxilio, decidió adentrarse al desierto, donde calculó haber caminado por más de 12 horas sin dirección fija, hasta que determinó detenerse y solicitar ayuda a través de la línea telefónica de emergencia 9-1-1.
El INM refrenda su compromiso por el respeto de los derechos y salvaguarda de grupos vulnerables, como mujeres embarazadas, niñas, niños y adolescentes, sin importar su origen o nacionalidad. De igual forma, su colaboración con otras instancias de servicio y auxilio, para el rescate de las personas en contexto de movilidad, con especial atención a quienes transitan en zonas de alto riesgo, como desiertos. (Uno más Uno)
En Nuevo León, elementos de la Guardia Nacional auxiliaron a 61 migrantes -la mayoría, menores de edad- que eran transportados en “condiciones de hacinamiento y con signos de deshidratación” en un camión de carga.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer que entre las 61 personas centroamericanas se identificó a una menor salvadoreña sin acompañante, una mujer de la tercera edad con dos niños guatemaltecos, así como 57 hondureños y, entre ellos, 30 menores de edad.
Según el reporte oficial, se descubrió al grupo de migrantes cuando los agentes detectaron que de un camión de carga se generaban “ruidos y algunas voces, y al abrir una de las puertas hallaron a los adultos y menores de edad amontonados, así como cubiertos con una malla de plástico”.
La unidad fue detectada en la vía federal Monterrey-Reynosa, tramo Cadereyta-entronque La Sierrita, y a todos los viajantes se les proporcionó agua y, en coordinación con el Instituto Nacional de Migración (INM), los menores que no iban acompañados y los que viajaban con sus familiares fueron canalizados al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF).
El conductor y la unidad quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República. (Gustavo Castillo, La Jornada, Política, p. 12)
(Manuel Espino, El Universal, Nación, p. A7)
(Redacción, Ovaciones, P.p.)
Aunque no se encuentran directamente en la ruta migratoria hacia Estados Unidos, los albergues civiles de la Ciudad de México están operando a su máxima capacidad en esta época, y muchos de sus usuarios son mujeres y menores de edad que han sufrido múltiples abusos y ya no pueden ser atendidos por instituciones gubernamentales.
Así lo afirmaron los responsables de algunos de esos refugios, quienes subrayaron que muchas autoridades están lucrando con las familias migrantes que viajan con niños, pues las extorsionan para dejarlas en libertad, aunque saben que detener a éstos es ilegal.
Magdalena Silva, directora de la Casa de Acogida, Formación y Empoderamiento de la Mujer Migrante y Refugiada (Cafemin), señaló que en este albergue hay un promedio diario de 35 personas -la mayoría mujeres y niños-, aunque en algunos momentos han llegado a 70 u 80 ocupantes.
“Quienes nos llegan a nosotros, los que no estamos a pie de vía (del tren), son familias extensas que vienen con redes de tráfico de personas y que son detenidas por gente del Instituto Nacional de Migración (INM) y la Guardia Nacional. Por las reformas que hubo en enero, los niños tienen que ser llevados al DIF, pero ahí no tienen posibilidades ni espacio para atenderlos, y es cuando nos los mandan y nos saturamos”, detalló la religiosa.
Buena parte de los migrantes que se quedan en la Cafemin, aseguró, no pueden seguir su camino con tanta facilidad hacia la frontera norte o ya han decidido regresar a Sus países de origen, luego de padecer extorsiones, robos, secuestrosy otros abusos, aunque también hay otra cantidad considerable que vuelve a contratar coyotes para intentar cruzar a Estados Unidos de nuevo.
A su vez, Gabriela Hernández, directora del refugio Casa Tochán, destacó que el aumento del flujo migratorio que busca llegar a Estados Unidos ha generado también un alza en los abusos que padecen los trabajadores internacionales sin documentos, tanto por el crimen organizado como por las autoridades mexicanas.
“La hermana que dirige el albergue de Tierra Blanca (Veracruz) nos dijo que el INM estuvo haciendo operativos en la puerta del refugio, ahí están deteniendo a las personas y a todos nos preocupa muchísimo, porque los abusos están desatados”, lamentó.
Los agentes migratorios, añadió la activista, han comenzado a lucrar con las familias en tránsito, pues primero las detienen por 24 horas o menos y después les cobran para dejarlas salir, a sabiendas de que ya existe una orden judicial que les impide mantener detenidos a los menores de edad. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p. 12)
San Cristóbal de Las Casas, CHIS. El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste de México pidió la intervención de la CNDH para que se respete el derecho al acceso de la protección internacional de 59 migrantes centroamericanos, entre ellos 18 menores, resguardados en el Centro de Atención Integral del Tránsito Fronterizo (CAIFT), del Instituto Nacional de Migración (INM), ubicado en el municipio de La Trinitaria, Chiapas.
La agrupación solicitó que los 18 menores sean atendidos por el DIF para que no permanezcan en instalaciones del INM. Los 59 migrantes fueron detenidos el 1 de abril en el municipio de Frontera Comalapa. (Elio Henríquez, La Jornada, Política, p. 11)
La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) recibió 9 mil 76 solicitudes en marzo pasado, la cifra más alta para un mes desde que se inició la estadística en el organismo, hace una década.
La suma trimestral es de 22 mil 606 peticiones de protección del Estado mexicano, esto es, 31.6 por ciento mayor al mismo periodo de 2020, cuando inició el confinamiento por pandemia.
El número de marzo pasado es el doble del registrado en el mismo mes de 2019, año en el que se reportó el cúmulo histórico de peticiones de este tipo.
El titular de la Comar, Andrés Ramírez, precisó que los hondureños representan 51.2 por ciento del total de solicitantes de la condición de refugiado en México.
Es notorio el flujo de ciudadanos de esa nacionalidad respecto de otros grupos, que de enero a marzo suman 11 mil 574; el segundo país en la lista es Cuba, con 2 mil 490 solicitantes, y en tercer sitio, Haití, con 2 mil 459.
Hondureños, cubanos, haitianos, salvadoreños, venezolanos y guatemaltecos son 92 por ciento de todos los peticionarios actualmente. Otras naciones en la lista, con menos de 500 casos en el primer trimestre son Nicaragua, Chile, Colombia y Brasil.
El funcionario federal precisó que la gran mayoría de brasileños y chilenos solicitantes de asilo son hijos de haitianos, nacionalidad que se colocó en 2019 en los primeros sitios de la lista; el año pasado ocupó el segundo sitio y ahora el tercero.
La Comar, dependiente de la Secretaría de Gobernación, es la instancia responsable del proceso de determinación de la condición de refugiado y de otorgar protección complementaria, además de brindar asistencia institucional.
Los beneficiarios tienen derecho, entre otros, a un documento que acredite su identidad en México, así como a recibir la vacuna contra el Covid-19, indicó.
En días pasados condenó el asesinato de Victoria Salazar Arriaza, quien estaba refugiada en México desde 2018. Ramírez dijo que estos actos de barbarie carecen de explicación y justificación. Condenable desde todos los puntos de vista.Absolutamente condenable. Esto no puede quedar impune. Terrible, expresó. (Fabiola Martínez, La Jornada, Sociedad, p. 27)
De octubre de 2020 a febrero pasado, las cortes migratorias de Estados Unidos autorizaron cuatro mil 361 solicitudes de asilo a mexicanos, quienes en mayoría argumentaron la amenaza del crimen organizado, seguido de la cuestión económica y la persecución política, de acuerdo con cifras del la organización TRAC Inmigration de la Universidad de Syracuse, especializada en temas de migración.
“La mayoría de las solicitudes de asilo hechas por mexicanos refieren amenazas del crimen organizado en especial de grupos del narcotráfico y en menor medida cuestiones económicas y persecución política”, dice el TRAC en su reporte sobre la situación de asilos.
De acuerdo con datos de la organización TRAC Inmigration, en este periodo 27 mil 454 connacionales recibieron sentencia por corte de la Unión Americana tras hacer su solicitud. De éstas, cuatro mil 361 fueron aceptadas, mientras que 22 mil 31 fueron rechazadas y el resto recibió otro tipo de sentencia por parte de los tribunales, la cual no se explica.
California, fronterizo con México, es el estado de la Unión Americana que más asilo concedió a mexicanos en los últimos cinco meses, con dos mil 552, seguido por el estado de Washington (que se ubica en el noroeste de la Unión Americana) con 444, mientras que Oregon, otro estado más cercano a Canadá que a México, aceptó a 323 mexicanos en asilo.
México, según TRAC Inmigratión, ocupó el lugar 12 entre los países con más ciudadanos que lograron obtener el asilo por parte de Estados Unidos. Entre la lista de los primeros destaca China, India, El Salvador y Guatemala, estos dos últimos parte del Triángulo Norte de Centroamérica que en las últimas semanas ha visto crecer el flujo migratorio en busca de entrar a la Unión Americana.
En su análisis TRAC destaca que cuando el presidente Donald Trump asumió el cargo en 2017, un total 542 mil 411 personas juicios de deportación o asilo. A principios de 2021, ese número llegó a un millón 290 mil 766, más del doble, lo que obligó al nuevo gobierno del demócrata Joe Biden a acelerar las audiencias, a pesar de la pandemia por Covid-19.
La organización destaca que si bien la administración Trump contrató a muchos jueces de inmigración e implementó una variedad de estrategias diferentes destinadas en parte a reducir el atraso, éste creció mes con mes.
“Algunos de los cambios de Trump en las operaciones judiciales posiblemente ralentizaron el procesamiento de casos.
Sin embargo, el principal impulsor de la explosión de los retrasos no fue solo la falta de jueces de inmigración, sino el tsunami de nuevos casos presentados ante los tribunales por el Departamento de Seguridad Nacional”, afirma TRAC.
Advierte además, que incluso si la administración de Biden detuviera la aplicación de la ley de inmigración por completo, se necesitarían más de los cuatro años de su presidencia para que se completen los casos pendientes y los que se vayan acumulando.
“Al lidiar con las decisiones que darán forma a las políticas de inmigración en el futuro, esta gigantesca acumulación de casos en espera de resolución es una parte importante del legado del presidente Trump. El presidente Biden ahora debe considerar cómo su administración puede abordar con éxito este atraso, algo que las administraciones anteriores han encontrado como un problema perenne y aparentemente insoluble”, subraya la organización estadounidense.
Desde la llegada de Biden a la Casa Blanca se trató de acelerar los procesos de asilo de centroamericanos, quienes en el gobierno de Trump fueron regresados a México en lo que se resolvía su juicio.
Al retraso de los tribunales en los casos de asilo se debe de sumar el aumento de intentos de ingresar a Estados Unidos sin documentos migratorios. El viernes pasado la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que en marzo pasado se detuvieron a 171 mil migrantes indocumentados en la frontera sur de aquel país, la cifra más alta desde 2006. (Roxana González, El Sol de México, 8 Columnas)
(Roxana González, La Prensa, Nacional, p. 25)
El Consejo Sindical para el Progreso de los Latinoamericanos (Labor Council for Latín American Advancement, en inglés) de la AFL-CIO, con sede en Estados Unidos, solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador que su administración apoye a los trabajadores agrícolas de San Quintín en su empeño de contar con un sindicato democrático, que remplace a los de protección existentes en la zona.
En una carta, Desirée Rojas, hija de Alberto/ Rojas, luchador por los derechos de la fuerza laboral del sector en ambos lados de la frontera, recientemente fallecido, refiere que “nuestra familia le pide a usted y a su administración que extiendan su más completo apoyo a estos trabajadores agrícolas en San Quintín”.
También, que “insistan, con el pleno respaldo de la nueva Ley Federal del Trabajo de México, en que Driscoll’s y Andrew & Williamson deben permitir a los trabajadores formar el sindicato de su elección, con un contrato que contenga un salario digno y todas las demás pretaciones, poniendo fin así a los contratos de protección con los sindicatos de empresa. Esto es lo que nuestro padre quería más que nada y lo que organizó hasta el final de su vida”.
Resalta: “Creemos firmemente que una de las mejores maneras de honrar su memoria es que su administración” respalde a dichos trabajadores.
Albert Rojas falleció el 20 de marzo en Sacramento, California. “Le escribo esta carta porque nuestro padre fue también un viejo amigo suyo”, detalla Desirée, y agrega que la historia de su padre es la “de millones de familias migrantes de México”.
Fue uno de los fundadores del Sindicato Independiente de Trabajadores Agrícolas Unidos-Sindicato Internacional de Camioneros (UFW-IBT), el que a mediados de los años 60 se fusionó con la Asociación Nacional de Campesinos, dirigida por César Chávez, y con el Comité Organizador de Trabajadores Agrícolas, AFL-CIO. El fruto fue la United FarmWorkers of America (UFW), AFL-CIO.
En México “luchó férreamente” por el derecho a no verse obligados a emigrar a Estados Unidos y ”se le rompió el corazón” al ver cómo las comunidades indígenas eran “desmanteladas bajo los efectos del TLCAN”.
Defendió con “fervor la lucha” que comenzó el 17 de marzo de 2015 en San Quintín, Baja California, cuando unos 80 mil trabajadores agrícolas se alzaron en demanda de un “sindicato independiente y un contrato colectivo justo con las gigantescas empresas Driscoll’s y Andrew & Williamson“. (Redacción, La Jornada, Política, p. 8)
La familia de Víctor Paz Lozoya, mexicano residente en Canadá que estuvo dos meses y medio desaparecido y fue hallado sin vida a mediados de marzo, ha enfrentado complicaciones para la repatriación del connacional.
Desde su desaparición, el pasado 31 de diciembre, sus padres han vivido un tormento. Cuando se confirmó la muerte -que es investigada por autoridades canadienses- solicitaron el apoyo de la SRE para la repatriación, pues el proceso cuesta al menos 10 mil dólares y carecen de recursos, pero la dependencia no ha respondido a esa petición.
La cancillería entregó a La Jomada una ficha informativa en la que señaló que a través del consulado de México en Leamington se ha brindando el apoyo consular y orientación a la familia. Sin embargo, no menciona nada respecto a una posible ayuda económica.
Frente a la falta de recursos, la familia de Paz Lozoya ha emprendido una campaña en redes sociales. Hasta ahora han recabado 4 mil 225 dólares. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política,p. 9)
Los cuatro policías implicados en la muerte de Victoria Salazar Arriaza, de origen salvadoreño, el 27 de marzo, en Tulum, Quintana Roo, fueron vinculados a proceso, informó personal de la Fiscalía del estado.
La Secretaría de Gobernación (SG) señaló que a través del Instituto Nacional de Migración (INM) ayer se efectuó el traslado a El Salvador de los restos de Salazar Arriaza. Detalló que en la aeronave que partió del Aeropuerto Internacional de Cancún viajaron la madre, el hermano e hijas de Victoria Salazar, así como la directora de Protección a Migrantes de la Dirección General de Derechos Humanos en El Salvador, Ana Irma Rodas de Mendoza.
El avión aterrizó en San Salvador, donde el embajador de México en esa nación, Ricardo Cantú Garza, recibió a los familiares. El viaje se coordinó desde la SG a través de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres y el INM, con la participación de la Secretaría de Relaciones Exteriores y el DIF así como la Administración General de Aduanas. Asimismo, se contó con el apoyo del gobierno de Quintana Roo y del consulado de San Salvador.
La SG destacó que buscará garantizar verdad, justicia y reparación del daño en el caso y se capacitará a los policías para impedir más sucesos de ese tipo. (Fabiola Martínez y Arturo Sánchez, La Jornada, p.22)
(Adriana Varillas, El Universal, P.p.)
(Alejandro Castro, El Heralado de México, P.p.)
(Rafael Martínez, El Sol de México, República, p. 5)
(Rafael Martínez, La Prensa, Nacional, p. 27)
San Salvador.- Los restos mortales de Victoria Esperanza Salazar, la migrante salvadoreña asesinada por policías en el balneario mexicano de Tulum, llegaron este sábado al aeropuerto San Óscar Arnulfo Romero, en el centro de El Salvador, confirmó a Efe un portavoz gubernamental.
El féretro con el cuerpo de Salazar llegó a El Salvador en un vuelo comercial acompañado por su madre, Rosibel Arriaza, y sus dos hijas menores de edad.
Los restos fueron trasladados vía carretera al municipio de Sonsonate (suróeste), a unos 102 kilómetros de distancia del aeropuerto, con escolta de la Policía Nacional Civil (PNC).
El cuerpo fue llevado a una funeraria en la que se realizarán las honras fúnebres y a la espera de la inhumación, de la que se aún se desconoce su fecha.
La Secretaría de Comunicadones de la Presidencia señaló en su cuenta de Twitter que el Gobierno ha “brindando protección y acompañamiento de forma integral” a las hijas de la víctima y “asistencia en la audiencia inicial del caso”.
“En primera instancia, @cancilleriasv (la Cancillería) ha brindado un apoyo inmediato a la familia de Victoria Salazar, acompañando en las diligencias correspondientes con las autoridades mexicanas para el proceso de repatriación”, añadió.
Agregó que “el caso de Victoria Salazar ha conmocionado a nuestros pueblos y ha avivado la solidaridad y empatia entre ambas naciones: El Salvador y México”, con “un apoyo consistente que nos permitirá avanzar hasta lograr la justicia que su familia merece”.
La prensa local e internacional no tuvo acceso a presenciar la llegada del vuelo que trasladó los restos mortales de la salvadoreña.
Varias agencias de la ONU, como la OIM, Acnur y la ONU- DH, condenaron en estos días el asesinato de la mujer y pidieron a las autoridades una investigación “pronta e imparcial”. (EFE, Ovaciones, P.p.)
(Afp, Excélsior, Nacional, p. 14)
Las acciones, tras fuga provocada por extracción y almacenamiento ilegal de hidrocarburo de Pemex Elementos de Seguridad Pública y de Protección Civil y Bomberos de Ecatepec, colaboraron con la Fiscalía General de la República (FGR), en el cateo a das predios de la colonia Ejidos de Santa María Tulpetlac, donde supuestamente almacenaban combustible extraído ilegal mente de una toma clandestina a ductos de Pemex.
Autoridades federales, municipales y de Pemex implementaron un operativo conjunto para ingresar a los inmuebles y asegurar evidencias del probable delito de robo de hidrocarburos, lo que es investigado por la FGR.
La coordinación entre autoridades de Ecatepec con el gobierno federal permitió detectar los dos inmuebles, donde al parecer se realizaba la extracción ilegal de combustible de ductos de Pemex, al tiempo que se trabaja en coordinación para avanzar en las investigaciones que permitan dar con los responsables de este ilícito.
Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, informó que en dichos predios fueron encontrados cientos de bidones donde al parecer se almacenaba el hidrocarburo robado.
La coordinación con la FGR ha dado como resultado en diversas ocasiones el rescate de migrantes centroamericanos en casas de seguridad localizadas en Ecatepec, el más reciente ocurrido el pasado 25 de marzo, cuando 33 personas de Guatemala, El Salvador y Ecuador, algunas de ellas menores de edad, fueron detectadas en una vivienda de la colonia Melchor Múzquiz. (Noel F. Alvarado, La Prensa, P.p.)
Guadalajara, Jal., Familiares de los tres italianos desaparecidos en enero de 2018 en Tecalitlán, Jalisco, señalaron que pese al fallo condenatorio emitido la noche del viernes en el juzgado sexto de Ciudad Guzmán contra dos policías que participaron en la desaparición forzada, aún sigue sin conocerse el destino o paradero de Raffaele Russo de 60 años, su hijo Antonio y su sobrino Vincenzo Cimmino, de 25 años, además de dos agentes prófugos incluido el comisario y una oficial que no se presentó al último día de audiencia.
Francesco Russo, hijo de uno de los desaparecidos, quien encabeza la búsqueda y da seguimiento al caso, declaró que esa es la parte más importante, saber si están vivos o muertos sus familiares, quienes fueron entregados a la delincuencia organizada el 31 de enero de 2018 según el fallo emitido el viernes.
En tanto, Claudio Falleti, Luigi Ferrandino y Joaquín Esparza Méndez, abogados de las familias italianas Russo y Cimmino y quienes en conjunto con la Fiscalía de Jalisco se encargaron de presentar pruebas para lograr el fallo, recordaron la relevancia internacional que cobró el caso al involucrar a los dos países y una resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ferrandino reveló al diario Gazzetta di Napoli que los policías acusados y los testigos evitaron hablar del destino de los tres italianos porque estaban preocupados por sus propias vidas.
Esa versión del abogado italiano es contraria a la que dio a La Jornada el defensor de los uniformados inculpados, Javier Díaz Jorge, quien señaló que existieron notorias presiones de la Fiscalía del estado que hicieron que los testigos que presentaron y podrían haber intercedido por la inocencia de los agentes, a final de cuentas se volvieron testigos de la defensa.
Además de que se desconoce el destino de los tres italianos, el veredicto sólo es contra dos policías, lo que deja la justicia a medias pues otra inculpada, la policía Lidia Guadalupe Arroyo, quien no era acusada por desaparición forzada sino encubrimiento, aprovechó un receso en la audiencia y ya no se presentó al juicio, por lo cual se giró orden de aprehensión en su contra.
Pero además Hugo Martínez Muñiz, comisario de la policía de Tecalitlán cuando ocurrió la desaparición forzada huyó poco antes de que el gobierno estatal interviniera a la corporación y desarmara a todos sus integrantes. Desde entonces se encuentra prófugo. (Juan Carlos G. Partida, La Jornada, Estados, p. 23)
San José.— Una peligrosa chispa de tensiones militares volvió a encenderse hace 15 días en un sector de los 2 mil 219 kilómetros de la frontera entre Venezuela y Colombia, sembrados con más de 10 años de intrigas y de odios políticos que florecieron en una y otra orilla de los conflictivos pasos limítrofes en una cosecha de inquietud, alarma y zozobra para el resto del vecindario interamericano.
Con efectivos militares colombianos y venezolanos distribuidos en los pasos fronterizos con la orden de alerta y separados en algunos sitios por menos de una decena de metros, el temor continental es que, aunque aparentemente se mantendrá por ahora sin cambios, la chispa crezca, salte y haga detonar un pleito bilateral de impacto hemisférico.
La ya añeja crisis de pugnas castrenses, políticas, diplomáticas, socioeconómicas y humanitarias entre Bogotá y Caracas subió de tono a partir del 21 de marzo anterior, luego de que el cuestionado régimen gobernante en Venezuela desplegó fuerzas militares en el “Escudo Bolivariano 2021” en La Victoria, poblado del suroccidental estado de Apure, para atacar a grupos armados ilegales de Colombia.
“La dinámica de comportamiento está avanzando a un punto que el ELN se autodenomina como una guerrilla binacional [de Colombia y de Venezuela]”; Rocío San Miguel, Presidenta de Control Ciudadano
“Es una demostración de poder del régimen [de Venezuela] hacia los gobiernos de Colombia y Estados Unidos de que existe todavía capacidad operativa en las fuerzas militares venezolanas para ejercer poder militar en su territorio”, dijo el economista colombiano Jorge Restrepo, director del (no estatal) Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, de Bogotá.
“Esto tiene incluso connotaciones geoestratégicas, porque termina hablándole el régimen venezolano a EU y a sus propios aliados, como Rusia y Cuba, sobre esa puesta en práctica con su capacidad militar”, explicó Restrepo a EL UNIVERSAL.
“El trasfondo es una pugna interna entre facciones del régimen venezolano. Hay un interés predominante de la facción del ala de gobierno por demostrar control y autoridad sobre los organismos de seguridad, aliados a grupos irregulares violentos y armados del crimen organizado transnacional en Venezuela e involucrados principalmente en narcotráfico”, afirmó.
Caos
En los más de 2 millones 219 mil metros de extensión de la frontera común merodean venezolanos y colombianos conectados a guerrillas comunistas, disidencia guerrillera, paramilitarismo anticomunista, bandas criminales, tráfico de personas, contrabando de drogas, migración irregular y venta y compra de alimentos, medicinas y múltiples bienes comerciales.
Apure, que colinda con los departamentos (estados) colombianos de Vichada y Arauca, es una de numerosas de zonas de ambas naciones que en el siglo XXI se consolidaron como inseguro bazar o mercado público y clandestino de todo tipo de transas entre colombianos y venezolanos y con mercaderes de otros países, desde mexicanos, peruanos y ecuatorianos hasta cubanos, brasileños y bolivianos.
El gobierno de Venezuela alegó que ejecutó la maniobra para responder ataques a su estructura estratégica lanzados por instrucciones del presidente de Colombia, Iván Duque, en lo que denunció como aval de Bogotá a narcotraficantes y paramilitares que funcionan en esa área.
Duque contestó el viernes anterior que en Apure existe un choque armado entre el Cártel de los Soles, cadena narcotraficante venezolana presuntamente integrada por elementos de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), y disidentes de las ya disueltas guerrillas comunistas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que en 2016 firmó la paz con el gobierno colombiano tras 52 años de guerra. La situación causó una nueva y multitudinaria migración de unos 6 mil venezolanos que, con el horror de los violentos choques armados, huyeron a Colombia a buscar refugio en medio de la conmoción regional. Venezuela se hundió en 2014 en la peor crisis democrática, política, institucional y socioeconómica desde 1958.
EU, que confirmó que sigue de cerca los hechos, y Colombia rechazaron las reiteradas acusaciones de Maduro de que planean lanzar una agresión bélica a Venezuela para derrocar a la revolución socialista que empezó a instalarse en 1999.
El Ministerio de Defensa de Venezuela informó el jueves pasado que el saldo preliminar del operativo llegó a cuatro militares venezolanos muertos y nueve heridos, 13 “terroristas” abatidos y 72 detenidos, en un trabajo en desarrollo.
Los datos, sujetos a la actualización oficial, precisaron que las tropas venezolanas desmantelaron nueve campamentos de fuerzas irregulares, de los cuales uno se usó para producir pasta de coca para elaborar cocaína.
Incomunicados
Los dos países carecen de relaciones diplomáticas. En enero de 2019, Colombia se unió a decenas de países de América que desconocieron a Nicolás Maduro como presidente de Venezuela al aducir que se reeligió en 2018 en comicios ilegítimos.
En febrero de 2019, y en el ámbito de los sucesos violentos fronterizos bilaterales que estallaron por el frustrado tránsito de ayuda humanitaria de Colombia a Venezuela, Caracas rompió los últimos lazos con Bogotá.
Colombia y Venezuela “no pueden tomar los sucesos de Apure y Arauca” ocurridos desde el 21 de marzo “como excusa para un escalamiento de tensiones”, advirtió un pronunciamiento de la sociedad civil de los dos países emitido el 31 de marzo por más de 60 organizaciones no estatales y personalidades. La declaración, encabezada por Control Ciudadano (venezolana) y Puentes Ciudadanos Colombia Venezuela (binacional) y suscrita por grupos e individuos vinculados a universidades, gremios económicos e instituciones humanitaria, insistió en que “sin cooperación” entre Caracas y Bogotá “la situación en la frontera va a empeorar en el corto plazo, con consecuencias dramáticas para las poblaciones”.
Colombia y Venezuela corren “el riesgo de escalar en la confrontación y que ambos estados se vean tentados a dirimir sus diferencias por fuera del marco del derecho internacional”, alertaron.
Sin visos de solución, la peligrosa chispa de tirantez militar parece controlada… pero volvió a encenderse. (José Meléndez, El Universal, P.p.)
San Miguel, California. El gobierno estadunidense considera la posibilidad de albergar a niños migrantes en una base de la Guardia Nacional en California. El Pentágono aprobó el viernes el uso de Camp Roberts para el alojamiento temporal de niños no acompañados por un adulto, indicó una fuente militar. Esto ocurre cuando hay 4 mil 999 menores no acompañados en custodia de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por sus siglas en inglés), y otros 13 mil 204 bajo tutela del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés).
No quedaba claro si se llegará a usar esa base, ubicada a orillas del río Salinas, entre Los Ángeles y San Francisco o, en todo caso, cuántos niños irían allí.
El HHS afirmó ayer que el campamento está bajo activa consideración, pero no ha tomado una decisión definitiva. Cuando el departamento decida activar unas instalaciones como albergue de emergencia para niños migrantes no acompañados, notificaremos a las autoridades locales y estatales y a los congresistas, expresó ese despacho en un comunicado.
El departamento ha pedido el uso de la base, confirmó el jueves John Kirby, vocero del Pentágono.
La Guardia Nacional de California no respondió de inmediato a un pedido de comentario.
Las autoridades fronterizas encontraron a más de 9 mil niños migrantes no acompañados en febrero, la cifra más alta para un solo mes desde mayo de 2019, cuando más de 11 mil menores fueron detectados en la frontera. Tras ser procesados por la Patrulla Fronteriza, los niños son remitidos al HHS. Usualmente son entregados a un custodio, ya sea un padre o un familiar cercano.
A diferencia de los adultos, a los menores se les permite quedarse cuando llegan a Estados Unidos. Esa práctica ha llevado a muchas familias centroamericanas a enviar a los niños solos o a llegar cerca de la frontera y soltar allí a los menores. La mayoría terminan temporalmente en albergues que actualmente están totalmente ocupados.
Según un reporte especial elaborado por la cadena CNN, Estados Unidos deberá alojar a más de 2 millones de migrantes antes de que finalice el año fiscal, lo que es un problema que muchos creen que el nuevo gobierno del presidente Joe Biden no estaba preparado a enfrentar.
Esta semana, el gobierno autorizó por primera vez a periodistas visitar una de las abarrotadas instalaciones que aloja a menores no acompañados por familiares, después de que los medios acusaron a la administración de falta de transparencia en el tema. Asimismo, circuló un video filmado por la noche en el que puede verse a traficantes de personas aventando a dos niñas ecuatorianas de cinco y tres años al otro lado de la cerca fronteriza en Nuevo México.
Todo esto hizo que se agudizaran las críticas, dentro y fuera de su partido, a la forma en que Biden está manejando esta crisis.
El director de temas políticos de CNN, David Callahan, entrevistó a Melissa Lopez, directora de la organización Servicios Diocesanos para Migrantes y Refugiados en El Paso, Texas, sobre la situación de los migrantes.
Al preguntarle sobre el principal motivo por el que los migrantes llegan a la frontera sur de Estados Unidos, Lopez respondió que el reclutamiento forzado en pandillas criminales en los países centroamericanos es el motivo que más se menciona. Indicó que hay tal desesperación por ingresar a Estados Unidos que con frecuencia migrantes que conocen su labor se arrojan al paso de su auto para pedirle ayuda. La encargada afirmó que esto le ocurrió en dos ocasiones tan sólo esta semana, y afirmó que la administración de Biden definitivamente no está preparada para hacer frente a esta situación.
No podíamos prever el número de niños que habría, y el factor que más complica esto es que estamos en medio de una pandemia. Están hacinados en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza, lo cual es terrible, o se irán a algún otro albergue, pero no están en condiciones apropiadas para evitar la propagación, señaló, y agregó que éstas simplemente se replicarán sin importar cuántas instalaciones más se habiliten para alojarlos.
Actualmente, al procesar a los menores migrantes sólo se les practica la prueba de Covid-19 si presentan síntomas y se sigue el protocolo de revisar si tienen piojos, sarna u otras enfermedades.
Lopez consideró que hubo indicios de que el número de migrantes se saldría de control debido a que durante la administración Trump la frontera esencialmente se cerró, y está bien documentado que estos individuos llevan hasta dos años en el norte de México esperando entrar a Estados Unidos para pedir asilo.
Estimados del gobierno obtenidos por CNN hablan de la necesidad de incrementar su capacidad de alojamiento de menores en al menos 34 mil 100 camas.
Eso es muchísimo, y no se trata nada más de camas, señaló Lopez. Se necesitan trabajadores sociales, personal médico y legal; todos ellos debidamente calificados para garantizar que los niños tengan el cuidado que requieren, concluyó. (Ap, La Jornada, 8 Columnas)
(Ap, Excélsior, Global, p. 20)
La embajada de Estados Unidos en La Habana advirtió a los cubanos que lanzarse al mar en embarcaciones precarias es “sumamente peligroso”, tras reportar un “leve incremento” de las operaciones de migración ilegal por esa vía desde la isla.
“El gobierno de Estados Unidos les recuerda que lanzarse al mar en estas embarcaciones no adecuadas es ilegal y sumamente peligroso”, señaló el capitán de corbeta Mario Gil, quien se identifica como enlace de la Guardia Costera estadunidense en la embajada de Washington en la capital cubana.
En su mensaje en español, divulgado la noche del viernes por la legación diplomática en Twitter, Gil subrayó que “en los meses recientes ha habido un leve incremento en los casos de migración ilegal marítima”, y pide a los cubanos “que usen las vías legales, seguras y ordenadas que existen para emigrar a Estados Unidos”. “Proteja a sus seres queridos, eviten la migración ilegal”, clama.
Su llamado se produce casi un mes después de que las autoridades cubanas reportaran el naufragio de una embarcación en la que iban balseros nacionales cerca de Bahamas: con un saldo de un muerto, varios desaparecidos (entre ellos mujeres y niños) y 12 sobrevivientes.
En una declaración sobre ese hecho, con fecha del 11 de marzo, la cancillería de la isla destacó que “entre los factores que constituyen incentivos a la migración irregular se encuentran la suspensión del procesamiento y otorgamiento de visas (…) en el consulado de Estados Unidos en La Habana y el traslado de estos trámites hacia terceros países”. También mencionó el incumplimiento del compromiso estadunidense de garantizar la migración legal desde Cuba de un mínimo de 20 mil cubanos por año.
Más de 100 cubanos han sido interceptados en el mar desde octubre pasado, en su intento por cruzar el estrecho de Florida para llegar a Estados Unidos, dijo en febrero la Guardia Costera estadunidense. (Redacción, La Jornada, Mundo, p. 19)
Roma.- Italia rescató y llevó a la isla de Lampedusa a los cerca de 160 migrantes que se encontraban a bordo de dos barcazas a la deriva desde hace más de 30 horas, según informó el servicio telefónico de ayuda a migrantes Alarm Phone, que había alertado este viernes de la presencia de tres barcazas en peligro en el Mediterráneo central en la zona de búsqueda y rescate (SAR por sus siglas en inglés) de Malta.
La tercera barca, donde había unos 110 migrantes, que llevaban desde el jueves pidiendo ayuda, apareció vacía, pero en buenas condiciones y al sur de Lampedusa, por lo que Alarm Phone dedujo que también habían sido rescatadas por las lanchas de la Guardia Costera italiana, pero no pudo confirmar esta información. (Redacción, Ovaciones, Internacional, p. 14)
En lo que va de la pandemia de Covid-19 en México, 6 mil 175 migrantes fueron registrados como casos en seguimiento para detectar si son o no portadores del coronavirus; de ellos, mil 397 obtuvieron un resultado positivo, de acuerdo con el informe semanal más reciente de población migrante bajo estudio por enfermedad, elaborado por la Dirección General de Epidemiología (DGE).
El estudio detalla que a la fecha se han notificado 61 fallecidos en este sector de la población, mientras los estados con mayor número de contagios de personas en tránsito son la Ciudad de México, con 503; Nuevo León, con 117, y Querétaro, con 79.
De acuerdo con el reporte emitido por la DGE de la Secretaría de Salud (Ssa), con datos hasta el pasado 28 de marzo, el mayor numero de migrantes positivos a Covid-19 en el país son originarios de Venezuela, Estados Unidos, Colombia, Honduras y Cuba.
La DGE destaca que en los últimos siete días se reporta un incremento de 2.6 por ciento en los casos positivos detectados en la población en tránsito, pues además de la Ciudad de México se observa un incremento de casos en Baja California, Sonora, Chihuahua y Quintana Roo.
Mayoría de hombres
De la población migrante positiva a Covid-19, la Ssa informa que 56.1 por ciento son hombres, mientras la media de edad es de 36 años. El grupo de edad con mayor número de casos tanto en hombres como mujeres es el de 30 a 34 años. También se reportan contagios de niños y adolescentes de 10 a 19 años, con poco más de 6 por ciento de los casos.
Respecto a las comorbilidades, la Ssa detalla que 12.4 por ciento de quienes se contagiaron de Covid-19 tienen hipertensión; 8.4 por ciento, obesidad; 6.3 por ciento, diabetes, y 4.5 por ciento, asma.
Al menos 113 migrantes han sido hospitalizados; de ellos, 34 se reportan graves y 68 han sido dados de alta. En cuanto a las defunciones, los estados con el mayor número de decesos en población migrante son Quintana Roo, con 10 casos, y Baja California con ocho, aunque se han presentado fallecimientos en 23 entidades. (Laura Poy, La Jornada, Política, p. 7)