En este sentido, la Ley de Migración establece la facultad de la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, en adelante la “Procuraduría Federal”, y de las procuradurías homólogas en cada Entidad Federativa, en adelante “Procuradurías Locales” y “Procuradurías Independientes”, para emitir un Plan de Restitución de Derechos, aplicable en los procedimientos que realice el Instituto Nacional de Migración en adelante el “INM”, en los casos en que se encuentren involucradas niñas, niños o adolescentes
De igual manera, la Ley de Migración establece que ninguna niña, niño o adolescente, deberá ingresar en una estación migratoria y que se otorgará de inmediato por el “INM“, como medida de carácter temporal, la condición de estancia por razones humanitarias, misma que no estará sujeta a la presentación de documentación ni pago de derecho alguno.
Asimismo, la Ley en cita establece que, en dichos procedimientos, de manera inmediata, el “INM” dará vista a la “Procuraduría Federal”, al tiempo de canalizar a la niña, niño o adolescente, al Sistema DIF correspondiente, estando ambas instituciones obligadas a otorgar facilidades de estancia y garantizar la protección y los derechos de niñas, niños y adolescentes.
SEGUNDA. ALCANCES. “LAS PARTES” acuerdan que de conformidad con lo establecido en los artículos 95 y 98 de la Ley de Migración, en los casos de detectar niñas, niños o adolescentes migrantes no acompañados, el “INM” notificará inmediatamente a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes de la entidad federativa respectiva en que sea detectado, y al mismo tiempo realizar la canalización al Sistema DIF local o municipal, correspondiente.
Asimismo, en ningún caso el “INM” presentará ni alojará a niñas, niños o adolescentes migrantes en estaciones migratorias ni en lugares habilitados para ello, de tal forma que, los trámites administrativos migratorios de personas adultas bajo cuyo cuidado estén niñas, niños o adolescentes migrantes, deberá realizarse, atendiendo al principio de unidad familiar y del interés superior de la niñez. (Diario Oficial de la Federación)
Un grupo de 19 ciudadanos de origen extranjero fueron asegurados por personal del INM en Hidalgo. La intervención se dio en inmediaciones de la estación férrea de Irolo, ubicada en el municipio de Tepeapulco. Entre los extranjeros se identificó a 16 hondureños, un guatemalteco, un nicaragüense y un salvadoreño. (Emmanuel Rincón, Excélsior, Nacional, p. 18)

La niña chilena rescatada el pasado 30 de enero en el cauce del río Bravo, en Acuña, Coahuila, fue reunificada ayer con su familia, quienes garantizaron su cuidado y protección. La Procuraduría de los Niños, las Niñas y la Familia del estado y el INM colaboraron. (Redacción, Excélsior, Nacional, p. 18)
(Rolando Chacón, Reforma, Nacional, p. 2)
Al menos 50 mil 470 personas migrantes fueron regresadas a sus países de origen durante esta contingencia sanitaria, aunque la afluencia registró un descenso de hasta 64.7 por ciento, comparado a lo observado en 2019 cuando hubo 143 mil 42 casos.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, 41 mil 747 personas fueron devueltas a sus países de origen mediante el programa de retorno asistido.
Además, seis mil 599 menores de edad también lo hicieron por esa vía, mientras que dos mil 124 más fueron deportadas.
De los extranjeros devueltos, 24 mil 760 eran ciudadanos de Honduras; 19 mil 885 son residentes de Guatemala y tres mil 670 procedían de El Salvador.
También se registraron ciudadanos de Nicaragua, Haití, Ecuador, Colombia, Cuba y Chile. (José Ríos, El Heraldo de México, P.p.)
Entre lunes y martes de la semana pasada 140 ciudadanos rumanos que llegaron a Cancún en vuelos de Lufthansa y Airfrance fueron retenidos por autoridades migratorias, luego de que se sospechara que algunos de estaban relacionados con Tudor. El miércoles 3 de febrero, el cónsul honorario de Rumania en Quintana Roo informó que de las 140 personas retenidas, 136 lograron ser admitidas para internarse al país, mientras que otros cuatro fueron repatriados. (Jannet López Ponce, Milenio, Política, p. 6)
El gabinete de seguridad del gobierno federal detectó una red de políticos de PVEM, PRI, PRD, PT y Morena (así como funcionarios de la Fiscalía de Quintana Roo) que presuntamente protegen y colaboran con la mafia rumana liderada por Florian Tudor, El Tiburón, dedicada a clonar tarjetas bancarias de turistas, al tráfico de personas para explotación sexual y a la extorsión a comerciantes.
Información de inteligencia obtenida por MILENIO apunta a que en esta red de protección estaban los ex gobernadores priistas de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto y Roberto Borge, así como a diputados del Partido Verde y ex alcaldes priistas y perredistas de la entidad, incluido Benito Juárez, cuya cabecera municipal es Cancún. También operadores y militantes de Morena y del Partido del Trabajo.
En un documento presentado en octubre de 2020 en el gabinete de seguridad, destaca el líder del Movimiento Nacional por la Esperanza y ex diputado local en Ciudad de México René Bejarano, ubicado por los servicios de inteligencia como uno de los principales vínculos de Tudor.
Se señala que a través de varios colaboradores, Bejarano usó Morena e, incluso, actuó con el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para estafar a ciudadanos y empresarios de Cancún, según el documento.
De acuerdo con un mapa confidencial de vínculos y colaboradores presentado el 29 de octubre en la reunión del gabinete de seguridad, El Tiburón, también conocido como Rechinu, logró tejer en 14 estados una red de funcionarios y empresas fantasma que, según información del FBI y la DEA, le permitieron operar en al menos 15 países. El centro de sus operaciones es Cancún.
La presencia de políticos de todos los partidos sobresale en la red de contactos del capo rumano. Del Partido del Trabajo y Morena se identificó a José Luis Jonathan Yong Mendoza, aspirante a diputado local de Quintana Roo por Morena e hijo de José Luis Yong Cruz, a quien las autoridades vinculan con el tráfico de indocumentados cubanos, y pareja sentimental de Silvia Susana González Franco, quien trabajó en la Procuraduría General de la República de 2006 a 2011.
En la lista de conexiones es notoria la presencia de políticos emanados del Partido Verde Ecologista de México, por ejemplo, se incluye a José de la Peña Ruiz de Chávez, actual diputado local en Quintana Roo por el PVEM (señalado por tráfico de influencias) y a Laura Lynn Fernández Peña, presidenta municipal de Puerto Morelos por el Verde.
Asimismo, al menos dos ex alcaldes de Cancún están en la mira de las autoridades federales. Es el caso del ex presidente de Benito Juárez y diputado federal por Quintana Roo, Roberto Estrada Barba, de la alianza PRI-PVEM Nueva Alianza, y Greg Sánchez, presidente municipal entre 2008 y 2010, y quien, de acuerdo con el informe al que MILENIO tuvo acceso, “es acusado por el gobierno de Argentina de presuntos delitos de lavado de dinero y evasión fiscal por la compra en efectivo de un predio campestre cerca de Buenos Aires, valuado en dos millones de dólares”.
El expediente de inteligencia cuenta con datos proporcionados por la DEA, que advirtió al gobierno mexicano que el inicio de operaciones de las células rumanas data del sexenio de Félix Arturo González Canto, gobernador de Quintana Roo entre 2005 y 2011, quien colaboró para el establecimiento de estos grupos criminales.
El ex gobernador priista fue investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Durante su gestión, la Auditoría detectó un desvío de fondos por 20 millones de pesos.
Después, Roberto Borge, ex mandatario ya preso, dio protección a Tudor para que continuara sus operaciones.
El contubernio policiaco
A la par de las conexiones políticas, el gabinete de seguridad tiene documentada la existencia de un aparato de funcionarios de la fiscalía quintanarroense y policías locales que ayudaron en la protección al capo rumano.
Entre estos se encuentra Pablo Mauricio Amezcua Dorador, ex director de Fiscalización de Quintana Roo y detenido en 2019 en Miami por posesión de heroína y miles de dólares en efectivo. Amezcua confesó en Panamá que se dedicaba al lavado de dinero con inversión en desarrollo. (Jannet López Ponce, Milenio, 8 Columnas)
Para abordar la migración, México y Estados Unidos necesitan coordinarse y cooperar para invertir en el desarrollo de Centroamérica y los estados del sur de nuestro país, precisó el senador Ricardo Monreal Ávila, coordinador legislativo de Morena.
En un artículo que publicó en redes sociales, el legislador calificó como urgente tener una reforma migratoria en Estados Unidos, puesto que, agregó, 70% de los 41 millones de habitantes de origen latino en Estados Unidos son migrantes o tienen padres de origen extranjero
“Desde el primer día de la administración del presidente [de Estados Unidos] Joe Biden, la reforma migratoria ha polarizado al sistema bipartidista y a la opinión pública estadounidense, pero también existen puntos de encuentro y, de los acuerdos que se logren, dependerá la situación jurídica de millones de personas que viven en esa nación de manera irregular”, señaló.
El aspecto más polémico de este tema es la obtención de la ciudadanía para 11 millones de migrantes sin documentos, dijo.
Sin embargo, hasta el momento, el Partido Republicano lo que ha argumentado es que regular la obtención de la ciudadanía podría convertirse en un incentivo a la migración y a generar saturación del sistema de asilo, así como una crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos.
“Desde el sur conocemos los retos que supone la saturación del sistema migratorio nacional, pero también sabemos que el fenómeno migratorio tiene múltiples aristas que requieren de narrativas y enfoques actuales, junto con esfuerzos coordinados, como la inversión en desarrollo integral en Centroamérica y el sur de nuestro país”, agregó el legislador morenista.
En el documento, el líder de la mayoría legislativa en el Senado analizó el apoyo que tienen las acciones que forman parte del plan migratorio del presidente Biden en Estados Unidos.
Consideró que el análisis de la legislación para apoyar a los dreamers, jóvenes que llegaron a Estados Unidos como indocumentados desde niños y que no tienen ninguna relación con sus países de origen, que retomará el gobierno del actual mandatario estadounidense, cuenta con el respaldo de los dos partidos presentes en el Congreso estadounidense.
Su objetivo es extender la residencia permanente y dar la oportunidad para que las personas que llegaron de manera irregular al país cuando eran menores cuenten con la ciudadanía.
Sin embargo, Monreal Ávila consideró que “el lanzamiento de una iniciativa de reforma migratoria de este calado podría ser una buena noticia, especialmente si a esto se suman órdenes ejecutivas que ayuden a restablecer la dignidad de los migrantes, como la decisión de no excluir a las personas indocumentadas del censo estadounidense”. (Teresa Moreno, El Universal, Nación, p. A4)
(Karina Aguilar, 24 Horas, México, p. 6)
(Luis Benítez, Contraréplica, P.p.)
(Redacción, La Razón, México, p. 4)
(Rita Magaña Torres, Ovaciones, Política, p. 3)
Durante 2020, la Guardia Nacional (GN) y el Ejército recibieron casi la misma cantidad de acusaciones por presuntamente violar derechos humanos en el ejercicio de sus funciones.
Entre enero y diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 359 quejas por supuestas vulneraciones cometidas por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), mientras que otras 350 fueron por actos en los que habrían participado oficiales de la GN.
Otras acusaciones son por prestar indebidamente el servicio público, incomunicación, apoderarse de un bien inmueble sin consentimiento, transgresión de los derechos de los migrantes y adultos mayores, e irregularidades durante cateos, entre otros.
Según las cifras de la CNDH, la GN concluyó 2020 en la octava posición del top 10 de instituciones que más violaciones a derechos humanos cometen, superando a la Fiscalía General de la República (FGR) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), esta última no pertenece a una corporación de seguridad.
Un lugar por delante, en la séptima posición, se encuentra el Ejército, que desde 2014 ha ocupado los primeros puestos en vulneración de garantías.
Falta de preparación y sanciones
Especialistas en seguridad y derechos humanos consultados por EL UNIVERSAL para este trabajo lamentaron que los números de la Guardia Nacional sean muy parecidos a los del Ejército en este rubro, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador garantizó que las instituciones del Estado mexicano, especialmente las dedicadas a la seguridad, ya no cometerían abusos.
Se trata de soldados, precisan
Por su parte, Lucía Chávez, directora del Área de Investigación de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), consideró que los abusos cometidos por las autoridades siguen ocurriendo porque no se sanciona a quienes incurrieron en alguna irregularidad en su actuar.
El año 2020 también fue en el que la Guardia Nacional recibió su primera recomendación por parte de la CNDH. El organismo de seguridad llamó la atención de esta institución porque a principios de ese año elementos policiacos apedrearon y golpearon a migrantes que ingresaron a México para intentar llegar a Estados Unidos.
Acepta querellas
La GN, a través de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aceptó la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, lo cual quiere decir que reconoció la responsabilidad de sus elementos en los abusos cometidos contra los migrantes, aunque sólo ha cumplido de manera parcial lo solicitado por la comisión. (Alexis Ortiz, El Universal, P.p.)
Cinco bandas que se dedican al robo de casa-habitación forman parte de los objetivos prioritarios del gobierno capitalino, por lo que la Fiscalía General de Justicia local (FGJ) ha establecido las alcaldías donde se concentran los delincuentes: Cuajimalpa, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Tlalpan y Cuauhtémoc, demarcaciones donde, de manera constante, durante el año pasado se registraron los hurtos.
El atraco más reciente de una de estas bandas ocurrió el viernes pasado en la colonia Tlalpuente, en la alcaldía de Tlalpan, al sur de la ciudad.
Ahí, un oncólogo que descansaba con su familia y veían Netflix en la sala, fueron sorprendidos por los atracadores: “Tirénse al suelo o se los carga la chingada”, les gritaron una vez que tres sujetos armados entraron al domicilio, de donde se llevaron joyas, aparatos electrónicos, 100 mil pesos en efectivo y un vehículo.
Consta en la carpeta de investigación FITLP/TLP-2/UI-3 /C/D /00352/02-2021, que se inició por el delito de robo a casa-habitación con violencia, que quien dirigía el atraco tenía acento colombiano y a las víctimas les llamó la atención que todos seguían instrucciones por una cuarta persona a través de un teléfono celular, por lo que el robo duró unos 10 minutos.
Una de las víctimas relató a las autoridades que los delincuentes ya sabían cuántas personas estaban dentro del domicilio y qué objetos robar, pues de inmediato le exigieron “el dinero ahorrado” y los documentos de una camioneta de reciente modelo.
Luego, a pesar de que el domicilio se encontraba en una calle privada, se retiraron y no fue hasta que las víctimas lograron liberarse de unas ataduras de plástico que les pusieron, que pidieron ayuda a la policía.
Con base a esta y otras denuncias similares, la fiscalía capitalina ha logrado determinar que las cinco bandas con más atracos son lideradas por presuntos colombianos, quienes han establecido un modus operandi que ha sido replicado por grupos de hampones mexicanos.
Los delincuentes también han establecido una red para vender de inmediato lo robado, y para eso utilizan casas de empeños, joyerías establecidas en la zona Centro de la ciudad y recientemente ofertan todo en redes sociales, lo cual no deja rastro, pues la compra es casi inmediata.
Las denuncias detallan también que uno de los sistema que más implementan es del monitoreo, el cual consiste en seleccionar un domicilio, preferente de clase media-alta, lo vigilan por un lapso de una semana aproximadamente y luego de conocer el movimiento de la familia que ahí vive, deciden actuar; sin embargo, a diferencia del año pasado, las autoridades de investigación han detectado el uso de extrema violencia en los atracos, lo que pone a las víctimas en grave riesgo.
Así lo reflejan los hechos recientes, pues ahora y en tiempo de pandemia, la mayoría de las familias están en casa y aún así, los delincuentes ingresan.
“Es la constante ahora,a todos los amarran con los cinchos de plástico y son muy violentos, y el problema es que las víctimas no se quedan con las manos abajo, es decir, no se dejan y se defienden, ese es el riesgo actual de los robos a casa-habitación”, asegura un agente de la FGJ dedicado a combatir y detener a esos delincuentes.
Sin embargo, gracias al trabajo de inteligencia tanto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como de la Policía de Investigación (PDI) se logró ubicar a las bandas más activas, incluso a los cabecillas y los lugares donde venden todo lo robado. Ya están plenamente identificados y el cruce de información ha logrado establecer también cada cuando salen a atracar. (David Fuentes, El Universal, P.p.)
Mientras un gran número de inversionistas extranjeros decidió retirar recursos del país, los migrantes mexicanos que viven en el extrajero, sobre todo en Estados Unidos, aumentaron sus envíos de divisas para apoyar a sus familias, dando como resultado que durante 2020, según datos oficiales, las remesas triplicaran el monto de las salidas de capital foráneo.
Cifras del Banco de México (BdeM) indican que durante el año pasado los inversionistas extranjeros vendieron posiciones por 257 mil 238 millones de pesos en bonos gubernamentales mexicanos, lo que significó la mayor salida de capitales desde que hay registro.
En contraste, los connacionales enviaron al país 40 mil 606 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente 875 mil millones de pesos, 11.4 por ciento más que el año previo, con lo que alcanzaron una cifra nunca antes vista.
De esta forma, el monto de las remesas que llegaron al país en 2020 fue 240 por ciento o 3.4 veces superior a los recursos que sacaron de México inversionistas extranjeros.
Lo anterior se dio en un año atípico en el que los mercados financieros estuvieron regidos por la volatilidad y las economías de varias partes del mundo, incluida la mexicana, se hundieron como consecuencia de las fuertes afectaciones de la pandemia de Covid-19.
La incertidumbre provocó la mayor salida de capitales foráneos desde que hay registro, al superar la de la crisis económica local de 1995, cuando se fueron 83 mil 507 millones de pesos, y la de 2016, cuando se fugaron 20 mil 612 millones de pesos.
Sin embargo, la crisis no detuvo a los migrantes mexicanos, quienes no sólo mantuvieron sus envíos, sino que los aumentaron, esto en un ambiente en el que en Estados Unidos, durante la etapa más álgida de la pandemia, el desempleo se disparó a 14.7 por ciento, el mayor desde la Gran Depresión en los años 30.
Según datos oficiales, en Estados Unidos residen cerca de 12 millones de migrantes mexicanos, de los cuales casi 3.3 millones tienen la ciudadanía estadunidense y 3.3 millones más la residencia permanente.
Una explicación del aumento en las remesas, explicó el Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla), es la recuperación del empleo de esta población en EU, pues entre mayo y noviembre de 2020 los puestos de trabajo de mexicanos en ese país aumentaron en un millón 131 mil, cifra 20 por ciento mayor a la reportada en abril.
En cambio, la histórica fuga de capitales extranjeros se dio pese a que el país (con todo y los recortes hechos a la tasa de referencia) ofrece a los inversionistas una de las tasas de interés más atractivas del mundo, con un rendimiento de 4.25 por ciento, cuando en Estados Unidos se ofrece entre cero y 0.25 por ciento, mientras en algunos países de Europa son incluso negativas.
Analistas explicaron que la fuerte salida de capitales fue producto de que al mercado financiero no le gustan las sorpresas, razón por la que tiende a reaccionar violentamente ante episodios de incertidumbre, como lo fue el inicio de la pandemia por Covid-19. (Braulio Carbajal, La Jornada, Economía, p. 19)
La Fiscalía General de la República (FGR) extraditó a Estados Unidos a Raúl Flores Hernández, alias “El Tío”, presunto narcotraficante que relacionaron con el futbolista Rafael Márquez y el cantante Julión Álvarez.
“El Tío” fue detenido el 20 de julio de 2017, vinculado con los Cárteles de Sinaloa y de Jalisco Nueva Generación, y desde entonces promovió amparos para evitar su extradición, la cual se concretó en el Aeropuerto Internacional de Toluca, Estado de México.
“Es probable responsable de negociar y traficar grandes cantidades de cocaína con varios grupos delictivos mexicanos, además de mantener fuentes de suministro en Colombia y controlar las rutas de envío de México hacia los Estados Unidos”, indicó la FGR.
Flores Hernández es requerido por la Corte Federal de Distrito para el Distrito de Columbia, donde se le acusa de asociación delictuosa y contra la salud.
De acuerdo con las acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, cuando “El Tío” fue detenido llevaba más de 33 años en el negocio del narcotráfico, cuando operaban en Jalisco los sinaloenses Miguel Ángel Félix Gallardo, Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, quienes encabezaban el denominado Cártel de Guadalajara. (César Martínez, Reforma, Opinión, p. 10)
La tragedia de Camargo, Tamaulipas, donde fueron asesinadas y calcinadas 19 personas, es la crónica de al menos cuatro masacres de centro y sudamericanos en la última década, donde ya se confirmó que al menos 14 son guatemaltecos, el común denominador de estos casos ha sido la colusión entre “coyotes”, funcionarios de migración y policías mexicanos, lamentaron organizaciones de defensa de migrantes en la región.
La masacre de Camargo va arrojando como víctimas a los de siempre. Jóvenes, mujeres y hasta menores de edad que buscaban cruzar la frontera de México con Estados Unidos para huir de la pobreza o violencia en Centroamérica. Todos pagaron entre 10 mil y 12 mil dólares a los “coyotes” guatemaltecos, los cuales tienen una red de casas de seguridad, vehículos y contactos con agentes del Instituto Nacional de Migración (INM) y de policías estatales y municipales en todo el país.
Las historias de vida son similares. Jóvenes indígenas guatemaltecos, lo mismo maestros, campesinos, que artesanos o hasta futbolistas que buscaban el sueño americano, lo mismo para trabajar en Nueva York, California, Texas o cualquier otra ciudad estadunidense que les permitiera dejar atrás la pobreza extrema.
Marvin Alberto Tomás, de 22 años, futbolista profesional en Guatemala, de la tercera división, dejó hace unas semanas el Club Juventud Comiteca, no le alcanzaba para mantener a su familia., conformada por madre y cuatro hermanos. El pasado 22 de enero se acabaron sus sueños, de acuerdo con las primeras investigaciones de la Fiscalía de Tamaulipas, bajo la metralla y saña de 12 policías estatales.
Lidia, hermana, del joven migrante, declaró a medios de Guatemala que su familia espera que se haga justicia “porque saben que hubo policías mexicanos involucrados en el caso” así como solicitó a las autoridades guatemaltecas les apoyen para repatriar el cadáver de Marvin Alberto para darle sepultura. En su casa, desde hace unos días colocaron un pequeño altar con fotos y veladoras.
Elfego Roliberto Miranda Díaz, de 24 años, es otra de las víctimas identificadas por la fiscalía tamaulipeca. El dejó atrás a su familia, conformada por tres hijos y su esposa Maricela López de 22 años. Ella está embaraza. El joven migrante era perito contador y daba clases en colegios privados antes de emprender el viaje, solo quería ir a Nueva York para darles una mejor vida a ellos y al resto de su familia.
A mí, a mis tres hijos y a este que espero”, cuenta mientras se lleva las manos al vientre. “Lo único que queremos es justicia. Las autoridades mexicanas saben quiénes fueron”, dijo al diario guatemalteco Prensa Libre.
La prensa de Guatemala ha expuesto la red de corrupción entre traficantes, policías, cárteles de la droga y agentes de migración en México.
“La matanza en el norte de México contra 19 personas, la mayoría supuestamente migrantes, ha estremecido al país y ha puesto sobre la mesa una presunta colusión entre policías, agentes migratorios y redes de trata de personas en la frontera con Estados Unidos”, han reseñado.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó el sábado que el Equipo de Especialidades Forenses ha identificado a 16 personas de las 19 que fueron encontradas calcinadas el pasado 22 de enero en el poblado Santa Anita, perteneciente al municipio de Camargo.
De acuerdo con los perfiles genéticos, hasta el momento ha sido posible corroborar la identidad de 14 personas de nacionalidad guatemalteca y dos de nacionalidad mexicana. (Luis Carlos Rodríguez, Contraréplica, P.p.)
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó el fin de semana sobre la identificación de nueve cuerpos más de los 19 hallados en Camargo, el pasado 22 de enero. Los perfiles genéticos corresponden a personas provenientes de Guatemala. Con esta identificación, la cifra ha ascendido a 14 personas de nacionalidad guatemalteca, así como dos mexicanos.
De las tres personas pendientes de identificar, en dos casos se está a la espera de la información complementaria sobre los perfiles genéticos de los posibles familiares. Y en el tercero, podrá ser identificado —expuso la Fiscalía estatal— cuando los familiares faciliten las muestras de ADN para su confronta.
Cabe destacar que el tráfico de migrantes es uno de los vínculos más fuertes hasta ahora en las investigaciones de autoridades ministeriales.
Una zona del municipio de Camargo es territorio de añejas disputas entre el cártel del Noreste —surgido de Los Zetas— y el del Cártel del Golfo, por el tráfico de droga y personas hacia el lado estadounidense.
No se capacitó a Gopes
Por otra parte, la embajada de Estados Unidos en México informó que la oficina de Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado capacitó en materia de derechos humanos a tres agentes policiacos de Tamaulipas que fueron detenidos como parte de las investigaciones por el asesinato de 19 personas en el municipio de Camargo. Sin embargo, precisó que la capacitación a dichos agentes se dio antes de que ingresaran al Grupo de Operaciones Especiales de Tamaulipas (Gopes).
Mediante una comunicación a El Economista, la embajada estadounidense mencionó que el adiestramiento no fue al equipo del Grupo de Operaciones Especiales, sino únicamente a tres agentes.
La oficina de Antinarcóticos y Procuración de Justicia del Departamento de Estado (INL) no tiene registros de haber capacitado a unidades Gopes o CAIET de las fuerzas de seguridad de México”.
“Tres de los 12 miembros de Gopes/CAIET detenidos por el caso Camargo, recibieron capacitación básica y/o capacitación de supervisor de primera línea por parte de INL antes de haber sido asignados a Gopes o CAEIT”, se indicó. (Maritza Pérez, El Economista, Política y Sociedad, p. 36)
El hallazgo de 19 cuerpos calcina dos en Santa Anita, municipio de Camargo, Tamaulipas, recuerda otros inhumanos asesinatos, parece que nada ha cam biado a pesar de las promesas de castigos severos, fin de la impunidad y la artificial mención desde el centro del país del fin de las masacres, consideró el Centro Católico Multimedial, al señalar que este crimen vuelve a poner a México como un Estado incapaz para proteger a migrantes.
Las averiguaciones sobre la matanza adelantan que la escena del crimen pudo haber sido alterada y estarían involucrados, al menos, doce policías estatales acusados de homicidio calificado, abuso de autoridad y falsedad de información a sus superiores. Hechos que no son novedad.
El organismo católico subrayó que si las redes criminales de trata de personasy tráfico de migrantes existen es porque detras hay altas autoridades corruptas solapando a grupos rivales.
Para activistas y defensores de los derechos humanos, entre ellos los obispos eméritos de Saltillo, Raúl Veía López, tales crímenes sólo son posibles por la indolencia de autoridades estatales y federales.
Como afirmó en una misa, el 24 de enero, la raíz del caso está en el comercio y trata de personas tamo mercancías: “Son un negocio porque los ayuden a pasar a Estados Unidos y sus familias se endeudan allá. Y dice la gente de Sania Anita que la casa de seguridad de dónde los sacaron tenían guatemaltecos”, aseguró el prelado.
En 2017, policías de Tamaulipas fueron acusados por participar en ejecuciones exlrajudiciales en Nuevo Laredo. En 2015, otro evento involucró a policías estatales, entre ellos un comandante, cuando atacaron a un grupo de jóvenes en el municipio de Tula, muriendo uno de los agredidas.
En su editorial, Matanza de Camargo, Tamaulipas, ¿crimen de estado?, el organismo católico remarcó que no son casos aislados. Tampoco es nuevo decir que, en estos crímenes, actúen elementos de las fuerzas de seguridad destapando la cloaca de la corrupción e impunidad, omnipresentes a pesar de las promesas de acabar con ellas.
La Red Clamor afirma: “Los hechos que se reportan en Camargo no pueden ser Una estadística más de la impunidad y olvido. No debemos perder la memoria histórica de las masacres de San Fernando, Tamaulipas en 2010 y 2011, y en Cadereyta, Nuevo León, en el año 2012: “Lo que no se sana se repite”. Y lo que parece repetir es un crimen de Estado.
El CCM señaló que con razón, el Consejo Latinoamericano para los Migrantes, Refugiados y Victimas de Trata, Ral Clamor; lanzó un duro extrañamiento a las autoridades recordando que “el hallazgo de 19 cuerpos baleados y calcinados, de posibles migrante guatemaltecos, la mayoría del departamento de San Marra?, de Guatemala, se suma a las masacres masivas y públicas de hermanas y hermanos centroamericanos en los aflos 2010,2011 y 2012, ocurridas en las regiones de Tamaulipas y Nuevo León”.
Precisó que con el transcurrir de los días, los reclamos de Guatemala para resolver el crimen de trece de sus nacionales van revelando detalles del terror que vivieron los difuntos. Según un sobreviviente, fueron enganchados en ese país para llevarles hasta los Estados Unidos.
La unidad de investigación del CCM señaló que el primer mes es, en resumen, fatídico y desastroso por las consecuencias u incluso impacto a nivel internacional poniendo tensiones en las relaciones de México y los países centroamericanos. (Patricia Carrasco, La Prensa, P.p.)
El arzobispo de la capital de El Salvador, José Luis Escobar, aplaudió ayer la suspensión realizada el fin de semana de los acuerdos de “tercer país seguro”, firmados entre EU y los países del Triángulo Norte de Centroamérica, que completa Honduras y Guatemala. (Redacción, Milenio, Política, p. 12)
El gobierno del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, suavizará los criterios de arresto y deportación establecidos por Donald Trump para el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), adelantó este domingo el periódico The Washington Post.
La agencia presentará nuevas directrices por las cuales los inmigrantes con cargos menores, como conducir bajo los efectos del alcohol, no serán deportados.
Documentos y correos electrónicos a los que tuvo acceso The Washington Post apuntan a que los objetivos prioritarios serán los inmigrantes que cruzaron recientemente la frontera, principalmente la que comparte con México, y personas que han cumplido condenas por delitos graves.
Pero, según el Post y el medio digital Buzz Feed, el intento de la nueva administración demócrata de centrar las detenciones y deportaciones a este nuevo perfil de inmigrantes requeriría que los agentes de ICE obtengan una aprobación de un alto funcionario de la agencia para realizar operaciones rutinarias en las calles.
Esta medida se sumaría a la moratoria de 100 días en las deportaciones ordenada por Biden tras llegar a la Casa Blanca el pasado 20 de enero.
Estas nuevas directrices forman parte de un paquete de medidas más amplio, que incluye la suspensión de la construcción del muro divisorio con México, la creación de un grupo de trabajo para reunificar a los menores que fueron separados de sus padres tras cruzar la frontera y revisar el programa Protocolos de Protección a Migrantes (“Quédate en México”), por el cual más de 60 mil solicitantes de asilo fueron devueltos a territorio mexicano para esperar su proceso. (EFE, Milenio, P.p.)
(Staff, Reforma, Internacional, p. 12)
(EFE y Reuters, El Sol de México, Mundo, p. 23)
(EFE y Reuters, La Prensa, Mundo, p. 23)
Los Acuerdos de Cooperación de Asilo (ACA) alcanzados por Estados Unidos con Guatemala, El Salvadory Hondurasquedaron sin efecto.
Se trata de convenios que el Gobierno del expresidente Donald Trump firmó con esos paísescentroamericanosy que permitían la deportación de migrantes salvadoreñosyhondureñosdesde EU hacia Guatemala, convertido en “tercer país seguro”.
El anuncio lo realizó este fin desemana Antony Blinken, secretario de Estado de Joe Biden. (Redacción, 24 Horas, Mundo, p. 13)
(Redacción, El Economista, GeoPolítica, p. 39)
(Redacción, Ovaciones, Internacional, p. 14)
El presidente de EU insiste en revertir la política de Trump. Sus lineamientos buscan dejar de detener a indocumentados que conducen en estado de ebriedad y actuar contra amenazas de seguridad nacional. (Redacción, La Razón, Mundo, p. 22)
Ante la pandemia por SARS- CoV-2, la ocurrencia de muertes asociadas a complicaciones secundarias se ha incrementado de manera global por lo que muchos mexicanos han enfermado y muerto fuera de territorio nacional.
Las familias no solo enfrentan el dolor de haber perdido a un familiar, también deben hacerle frente a la serie de trámites en dado caso de que deseen repatriar el cuerpo a nuestro país o la urna con las cenizas.
La Agencia de Protección Sanitaria del Gobierno de la Ciudad de México explicó que para realizar el trámite de repatriación de algún familiar que haya pedido la vida a causa de Covid-19 debe asistir a las instalaciones del interior de aduana de carga en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en un horario de 9:00 a 6:00 de la tarde de lunes a viernes y de 8:00 de la mañana a 8:00 de la noche los sábados, domingos y días festivos.
La dependencia informó que el servicio de trámites sanitarios no tiene ningún costo para quien los realiza.
El deudo debe presentar los documentos requeridos en el módulo, estar al pendiente del cotejo y captura de los datos por parte del personal del módulo y al final al deudo o familiar deberán entregarle un documento denominado Registro del trámite.
Entre los requisitos que los familiares deben aportar para llevar a cabo la internación de restos humanos provenientes del extranjero deben presentar la siguiente documentación en original para su cotejo:
Acta de defunción o documento equivalente que expida la autoridad competente del país donde ocurrió el deceso con visado o apostillado. En su caso se requiere la traducción del documento al español, no se requiere acta de defunción mexicana para connacionales.
Además, se debe presentar comprobante de embalsamamiento con visado o apostillado y en su caso se requiere la traducción del documento al español, así como el permiso de traslado expedido por la autoridad competente del país de procedencia con visado o apostillado y traducción del documento al español.
Así cómo el manifiesto de carga o guía aérea que otorga la aerolínea y la identificación de la persona que realiza el trámite.
Se sugiere tener disponible la información relacionada con datos personales de la persona fallecida, así como el sitio donde se encuentra el cuerpo y a dónde se desea trasladar, debiendo contactar al Departamento de Protección del Consulado de México más cercano.
En caso de que resida en México, debe acudir a la Delegación de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en su estado.
Hasta diciembre de 2020, la Secretaría de Relaciones Exteriores reportó que recibió veinte urnas con cenizas de mexicanos procedentes de Estados Unidos y una desde Nigeria, las cuales fueron transportadas a México con el apoyo de las representaciones consulares.
Las urnas tuvieron como destino Veracruz, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Jalisco, Querétaro, Baja California, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora.
Hasta esa fecha se repatriaron 397 urnas con apoyo del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), Aeroméxico y la Coordinación Nacional de Oficinas Estatales de Atención a Migrantes. (Hilda Esaclona, La Prensa, Carpeta de Investigación, p. 4)
En Estados Unidos, personas afroamericanas e hispanas han recibido menos dosis de las vacunas contra covid-19 que la población blanca.
Según los centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés), los hispanos/latinos recibieron 11.5% dosis, aunque representan 13% de los trabajadores de la salud y 5% de residentes en asilos, grupos prioritarios para la inmunización. (Reuters, Excélsior, P.p.)
El Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) México-Canadá no será afectado por las restricciones para viajes internacionales decretadas por Ottawa para detener la propagación del Covid-19, entre ellas la suspensión de vuelos hacia y desde territorio mexicano hasta finales de abril, aseveraron representantes de ambos gobiernos.
Los trabajadores mexicanos son estratégicos para la cadena de producción de alimentos en aquel país, por lo que seguirán llegando pese a las limitaciones de viajes comerciales, señaló en entrevista con La Jornada el embajador de México en Canadá, Juan José Gómez Camacho.
Medios canadienses han reportado la preocupación de autoridades de varias provincias ante las dificultades de que trabajadores extranjeros lleguen a sus campos debido a las restricciones contra el Covid-19 impuestas por el primer ministro Justin Trudeau.
Al respecto, el diplomático mexicano informó que se ha llegado a un acuerdo para que los granjeros canadienses financien vuelos chárter para participantes en el PTAT durante el periodo de restricción de viajes –del 31 de enero al 30 de abril de este año–, con lo que se garantizará que en estos tres meses lleguen a los campos de distintas provincias entre 6 mil y 7 mil trabajadores agrícolas mexicanos.
Por su parte, funcionarios de la embajada de Canadá en México indicaron a este diario que su país valora la importante labor de los trabajadores agrícolas mexicanos, por lo que su gobierno está en contacto con las autoridades mexicanas, los empleadores canadienses y los trabajadores, explorando opciones para decidir la mejor manera de proceder.
Agregaron que las medidas fueron concebidas para restringir los viajes no esenciales y, por su relevancia, el PTAT debe estar exento.
De acuerdo con cifras oficiales, entre enero y septiembre, anualmente a través del PTAT arriban a Canadá entre 26 mil y 28 mil mexicanos como parte de este programa; 80 por ciento de ellos son habituales, es decir, los empleadores los llaman cada vez por su entrega y desempeño.
El embajador mexicano apuntó que pese a las restricciones aéreas que entraron en vigor el pasado 31 de enero, hasta el miércoles 3 de febrero se reportó el ingreso a Canadá de 300 participantes en el PTAT, ya sea por vuelo comercial o chárter. En tanto que el sábado, el cónsul general de México en Montreal, Alejandro Estivil, reportó en Twitter la llegada de 170 trabajadores mexicanos más a esa provincia. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, P.p.)
Los gobiernos de México y Canadá establecieron el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) en 1947 y desde entonces sólo ha sido suspendido algunos días en 2020 debido a que al menos 300 connacionales se infectaron de Covid-19 en granjas canadienses y dos murieron.
Hasta antes del año pasado, el programa presentaba una tendencia ascendente, ya que las empresas productoras canadienses han incrementado la oferta de empleo para trabajadores mexicanos cada año.
Llegan a los campos de ese país entre 26 mil y 28 mil connacionales anualmente, amparados por un contrato negociado entre autoridades mexicanas y canadienses. Sin embargo, debido a la pandemia, en 2020 el número de mexicanos empleados a través del PTAT apenas superó 22 mil.
De acuerdo con información de la embajada de México en Canadá, el salario establecido es de 14 dólares la hora y el ciclo va de enero a septiembre para emplearse en campos o invernaderos de verduras, frutas y hortalizas, así como en granjas productoras de carnes o pescados, entre otras.
Del lado mexicano, las dependencias que gestionan el programa son las secretarías del Trabajo y Previsión Social y de Relaciones Exteriores.
La expectativa entre los trabajadores nacionales del campo es tan alta que cada año hay una lista de espera para formar parte del programa; sin embargo, 80 por ciento del total de connacionales que participan en el PTAT son requeridos en cada oportunidad por sus empleadores gracias a su desempeño.
El año pasado, tras la suspensión temporal por las inadecuadas condiciones en algunas granjas para evitar la propagación del Covid-19, se alcanzaron acuerdos para que, como parte del contrato, las empresas canadienses garanticen la salud e integridad de los trabajadores, lo que no se echará atrás con o sin pandemia, dijo el embajador de México en Canadá, Juan José Gómez Camacho. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 12)
Los otros lados nos aproxima al tema de la migración desde los objetos como contenedores de experiencias políticas, sociales y primordialmente emocionales. La selección de imágenes que lo conforman nos acerca de manera sentida y horizontal a atmósferas de cambio, movilización, violencias, apegos y memorias, todas estas como gruesas capas del fenómeno migratorio”, explicó Marcel del Castillo, uno de los curadores de la exposición fotográfica Los otros lados, que se exhibe desde hace unos días en la Galería abierta del Distrito Tec, en Monterrey, presentada por Femsa.
En 20 láminas de gran formato, la exposición narra el significado que tienen para los migrantes los objetos que los vinculan con los lugares que han dejado atrás. Las imágenes hablan de sus identidades como individuos, sus historias y anhelos propios, desde siete miradas femeninas, dice en entrevista Lorena Guillé-Laris, directora de Fundación Femsa.
La migración es un fenómeno que ha modificado dinámicas sociales, políticas y formas de pertenencia en el mundo. Se dice que México es un país de tránsito, destino y retorno para personas migrantes, sin embargo, cada vez son más quienes llegan y permanecen. Entre los migrantes de destino, se ubican refugiados, quienes han salido de sus países por causas como la persecución y violencia o como consecuencia de desastres naturales, ya que el proceso de la migración se deriva, en la mayoría de las ocasiones, del desplazamiento forzado. De acuerdo con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, más de 40,000 personas solicitaron refugio durante 2020.
La exposición fotográfica Los otros lados muestra la migración contemporánea como un proceso en el que no hay un solo origen o un destino único; forma parte de Puerto Abierto, una iniciativa de Fundación Femsa que busca construir puentes de colaboración entre personas que migran, instituciones que trabajan con ellas y el sector artístico de la zona metropolitana de Monterrey.
“Los otros lados apela a esa noción de no tener un lugar fijo como destino, trazado cuando uno inicia tránsito, y todos estos lados son los lugares por donde van pasando los migrantes al transitar. Estamos reflejando una mirada a una población vulnerable que nos conecta con historias de personas que están buscando probablemente lo mismo que tú y que yo: un mejor futuro mejor para sus hijos y un mejor bienestar para ellos”, dice Lorena Guillé-Laris.
Las artistas gráficas Alejandra Rajal, Alma Lara, Ana Andrade, Griselda San Martín, Jacky Muniello, Nora I. Gómez y Olivia Vivanco desarrollaron para Puerto Abierto un proyecto de investigación de largo plazo y crearon relaciones personales con la gente que retrataron, y el resultado es esta exposición que ahora se exhibe en el Tecnológico de Monterrey.
Los migrantes viajan con sus sueños a cuestas, llevando consigo aquellos objetos que les recuerdan sus amores, sus familias, sus lugares de origen. “Nos emociona también poder desarrollar esta propuesta con perspectiva de género, que toma en cuenta muchas cosas que son fundamentales en la vida de un migrantes”, dice la directora de la Fundación Femsa.
Desde una mirada femenina, la de Griselda San Martín, el muro fronterizo puede ser para Alejandra y Daniel un lugar de encuentro, al que acuden cada semana los esposos para verse y tocar sus manos, aunque sea, ante la imposibilidad de cruzar la línea y de compartir un hogar.
Una cruda instantánea de Ana Andrade nos transporta a la precariedad de los ñongos, esas casas parapetadas con lonas y plásticos que hablan de una certeza implícita de la temporalidad, de que el lugar es de paso, “y nos mueve muchísimo a la reflexión y muestras las preocupaciones que vivimos como sociedad, y el anhelo de tener una sociedad mejor donde todos quepamos y donde todos podamos acceder a un mayor bienestar”.
Huertos urbanos y salud emocional
Como parte del proyecto de Fundación Femsa que vincula a artistas con comunidades migrantes e instituciones sociales de servicio, en paralelo a la exposición surge la ideas de construir y donar huertos comunitarios, comuna perspectiva de seguridad alimentaria pero también de terapia emocional.
“Cuando vimos que las exposiciones presenciales estaban en pausa debido a la pandemia, y teniendo todo un equipo experto en carpintería, nos preguntamos qué hacemos con todas esas cajas de madera que usamos para mover nuestra colección de arte Femsa (actualmente compuesta por 1,380 obras de 784 artistas), y de pronto todas estas cajas se convirtieron en huertos urbanos, que hoy dado alimentación, frutas y legumbres a más de 100 familias de migrantes en Monterrey”, explica Lorena.
También refiere que en alianza con otras organizaciones, como Museo Mutante, Zihuame Mochilla, Casa San Nicolás, Distrito Tec, se han brindado atención socioemocional a niños y niños miembros de estas familias en tránsito y servicios de salud y seguridad para las mujeres migrantes.
“No te imaginas la emoción, tanto de nosotros como de ellos, porque no solo es que les lleves algo para poder cultivar alimento, para muchos de ellos es un entretenimiento en un espacio árido emocionalmente, que están viviendo en contexto de pandemia y de migración, lejos de su casa y sin el amor de sus seres queridos; entonces, una planta se convierte en este contexto en alguien a quien cuidar”, concluye Guillé-Laris.
Los otros lados estará vigente durante tres meses en Galería Abierta Distrito Tec, en Avenida Fernando García Roel, en Monterrey, Nuevo León, con acceso gratuito. (J. Francisco De Anda Corral, El Economista, Artes, Ideas y Gente, p. 41)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.