Tema Migratorio 150221
Diario Oficial de la Federación
El Diario Oficial de la Federación publica hoy: LISTADO de documentos en revisión, dictaminados, autorizados, exentos y con opinión por parte de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria en el periodo comprendido entre el 1o. y el 31 de enero de 2021.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- ECONOMÍA.- Secretaría de Economía.- Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.- Oficina del Comisionado Nacional.
ALBERTO MONTOYA MARTÍN DEL CAMPO, Comisionado de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Economía, con fundamento en los artículos 23, 26, 27, Séptimo y Décimo Transitorio de la Ley General de Mejora Regulatoria, así como 3, fracción VII, y 9, fracción XV del Reglamento Interior de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, y
(Diario Oficial de la Federación)
Información Migratoria Nacional
INM ayuda a cuatro niños hondureños a reencontrarse con su familia
El Instituto Nacional de Migración (INM) ayudó a cuatro menores de edad honudreños a reencontrarse con sus familiares, luego de perderse en México.
A inicios de febrero un adolescente de 15 años fue trasladado a Monterrey, Nuevo León, para quedar bajo la custodia de su primo.
El menor había ingresado el 31 de agosto de 2020 a una sede migratoria en Querétaro, cuyas autoridades notificaron a la Procuraduría de Protección a la Infancia local y a la representación consular de Honduras.
Con el paso de los meses las autoridades hallaron al primo del adolescente en Monterrey y determinaron que era apto para su cuidado.
Una vez reunidos, los primos siguen un proceso de solicitud de condición de refugiado en México.
Días después, el 12 de febrero, elementos del Instituto de Migración localizaron en Tlaxcala a una niña de nueve años de edad, también de nacionalidad hondureña.
La menor refirió que viajaba con sus padres sobre un tren, pero que su mamá cayó del mismo y su papá se bajó a ayudarla, dejándola sola.
Los padres fueron hallados en Orizaba, Veracruz, a donde fue trasladada la menor. Mientras la madre se recupera de la lesión que sufrió en el pie al pasarle una rueda de la locomotora la niña permanecerá en un albergue del DIF.
Ese mismo día y también en Tlaxcala, una niña de 5 años y su hermano de 9 años fueron auxiliados para reencontrarse con sus padres, quienes no alcanzaron a subirse al ferrocarril que los llevaría al norte de México.
Fue gracias a una pareja de origen guatemalteco que los niños pudieron llegar a Apizaco, Tlaxcala, donde el INM los pusieron bajo resguardo hasta reencontrarse con sus padres. (López Dóriga Digital)
(Staff, Reforma, Nacional, p. 2)
Más de la mitad de guatemaltecos labora aquí en el sector agropecuario
Por cada 100 migrantes de Guatemala que en años recientes obtuvieron permiso temporal para trabajar en Chiapas, 13 fueron mujeres.
Del total de empleados guatemaltecos en el sureste mexicano, la gran mayoría –51.2 por ciento– lo hizo en el sector agropecuario, 19.4 en la construcción y 11.1 en el comercio, revela el informe Personas trabajadoras temporales guatemaltecas en Chiapas, México.
Por género, durante 2019 el desplazamiento de varones se caracterizó por su inserción en la agricultura, con 57.9 por ciento, y otro número importante en la construcción, mientras la mayoría de las mujeres lo hizo en los servicios domésticos y el comercio, con 43.5 y 32.9 por ciento, respectivamente.
El reporte elaborado por la Organización Internacional para las Migraciones, la Internacional del Trabajo, El Colegio de la Frontera Norte y por la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, se centra en los empleados extranjeros en el sur de México, en particular en quienes han obtenido la tarjeta temporal de visitante trabajador fronterizo.
El estudio abarca de 2016 a 2019 y expone las principales vulnerabilidades y oportunidades que se abren para el crecimiento económico de México con miles de migrantes que desde hace décadas trabajan en esa zona de nuestro país.
De acuerdo con la información, 70 por ciento de estos empleados tienen entre 16 y 34 años. Para quienes no contaban con autorización para desempeñar actividades remuneradas, la construcción, el comercio, el transporte y la agricultura fueron los sectores en los que tuvieron mayor participación.
En ese periodo el cruce de información por nivel educativo y sector económico muestra que los trabajadores sin estudios o sólo con nivel básico (primaria y secundaria) se incorporaron, en primer lugar, en el sector agropecuario; conforme es mayor su escolaridad (bachillerato o más) se abrieron posibilidades para la inserción en otros rubros como el comercio y servicios diversos.
Sin embargo, el nivel de ingreso de los migrantes fue bajo y está determinado por su escolaridad. Hace dos años, 74.5 de quienes no contaban con algún grado de estudios recibió un salario mínimo o menos, mientras quienes sí habían cursado al menos la primaria, la mitad percibió de uno a dos sueldos mínimos. Por género, 27.5 por ciento de ellas y 48.3 de ellos tuvieron los más bajos.
El contar con documentos para trabajar en México también influye de una manera positiva para la obtención de mejores sueldos.
El reporte muestra que el mercado laboral en Chiapas cada vez es menos atractivo para los trabajadores temporales procedentes de Guatemala, aunque al existir todavía un gran número sus capacidades son aprovechadas en México. (Emir Olivares Alonso. La Jornada, Política, p. 8)
Celebran programa para bancarizar a migrantes
Las propuestas que presentó el gobierno federal, las autoridades financieras y bancarias para apoyar el intercambio de dólares en efectivo en la población migrante y su familia, son una noticia positiva para las perspectivas económicas del país, aseguró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), que dirige Carlos Hurtado.
Consideró que el acuerdo entre autoridades financieras y bancos podría desactivar la iniciativa de reforma a la Ley del Banco de México, ya aprobada por el Senado, toda vez que obligaría a la institución a integrar a sus reservas internacionales el excedente de dólares en efectivo que no lograra repatriarse.
Y es que, de lo contrario, recordó que la aprobación de la reforma que se encuentra en la Cámara de Diputados sería una intromisión en la autonomía del banco central y afectaría su credibilidad frente al sistema financiero nacional e internacional.
El CEESP aplaudió el programa de bancarización para migrantes a fin de fortalecer y desarrollar la cobertura de servicios financieros, pues ello garantiza el poder adquisitivo de las remesas y facilita el manejo de dólares provenientes de las actividades turísticas en el país. (Lindsay H. Esquivel, Excélsior, Dinero, p. 6)
Caso Rumanos
La SCJN revisará el caso de bienes asegurados al turco Florián Tudor
Florián Tudor, presunto cabecilla de la banda que sustrajo más de mil 200 millones de dólares de cajeros automáticos en Cancún, Quintana Roo, y Puerto Vallarta, Jalisco, logró que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitiera a trámite la solicitud para revisar el amparo que promovió en contra del aseguramiento de sus propiedades.
En el expediente judicial consta que Tudor fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) en mayo de 2019, pero fue puesto en libertad horas después por errores procesales, a la fecha continúa prófugo. El litigio comenzó el 11 de mayo de 2019 cuando la FGR cateó dos inmuebles en el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, que terminaron siendo confiscados y en ese operativo fue aprehendido Tudor, de nacionalidad turca.
Sin embargo, una jueza de control dispuso su libertad debido a errores procesales, según consta en el expediente: la orden de cateo fue ejecutada de forma incorrecta, pues no se cumplieron las formalidades legales que exige la Constitución federal y el Código de procedimientos penales.
La semana pasada, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que había congelado 79 cuentas bancarias que estarían relacionadas con esta banda, una de las cuales resultó ser del secretario estatal del PVEM, José de la Peña Ruiz Chávez, que fue destituido de su cargo.
La banda operaba en Quintana Roo desde hace una década, creando nexos con funcionarios de los gobiernos encabezados por Félix González Canto y Roberto Borge Angulo.
El amparo que llegó a la SCJN fue promovido por Tudor, en conjunto con Adrián Ninel Enachescu, y las empresas Top Life Servicios, Intacarrent y Europa Invest. En primera instancia, el juzgado cuarto de distrito, con sede en Cancún, le otorgó la suspensión definitiva, pero luego una mujer reclamó tener la propiedad legal de los inmuebles cateados, por lo cual el amparo fue sobreseído, Tudor entonces pidió que esta decisión fuera revisada.
Si la SCJN aprueba la atracción del caso, y eventualmente falla a favor de Tudor, todas las pruebas que se obtuvieron en los cateos impugnados tendrían que ser desestimadas por la FGR. (Eduardo Murillo, La Jornada, Política, p. 15)
Líder de la mafia rumana acude a la Corte para frenar investigaciones de la FGR
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió a trámite la petición de Florián Tudor, El Tiburón, presunto líder de la banda de rumanos dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y al tráfico de personas con fines de explotación sexual, para que sea atraído el juicio que emprendió contra la Fiscalía General de la República (FGR) por el aseguramiento de dos propiedades.
Aún falta que la Primera Sala de la Corte decida si ejerce su facultad de atracción. Por el momento, el Tribunal Colegiado que conoce el asunto suspendió su estudio.
En el expediente judicial se menciona que Tudor fue detenido en Cancún durante un operativo de la FGR y de la Secretaría de Marina realizado el 11 de mayo de 2019, donde se buscaban armas de fuego, pero el cateo se realizó “de forma incorrecta”.
Por este motivo, una juez federal calificó de ilegal la detención, ordenó su libertad y anuló todas las pruebas que obtuvo la fiscalía. La resolución fue ratificada por el Segundo Tribunal Unitario con residencia en Quintana Roo. Funcionarios federales señalaron a MILENIO que desde hace años la FGR investiga a El Tiburón, pero el rumano cuenta con una red de contactos en diversos ámbitos que ha hecho difícil llevarlo a prisión.
Sus propiedades
En una audiencia realizada el 17 de septiembre de 2019, el juez de control decretó la nulidad del acuerdo de aseguramiento del 13 de mayo de dicho año, porque consideró que dicha determinación se sustentó en una orden de cateo que no cumplió con las formalidades legales correspondientes, de ahí que la detención de Tudor haya sido calificada de ilegal y, por consecuencia, también el aseguramiento de los inmuebles cateados.
El juzgador mencionó que no había razón por la cual los objetos muebles e inmuebles debían seguir asegurados, pues no se acreditó que se siguieran realizando actos de investigación en dichos predios, pese a estar asegurados por más de cuatro meses.
El rumano se amparó, pero Ricardo Ruiz del Hoyo Chávez, juez cuarto de distrito con residencia en Quintana Roo, sobreseyó el caso.
El juzgador indicó que los inmuebles fueron devueltos por la FGR, pero el expediente menciona que Tudor no acreditó ser el poseedor de dichos bienes, que son los que ahora reclama.
“En ese sentido, es al quejoso a quien le correspondía ofrecer pruebas fehacientes para acreditar que el acto reclamado transgrede su esfera jurídica, debido a la carga de la prueba, lo que no hizo, máxime que les correspondía demostrar tal circunstancia”, indicó el juez de amparo.
Mencionó que, de acuerdo con testimonios públicos, únicamente se acreditaba que una empresa es propietaria del inmueble ubicado en calle Robalo y es arrendadora del diverso predio que se encuentra sobre avenida Coba, los cuales fueron asegurados.
“En esa tesitura, como se dijo, el acto que se reclama en la presente instancia constitucional no afecta la esfera jurídica del quejoso, pues no obstante que manifiesta ser poseedor de los bienes asegurados, no acredita con pruebas suficientes dicho extremo (causa generadora de su posesión)”.
Por este motivo interpuso un recurso de revisión que fue admitido a trámite por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en marzo de 2020. En noviembre pasado Florián Tudor pidió a la Corte atraer el caso, pero por la pandemia, el asunto se estuvo retrasando y ahora solo se está a la espera de que la Primera Sala decida si atrae el juicio.
El grupo al que presuntamente lidera El Tiburón también es investigado en EU.
Este sábado, MILENIO informó que entre los operadores de la banda que han sido detenidos en México, hay 20 fichados por autoridades de EU. Uno de ellos es Florián Claudiu Martín, a quien medio rumanos señalan como hermano de Tudor. El hombre está actualmente detenido en una prisión de Nueva York. (Rubén Mosso, Milenio, P.p.)
Indagan cerebro financiero de mafia rumana en Qroo
Ricardo Antonio Vega Serrador, empresario gasolinero a quien se le señalaron ligas con la mafia rumana en Cancún, es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde 2014 por presunto lavado de dinero, es dueño de empresas inmobiliarias vinculadas con la compra de predios en Quintana Roo a precios de ganga, durante el gobierno de Roberto Borge y ahora, como nuevo capítulo de la trama, aparecen detrás de él notables fiscalistas que habrían armado el esquemas para el manejo de fondos.
De acuerdo con información en poder de Crónica, están en la mira diversos despachos privados, incluyendo algunos que son asignados a administrar bienes y empresas intervenidos después de cometer fraudes cuantiosos. Un caso famoso que aparecería en los próximos días, estaría ligado específicamente al fraude de Oceanografía que afectó a Pemex.
El prominente contable José Antonio de Anda Turati quien estuvo a la cabeza del equipo que tomó el control de Oceanografía. De acuerdo a la información señalada, el fiscalista ha sido la pieza clave en el entramado de esquemas fachada con las que el presunto delincuente Vega Serrador hace pasar por lagales negocios turbios.
En efecto, antros y bares locales como el Taboo, Tantra, Rosa Negra, Funky Geisha y Chambaoson usados en un esquema para que negocios con flujos opacos, con mucha y constante liquidez, y que es parte de lo que las autoridades fiscales detectaron y están investigando, deduciendo lavado de grandes cantidades de dinero.
Vega Serrador es conocido como “zar” gasolinero o el señor de los ferraris, por su colección de esplendidos autos. Al ser recientemente señalado como uno de los empresarios con ligas a los rumanos, no negó que ha tenido trato comercial con ellos, pero indicó que sólo hubo alguna venta en la que ni siquiera conoció a los compradores.
Las ventas de este tipo, en efecto, tendrían un aspecto legal, pero se trataría de operaciones que forman parte de la fachada fiscal cuidadosamente armada por personajes con conocimientos contables notables para “blanquear” los recursos de los rumanos.
Los bares, especialmente los que se han convertido en enclave de drogas, extorsiones y venta de mercancía robada, están en la mira como probables centros de lavado de dinero que en realidad se gana clonando tarjetas, defraudando con operaciones financieras electrónicas ilegales y otras actividades ilícitas.
El bloqueo de cuentas que las autoridades realizaron a Vega Serrador el 4 de febrero sería el primer golpe fuerte contra el esquema que los cerebros fiscalistas y contables armaron en favor de este empresario. Ese congelamiento de cuentas se vio acompañado de otras similares contra políticos y miembros de la IP en la entidad del sureste.
En efecto, Vega también tiene una fama pública como favorito de políticos y ya había aparecido en la mira por adquisición de terrenos del Estado de Quintana Roo a sólo el 6 por ciento de su costo real y que fueron asegurados por la entonces Procuraduría General de la República en 2017.
El empresario cuenta con una amplia red de gasolineras denominada “La Gas” y con tiendas de conveniencia “Go Mart” en esa entidad, en supuesta alianza con Fayad Hassan. La empresa “Corpogas” opera en siete estados, incluyendo 10 alcaldías de la Ciudad de México.
La historia de Vega y su liga hacia la trama rumana siguen adelante; hoy la mira está puesta sobre quienes a partir de su conocimiento técnico fiscal, construyeron fachadas de legalidad a actividades que no lo eran. (Rafael Martínez y Arturo Ramos, LaCrónica, 8 Columnas)
La banda también es investigada en México y EU por tráfico de cubanos
Las áreas de inteligencia del gabinete de seguridad y autoridades estadunidenses también rastrean el tráfico de indocumentados cubanos que controló la mafia rumana presuntamente liderada por Florian Tudor “El Tiburón”, junto a la red de políticos que lo ayudaron a extender sus operaciones en México.
De acuerdo al reporte de inteligencia del que MILENIO tiene una copia, el tráfico de indocumentados de nacionalidad cubana fue otro de los ilícitos en los que incurrió la mafia rumana y lo habría hecho de la mano de varios políticos de Quintana Roo, a quienes la Unidad de Inteligencia Financiera ya les congeló sus cuentas bancarias.
Como MILENIO reveló el pasado lunes, varios políticos y funcionarios públicos ayudaron a la banda de rumanos dedicados no sólo a la clonación y hackeo de cajeros automáticos, sino también al tráfico de personas en su mayoría con fines de explotación sexual y a la extorsión a comerciantes, de acuerdo a las indagatorias del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).
En el tráfico de personas, uno de los actores clave es José Luis Jonathan Yong Mendoza, ex secretario de seguridad pública de Cancún y aspirante a diputado local por el Partido del Trabajo y Morena; así como su padre José Luis Yong Cruz, quienes el FBI considera que forman parte de la red que trafica indocumentados cubanos que arriban a las costas quintanarroenses.
Además de Francisco Evadio Garibay Osorio, ex director del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública con el entonces gobernador Félix González Cantú y su hijo Iván Eliud Garibay Pulido, quien fue director jurídico de gobierno del estado en la Zona Norte durante el gobierno de Roberto Borge.
De acuerdo a indagatorias que comenzaron desde el 2014, el empresario Luis Manuel Álvarez Adán conocido como “El Cubano” por ser originario de ese país, acusó a los Garibay a recaudar cuotas para organizaciones criminales y el trasiego de cubanos desde las costas de Cuba hasta las de Quintana Roo con ayuda del entonces gobernador Roberto Borge.
“El Cubano” fue detenido acusado de extorsionar a otros empresarios de Cancún y en julio de 2018 murió ahorcado en un presunto suicidio en una celda de la cárcel de Cancún.
Autoridades de México y de Estados Unidos continúan rastreando las rutas de tráfico de personas, de indocumentados cubanos y la explotación sexual de mujeres en que participa la mafia rumana desde Quintana Roo.
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto dijo el pasado viernes en entrevista con MILENIO Televisión que el tráfico de personas, mujeres, niñas y migrantes es un problema grave en el que están trabajando para seguir presentando denuncias, lograr órdenes de aprehensión y localizar a los tratantes.
UIF confirma cobijo de políticos rumanos
Santiago Nieto confirmó que una red de políticos dio “cobijo y protección” a la mafia rumana, como lo reveló MILENIO hace una semana y cuyos personajes incluían a militantes del PVEM, PRI, PRD, PT y Morena.
Respecto al vínculo de René Bejarano y sus operadores insistió en que en el sistema financiero la UIF no encontró ninguna anomalía, por lo que reconoció que “aunque evidentemente aparezcan esas personas, si no hay vínculo financiero no se puede fincar una responsabilidad” pero señaló que las indagatorias continúan.
Dijo que la UIF identificó al un grupo de seis personas “relacionadas con el ejercicio de poder público que estaban recibiendo algún tipo de beneficio o generando una especie de protección” a la mafia rumana, entre los que se encuentran los revelados por MILENIO como el diputado del Partido Verde Ecologista de México, José de la Peña Ruiz de Chávez y quien luego de esta información fue destituido como dirigente estatal de ese partido. Además de Jonathan Medina Nava, ex fiscal del fuero común de Quintana Roo.
La UIF ya denunció ante la Fiscalía General de la República y Seido a todas estas personas por corrupción, lavado de dinero y asociación delictuosa, que incluye a Israel López Salazar y Luis Miguel Zetina o Chávez Barriga, los dos operadores vinculados a René Bejarano y que asistieron a la toma de protesta del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Otras de las cuentas congeladas y personas denunciadas son los líderes de otras bandas que MILENIO reveló, se aliaron con Florian Tudor, como Héctor Ortiz Solares el “H-1” líder de la banda de hackers de León y la lideresa del Cártel de Cancún, Leticia Rodríguez Lara “Doña Lety”. Así como Adrián Nicolae Cosmin, identificado por el FBI como el socio principal de esa banda.
Hasta este momento, con la información proporcionada por las instituciones bancarias, se han congelado 500 millones de pesos. (Jannet López Poncé, Milenio, Política, p. 8)
UIF presenta denuncia por lavado contra banda de rumanos clonadores de tarjetas
Luego del bloqueo masivo de cuentas que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunció hace algunos días, como parte de la Operación Caribe, donde se detectó a una organización criminal, compuesta por ciudadanos rumanos y mexicanos, dedicada a la clonación de tarjetas bancarias y que opera en la zona turística de Cancún, Quintana Roo, esta instancia presentó la denuncia correspondiente por presunto lavado de dinero.
De acuerdo con la UIF, la denuncia se presentó ante la Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo de la Fiscalía General de la República y fue contra 15 personas fisicas y 15 morales que presuntamente forman parte de esta banda dedicada a la clonación de tarjetas de crédito y débito.
Según la UIF, se detectó que dicha banda, compuesta por ciudadanos rumanos y mexicanos, operaba con un esquema de empresas fachada que realizaba operaciones en el sistema financiero nacional para lavar sus recursos.
“El esquema de lavado de dinero se estructuró a través de la operación de un grupo de empresas constituidas principalmente por personas de origen rumano ligadas corporativamente con el grupo delictivo denominado ‘La Banda de la Riviera Maya’, las cuales fueron utilizadas para el manejo de los recursos obtenidos ilícitamente derivado de los fraudes cometidos en contra de los usuarios y clientes de la banca mexicana”, detalló la UIF.
Esta instancia, a cargo de Santiago Nieto, añadió que presuntamente una de las personas morales ligada al grupo delictivo, está relacionada con una empresa que celebró contratos con el fin de convertir el dinero ilícito en lícito mediante inversiones en bienes inmuebles.
Asimismo, la UIF detectó que dicha organización criminal está relacionada financieramente con otro grupo de empresas que aparentemente forman parte de una misma organización empresarial, dado que presentan identidad en su estructura corporativa y han registrado un comportamiento financiero inusual, como la triangulación de recursos, uso sistemático de efectivo, transferencias internacionales injustificadas a países considerados de alto riesgo para el lavado de dinero.
Hace algunos días, la UIF anunció el bloqueo masivo de cuentas a 79 personas físicas y morales integrantes de esta banda, luego de una investigación que tuvo el apoyo tanto de organismos nacionales como internacionales.
“La UIF analizó un total de 277 operaciones inusuales por un monto de 337 millones 500,000 pesos, así como un total de 520 reportes de operaciones relevantes por más de 125 millones 520,000 pesos; transferencias internacionales, mediante las cuales se realizaron 730 envíos de numerario, por un monto de 251 millones de pesos y la recepción de 333 transferencias por un monto mayor a 232 millones de pesos”, informó la UIF en su momento.
Investigaciones periodísticas señalan al rumano Florian Tudor como líder de esta organización delictiva, la cual habría empezado operaciones desde el 2014. La UIF le ha seguido la pista desde hace un año. (Fernando Gutiérrez, El Economista, Finanzas y Dinero, p. 9)
Caso Tamaulipas
Camargo: punto del último pago a polleros
La ciudad de Camargo, en Tamaulipas, se ha convertido en el tramo final de una peligrosa ruta de indocumentados, quienes, en su intento por llegar a Estados Unidos, tienen que pagar a los traficantes de personas tarifas que van de los mil 500 dólares hasta los 7 mil dólares (entre 30 mil y 140 mil pesos).
De acuerdo con documentos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, en inglés), el costo de cruzar la frontera varía en función de la comodidad, la seguridad y el apoyo con el que cuenten los migrantes en su viaje.
Investigaciones del CBP, a las que MILENIO tuvo acceso, revelan que es justamente en Camargo donde se hace el último pago a los traficantes, para que los indocumentados sean internados en Estados Unidos.
Los patrones en el tráfico de migrantes y el modus operandi de los delincuentes señalan que, normalmente, los precios se acuerdan y se dan adelantos, y el total se liquida una vez completado el viaje a esa ciudad tamaulipeca.
Una vez realizado el pago, los migrantes son transportados hacia la frontera, donde generalmente cruzan el Río Bravo en balsas o, incluso, a través de los sistemas de drenaje. Una vez en tierras estadunidenses, son llevados a casas de seguridad en la ciudad de Río Grande, en Texas, donde posteriormente se arregla su transporte a alguna otra ciudad o estado.
En la información de la CBP se destaca, por ejemplo, que por mil 500 dólares una mujer tuvo que cruzar por sus propios medios el Río Bravo junto a su esposo, a quien le cobraron 2 mil dólares, para después ser transportados en la cajuela de un auto tipo sedán a Houston, Texas.
Por 3 mil 100 dólares, guías introducen a los migrantes a la Unión Americana, a a través de balsas por el Río Bravo, y por 3 mil 500 son transportados en un automóvil pero como pasajeros, y ya no en la cajuela.
Por ejemplo, la denuncia criminal número M-14-1471-M, iniciada ante la División McAllen de la Corte Sur del Distrito de Texas, relata que el migrante Iván Arias García debió pagar 3 mil 100 dólares para ser introducido ilegalmente en Estados Unidos.
“Arias declaró haber hecho tratos para ser llevado a Estados Unidos con una persona identificada como ‘Mari’. Esto ocurrió en Camargo, Tamaulipas, donde acordó pagar 3 mil 100 dólares para ser llevado a Estados Unidos, conducido por tres guías”, señala el documento oficial de la autoridad estadounidense.
En cambio, por 7 mil dólares, los migrantes son cruzados por traficantes que los transportan en balsas por el Río Bravo y una vez en tierra, los contrabandean en camionetas amplias. Además, son alojados y alimentados durante varios días en casas de seguridad, antes de llevarlos a sus destinos.
Fue el caso de José Antonio Hernández Morales, cuya experiencia quedó asentada en la denuncia criminal número M-18-2375-M, iniciada también ante la División McAllen de la Corte Sur del Distrito de Texas.
En ella se establece que Hernández hizo el acuerdo con los traficantes de migrantes por esa cantidad de dinero. “Tomó un autobús a la ciudad fronteriza de Camargo y fue llevado al Río Grande (Río Bravo), donde en lanchas, junto con otras tres personas, cruzó la frontera hacia Estados Unidos. Del otro lado del río los esperaba una (camioneta) Tahoe negra, la cual abordaron. Indicó que, durante el trayecto por carretera, se les pidió agacharse, porque el conductor vio a la Patrulla Fronteriza”, se indica en los documentos a los que MILENIO tuvo acceso.
Las investigaciones del CBP también demuestran cómo, en muchas ocasiones, los migrantes son transportados en condiciones inhumanas; por ejemplo, tres individuos fueron encontrados escondidos en la cajuela de un Ford Focus, en 2011.
Incluso, en 2019 se intentó ingresar, a través del puerto fronterizo de Río Grande, a un menor de cuatro años, con un certificado de nacimiento falso. Las personas que intentaron introducirlo ilegalmente a Estados Unidos confesaron que lo habían recogido en Camargo.
Este caso pudo probar que existe un modus operandi, por parte de algunos traficantes, que ofrecen dinero a civiles a cambio de que ingresen a los migrantes a territorio estadunidense.
Sin embargo, Camargo no sólo es un punto de tráfico intenso de indocumentados. Reportes y detenciones realizadas por las autoridades fronterizas de Estados Unidos muestran cómo los cárteles de Los Zetas y del Golfo utilizaban la zona para controlar el tráfico de heroína, cocaína y mariguana hacia el país del norte, así como el envío de dinero procedente del narco.
Es exactamente esa misma ruta, la de Camargo hacia Río Grande, la que los carteles de Los Zetas y del Golfo utilizan desde 2009 para traficar heroína, cocaína, mariguana y dinero en efectivo. Una ruta que, en conversaciones interceptadas por la DEA, era vigilada por ambos cárteles cuando formaron una alianza, para evitar que otros grupos criminales les ganaran la plaza.
De acuerdo con el Reporte Congresional sobre Crimen Organizado y Organizaciones de Tráfico de Drogas de Estados Unidos de 2020, la zona ahora es peleada por los cárteles de tierra caliente, liderados por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). (Ángel Hernández, Milenio, Política, p. 13)
Información Migratoria de los Estados
Coahuila
Un contagiado y tres sospechosos en la Casa del Migrante de Saltillo
Un nuevo caso positivo de Covid-19 y tres sospechosos se detectaron en la Casa del Migrante de Saltillo, Coahuila, cuyos directivos dijeron temer un brote como el ocurrido en diciembre pasado, cuando se infectaron 10 personas.
Asimismo, atribuyeron los contagios a la sobrepoblación en el albergue, a las bajas temperaturas y al creciente número de centroamericanos que llegan.
El director de la Casa del Migrante, Alberto Xicoténcatl Carrasco, indicó que el enfermo está a punto de terminar su periodo de aislamiento y que el próximo miércoles recibirá los resultados de los tres posibles aquejados, de los cuales sólo uno presenta síntomas.
El albergue tiene capacidad para 70 personas, pero este fin de semana recibió a 85 para que se expusieran a temperaturas congelantes que, según el Servicio Meteorológico Nacional, llegarán a cinco grados centígrados bajo cero. La Federación confirmó ayer que en Coahuila hay 63 mil 84 acometidos de SARS-CoV-2 acumulados y 5 mil 499 difuntos.
Mientras, el ayuntamiento de Hermosillo, Sonora, autorizó a la comunidad yaqui avecindada en el oriente de la ciudad a celebrar sus ritos tradicionales de Cuaresma, pese al alto riesgo de contagios de Covid-19 y el alto número de infecciones respiratorias que se confirmaron el año pasado en esa zona.
El gobernador tradicional indígena Manuel Rentería Jaques indicó que autoridades municipales y de Salud aprobaron las fiestas yaquis si se cumplen los protocolos para evitar la propagación del coronavirus. La Secretaría de Salud federal confirmó este domingo 65 mil 887 contagiados de SARS-CoV-2 y 5 mil 75 fallecidos en el estado.
En cambio, se cancelaron el carnaval y el Miércoles de Ceniza en San Miguel de Allende, Guanajuato, donde las parroquias oficiarán misas a puerta cerrada y las transmitirán por redes sociales; asimismo, entregarán a los fieles católicos sobres con cenizas para que ellos se las impongan personalmente. Autoridades sanitarias locales corroboraron en la entidad 115 mil 564 casos de Covid-19 y 9 mil 167 muertos.
En este contexto, ayer falleció por coronavirus el periodista radiofónico chiapaneco Hugo Isaac Robles Guillén, quien cubrió el alzamiento zapatista de 1994 y los primeros diálogos entre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y el gobierno federal.
También pereció, en Monterrey, Nuevo León, el diputado local priísta Zeferino Juárez Mata, quien antes de unirse al Partido Revolucionario Institucional militó en el Partido del Trabajo.
Leopoldo Ramos, Cristina Gómez, Carlos García, Yolanda Chio y Elio Henríquez, corresponsales. (Redacción, La Jornada, Estados, p. 26)
Sonora
(Alonso Moreno, El Sol de México, Ronda Estatal-República, p. 13)
Información Migratoria Internacional
Estados Unidos
En enero, la migra detuvo al doble de indocumentados
El flujo migratorio en la frontera norte del país aumentó más de 100 en el mes que Joe Biden llegó a la Casa Blanca, en comparación con ese mismo periodo de un año antes, es decir, en el último año de gobierno de Donald Trump.
De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), en enero pasado se detuvo a un total de 78 mil 323 migrantes a lo largo de la frontera entre México y Estados Unidos.
Esta cifra representa un aumento del 114 por ciento en comparación con las detenciones registradas en enero de 2020, cuando 36 mil 585 personas que intentaban cumplir el sueño americano fueron interceptadas por la Patrulla Fronteriza.
Desde que Biden asumió la presidencia la tendencia al alza en el número de indocumentados que arriesgan su vida para pasar al país vecino se ve reflejada en el aumento de 6 por ciento en las detenciones realizadas por la CBP, que pasó de 73 mil 923 en diciembre a más de 78 mil reportadas en enero.
Además, durante el año fiscal 2021 (de octubre de 2020 a enero del 2021) se reportó un total de 296 mil 259 interrupciones migratorias, equivalente a 64.7 por ciento de las registradas de octubre de 2019 a septiembre de 2020.
Durante el año fiscal 2019, la Patrulla Fronteriza logró la detención de 977 mil 509 inmigrantes, una de las cifras más altas de los últimos años; sin embargo, los registros del año fiscal 2021 reflejan un aumento de 22 por ciento, durante el mismo periodo de tiempo.
De los más de 78 mil migrantes que trataron de llegar a EU el mes pasado, 75 mil 198 fueron detenidos por la Patrulla Fronteriza; el resto son aquellos que llegaron a algún punto de entrada para buscar la admisión legal, pero fueron rechazados por las autoridades.
La ruta más recurrente para internarse a Estados Unidos está ubicada en Tamaulipas. Le sigue la frontera entre Texas y Chihuahua; le siguen las opciones por Tijuana y Mexicali (Baja California), Ciudad Acuña, Coahuila, y Nogales, Sonora. (Cecilia Ríos, Milenio, Política, p. 13)
Biden y el apoyo migrante
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sigue demostrando que su gobierno será, por mucho, muy distinto al de su antecesor Donald Trump. Prueba de ello es el papel que ha protagonizado con el tema de la migración.
El pasado 12 de febrero, el líder demócrata informó que todos aquellos migrantes que esperaban en México una respuesta de su Estado para atender su solicitud de asilo, podrán acceder a su país para avanzar en sus casos.
Al tomar esta decisión, Joe Biden le dio fin a la política “Protocolos de protección de migrantes”, una medida implementada por Trump para evitar que más personas ingresaran a su país de forma ilegal.
Ante este panorama, la doctora Camelia Tigau, investigadora del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, comparte que la decisión de Biden solo habla de lo amigable que es con el tema migrante.
Asimismo, asegura que, aunque es probable que tras esta decisión más personas de Centroamérica y México decidan migrar hacia Estados Unidos, la especialista no considera que estos movimientos sean masivos, debido, entre otras cosas, al tipo de ayudas que pueden recibir los países centroamericanos para resolver la situación que están enfrentando, y así sus ciudadanos no busquen terceras opciones.
Por otra parte, la doctora Tigau agrega que, a medida de que esta política tome su tiempo, pues es más fácil deshacer una orden ejecutiva que aplicar un programa, Joe Biden seguirá curando la imagen de Estados Unidos, dejando atrás su postura de hostigadora de migrantes.
“Su postura es la de restaurar el poder de la negociación, el uso del poder suave, curar esta imagen de Estados Unidos como país que hostiga a los migrantes, y regresar al discurso histórico de que Estados Unidos está creando este sueño americano. Es una postura que invita discursivamente a más migración, pero tampoco creo que esto vaya a tener consecuencias de una inmigración masiva, más cuando estamos con fronteras cerradas”, admite Camelia. (Fernando Muñoz, Reporte Índigo, Latitud, p. 26)
Acciones del día
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 14/02/2021