El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación instalará módulos de detección, triage y atención de Covid-19 en puntos de internación y sedes migratorias de los estados de Chihuahua y Tamaulipas, a fin de fortalecer la prevención y manejo adecuado de la enfermedad en la frontera norte del país, ante el paso continuo de migrantes y repatriados, así como solicitantes de asilo, residentes en albergues y quienes enfrentan barreras para el acceso a la atención de la salud.
El organismo señaló en un comunicado que la habilitación de los módulos se realizará con el apoyo de las organizaciones Panamericana de la Salud (OPS) e Internacional para las Migraciones (OIM), que donaron ayer de manera simbólica el mobiliario y los equipos e insumos médicos necesarios durante una ceremonia realizada en el puente internacional de Puerto Palomas de Villa, en Chihuahua.
La OPS y la OIM mantienen un acuerdo de cooperación para fortalecer y ampliar sus actividades de apoyo a los países de América en el abordaje de la salud de los migrantes.
La OPS trabaja con los países americanos para mejorar la salud y calidad de vida de su población. Fundada en 1902, es la agencia internacional de salud pública más antigua del mundo y funciona como la Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud.
Creada en 1951, la OIM es la agencia de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) especializada en el ámbito de la migración y trabaja en estrecha colaboración con asociados gubernamentales, intergubernamentales y no gubernamentales. Su propósito es ayudar a garantizar la gestión ordenada, segura y en condiciones humanas de la migración. (De la Redacción, La Jornada, Política, p. 10)
Los fondos que durante 2019 el gobierno federal etiquetó para impulsar programas sociales en las naciones de Centroamérica con el propósito de mitigar las causas de la migración forzada no se destinaron a ese objetivo, sino a la restauración de 10 estaciones migratorias y al control de flujos de movilidad.
Así lo observó la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en la revisión del plan dirigido al apoyo a esa región para implementar los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo Futuro.
Al analizar la cuenta pública 2019, cuyos resultados se entregaron hace unas semanas, la ASF fiscalizó el desempeño de la Estrategia de Cooperación Financiera para Países de Mesoamérica y el Caribe, a la cual ese año se asignaron mil 188 millones de pesos que se dirigirían a Honduras y El Salvador, y advirtió que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) no tuvo mecanismos de monitoreo y evaluación para dichos fondos.
El órgano fiscalizador señaló que la cancillería y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Amexcid) no determinaron cuáles son las acciones necesarias para asegurar resultados de estos programas en las dos naciones centroamericanas.
Observó que ese año no se entregaron recursos para dicho fin, pero se destinaron más de 74 millones de pesos para la rehabilitación de estaciones migratorias y albergues y al apoyo para el traslado terrestre voluntario y gratuito de personas en territorio nacional.
Esta estrategia fue creada en 2011 por Felipe Calderón para financiar programas y proyectos de infraestructura en Centroamérica, y dependía de la Secretaría de Hacienda. A mediados de 2019, en la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador se reorientó para atender la crisis migratoria, su operación se trasladó a la SRE, en particular de la Amexcid. Esto después que el ex mandatario de Estados Unidos Donald Trump amenazó con imponer aranceles a las importaciones mexicanas a menos que México hiciera más para contener la migración irregular. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 10)

Peñitas, Texas.- A orillas del río Bravo, en la localidad de Peñitas, en Texas, aparecen cientos de pulseras de colores que les arrancan a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos procedentes de México.
De acuerdo con oficiales fronterizos, cárteles de la droga y traficantes de personas colocan distintivos a las personas que les pagan por ingresar de forma ilegal a territorio estadunidense.
Además, es una tendencia que va en aumento, denunciaron.
Las bandas de plástico son rojas, azules, verdes o blancas y se identifican como “llegadas o entradas”.
Las cintas son desechadas después de que los migrantes cruzan el río.
La información de esos brazaletes representa una multitud de datos que son utilizados por organizaciones de tráfico de personas, para medir el estatus del pago de una persona o su vínculo con grupos delictivos”, aseguró Matthew Dyman, vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés).
De acuerdo con la agencia Reuters, su uso no había sido ampliamente identificado previamente.
Los agentes de la Patrulla Fronteriza en el sector del Valle del Río Bravo, que ocupan más de 88 mil kilómetros cuadrados a lo largo de la frontera en el este de Texas, han hallado esos distintivos en las muñecas de los migrantes que son detenidos.
Un migrante procedente de Honduras relató que pagó 500 dólares (10,618 pesos mexicanos) por un brazalete color morado. “Es para que no estemos en peligro, ni nosotros ni el coyote”, expresó en condición de anonimato.
La clasificación de los migrantes por colores demuestra la sofisticación de las organizaciones criminales, aseguró Theresa Cardinal Brown, directora de la organización de análisis Centro de Política Bipartidista.
Para ellos es un negocio, eso significa que hay esquemas y se busca la eficiencia”, dijo.
“EVITAR MUERTES”
Un pollero relató que los migrantes que buscan ingresar a Estados Unidos reciben una pulsera de color para identificar a quienes pagaron el derecho de transitar en un territorio controlado por cárteles.
Se les coloca el brazalete, así no los matan por error”, dijo un traficante de personas en condición de anonimato.
El brazalete se coloca a niños y adultos. (Reuters, Excélsior, P.p.)
La Organización Internacional para las Migraciones (OIM) recomendó reforzar el programa de trabajo temporal en la frontera sur como medida para disminuir la migración ilegal a Estados Unidos.
En su diagnóstico a partir de la documentación para desempeñar actividades remuneradas entre México y Guatemala, la OIM y el Colegio de la Frontera Norte (Colef) advierten una disminución, en los últimos cinco años, en el otorgamiento por parte del gobierno mexicano de tarjetas para trabajar temporalmente en Chiapas, a la par de un aumento en el cruce ilegal para laborar en Tabasco y Oaxaca.
Consideraron que como parte de la estrategia entre México y EU para frenar la migración ilegal hacia el norte, nuestro país debe promover la agricultura en el sur para proporcionar trabajo temporal a los migrantes de manera segura que les permita regresar a sus países de origen. (Roxana González, El Sol de México, República, p. 8)
(Roxana González, La Prensa, Nacional, p. 15)
Al mostrar beneplácito por las iniciativas de ley del presidente Joe Biden, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, insistió en que se deben tipificar incluso como terrorismo doméstico los crímenes de odio y otro tipo de agresiones contra migrantes.
“Hemos manifestando a la administración Biden que nosotros vemos con profunda simpatía las iniciativas que han venido presentando, entre éstas la que tiene que ver con el reconocimiento de ciudadanía a más de 11 millones de mexicanas y mexicanos que están por allá, según el último censo de Estados Unidos.
Lo vemos con mucha simpatía porque es sacarlos de una situación de extrema fragilidad para que tengan una vida plena de derechos, señaló durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.
Aclaró que si bien no puede cabildear en el Congreso estadunidense, por respeto a la autodeterminación de los pueblos, el gobierno mexicano no asume una actitud pasiva ante esta problemática.
“Sabemos que hay diversas iniciativas –para las víctimas de actos de odio contra migrantes– y desde aquel incidente lamentable en El Paso, Texas, una prioridad de la cancillería ha sido que se tipifique como terrorismo doméstico, tal como está tipificado en la ley estadunidense.
Es decir, todo acto de violencia que esté generado en la comunidad étnica a la que pertenece, más allá de odio, incluso como un acto terrorista, indicó
Ebrard recordó que en la Organización de Estados Americanos se reconoció como acto terrorista lo que ocurrió en El Paso, Texas, y el gobierno mexicano tiene registro de todas las organizaciones que promueven el odio en contra de connacionales en Estados Unidos.
Confió que con el gobierno de Biden aumente la coordinación para atender esta problemática, por la vía diplomática y legal, con las autoridades gubernamentales y agencias de investigación como la FBI. (Fabiola Martínez y Roberto Garduño. La Jornada, Política, p. 10)
(Víctor Sancho, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 42)
Un juez penal liberó órdenes de aprehensión contra el ex dirigente del Partido Revolucionario Institucional capitalino, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y la diputada local priísta Sandra Vaca Cortés, así como contra otras tres personas, por los delitos de trata de personas en las modalidades de explotación sexual agravada, en grado de tentativa y de publicidad engañosa, y de asociación delictuosa, señaló la Fiscalía General de Justicia (FGJ).
Tras una investigación conjunta, la Unidad de Inteligencia Financiera informó que congeló sus cuentas bancarias, aunque no tiene el monto preciso porque los bancos tienen 48 horas para reportarlo a las autoridades, pero en tres semanas contará con las cifras finales.
La FGJ solicitó la colaboración de la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y de las fiscalías de las entidades federativas para la búsqueda, localización y aprehensión de estas cinco personas.
La semana pasada, sin embargo, Gutiérrez de la Torre promovió un juicio de amparo contra la orden de aprehensión, que admitió a trámite el juez decimoprimero de distrito de amparo en materia penal, Jorge Medina Gaona.
El togado no precisó si le concedió la suspensión contra el mandamiento judicial, pero agendó para el 29 de marzo, a las 12 horas, la audiencia constitucional en la que se determinará si le concede la protección de la justicia federal.
Por separado, el juzgado decimosexto de distrito de amparo en materia penal le concedió la suspensión provisional a Roberto Zamorano Pineda, ex secretario de Finanzas del PRI capitalino, contra la orden de captura, aunque no impide que sea detenido, pues el delito que se le imputa es considerado como grave en el anterior sistema de justicia.
El colaborador de Gutiérrez de la Torre deberá pagar una garantía de 13 mil 500 pesos, y en caso de que la autoridad responsable acepte la existencia del acto reclamado, comparecer dentro de los tres días siguientes a la recepción del informe correspondiente, pero, de incumplir con cualquiera de los requisitos, la suspensión dejará de surtir efectos, indicó.
La diputada priísta, por su parte, no cuenta con fuero, por lo que en el Poder Legislativo no habría ningún procedimiento ni juicio y podría enfrentar a la justicia en cualquier momento, afirmó la presidenta de la mesa directiva del Congreso local, Margarita Saldaña.
Las otras dos mujeres involucradas en este caso son Claudia Priscilia Martínez González y Adriana Rodríguez Regalado, precisó la FGJ, al asegurar que en la integración de la indagatoria se realizó una investigación profesional, objetiva y apegada a la ley.
Destacó que se cuenta con todos los elementos probatorios para determinar la posible responsabilidad penal de las personas señaladas, e informó que se implementó un esquema de protección para las tres personas agraviadas.
Gutiérrez de la Torre fue acusado en 2014 de operar una red de prostitución, pero no se ejerció acción penal por el delito de trata de personas, por lo que la dependencia inició el año pasado una investigación contra cinco servidores públicos involucrados en el caso. (Laura Gómez Flores, Israel Rodríguez, César Arellano García y Sandra Hernández García, La Jornada, P.p.)
(Rubén Mosso, Milenio, Política, p. 10)
(David Fuentes, Héctor Cruz y Diana Lastirí, El Universal, Metrópoli, p. A17)
(Viridiana Martínez y Ariadna Lobo, Reforma, P.p.)
(Davis Saúl Vela, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 37)
(Nayeli Cortés e Iván E. Saldaña, El Heraldo de México, P.p.)
(Jorge Chaparro, La Razón, México, p. 9)
(Redacción, La Crónica, Metrópoli, p. 10)
(Daniela Wachauf, 24 Horas, CDMX, p. 9)
(Noel F. Alvarado, La Prensa, P.p.)
(Noel F. Alvarado,El Sol de México, Metrópoli, p. 21)
(Índigo Staff, Reporte Índigo, Reporte, p. 8)
La Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina capturaron en Zapopan, Jalisco, a Juan Manuel Abouzaid El Bayeh, “El Árabe”, señalado en México y Estados Unidos como presunto operador financiero y del tráfico de drogas del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De acuerdo con la Fiscalía, el sospechoso fue detenido con base en una orden de aprehensión librada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur de la Ciudad de México.
“Los elementos de la Policía Federal Ministerial, con apoyo de la SEMAR, cumplimentaron la detención en la Avenida Ludwig Van Beethoven, en la ciudad de Zapopan, Jalisco”, precisó la FGR.
“Tras la respectiva certificación médica y demás trámites necesarios, incluyendo las medidas sanitarias correspondientes, derivadas de la contingencia de salud, el detenido fue trasladado a la Ciudad de México a fin de ponerlo a disposición de la autoridad federal requirente”.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos recientemente incluyó a Abouzaid en su lista de narcotraficantes internacionales de alto nivel, por su supuesto vínculo con el CJNG, razón por l que bloqueó sus cuentas bancarias.
En México, desde el año pasado, la Unidad de Inteligencia Financiera le había inmovilizado sus activos financieros, por las sospechas de lavado.
Conocido también con los alias de “El Escorpión” y “El Nene”, el supuesto operador financiero está acusado en la Unión Americana de los delitos de asociación delictuosa para distribuir cocaína y metanfetaminas, con la intención de importarlas a territorio estadounidense.
Según autoridades federales, en México las fichas de identificación, redes técnicas y de vínculos familiares y análisis de la estructura criminal, determinaron que el mismo está asociado al CJNG y es señalado como una pieza clave de lavado de dinero y tráfico de drogas para esa organización. (Staff, Reforma, Nacional, p. 13)
(Raúl Flores, Excélsior, Nacional, p. 12)
El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) extendió sus operaciones a Rumania, desde donde controla el trasiego de drogas por varias naciones de Europa.
De acuerdo con documentos desclasificados del Departamento de Justicia de Estados Unidos, a los que MILENIO tuvo acceso, las operaciones delictivas de la organización mexicana desde Rumania incluyen el tráfico de cocaína y metanfetaminas, así como lavado de dinero.
Con base en información de la DEA, la justicia estadunidense ha descubierto que el control de drogas que el CJNG opera desde Rumania se extiende incluso hasta países como Nueva Zelanda.
La red de trasiego de droga fue descubierta luego de que el gobierno de Rumania extraditó a Estados Unidos al mexicano Carlos Rubén Ramírez Monroy, a quien la justicia estadunidense identifica como uno de los principales líderes del cártel en aquella nación europea.
Según la causa penal número 4:19-CR-00631-01, que se mantiene abierta en la Corte de Distrito del Sur de Texas, Ramírez Monroy fue entregado por la justicia rumana a su homóloga estadunidense el 15 de julio de 2020 y actualmente se encuentra detenido en el Centro de Detención Joe Corley, en Conroe, Texas.
“El proceso de aportación de pruebas (contra el ciudadano mexicano) está en curso y se relaciona con una investigación internacional de múltiples agencias que se extiende desde al menos 2016. El gobierno (estadunidense) ha comenzado un proceso de desahogo de pruebas, que es largo y complicado. Consiste principalmente en numerosos informes detallados y grabaciones de audio. El gobierno está en proceso de poner las grabaciones de audio a disposición de los abogados defensores”, se establece en la causa criminal.
Ramírez Monroy fue detenido en marzo de 2020 por la Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada y el Terrorismo, del gobierno rumano, y apenas el 21 de febrero pasado la justicia de ese país del sureste europeo dio a conocer un video en el que se muestra la captura del mexicano, a quien se describe como “miembro de una gran red criminal en México, involucrado en el tráfico internacional de drogas”.
El 8 de mayo de 2020, el Ministerio de Justicia rumano autorizó su extradición a Estados Unidos, luego de que el 23 de enero de ese año la Corte de Distrito de Texas emitiera una orden de captura en su contra.
En Estados Unidos, las autoridades judiciales aseguran que al menos desde agosto de 2016, Ramírez Monroy participó en un esquema de tráfico de metanfetaminas y cocaína en Europa para el Cártel Jalisco Nueva Generación, por lo que el Departamento de Justicia espera que se le impongan al menos 10 años de prisión y hasta cadena perpetua. Autoridades rumanas que participaron en la detención del mexicano de 31 años han reportado que era un operador financiero del CJNG, encargado de recibir los cargamentos de droga que se hacían llegar al puerto de Constanza, ubicado a orillas del mar Negro, en el sureste de aquella nación.
La Dirección de Investigación de la Delincuencia Organizada ha explicado que la detención de Ramírez Monroy en territorio rumano fue producto de la llamada Operación Python, mediante la cual el Departamento de Justicia y la DEA llevaron a cabo un proyecto internacional que tuvo como meta la interrupción de las actividades criminales internacionales y el desmantelamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.
MILENIO buscó a Crispín Quintanilla, abogado del ciudadano mexicano, con el fin de conocer más detalles del proceso, pero afirmó no tener comentarios al respecto.
Caso Florián Tudor
Los jueces del tribunal en Rumania que revisaron la solicitud de la fiscalía de ese país no concedieron la orden de aprehensión contra el empresario Florián Tudor, vinculado con la llamada mafia rumana dedicada a la clonación de tarjetas bancarias en destinos turísticos de México.
En su país, Tudor está acusado de instigación para intento de asesinato, chantaje y formar un grupo delictivo. Las dos primeras acusaciones son por hechos presuntamente ocurridos en México. La Dirección de Investigación contra Delincuencia Organizada y Terrorismo (DIICOT) de la fiscalía rumana pidió el arresto de Tudor por esos delitos, pero el Tribunal de Bucarest revisó el caso y detectó un error de procedimiento en la audiencia celebrada este martes 9 de marzo. (Ángel Hernández, Milenio, P.p.)
Tijuana.- La Fiscalía de Baja California solicitará a las autoridades de inmigración de EU informar sobre los antecedentes de los deportados a territorio mexicano, luego de que un paisano con un largo historial delictivo en el vecino país fuera el autor del ataque contra dos guardias nacionales.
El fiscal Guillermo Ruiz Hernández informó que el atacante había sido deportado a Tijuana des de 2016 y que en EU había perpetrado una larga lista de delitos de gravedad, entre los que destacan posesión de drogas y robo con violencia, entre otros.
Otros deportados han asesinado a policías, ya sea municipales o ministeriales, toda vez que se de dican a actividades ilícitas y mantienen nexos con bandas criminales. (Arturo Salinas, Excélsior, Nacional, p. 14)
Un muerto y 21 lesionados, entre ellos niños, es el saldo de la volcadura de una camioneta que trasladaba a indocumentados sobre la carretera Federal 190 en Santiago Tenango, Oaxaca. El accidente ocurrió después de las 6:00 de la mañana de ayer. (Carina García, El Heraldo de México, Estados, p. 19)
Washington. El gobierno de Joe Biden se enfrenta a un escenario imprevisto: el aumento de menores no acompañados en la frontera sur de Estados Unidos y la poca capacidad de respuesta para atender y resolver la emergencia.
Unos 3,250 migrantes menores no acompañados que han llegado a Estados Unidos permancen bajo custodia de la Patrulla Fronteriza, de los cuales al menos 1,360 han superado el plazo máximo de 72 horas de detención, al término del cual la ley obliga a transferirlos a refugios desde los centros de detención, instalaciones que se encuentran saturadas, informó la prensa estadounidense.
La cifra reportada hasta el lunes 8 de marzo es tres veces mayor que la de hace dos semanas y casi el doble de los 1,700 niños en dependencias de esa agencia la semana pasada, según datos obtenidos por NBC y el diario The New York Times.
Casi 170 de los niños que permanecían detenidos hasta el lunes eran menores de 13 años.
The New York Times puntualizó que tanto la falta de infraestructura como la pandemia del Covid-19, han limitado la capacidad de respuesta del gobierno, además de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) está rebasado.
La ley obliga a trasladar a los menores, en el plazo de tres días desde su detención, a refugios gestionados por el Departamento de Sanidad, donde permanecen hasta que encuentren un hogar.
Dichos refugios operaban a capacidad reducida debido a la pandemia sanitaria, pero el viernes pasado el Gobierno levantó las restricciones. Aun así, según los documentos citados por el Times, también estos refugios se encuentran a 13 días de alcanzar la “capacidad máxima”. Hasta 2,600 menores están esperando ser alojados en los refugios más adecuados, según CNN, pero solo hay 500 camas disponibles.
Indocumentados
La cifra récord aumenta la presión a la administración Biden y revela la urgencia de gestionar el incremento de las personas migrantes que tratan de llegar a Estados Unidos a través de la frontera con México.
Un informe de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP) reveló que en enero del 2021 se llevaron a cabo 78,323 detenciones de inmigrantes indocumentados en la frontera sur. En diciembre el número de arrestos alcanzó los 73,923.
“Se espera que las autoridades de inmigración anuncien esta semana que hubo cerca de 100,000 detenciones, incluidos encuentros en las entradas de puertos, en febrero, según personas familiarizadas con los últimos datos”, informó el NYT.
La Casa Blanca no confirmó las cifras pero dijo que está buscando nuevas instalaciones para albergar a los niños no acompañados que le permitirían trasladarlos de las instalaciones temporales de la Patrulla Fronteriza a viviendas administradas por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, donde los niños tendrían acceso a educación, atención médica y servicios legales. “No queremos que estén en las instalaciones de CBP”, aseguró Jen Psaki, secretaria de prensa. (Agencias, El Economista, Geopolítica, p. 56)
(Fran Ruiz, La Crónica, Mundo, p. 18)
(Redacción, 24 Horas, Mundo, p. 14)
Miami.- La fiscala general de Florida, Ashley Moody, dijo ayer que planteó una demanda ante la justicia federal para detener de inmediato las políticas migratorias del Presidente Joe Biden, al considerar que ponen en peligro la seguridad de estadounidenses y de migrantes por igual.
En su caso, Moody aseguró que las acciones de la Administración han creado rápidamente “una pesadilla” de seguridad pública.
La fiscala republicana, afín al ex Mandatario Donald Trump, presentó la denuncia y una moción para una orden judicial preliminar contra el Gobierno de Biden.
En concreto, citó las directivas emitidas para frenar los arrestos y las deportaciones “de ciertos criminales que están en el país ilegalmente, muchos de ellos violentos o condenados por cargos de tráfico de drogas”, según un comunicado.
“La política imprudente de la Administración Biden de negarse a hacer su trabajo y deportar criminales pone en riesgo todos esos logros (del Gobierno de Trump) y la seguridad pública”, subrayó Moody.
Acusó a Biden de romper con la norma de los Presidentes de las últimas dos décadas, tanto republicanos como demócratas, de detener y expulsar a los delincuentes.
Uno de los primeros decretos del actual Mandatario al asumir el cargo fue suspender 100 días las deportaciones, lo que provocó impugnaciones de estados, como en Texas y Arizona.
Tras el bloqueo judicial a la moratoria, Biden optó por cambiar las prioridades de detención para que se arreste y expulse primero a migrantes que sean una amenaza para la seguridad nacional. (EFE, Reforma, Internacional, p. 14)
(Redacción, Ovaciones, Internacional, p. 14)
Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos desechó ayer, a pedido del gobierno del presidente Joe Biden, una disputa sobre la legalidad de una norma del ex mandatario Donald Trump, que prohíbe que los migrantes que se considere necesitarán beneficios estatales reciban la residencia legal permanente.
Biden, quien ha criticado la posición de Trump ante la inmigración, eliminaría la política conocida como norma de carga pública.
Los jueces acordaron en febrero escuchar una apelación presentada por el gobierno de Trump contra el fallo de un tribunal menor que determinó que la norma viola las leyes administrativas y de inmigración federal, ya que amplía la definición de quién cuenta como una “carga pública” y aumenta el número de personas a las que se les rechazaría la residencia.
Bajo la política de Trump los solicitantes de residencia permanente tenían que mostrar que no iban a constituir cargas públicas.
La ley federal requería de antemano que aquellos que aspiraran a la residencia permanente o un estatus legal probaran que no serían cargas públicas. Sin embargo, la regla del gobierno de Trump incluyó una amplia gama de programas federales que podían descalificar a los solicitantes.
Los defensores de los inmigrantes la calificaron de una prueba de riqueza, mientras los expertos de salud pública dijeron que la aplicación significaría peores condiciones de salud y mayores costos, ya que los inmigrantes de bajos recursos tendrían que escoger entre servicios necesarios y sus aspiraciones para quedarse en el país permanentemente.
Los jueces, a petición del gobierno, también aplazaron causas que habían aceptado considerar sobre el financiamiento de secciones del muro en la frontera con México y la política de forzar a los solicitantes de asilo a esperar en México por sus audiencias. (Reuters, Ap y Afp, La Jornada, Mundo, p. 23)
(Agencias, Reforma, Internacional, p. 14)
(Reuters, Excélsior, Global, p. 25)
(Redacción, El Financiero, Mundo, p. 30)
(Reuters, Ovaciones, Internacional, p. 14)
A pesar de la promesa del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de que acabaría con la detención de familias migrantes y cerraría los centros donde son retenidos, un alto funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) afirmó que esa agencia no tiene previsto terminar con esa práctica.
“El ICE mantiene el sistema de detención de familias”, dijo el funcionario a la cadena NBC News bajo condición del anonimato. “No cerraremos los centros de detención familiar”.
La semana pasada, la administración demócrata presentó un plan para retener a los migrantes por menos de 72 horas y no deportarlos, pero el funcionario dijo que el ICE no impondrá ese límite y continuará reteniendo familias hasta el límite legal de 20 días ordenado por la Corte. Incluso se ampliará la cantidad de camas en los centros de detención y se deportará a la mayoría, aseguró a NBC.
“El gobierno de Biden prometió frenar la detención de familias por parte de compañías privadas de prisiones”, dijo Shalyn Fluharty, directora del Proyecto Dilley, que brinda servicios legales gratuitos a familias migrantes detenidas. “Esta no es la respuesta justa y humana que merecen esas familias vulnerables”, comento a la cadena estadounidense.
El aumento de las detenciones en la frontera ha puesto en apuros al gobierno de Biden.
Medios de EU informaron que más de 3 mil 200 niños migrantes que han llegado a Estados Unidos sin compañía de su padre o tutor legal permanecen bajo custodia de la Patrulla Fronteriza y unos mil 400 de ellos han estado detenidos más allá del límite legal de tres días.
Ante esto, el expresidente Donald Trump acusó de nuevo a Biden de causar un desastre en la frontera con México, mientras la fiscalía general de Florida anunció una demanda judicial contra los responsables de inmigración para neutralizar los cambios migratorios. (Redacción y EFE, El Sol de México, Mundo, p. 24)
Túnez. Al menos 39 migrantes murieron al naufragar ayer dos embarcaciones frente a las costas de Túnez cuando intentaban cruzar el Mediterráneo hacia la isla italiana de Lampedusa, informó el Ministerio de Defensa tunecino.
Los guardacostas rescataron a otros 165, y se sigue buscando a más supervivientes frente a la costa de Sfax, dijo el portavoz del ministerio, Mohamed Zekri. Todos los fallecidos procedían del África subsahariana, añadió.
El litoral cercano a la ciudad portuaria tunecina de Sfax se ha convertido en un importante punto de partida para las personas que huyen de los conflictos y la pobreza en África y Medio Oriente en busca de una vida mejor en Europa.
En 2019, unos 90 migrantes africanos se ahogaron cuando su embarcación zozobró frente a la costa tunecina tras partir hacia Europa desde la vecina Libia, en una de las peores catástrofes de este tipo a las que han tenido que hacer frente las autoridades tunecinas.
En 2020, el número de tunecinos que desembarcan en las costas italianas se multiplicó por cinco hasta alcanzar los 13 mil, según un grupo de derechos humanos, que atribuyó este aumento a las dificultades económicas padecidas en Túnez.
Mientras, las autoridades españolas de las islas Canarias frente al noroeste de África rescataron un bote que transportaba a 48 migrantes, entre los cuales había un muerto, e investigaban si a otras cuatro personas las arrojaron por la borda durante la travesía.
Los sobrevivientes dijeron a la policía que otros cuatro murieron durante la travesía, dijo la delegación del gobierno español en las Canarias. La Policía Nacional inició una investigación. En 2020 legaron a las islas 23 mil personas; la mayoría recogió el Salvamento Marino español. Más de 500 murieron o desaparecieron en la travesía. (Reuters y Ap, La Jornada, Mundo, p. 23)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.