El Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, en alianza con AT&T México lanzaron el programa “Llamando a Casa”, para que las y los migrantes en situación de vulnerabilidad contacten -de manera gratuita- a sus familias en cualquier parte del mundo, a través de líneas telefónicas que la compañía ha instalado en 24 estaciones migratorias de 17 estados del país.
Respecto al objetivo del programa, el comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, insistió en que la atención oportuna y adecuada a este grupo de personas es fundamental, al considerar siempre la importancia del respeto por sus derechos humanos.
En tanto, el vicepresidente adjunto de Asuntos Externos de AT&T México, Daniel Ríos Villa, afirmó que “cuando vemos una oportunidad para cumplir nuestro propósito de conectar a las personas, estamos presentes; con ‘Llamando a Casa’, apoyamos a quienes necesitan conectarse gratuitamente con sus familias, como es el caso de las más de 2 mil mujeres migrantes que transitan por México”.
Cabe destacar que, de los 214 millones de migrantes en el mundo, el 49 por ciento son mujeres; México es el segundo país a nivel mundial con el mayor número de mujeres en esta situación, tan solo en 2020, se registraron más de 2 mil que llegaron a las diversas estaciones migratorias de México.
Los grupos en situación de vulnerabilidad dentro de la población migratoria incluyen, entre otros, a mujeres, indígenas, con discapacidad, adultos mayores, víctimas de delito y población lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti intersexual, y queer (LGBTTTIQ) que, en los últimos años, aumentó su flujo migratorio debido a la violencia y persecución por identidad de género y orientación sexual que enfrentan en sus países de origen.
“Llamando a Casa” es un ejemplo de cooperación y solidaridad en donde la conectividad cobra aún mayor valor en todas las comunidades que así lo han requerido. (Segob)
En el marco del Día Internacional de la Mujer, el Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, suscribió la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación, aplicable a todas las personas servidoras públicas de la dependencia, como parte de una continua transformación de la cultura institucional bajo un enfoque de igualdad de género y derechos humanos.
Con estas acciones se busca consolidar la igualdad de oportunidades y la eliminación de cualquier forma de violencia laboral en todos los ámbitos del INM, en concordancia con el clamor de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en pro de un futuro igualitario para todas y todos.
La implementación de la Política de Igualdad Laboral y No Discriminación del instituto da cumplimiento a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; la Ley Federal del Trabajo; la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, y la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, así como a diferentes instrumentos internacionales suscritos por México.
Además, resulta un elemento base para el cumplimiento de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en materia de Igualdad Laboral y No Discriminación, mecanismo que permite la adopción, reconocimiento y certificación de buenas prácticas que favorezcan el desarrollo integral de las y los trabajadores, con pleno respeto a los derechos humanos.
Entre otros ejes de acción, está la operación institucional con perspectiva de género y no discriminación, la prevención y atención a la violencia laboral, así como la corresponsabilidad entre la vida profesional, familiar y personal de sus trabajadoras y trabajadores, con igualdad de trato y de oportunidades en un proceso de mejora constante y de transformación de la cultura organizacional del INM.
El INM refrenda así su compromiso por el desarrollo integral de su personal y la continua transformación de la cultura institucional en un marco de igualdad de género y respeto irrestricto a los derechos humanos. (Notilibre Tijuana)
La Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, reconoció ayer que el país sigue teniendo una deuda con las mujeres, aun cuando la lucha feminista se ha materializado en triunfos concretos.
“México sigue teniendo una deuda histórica con las mujeres. El trabajo de todas es digno de celebrarse aun cuando no sea todavía suficiente. Tenemos una deuda con las mujeres, con todas las mujeres”, manifestó.
“Con las que no reciben un pago justo por su trabajo, con las mujeres migrantes, con las mujeres que trabajan dobles jornadas, con las niñas que se convierten en madres o esposas, con las mujeres trans”.
Durante la mañanera, en el marco del Día Internacional de la Mujer, la funcionaria subrayó que las prerrogativas sobre la construcción del país que se quiere “les pertenecen a ellas”, por lo que, afirmó, han propiciado diálogo con todos los sectores de mujeres.
“Son las mujeres las primeras en señalar las formas de opresión a las que se enfrentan en los ámbitos de sus vidas. Son ellas, las mujeres, las que señalan hacia dónde deben dirigirse estas políticas que aseguren su igualdad sustantiva.
“Las mujeres son el centro de la lucha por la igualdad. La Cuarta Transformación reconoce los siglos de lucha y las escucha para trabajar hacia los objetivos que compartimos”, dijo. (Antonio Baranda y Claudia Guerrero, Reforma, Nacional, p. 9)
(Redacción, Milenio, Política, p. 11)
(Alberto Morales, El Universal, Nación, p. A4)
(Cecilia Higuera Albarrán, La Crónica, Nacional, p. 4)
(Amílca Salazar, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 29)
(Sergio Ramírez y Antonio López, La Razón, México, p. 5)
(Urbano Barrera, Ovaciones, Política, p. 4)
Madrid.— Más de 70 mil menores son víctimas cada año de explotación sexual en México, muchos de ellos migrantes centroamericanos, aunque apenas algunos centenares son identificados y asistidos.
En estas circunstancias claramente deficitarias no basta con aplicar las leyes, advierten los autores del libro Trata de seres humanos en Iberoamérica, publicado por el Observatorio Iberoamericano sobre Movilidad Humana, Migraciones y Desarrollo, de la Universidad Pontificia Comillas de España.
Catalogado como un país de origen, tránsito y destino de víctimas de trata, en México este fenómeno se expresa en toda su complejidad, debido sobre todo a su interseccionalidad con el crimen organizado y otros delitos, además de la corrupción y la impunidad. Al igual que en el resto de la región, las modalidades de trata más frecuentes en México son la explotación sexual y el trabajo forzado, que afecta sobre todo a migrantes centroamericanos, en su mayoría mujeres.
En el primer caso, en el campo de la prostitución y turismo sexual, y en el segundo, en el ámbito agrícola, de la construcción, el comercio informal y, en menor proporción, en la mendicidad y labores domésticas, indican los autores del libro que cuenta con la participación de acreditados especialistas iberoamericanos.
En el capítulo dedicado a México se subraya que las acciones de prevención son insuficientes, además de que existen irregularidades en la procuración, investigación y persecución de los delitos relacionados con la trata, lo que se refleja en el reducido número de casos con sentencias y en las bajas cifras de víctimas identificadas o atendidas.
Los expertos destacan que la trata es un problema difícil de combatir, entre otras razones, porque está vinculado a la corrupción de las fuerzas de seguridad, en especial de los agentes fronterizos y aduaneros.
“En México y países centroamericanos, la persecución de la trata es deficitaria, porque a veces incluso las fuerzas del orden están implicadas y se dan situaciones de arbitrariedad, sobre todo en las fronteras. Son pocos los casos punibles”, señala a EL UNIVERSAL Joaquín Eguren, investigador y profesor del Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones de la Universidad Pontificia Comillas y uno de los editores del libro.
El estudio aborda la trata vinculada a la migración latinoamericana, y muchas veces las legislaciones se olvidan del tema, por lo cual los migrantes aparecen incluso como infractores a ojos de las autoridades, alerta el doctor en antropología y licenciado en sociología y teología.
Tanto en la trata de explotación laboral como sexual sobresale la presencia de mujeres. Los datos a nivel internacional hablan de 66% que son mujeres, con la agravante de que en algunos países latinoamericanos la explotación laboral, en especial de indígenas, está normalizada, subraya.
Las zonas de México donde se ha registrado explotación sexual son Chiapas, Ciudad de México, Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Quintana Roo, Baja California, Oaxaca, Jalisco y Veracruz. La mayoría de las víctimas suelen proceder de Guatemala, Honduras, El Salvador, Belice, Nicaragua, Costa Rica y, en menor medida, Cuba y Argentina. (Luis Méndez, El Universal, Mundo, p. A16)
Funcionarios de Tamaulipas instalaron retenes ilegales para extorsionar a operadores de pipas que meten combustible de contrabando a México, según las indagatorias de la Fiscalía General de la República.
En particular, el ex subsecretario de Ingresos, ahora diputado local por el PAN, Arturo Soto Alemán -cercano al Gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca- encabezó en 2018 un punto de control en la “Y” donde convergen las carreteras Reynosa-San Fernando y Matamoros-San Fernando.
Esa “garita”, con agentes fiscales estatales apoyados por fuerzas policiacas, no tenía otra finalidad más que cobrar las cuotas a las pipas que transportan gasolina y diésel de contrabando, según la indagatoria.
Cada tractocamión con 60 mil litros de hidrocarburo paga entre 400 y 500 dólares de “cuota” para continuar su camino, según se documentó.
Desde 2013 fueron canceladas, por disposición del Gobierno federal, las segundas revisiones aduanales la línea fronteriza de Tamaulipas, por lo que el retén que operó en 2018 fue considerado ilegal.
En su momento, Soto argumentó que fue legal por un convenio en materia fiscal firmado en 2006 con la Secretaría de Hacienda para realizar incautaciones de mercancía ilegal.
Pero el punto de revisión acumuló denuncias de migrantes, por la extorsión de 150 dólares para continuar su camino. (Benito Jiménez, Reforma, P.p.)
La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) lanzó una cacería contra un mexicano, cuatro colombianos, dos ecuatorianos y un hondureño que, bajo complicidad oficial, habrían operado una red de empresas privadas para pagar sobornos, obtener contratos estatales y blanquear 11 millones de dólares en el gobierno de Guatemala, confirmaron ayer fuentes judiciales de ese país.
El mexicano en fuga fue identificado por la Interpol y por el Ministerio Público (MP) de Guatemala como Miguel Ángel Hernández Luna, vinculado con la empresa Petro Energy, S.A., y reclamado por la justicia guatemalteca por presunto cohecho activo en negocios con el Ministerio de Energía y Minas de esa nación, precisaron las fuentes.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad de Guatemala (Feci) identificó al guatemalteco Érick Archila, exministro de Energía y Minas de su país, como líder de la supuesta estructura criminal “de alto perfil” para operaciones de 2012 a 2016. Archila, residente en Estados Unidos, negó las acusaciones, pero la fiscalía reveló que las aparentes irregularidades con sobornos y beneficios financieros ocurrieron cuando fue ministro y presidente del consejo directivo del (estatal) Instituto Nacional de Electrificación.
Con el “poder político” que ostentó, Archila recibió comisiones ilícitas de compañías privadas a las que concedió trabajos de electrificación y otras actividades, detalló la Feci. Las firmas que están en investigación son Petro Energy, ligada al mexicano; Edemtec, S.A.; City Petén, S. de R.L., e Hidro Xacbal, S.A., informó el gobierno de Guatemala.
Exfuncionarios guatemaltecos de Energía y Minas también son indagados porque habrían sido intermediarios en el cobro de las comisiones.
Las alertas rojas de la Interpol fueron emitidas para pedir la captura por cohecho activo del mexicano, de los colombianos Juan Carlos Ortiz Mutis, Pablo Escobar Bayter, Luis Armando Córdoba Rodríguez y Manuel José Giacometto Gómez, del ecuatoriano Horacio Yépez Maldonado y del hondureño Edwin Alberto Hernández Roque.
Por cohecho activo y lavado de dinero u otros activos, la solicitud de captura con alerta roja es sobre el ecuatoriano José Ernesto Páez Cruz. Los ocho tienen nexos con las cuatro empresas.
Según el recuento oficial, Archila recurrió a sociedades anónimas de su propiedad de medios de comunicación y publicidad para una campaña estratégica y pagó miles de dólares para adquirir obras de arte en México.
La intención del entonces ministro fue legitimar los pagos ilícitos de los contratistas favorecidos y adquirir bienes muebles e inmuebles para inscribirlos a nombre de una cadena criminal en la que, aparentemente, involucró a varios de sus parientes.
“Niego contundentemente esos cargos como ya lo hice en el pasado y probaré mi inocencia”, alegó Archila, varias de cuyas propiedades fueron allanadas por autoridades guatemaltecas. (José Meléndez, El Universal, P.p.)
La emergencia sanitaria que tiene a la economía mexicana en una de sus peores crisis apenas afectó la producción de los cárteles y su tráfico de drogas a Estados Unidos.
Por el contrario, estas organizaciones criminales, en concreto el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aprovecharon la pandemia de covid-19 para inflar artificialmente los precios de la metanfetamina, reportó la DEA.
De acuerdo con su Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2020, dichos cárteles retuvieron sus envíos regulares de ese estupefaciente hacia EU, lo que les permitió aumentar el precio al mayoreo.
Aunque la DEA señala que los narcos mexicanos pudieron tener algunas dificultades para conseguir precursores químicos de drogas sintéticas al inicio de la pandemia, es probable que eso no tenga impacto significativo a largo plazo en sus operaciones internacionales.
“La pandemia de covid-19, las restricciones asociadas a los viajes diarios, el cierre de fronteras de EU, el cierre de negocios no esenciales y el confinamiento plantearon temporalmente nuevos desafíos para las organizaciones criminales y su movimiento de drogas durante el primer semestre de 2020”, indica el reporte.
Además, los mercados mundiales de drogas ilícitas reportaron variaciones en los precios, disponibilidad, transporte y distribución durante las etapas iniciales de la pandemia, en la primavera de 2020.
Sin embargo, la DEA indica que a pesar de las interrupciones iniciales en el tráfico, transporte y distribución de drogas, las organizaciones criminales que operan en EU y en el mundo continuaron con sus viejos métodos y probaron nuevos para seguir operando durante la pandemia.
El reporte indica que el narco mexicano mantiene el control de los lucrativos corredores de contrabando a través de la frontera sur de EU y su distribución en las grandes ciudades. Particularmente, destaca al Cártel de Sinaloa y al CJNG como las organizaciones más grandes, con claros signos de expansión en México respecto de otros grupos criminales en nuestro país.
Prácticamente no tienen competencia en el tráfico hacia EU de cantidades significativas de fentanilo, heroína, metanfetaminas, cocaína y mariguana.
Además, destaca la DEA, los cárteles mexicanos ya explotan varios métodos aéreos para pasar drogas a través de la frontera sur de EU, que incluyen el uso de aviones ultraligeros y sistemas aéreos no tripulados (drones) para realizar lanzamientos desde el aire.
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Si bien las restricciones fronterizas derivadas de la pandemia no frenaron el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, sí hacen más difícil transportar cargas de dinero a granel desde la frontera sur del país vecino hacia México.
De acuerdo con la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2020, como resultado de esta situación, grandes cantidades de dólares permanecen en EU a la espera de ser transportadas a México. Para tratar de mover esta reserva, los cárteles han comenzado a aumentar la frecuencia y el volumen de los envíos de divisas a granel a través de la frontera sur, en un intento de “repatriar” sus ganancias de la droga.
Sin embargo, los informes de la DEA indican que los mensajeros del narco hacen menos recolecciones de dinero por temor a exponerse al coronavirus y una mayor presencia policiaca en EU.
También el comercio marítimo se vio afectado en muchas partes del mundo debido a la pandemia, lo que frenó el blanqueo de capitales basado en esta actividad.
La DEA destaca que muchas empresas o actividades ligadas al lavado de dinero se consideran no esenciales y no se les permite operar en pandemia o están sujetas a mayores restricciones. Por esto, la capacidad de los narcos para mover dinero aparentando transacciones legítimas ha disminuido.
TRABAS
Los narcos mexicanos han tenido problemas para tener de vuelta sus ganancias desde EU.
(Andrés Mendoza, Excélsior, Nacional, p. 20)
Quedó totalmente deshabitado el campamento ubicado en esta ciudad fronteriza con Brownsville Texas, luego de la salida de las últimas 72 personas que vivían en este espacio, instalado desde diciembre de 2019 como apoyo a las y los migrantes que estaban en espera de continuar su proceso de asilo en Estados Unidos.
En este último periodo, 705 personas se alojaron en el campamento que tuvo su origen en el marco del programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), política implementada por el gobierno estadounidense que estableció -a poco más de 72 mil solicitantes de asilo- esperar en México el llamado de las cortes de ese país para dar resolución a sus casos. (Eduardo Vizcarra, Ovaciones, P10)
El número de niños migrantes no acompañados detenidos en la frontera con México se ha triplicado en las últimas dos semanas a más de 3 mil 250, al llenar instalaciones similares a cárceles, mientras la administración de Joe Biden lucha por encontrar espacio para ellos en refugios, de acuerdo con documentos obtenidos por el diario estadunidense The New York Times. Más de mil 360 de los niños han sido detenidos más allá de las 72 horas permitidas por la ley antes de que un menor deba ser trasladado a un refugio, según uno de los documentos, con fecha del 8 de marzo. Los niños están detenidos en instalaciones administradas por la agencia de Aduanas y Protección Fronteriza, que fueron construidas para adultos y en donde son vulnerables a enfermedades y hambre. (De La Redacción, La Jornada, Mundo, p. 23)
(The NYT News Service, Reforma, Internacional, p. 16)
Washington.- Cerca de 150 organizaciones solicitaron al Secretario del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, que cierre el centro de detención que el Servicio de Migración y Control de Aduanas tiene en el condado de Berks, Pensilvania.
En una carta, destacan que por primera vez en muchos años ese recinto está vacío, luego de que el pasado 26 de febrero todos los migrantes indocumentados que estaban allí fueron entregados a familiares o patrocinadores.
“Esta decisión es solo el primer paso hacia el fin de la detención familiar”, indican. (EFE, Reforma, Internacional, p. 16)
Nueva York., El gobierno de Joe Biden, el cual oficialmente califica al presidente Nicolás Maduro de dictador, ofreció protecciones legales a migrantes venezolanos que llegaron a Estados Unidos antes del 8 de marzo, al determinar que el regreso a su país es peligroso, mientras continúa con la misma política de castigo vía sanciones de su antecesor contra el gobierno en Caracas.
El otorgamiento del Estatus de Protección Temporal (TPS) a migrantes venezolanos que puedan comprobar que viven en Estados Unidos desde antes del 8 de marzo podría beneficiar potencialmente a unos 320 mil migrantes del país sudamericano, informó una alta funcionaria del gobierno de Biden.
Esa protección durará inicialmente 18 meses, y permitirá a los beneficiarios gozar de una residencia y de trabajo legal temporal.
La medida fue anunciada por el secretario de Seguridad Interna, Alejandro Mayorkas, al decir que situaciones extraordinarias y temporales en Venezuela hacen imposible un retorno seguro para sus ciudadanos, esas condiciones de vida revelan un país en tumulto, incapaz de proteger a sus ciudadanos.
El anuncio fue justificado como parte de la política estadunidense hacia Venezuela que, según un alto funcionario del gobierno de Biden, consiste en el apoyo humanitario al pueblo venezolano combinado con un multilateralismo robusto que busca intensificar la presión sobre el régimen de Nicolás Maduro e impulsar una salida de la crisis que lleve a una solución democrática.
El funcionario reiteró que el gobierno de Biden considera que Maduro es un dictador y recordó que el presidente estadunidense fue el primer candidato demócrata en reconocer a Juan Guaidó como el representante legítimo de Venezuela.
Agregó que las sanciones estadunidenses no son efectivas por sí solas; deben acompañarse de un esfuerzo multilateral, en conjunto con países europeos y latinoamericanos, para impulsar una solución negociada a la crisis en ese país.
Subrayó que ese arreglo no es entre el régimen venezolano y Washington, sino entre ese régimen y la oposición en Venezuela. A la vez, enfatizó que Washington no suspenderá las sanciones hasta que se consulte con países aliados para determinar si Venezuela está procediendo hacia una solución que depende de elecciones libres e imparciales.
El alto funcionario insistió en que la política de Biden es diferente a la del gobierno anterior por su énfasis en un esfuerzo diplomático multilateral (a pesar de que los encargados de la política hacia Venezuela resaltaban su trabajo con aliados y la OEA; ver: https://www.jornada.com.mx/2021/03/08/ opinion/021a1pol).
El gobierno de Biden renovó hace cinco días la declaración de emergencia nacional en relación a Venezuela emitida por Barack Obama (cuando Biden era vicepresidente) en 2015, afirmando que ese país continúa representando una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y política exterior de Estados Unidos. (David Brooks, La Jornada, Mundo, p. 24)
(EFE, El Universal, Mundo, p. A17)
(AP, Reforma, Internacional, p. 16)
(AFP, El Economista, GeoPolítica, p. 47)
(Redacción, La Razón, Mundo, p. 17)
(Fran Ruiz, La Crónica, Mundo, p. 18)
(Reuters y AFP, El Sol de México, Mundo, p. 25)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.