Durante la pandemia por Covid-19, el Gobierno ha dejado en el desamparo a los migrantes y desatendido mandamientos judiciales que buscan su protección, señalan organizaciones civiles.
En un informe que presentarán hoy miércoles, documentan las evasivas de dependencias como el Instituto Nacional de Migración (INM) para informar a jueces las medidas de protección en estaciones de detención.
“Hay un patrón de conducta discriminatorio, sistemático y generalizado para las autoridades locales y federales en el marco de la pandemia.
“Cuando el Estado mexicano debería reaccionar con todo el marco de protección frente a una pandemia, documentamos terribles deficiencias, como una ausencia del Estado para la población migrante, y un desinterés absoluto de las autoridades por atender los amparos, por atender las quejas”, consideró Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD).
En el documento, de 119 páginas, se indica que la organización Asylum Access visitó las estaciones migratorias de Tabasco, Ciudad de México y Baja California, donde constató que no se respetan las medidas de higiene dictadas por la Ssa para la prevención del Covid-19.
Ante el hacinamiento, problemas de higiene y falta de acceso a servicios de salud en las estaciones, las organizaciones presentaron diversos amparos, con énfasis en la protección de los migrantes que han sido expulsados de manera exprés por Estados Unidos hacia México.
Por ejemplo, en el amparo 293/2020, promovido el 15 de abril en Baja California, se ordenó practicar exámenes para detectar SARS-CoV-2 y evitar el confinamiento de los migrantes enviados desde EU a México.
“Hasta la fecha de publicación de este informe, las organizaciones quejosas no han recibido noticias sobre el cumplimiento de la suspensión”, se indica en el informe.
Alejandra Macías, directora de Asylum Access, lamentó que las autoridades no den cumplimiento a las órdenes judiciales.
“El INM no ha rendido el informe justificado… no tenemos certeza de cuántas personas han salido de las estaciones migratorias por órdenes judiciales”, indicó.
Del 21 de marzo al 31 de agosto, Estados Unidos ha expulsado hacia México a 147 mil 601 migrantes, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza.
“México ha puesto la política de contención migratoria por encima de la salud de las personas, de todos, porque en la pandemia hemos aprendido que si no estamos todos bien, ninguno de nosotros está bien”, dijo Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración. (César Martínez, Reforma, Nacional, p. 19)
El gobierno tiene un pendiente con los casi 4 millones de trabajadores mexicanos que laboraron en Estados Unidos entre 1942 y 1964, mejor conocidos como braceros, y que hoy con la desaparición del Fideicomiso 10230 “Fondo de Apoyo Social para ex trabajadores migratorios mexicanos”, quedan a la deriva, advirtió Aaron Cabañas, presidente nacional de la Unión de Campesinos y Emigrantes Mexicanos.
En entrevista con Excélsior, explicó que entre 2005 y 2018 se conformaron 48 listas de estos extrabajadores que, según datos oficiales, incluyó a 222 mil 871 que tenían derecho a un apoyo social por 38 mil pesos, aunque solo 214 mil lo han podido cobrar por lo complicado que ha resultado cumplir los requisitos.
Lo anterior ha significado cubrir solo el 6 por ciento de los 4 millones de ex braceros que tendrían derecho a la compensación y que hoy de forma personal, por familiares o representantes demandan.
“En las pláticas que tuvimos con los diputados pedimos que se hiciera un análisis de cada fideicomiso… no dudamos que existan aviadores en los fideicomisos, que quizá haya corrupción o se ocupe para otras cosas, pero hay fideicomisos que estaban cumpliendo con su objeto para el cual fueron creados como éste y por eso nos opusimos”, señaló.
Hasta junio pasado el Fideicomiso 10230 Fondo de Apoyo Social para Extrabajadores Migratorios Mexicanos contaba con 142 millones 952 mil 785 pesos y pese a que no ha tenido asignación presupuestal desde 2013, sigue generando rendimientos.
“Entonces, lo que estamos pidiendo nosotros es que se reconozca a todos los braceros y en segundo lugar, que se abra la mesa de diálogo y negociación porque no solamente es el fideicomiso y el apoyo social sino el pago del fondo de ahorro campesino”.
Este fondo de ahorro campesino que sería adicional al apoyo de los 38 mil pesos se demanda pague un millón 096 mil pesos a cada extrabajador bracero que ayudó en sacar adelante la economía de Estados Unidos luego de la Segunda Guerra Mundial.
Tras reprochar a los diputados de Morena por ni siquiera analizar la importancia de conservar este fideicomiso, Cabañas Marcial confió en que la Cámara de Senadores no apruebe la minuta de San Lázaro porque en el caso particular de este fondo no ha cumplido con su objetivo.
“El fideicomiso, aunque lo haya desparecido la cámara no va a poder desaparecer por dos sencillas razones: la propia ley que lo creo dice que no puede desaparecer hasta que cumpla con el apoyo social a los braceros que lo soliciten y dos, hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena hacer el pago a los braceros que lo soliciten”
Las distintas organizaciones de ex braceros y familiares analizan nuevas acciones que llevarán a cabo estos siguientes días para evitar que el Senado apruebe la desaparición y se pierdan los recursos en el presupuesto. (Enrique Sánchez, Excélsior, P.p.)
Con 175 votos en favor, ayer México fue elegido para un segundo periodo como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU).
La designación se dio en el contexto del 75 periodo de sesiones de la Asamblea General del organismo multilateral.
México, así como Bolivia y Cuba, fueron los tres representantes de América Latina elegidos como miembros del consejo para el bienio 2021-2023, cuya representación empieza el 1º de enero del próximo año. También fueron elegidas otras 12 naciones.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU es el organismo intergubernamental especializado de mayor jerarquía en esa materia dentro del Sistema de las Naciones Unidas. Cuenta con 47 Estados miembros y tiene como propósito velar por la promoción y la protección de los derechos humanos en el mundo. México es miembro del consejo en el bienio 2018-2020.
La misión de México en la ONU, encabezada por Juan Ramón de la Fuente, destacó en un comunicado que por primera vez nuestro país formará parte de manera simultánea de los tres órganos más importantes de la ONU: los consejos de Derechos Humanos, de Seguridad y el Económico y Social.
“Con esta elección, México continuará promoviendo las iniciativas y trabajos para garantizar el estado de derecho, la justicia, el empoderamiento de mujeres y niñas, así como los esfuerzos para combatir la violencia de género y eliminar la discriminación.
Asimismo, seguirá trabajando para proteger los derechos de los grupos en situaciones de vulnerabilidad y marginación, como las niñas, niños y adolescentes; las personas mayores y las mujeres; los pueblos indígenas; migrantes, refugiados y desplazados internos; las personas LGBTI y con discapacidad, particularmente en el contexto de la pandemia de Covid-19, enfatizó la misión de México ante la ONU.
Los 15 nuevos miembros elegidos para el Consejo de Derechos Humanos son, estados africanos: Costa de Marfil, Gabón, Malawi y Senegal; Grupo Regional de América Latina y el Caribe: México, Bolivia y Cuba; zona Asia-Pacífico: China, Nepal, Pakistán y Uzbekistán; Europa Oriental: Rusia y Ucrania; Europa Occidental y otros estados: Francia y Reino Unido.
Para Juan Carlos Gutiérrez, director de la organización civil Idheas-Litigio Estratégico en Derechos Humanos, está relección de México se concretó en buena medida por la falta de competencia para ocupar dicho puesto, ya que el país no ha asumido un compromiso claro de cumplir con las recomendaciones y determinaciones de diversos organismos internacionales.
Además, sostuvo que la Secretaría de Relaciones Exteriores debe explicar cuál será su estrategia para cumplir los múltiples señalamientos internacionales que ha recibido el país, con la finalidad de demostrar que su preocupación por los derechos humanos es también de puertas hacia adentro. (De la Redacción, La Jornada, Política, p. 4)
(Enrique Sánchez, Excélsior, Alerta Coronavirus, p. 12)
La recta final de la contienda electoral por la presidencia de Estados Unidos ya inició. Dentro de pocos días el mundo conocerá si Donald Trump repite para un segundo periodo o si Joe Biden consigue la hazaña y frena la reelección del magnate neoyorquino, algo que no sucede desde 1993.
Esta elección se ha visto opacada por la pandemia de COVID-19, una enfermedad que ha cambiado las necesidades del país, las formas de hacer campaña y la manera de votar.
Los mexicanos que radican en Estados Unidos junto a los oriundos de otras nacionalidades de América Latina forman la minoría más grande que podrá votar en estas elecciones. De acuerdo con el Pew Research Center, los 32 millones de hispanos que podrán elegir al nuevo presidente representan más del 13 por ciento del electorado estadounidense, incluso se encuentra arriba de los afroamericanos, que constituyen el 12.5 por ciento.
En cuanto a las preferencias del voto, los mexicanos se inclinan en un 65 por ciento a votar por Joe Biden, mientras que el 19 por ciento lo haría por Trump y el 16 por ciento se encuentra indeciso, de acuerdo al sondeo UnidosUS 2019 National Survey of the Latino Electorate.
Avelino Meza, secretario general de Fuerza Migrante, un movimiento binacional que engloba a más de 150 organizaciones en pro de los derechos de los migrantes, señala que la prioridad para la comunidad migrante es impulsar a un candidato que se comprometa a una reforma migratoria, pero ninguno de los dos aspirantes presidenciales lo ha hecho.
“En las últimas fechas hemos visto cómo, durante el cierre, el candidato demócrata ha señalado más frecuentemente el tema de una posible reforma migratoria, pero históricamente eso ha sucedido en otras campañas y esa reforma migratoria, que es la punta de lanza de la agenda latina, no ha sucedido.
Finalmente, Avelino Meza insiste en la necesidad de impulsar el voto migrante, principalmente entre los jóvenes, ya que ellos tienen en sus manos la posibilidad del cambio.
“La gente que no puede votar y que está conectada con alguien que sí, por ejemplo un migrante que no puede, pero sus hijos sí, debe de promover el voto entre los jóvenes. No solamente es un tema de capacidades el poder votar, también de empatía y debemos de hacer el cambio”, finaliza. (Rubén Zermeño, Reporte Índigo, Latitud, Pp. 24)
Guadalajara. Sin duda no fue el “Supermartes” de la elección Presidencial de Estados Unidos, pero sí fue el un martes donde los ciudadanos estadounidenses que radican en Ajijic, Jalisco, tienen la oportunidad de emitir su voto y decidir por el candidato que consideren mejor, pero todo parece indicar que en esta comunidad el presidente Donald Trump lleva las de perder ya que lo consideran una persona no querida.
En Ajijic, Jalisco, hay cerca de 20 mil ciudadanos estadounidenses, la mayoría de ellos ya jubilados y que llevan varios años viviendo en la zona de la Ribera de Chapala y muchos de ellos son simpatizantes del Partido Demócrata, en menor medida otros son simpatizantes del Partido Republicano y en general se dicen decepcionados del presidente del país más poderoso del mundo.
Todos los martes de octubre, en la sede The Lake Chapala Society Ajijic (asociación que apoya a ciudadanos del país vecino del norte), funge como el centro en donde se puede emitir, imprimir la boleta y elaborar el paquete para enviar sus votos a los estados de donde son oriundos o tuvieron su última residencia oficial.
En muchas ocasiones esta asociación es el primer contacto de aquellos estadounidenses jubilados que deciden radicar en la zona de la Ribera del Lago de Chapala y ahí les ofrecen un panorama amplio de lo que se pueden encontrar y hacer tanto para ellos como en beneficio de la sociedad a la que desean integrarse.
“Somos el principal punto de referencia para muchos de ellos cuando llegan a vivir aquí a la zona, tenemos un curso de introducción a Lake Site, en donde les enseñamos qué opciones tienen para vivir aquí”, por la contingencia de Covid-19 este curso es en línea y muchos de los asistentes aún no viven en Ajijic, explicó.
Al fondo del espacio habilitado para realizar la votación se escuchaban voces en inglés para dar indicaciones de cómo llenar los documentos, y cómo enviar la carta. El ambiente entre la comunidad se daba entre risas, otros se conocían y se preguntaban “where are you from” para aquellos que apenas se identifican. (Victor Manuel Ramírez, El Sol de México, P.p.)
Estados Unidos
Washington.- Agentes migratorios de Estados Unidos asignados en Guatemala para asesorar a las autoridades locales violaron los términos de su financiamiento al ayudar a deportar a hondureños, según un reporte demócrata de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado estadounidense.
En el documento, difundido ayer, se señala que miembros del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés) malversaron fondos del Departamento de Estado para llevar a cabo una operación no autorizada.
Se apunta que a inicios de este año elementos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) transportaron en Guatemala a migrantes hondureños, incluidos mujeres y niños, en camionetas sin identificación para reubicarlos en la frontera.
“La operación fue realizada de manera improvisada, y sin ningún protocolo para garantizar los derechos humanos de los migrantes”, denuncia el reporte.
La Comisión acusó que los agentes de EU fracasaron en aplicar una evaluación adecuada sobre los individuos en busca de asilo.
Y presentó una solicitud formal para una pesquisa. (Agencias, Reforma, Internacional, p. 20)
Washington. Estados Unidos realizó una operación migratoria irregular en Guatemala el pasado enero para devolver a Honduras a cientos de migrantes que avanzaban en una caravana hacia el norte, denunció el martes un senador estadounidense de alto rango.
Bob Menendez, principal representante de los demócratas en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, señaló que funcionarios del gobierno de Donald Trump en Guatemala detuvieron a hondureños que habían cruzado la frontera guatemalteca, entre ellos a mujeres y niños, y los regresaron a su país en vehículos no identificados oficialmente.
Los agentes del Departamento de Seguridad Interior (DHS) estadounidense, señalados de haber pagado por estos buses, actuaron junto con miembros de la División de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos (DIPAFRONT) de Guatemala, indicó el informe publicado por Menéndez.
El reporte agregó que el operativo, que tuvo lugar a mediados de enero en el este de Guatemala, cerca del puesto fronterizo de Corinto, se realizó sin seguir protocolos de seguridad, protección y derechos humanos, y pudo haber separado a familias.
“El DHS violó su acuerdo interinstitucional con el Departamento de Estado que prohibía explícitamente al DHS realizar operaciones migratorias con fondos de la Oficina Internacional de Asuntos Antinarcóticos y Procuración de Justicia (INL)”, dijo el informe.
El DHS no sólo “intentó encubrir” la operación, sino que “expuso innecesariamente al gobierno de Estados Unidos a posibles responsabilidades legales y financieras”, añadió.
Menendez pidió formalmente el inicio de una investigación en el Departamento de Estado y el DHS.
El DHS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) “no están autorizados para actuar como policía migratoria a través de Latinoamérica”, enfatizó.
Las caravanas masivas de migrantes en el 2018 y el 2019 indignaron al presidente Trump, quien presionó a los países del norte centroamericano a firmar acuerdos de asilo para contener el flujo de indocumentados. (AFP, El Economista, GeoPolítica, p. 47)
(AP, Excélsior, Global, p. 24)
Al presidente estadounidense Donald Trump no le interesa saber gobernar; no ha sabido ser un mandatario ni siquiera en medio de la crisis causada por la pandemia de coronavirus pero, aunque las encuestas reflejan que está en problemas, aún podría ganar las elecciones del 3 de noviembre.
Es la reflexión de John Bolton, exasesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, considerado un halcón por sus posturas conservadoras y cuyo libro, The room where It happened (La habitación donde sucedió), la Casa Blanca intentó a toda cosa evitar que se publicara, sin conseguirlo.
En entrevista con EL UNIVERSAL, Bolton defiende no haber testificado en el juicio político contra Trump en enero, cuestiona los “riesgos innecesarios” que tomó el mandatario frente al coronavirus y afirma que en la relación con México, lo que al jefe de Estado realmente le interesa es la migración.
¿Qué prioridad tiene México para el presidente Trump?
—Bueno, él cree que ganó las elecciones de 2016 en gran parte por sus políticas sobre inmigración ilegal y su compromiso de construir el famoso muro y hacer que México pague por ello. En realidad se ha construido muy poco del muro y México no va a pagar por ello. Es un tema que no creo que comprenda mucho, pero en su mente es algo que sí es un problema.
Creo que el punto principal es sobre todos los esfuerzos que hace para detener la inmigración ilegal. El presidente [Andrés Manuel] López Obrador es muy consciente de la soberanía de México, pero sin duda se ha avanzado en la detención de la inmigración ilegal.
No creo que México se beneficie de una gran cantidad de inmigrantes ilegales que vienen de Centroamérica. Creo que el objetivo debería ser el desarrollo económico, para que la gente pueda disfrutar de una vida mejor en donde nace y luego poder moverse a otro lugar pero no por necesidad. (Ariadna García, El Universal, Mundo, p. A16)
Toronto, Canadá.- Un jornalero mexicano describió este martes ante un tribunal canadiense cómo Juan López Chaparro, un trabajador agrícola que talleció tras contraer COVID-19 en Canadá, fue abandonado por los responsables de la explotación agraria en la que estaba contratado cuando enfermó.
Amador Alcántara Segundo, de 53 años, testificó hoy por teleconferencia desde México ante un tribunal laboral de Ontario que López Chaparro, que era su tío y con quien trabajaba en la granja Scotlynn, pasó una semana enfermo con COVID-19 sin que los responsables le prestaran asistencia médica.
“A finales de mayo de 2020, se enfermó y no le hicieron caso. El capataz sabía muy bien de su caso y no le hicieron caso. Lo dejaron tirado una semana”, declaró Alcántara.
Alcántara es uno de los testigos en el caso presentado por Luis Gabriel Flores, otro trabajador de ScoÜynn que acusa a los responsables de la graqja de despedirlo de forma injustificada por; presuntamente, denunciar las pésimas condiciones laborales y de vivienda en la que se encuentran los extranjeros que trabajan en explotaciones agrarias de Canadá.
Alcántara declaró ante el responsable del tribunal laboral que López Chaparro, de 55 años, casado y con cuatro hyos, solo fue trasladado a un hospital, donde murió posteriormente, porque una ambulancia acudió a un barracón cercano para atender a otros trabajadores.
Centenares de temporeros extranjeros, muchos de ellos mexicanos, han contraído la COVID-19 en Canadá desde que la pandemia se extendió por el país en la primavera.
Además de López Chaparro, otros dos trabajadores mexicanos han muerto en Canadá tras contraer la enfermedad: Bonifacio Eugenio Romero, de 32 años, y Rogelio Muñoz Santos, de 24.
Solo en Scotlynn, 199 de los 221 temporeros extranjeros que trabajaban en la granj a en la primavera contrajeron la enfermedad, entre ellos Flores.
Explotación laboral
Los trabajadores y organizaciones de defensa de los derechos de los jornaleros han denunciado que el sistema que permite que cada año milesdeextranjeros sean contratados por las empresas agrarias de Canadá también da vía a la explotación de estos trabajadores y provocó, en último caso, el elevado número de infecciones de COVID-19.
Luis Gabriel Flores, que se encuentra oculto en Canadá desde que fue despedido porque las normas del programa de trabajo con el que llegó al país le impiden estar legalmente si no mantiene su empleo, también declaró a través de teleconferencia durante la vista y reiteró que fue despedido de Scotlynn después de denunciar las condiciones de vida en las que se encontraban.
Flores ha denunciado a Scotlynn ante los tribunales laborales por despido improcedente y para ser compensado por la pérdida del salario así como por los daños emocionales causados.
Tras la vista de hoy, Flores declaró a preguntas de Efe que se encuentra “muy cansado” tras pasar meses oculto y que quiere volver “a ser la persona que era”. Pero el temporero también dijo que es “optimista” de que el tribunal laboral le dé la razón en su caso contra Scotlynn. (Redacción, Ovacions, Nacional, p. 8)
El gobierno de EU ofreció un millón de dólares a quien proporcione información que lleve a la captura de uno de los narcotraficantes más buscados, José Rodolfo Villarreal Hernández, quien pertenece al cártel de los Beltrán Leyva, situado presuntamente en San Pedro Garza García, Nuevo León.
En un comunicado la Oficina Federal de Investigación (FBI, por su sigla en inglés) informó que sumó a Hernández Villarreal al top ten de los más buscados.
“El FBI cree que puede estar escondido en México. Es presuntamente responsable de acechar y orquestar el asesinato a sueldo de una víctima masculina de 43 años en Southlake, Texas”, añadió.
El secretario de Estado de EU, Mike Pompeo, tuiteó: “El Departamento de Estado ofrece un millón de dólares por información que lleve al arresto y/o condena del acusado de tráfico de drogas mexicano José Rodolfo Villarreal Hernández. Seguimos trabajando con el Departamento de Justicia para proteger a los ciudadanos estadunidenses y combatir el crimen trasnacional en México”.
“José Rodolfo Villarreal Hernández está acusado de orquestar un brutal asesinato que tuvo lugar a plena luz del día en un concurrido centro comercial. El tirador y sus cómplices no mostraron ningún respeto por la víctima, su esposa o los transeúntes inocentes que presenciaron el asesinato”, dijo el agente especial a cargo, Matthew DeSarno. Además, sentenció que “no descansaremos hasta que sea detenido y obligado a responder por estos cargos en la corte”. (Kevin Recio, Milenio, Política, p. 12)
(Manauel Ocaño, Excélsior, Nacional, p. 18)
(Redacción, La Razón, México, p. 4)
(EFE, Ovaciones, Seguridad, p. 11)
Si los gobiernos quieren acabar con la problemática de las desapariciones forzadas en México tienen “que pisar muchos callos”, sobre todo en los poderes locales.
“Las autoridades locales son parte del problema, las policías municipales de casi todo el país están metidas en esto igual que las policías estatales, hay convivencia con los grupos de la delincuencia organizada, con actores políticos, comerciantes y empresarios. Cuando digo que se tienen que pisar callos a estos actores, es que hay que ajustar cuentas con ellos”, explica el abogado Vidulfo Rosales, quien representa a los padres de los normalistas de Ayotzinapa.
Afirma que en México existen muchos territorios en los que todavía gobierna de facto el crimen organizado y estas denuncias interpuestas en este gobierno son el indicador de que este fenómeno se mantiene. (Julio Ramírez, Reporte Índigo, Pp. 14)
La Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la Fiscalía General de la República ha reportado del 8 de octubre de 2019 al 8 de octubre de este año 262 denuncias de víctimas de desaparición forzada.
En un reporte otorgado vía transparencia, la instancia refiere que es “cero” el número de casos en que la Fiscalía ha resuelto con una determinación del ejercicio de la acción penal.
Por otra parte, la Unidad de Investigación por Delitos para Personas Migrantes tiene registro de seis víctimas del delito de desaparición forzada en el último año completo. En estos casos tampoco hay conocimiento de casos resueltos por las autoridades de justicia. (Julio Ramírez, Reporte Índigo, Pp. 14)
Un hombre de nacionalidad estadounidense que llevaba en su equipaje de mano 67 mil dólares americanos sin declarar, fue detenido por integrantes de la Guardia Nacional (GN) en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Guadalajara, Jalisco.
El reporte de la vocería de la GN, señala que al efectuar inspecciones de seguridad mediante el equipo de “Rayos X”, fue detectada una maleta que mostraba la imagen de un paquete irregular; al mostrar el propietario su contenido fue hallada entre la ropa una bolsa de plástico con billetes americanos de diferentes denominaciones, sin contar con los documentos correspondientes para comprobar la posesión y traslado.
Para determinar su situación jurídica, el extranjero que pretendía viajar a la ciudad de Miami, Estados Unidos, fue detenido y junto con los billetes quedó a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) en la entidad, para el deslinde de responsabilidades. (Noel F. Alvarado, La Prensa, Policía, p. 14)
Tres hombres y tres mujeres de origen colombiano fueron detenidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX), luego que fueran sorprendidos robando una vivienda en la alcaldía Tlalpan.
Policías de investigación consideran que son responsables de al menos media docena de atracos con el mismo modus operandi en las demarcaciones de Venustiano Carranza, Tlalpan y Coyoacán.
En su intento por escapar, hirieron de gravedad a un oficial de la corporación preventiva.
De acuerdo con las denuncias, los delincuentes aprovechaban la ausencia de los dueños de los inmuebles para forzar las entradas con pinzas, copas de succión para vidrios, desarmadores y otras herramientas que les permitían ingresar y apoderarse de artículos de valor, así fueron sorprendidos por los policías cuando circulaban por la calle El Paraje y Lindero, en Tlalpan; notaron que varias personas intentaban ingresar a la fuerza a un domicilio mientras que otras las esperaban a bordo de un auto color blanco y una camioneta roja.
De inmediato y ante un posible hecho delictivo, los oficiales con comandos de voz les marcaron el alto a los posibles involucrados, los cuales respondieron con disparos de arma de fuego contra ellos, por lo que los uniformados, al ver en riesgo su vida, repelieron la agresión.
En consecuencia del intercambio de disparos, uno de los policías resultó lesionado en una de sus extremidades inferiores, por lo que fueron solicitados los servicios médicos para su pronta atención médica, misma que requirió traslado aéreo a bordo de un helicóptero Cóndor de la dependencia, el cual descendió en la puerta ocho de un estadio de futbol de la zona donde fue recibido y posteriormente, en el helipuerto de Tlaxcoaque, fue entregado a una ambulancia que lo trasladó a un hospital.
Simultáneamente, el personal de la SSC detuvo a tres mujeres, dos de ellas de nacionalidad colombiana, y tres hombres, uno de ellos de origen venezolano, quienes no lograron evadir la detención y al momento de la revisión preventiva les fueron encontradas 149 bolsas pequeñas de plástico que contenían un polvo blanco similar a la cocaína y una mochila color negro donde había desarmadores, alicatas, guantes, copas de succión para vidrios, cintas plásticas, pinzas, además de un arma de fuego con cartuchos. (David Fuentes, El Universal, Metrópoli, p. A20)
(Redacción, Ovaciones, Seguridad, p. 11)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.