El número de mexicanos deportados de Estados Unidos en octubre pasado (17 mil 790) significa de nueva cuenta el mismo nivel de los meses previos a la pandemia.
Según la cifras oficiales más recientes, el promedio mensual de mexicanos deportados en 2019 fue de 17 mil 603, con pico de 20 mil 259 en marzo y piso de 12 mil 598 en junio. Durante el año en curso, el recuento de enero a octubre es de 153 mil 597 connacionales repatriados, esto es, un promedio mensual de 15 mil 359. Sin embargo, al inicio de la pandemia la cifra menor registrada fue de 9 mil 115, en abril, y el tope en octubre pasado, con 17 mil 790 eventos de deportación.
Igualmente, continúan en rangos altos las deportaciones de mexicanos migrantes menores de edad. Tan sólo de enero a septiembre, el Instituto Nacional de Migración registró la recepción en sus garitas de 7 mil 136 adolescentes (menores de 17 años), y mil 397 niños menores de 12 años devueltos, de los cuales 118 volvieron a México solos, sin la compañía de un familiar adulto.
Pese a la pandemia por Covid-19, en ningún momento fueron suspendidos los operativos de las autoridades migratorias del país vecino.
Al contrario, los funcionarios estadunidenses presumen la vigilancia permanente para evitar, afirman, contagios de coronavirus. Es asunto cotidiano que la CBP (Customs and Border Protection) difunda información de migrantes detenidos y alerte sobre los grupos de tráfico de personas y contrabando de mercancías.
La subdirectora de Estudios Socioeconómicos y Migración Internacional del Consejo Nacional de Población (Conapo), Alejandra Reyes, recordó que el fenómeno de movilidad se origina por las carencias económicas, violencia social, familiar y desastres naturales en los países de origen, así como expectativas de mejores salarios, bienestar y seguridad en los países de destino.
Al referir el más reciente anuario de migración y remesas, elaborado por BBVA Research, Fundación BBVA y Conapo, señaló que el porcentaje de mexicanos repatriados desde Estados Unidos ha disminuido en la década reciente, si se compara con las deportaciones de centroamericanos.
Sin embargo, sólo 6.2 por ciento de la población inmigrante mexicana ingresó en los últimos 10 años a residir a ese país, el resto tiene 10 o más años viviendo ahí.
En 2019, la población trabajadora inmigrante en Estados Unidos procedente de México y Centroamérica se concentró en los sectores de la construcción, hostelería y esparcimiento. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 17)
La última semana ha estado marcada por diversas tragedias. Los desastres naturales en Tabasco, en donde miles de personas han sido afectadas por el desbordamiento del Río Grijalva. Además, en Chiapas, la tormenta tropical Eta causó estragos en el municipio de San Juan Chamula.
En la Ciudad de México, los amigos de un adolescente secuestrado y asesinado, cierran las calles como protesta. Mientras que en Metepec, en el Estado de México, 80 centroamericanos están varados en un albergue ante el retraso en la expedición de visas humanitarias.
Migrantes varados en albergue de Metepec, de Jorge Alvarado. 11 de noviembre
En Metepec hay un albergue de migrantes y tuvimos noticias de que estaban deteniendo las visas humanitarias que ayudan a los centroamericanos para poder seguir su camino hacia Estados Unidos, así que ya había 80 personas ‘atoradas’ en ese lugar. Las personas están ya desesperadas porque no pueden continuar viajando. Es un albergue pequeño, es como una especie de bodega, en donde hay un señor que apoya a los migrantes. La estancia suele ser de hasta quince días, que es lo que más tarda el trámite de las visas, pero ahora se ha complicado todo por la pandemia y no se pueden ir. Nos contaron que al inicio de la pandemia bajó el número de migrantes, pero ya se ha retomado el ritmo y la cantidad. Ellos no se quieren quedar en México, pero sin la visa no pueden irse. En la imagen se ven sólo hombres, pero también hay mujeres y niños. (Alida Piñón, El Universal, Cultura, Online)
A dos meses de que activistas y personal médico de Georgia, Estados Unidos, denunciaran que autoridades migratorias realizaron histerectomías a varias mujeres, sin su consentimiento, la Cancillería mexicana aseguró que llevará a las cortes el caso.
La Secretaría Relaciones Exteriores de México dijo que visitó a cuatro mujeres mexicanas que denuncian haber sido maltratadas por un ginecólogo en un centro de detención para migrantes en Georgia y señaló que ninguna de ellas ha sido deportada.
En un comunicado, emitido el jueves, la SRE aseguró que ayudará “en las gestiones que sean necesarias para detener las deportaciones de las connacionales y continuar avanzando para que el caso sea llevado ante las cortes de ese país”.
Una de las cuatro mujeres pidió que no se evite ni se demore su deportación, agregó.
Aunque los deportados pueden participar como testigos en cualquier caso penal o civil, muchos acaban en naciones inestables o en situaciones en las que es difícil mantener el contacto con ellos. Los abogados de las migrantes sostienen que el retorno a sus países de origen complicaría la obtención de justicia.
Varias internas en el centro de detención del condado de Irwin en Ocilla, Georgia, que habían presentado denuncias al respecto fueron informadas de que su deportación era inminente, dijeron los abogados esta semana.
Antiguas pacientes del centro se quejaron del trato dispensado por el doctor Mahendra Amin, quien fue acusado de operar a migrantes sin su consentimiento o de practicar procedimientos médicamente innecesarios y que podrían afectar a su capacidad para tener hijos.
Las mujeres apuntaron que Amin realizó operaciones que causaron o empeoraron sus dolores sin explicación de qué estaba haciendo ni ofreció una alternativa. Pero no ha habido pruebas que respalden la denuncia inicial de que realizó un gran número de histerectomías. (AP, Excélsior, Global, p. 28)
México y EU. El regreso a una agenda bilateral compleja y ampliada
La llegada de Joe Biden a la presidencia en Estados Unidos en enero debería ser un momento oportuno para renovar la relación entre México y Estados Unidos. Durante los últimos cuatro años, el actual presidente del vecino país, ha usado México repetidamente como blanco de críticas, muchas veces infundadas, y como un elemento central en su juego de desconfianza hacia el mundo y hacia los migrantes.
Sin duda, sus acciones han sido menos impactantes que la retórica. El tratado de libre comercio que une los dos países y Canadá sobrevivió en una forma similar a la que tenía antes, el muro fronterizo se construyó mayormente donde ya había barreras existentes y nunca llegó la ola de deportaciones de indocumentados mexicanos prometida. El presidente Andrés Manuel López Obrador logró entenderse con Trump y comprendió que lo único que necesitaba para llevarla bien con su homólogo estadounidense era controlar los flujos migratorios, dejarlo construir su muro y darle crédito por la renovación del tratado.
Pero mucho también se perdió en estos cuatro años. Se perdió la idea de cooperación y convivencia sana entre dos países vecinos que están unidos por lazos económicos, culturales y familiares. Se perdió la oportunidad de pensar juntos en cómo manejar esta interdependencia para el bien de los ciudadanos de ambos países. Se perdió la posibilidad de incorporar a los inmigrantes mexicanos plenamente en la sociedad estadounidense mientras mantenían también su identidad como mexicanos. Y se perdió la noción de que los dos países podían hacer causa común para mejorar las condiciones en Centroamérica, una región frágil cuyo futuro impacta a los dos.
Con Biden, se abre este abanico de posibilidades de nuevo. Se regresa a una agenda amplia y compleja entre los dos países. En este nuevo momento, se tendrá que hablar no solamente de cómo controlar la migración, sino cómo manejarlo inteligentemente e incorporar a los migrantes ya viviendo en el país vecino. Planear cómo sacar provecho del intercambio económico en un momento estratégico de reacomodo económico global.
Coordinar cómo hacer frente a la fragilidad de los países centroamericanos, que requiere de inversiones sostenidas y estratégicas. Decidir qué hacer con el narcotráfico, cuyos tentáculos están en ambos países. Enfrentar cómo ayudar a las comunidades fronterizas, que han sido diezmadas por las restricciones de movilidad, para que de nuevo sean motores de crecimiento.
La pregunta de un millón es si el gobierno mexicano quiere esta agenda amplia de países vecinos y socios. Hay quienes sospechan que el presidente López Obrador no lo tenía tan mal con el presidente Trump. Al final de cuentas, sólo tenía que cumplir con lo que le importaba a Trump—revisar el TLCAN y controlar a los migrantes—y no había más problemas. Esta agenda ampliada podría ser positiva para México, pero también requiere dedicar mucho más atención a asunto binacionales, quizás más de lo que le interesa al gobierno mexicano.
Requiere que el gobierno mexicano, y su presidente y canciller, estén en contacto constante con los dos partidos en Estados Unidos, con el Congreso, gobernadores y alcaldes, con líderes latinos y mexicanos, con empresarios y sindicalistas. E implica que el gobierno de Estados Unidos hará lo mismo en México, que a veces incomoda. Una relación compleja e interdependiente entre países requiere de un manejo complejo de esa interdependencia.
Sin duda, hay enojo entre demócratas, sobre todos entre congresistas de origen mexicano como Chuy García, Veronica Escobar y Joaquin Castro, por no felicitar a Biden en su victoria electoral. Pero en esto, hay tiempo para reparar relaciones, y tampoco se requiere de mucho, ya que estos son líderes afines a México y una nueva administración va a querer una relación cooperativa con México.
Quizás la pregunta clave es si el gobierno de México quiere una relación más intensa y colaborativa con el gobierno norteamericano—y con todos los elementos de la sociedad vecina. De todos modos, va a llegar esta agenda más compleja a partir de enero. Sin duda, este giro va a ser algo bienvenido por la gran mayoría de mexicanos que se han cansado de los ataques constantes de Trump, pero habrá que esperar un poco más para conocer la postura del gobierno mexicano frente a esta nueva realidad. (Andrew Selee, El Universal, Mundo, p.21)
Hace dos años, cuando López Obrador tomaba protesta como Presidente de México, había muchas preguntas acerca de la futura relación que tendría con el Presidente de Estados Unidos, el republicano Donald Trump. La incertidumbre que generaba un supuesto gobierno de izquierda ante un proteccionista como Trump era tan grande que incluso llegó a temerse por una ruptura de relaciones de nuestro país con nuestro vecino del norte. Esto no sucedió.
Contra todo pronóstico, AMLO encontró en el presidente Trump una especie de aliado que, a pesar de humillarlo, le daba palmadas en la espalda a conveniencia. López Obrador cultivó con Trump una relación de subordinación más que una relación respetuosa entre naciones vecinas, conveniente sólo para ambos mandatarios y sus intereses particulares.
Diez días después de la elección y a 6 días del reconocimiento de Biden como presidente electo de Estados Unidos, el gobierno mexicano continúa su política de negación y silencio ante la inminente salida de Trump de la Casa Blanca. Acorde con los líderes populistas y nacionalistas del mundo, el gobierno de México se ha negado a reconocer a Biden como Presidente electo, dejando a nuestro país en una posición muy incómoda para conversar con el futuro gobierno.
Es verdad que México no fue un tema prioritario durante la campaña, ni la republicana ni la demócrata. También es verdad que el potencial gobierno de Biden llegará a la Casa Blanca con una agenda tan cargada de temas urgentes que la relación con nuestro país, por lo menos en lo inmediato, seguirá estando en un segundo plano. Sin embargo, en el mediano plazo esto puede cambiar cuando acabe la emergencia sanitaria y los asuntos internos del país vuelvan a su cauce, Biden volverá a ver a nuestro país.
En materia comercial, en el plano positivo, México y las empresas mexicanas, encontrarán mayor certidumbre. Sin soslayar el endémico proteccionismo demócrata en sectores importantes de la economía, las empresas mexicanas podrán contar con la certeza de que las reglas, al menos las del tratado, se cumplirán. Se terminaron los tiempos de las amenazas arancelarias y los manotazos en la mesa para obligar a México a tomar decisiones de política interna.
Por supuesto este entorno será positivo hasta en tanto México cumpla con sus obligaciones. Hay dos temas en los que Biden pondrá mayor presión y que serán positivos para la ciudadanía pero que representarán un reto para el gobierno de México porque contradicen su actual política interna: el energético y el ambiental. El impulso de un gobierno estadounidense a las energías renovables y un redoblado esfuerzo para luchar contra el cambio climático (y la reintegración de Estados Unidos al Acuerdo de París), forzarán a México a repensar y transformar su política interna en estas materias.
En materia migratoria, la relación volverá al cauce que tenía con Obama. Es verdad que fue la época de mayores deportaciones de mexicanos, pero también es verdad que nunca hubo los terribles abusos y trato inhumano que los migrantes sufrieron con Trump. Se irán las jaulas para niños migrantes, dormir en el suelo con otras decenas de niños y sobre todo el drama de la política de separación de familias que, dos años después, aún mantiene separados a casi 600 pequeños de sus padres.
En esta materia, la forma es fondo y es seguro que el gobierno de Biden buscará terminar con las violaciones a derechos humanos y los programas como “Quédate en México” que convertían de facto a nuestro país en un “Tercer país seguro”. La dupla Biden-Kamala se ha comprometido a poner un gran esfuerzo en reunificar a los niños con sus padres. Sin embargo, el tema central de las relaciones entre ambos países dejará de ser el migratorio, para fortuna de ambos países.
El mayor reto en la relación bilateral será sin duda lo político. Tras la visita (forzada) de López Obrador a Trump durante la campaña y el silencio ante el triunfo de Biden, el mandatario mexicano se ha puesto en una posición insostenible en el futuro inmediato. El 20 de enero Joe Biden será oficialmente Presidente de Estados Unidos, ojalá nuestro país esté preparado para trabajar con él. (Solange Márquez, El Universal, Mundo, p.21)
Joseph Biden conoce muy bien América Latina, región que visitó con frecuencia en su calidad de senador y de vicepresidente. Las relaciones interamericanas se replantearán sobre nuevas bases teniendo en cuenta que el bloque más conservador representado fundamentalmente por Jair Bolsonaro en Brasil y en menor medida por Iván Duque en Colombia perderán a su mejor aliado en Washington.
Una solución negociada en Venezuela requerirá el concurso de Cuba que sufrió el asedio implacable de la administración Trump, la cual si bien no rompió formalmente relaciones con La Habana le impuso sanciones que castigaron severamente a la población con la imposición de sanciones unilaterales que se agudizaron en tiempos de Covid-19, la reducción drástica de las remesas, la adopción de medidas restrictivas afectando el turismo que un pulmón de una economía maltrecha, y la activación por primera vez del Título Tercero que constituye la aplicación extraterritorial de la Ley Helms Burton que castiga a las empresas extranjeras que hacen negocios con Cuba. Si bien la nueva administración insistirá en la situación de los derechos humanos y en la necesidad de un mayor pluralismo no condicionará la normalización de las relaciones con el gobierno cubano como lo hizo Barak Obama.
RELACIÓN MÉXICO-EU
No es la primera vez que un presidente mexicano actúa de manera errática ante un proceso electoral en Estados Unidos. En 1992 Carlos Salinas de Gortari le apostó a la reelección de George W. Bush con quien se había negociado el Tratado de Libre Comercio y tuvo que improvisar los contactos con el Partido Demócrata y la administración de William Clinton. El nuevo mandatario condicionó la aprobación del Tratado a la negociación complementaria de acuerdos paralelos en materia ambiental y laboral.
En agosto de 2016, el presidente Enrique Peña Nieto no supo guardar las distancias con los dos campos políticos e invitó al candidato Donald Trump a realizar una breve visita a México. Fue sin duda uno de los peores errores históricos de la política exterior de los últimos tiempos al contribuir a que el candidato republicano relanzara su campaña con un discurso denigrante contra México acusado de todos los males de la sociedad estadunidense y que marcó la relación entre los dos gobiernos. La campaña de la candidata demócrata Hillary Clinton tomó buena nota del perjuicio provocado por la iniciativa del gobierno priista.
El presidente Andrés López Obrador tampoco mantuvo una equidistancia ante el proceso electoral manifestando en sus casi dos años de gobierno una notable empatía con Donald Trump al que se guardó de criticar aun en las coyunturas más sensibles para la relación bilateral.
Fue así como antes las amenazas de imposición de aranceles si México no actuaba para contener las olas migratorias provenientes de Centroamérica, se dispuso la utilización de la Guardia Nacional creada para otros fines aceptando las decisiones unilaterales de Washington en esa materia. Su único viaje al extranjero fue a Estados Unidos para agradecer al presidente Trump la negociación del T-MEC que sustituyó al TLCAN “el peor tratado del mundo”, excluyendo cualquier contacto con el liderazgo del Partido Demócrata dominante en la Cámara de Representantes y obviamente con la campaña de Biden. La apuesta por la reelección de Trump, que halagó a AMLO en su campaña, influyó en fracciones del voto latino en favor del mandatario y eso los demócratas no lo olvidarán. México fue rehén de la política de extorsión del presidente Trump. De manera no menos sorprendente, el gobierno de López Obrador se abstuvo de felicitar al presidente electo con una argumentación afín a la administración Trump de que el proceso electoral no ha concluido.
Joseph Biden escribió un artículo sobre el diseño de su futura política exterior en Foreign Affairs previamente a las elecciones del 3 de noviembre. Es significativo que su texto no menciona a México en ningún momento. Sólo se refirió al compromiso de otorgar apoyo financiero a El Salvador, Guatemala y Honduras por sus condiciones de pobreza extrema y violencia sin relacionarlo siquiera con el Plan Integral promovido por la administración de López Obrador. En otras palabras, su vecino del sur no está en el radar de sus principales prioridades.
En todo caso la relación será compleja y la política hacia México seguirá siendo una de contención en materia migratoria desde la frontera con Centroamérica. Si bien se derogarán posiblemente medidas antiinmigrantes tales como la separación de menores de sus familiares, las condiciones infrahumanas de detención y el programa de “Quédate en México” para los solicitantes de asilo centroamericanos, y se favorecerá la regularización del programa “Acción Diferida para los Llegados en la Infancia” (DACA) y de acceso a la ciudadanía de migrantes irregulares, no se abrirán las puertas a flujos masivos y continuarán también las deportaciones masivas.
De igual manera, las acciones contra el crimen organizado y el narcotráfico ocuparán una buena parte de la agenda, pero bajo un clima de desconfianza hacia las autoridades mexicanas a raíz de las detenciones de Genaro García Luna y del General Salvador Cienfuegos, así como la frustrada detención del hijo del Chapo Guzmán en 2019. La penetración del Estado mexicano por las organizaciones delictivas será una preocupación central en Washington incluyendo en el Congreso.
El gobierno de Biden será también menos tolerante que la anterior administración en cuanto a los hechos de violencia y las violaciones de derechos humanos que persisten en el país. EU requiere de un vecino estable con una democracia sólida y una separación de poderes efectiva que garantice el estado de derecho.
Habrá sin duda una mayor certidumbre en materia comercial sin las amenazas del pasado reciente en lo que fue una verdadera relación de extorsión. Sin embargo, las autoridades estadunidenses serán mucho más estrictas en el cumplimiento de las disposiciones en materia ambiental y laboral. No se pueden ignorar las preocupaciones crecientes de los inversionistas extranjeros en cuanto a la incertidumbre jurídica bajo la cual se desarrollan sus proyectos y el clima de hostilidad a la participación privada en la economía en contradicción con el espíritu del T-MEC.
Finalmente, México será miembro no permanente del Consejo de Seguridad en 2021-2022. Su participación y las posiciones asumidas serán siempre susceptibles de contrariar los intereses de EU generando fricciones. Pero Washington también requerirá el concurso de México para abordar los temas más candentes de las relaciones interamericanas. La nueva coyuntura pone a prueba la capacidad del gobierno de López Obrador de convertirse en un interlocutor confiable y respetado. (Claude Heller, Reforma, Revista R, p. 16)
Puede decirse que el mundo respira más tranquilo con la elección de Joseph Biden como nuevo presidente, quien alcanzó los votos necesarios el 7 de noviembre en un proceso sumamente competido y convulso.
El tono conciliador y moderado del nuevo ocupante de la Casa Blanca marcará otro estilo y le devolverá respetabilidad a la investidura presidencial después de cuatro años de caos administrativo, provocaciones y humillaciones a sus críticos y rivales que derivaron en la profunda división de la sociedad.
En primer lugar, la pandemia del Covid-19 exige una respuesta urgente dada la gravedad de la crisis sanitaria siendo Estados Unidos el país de mayores contagios y de número de víctimas que aumentan dramáticamente. Ello implica una plena atención de las recomendaciones de la comunidad científica, el apoyo a los esfuerzos clínicos para obtener las vacunas, la dotación de recursos y la coordinación del gobierno federal con las entidades del país.
En segundo lugar, la adopción de un paquete de estímulo fiscal negociado con el Congreso es imprescindible considerando el brutal impacto sobre la economía y el empleo tomando en cuenta que la administración Trump y la oposición demócrata no fueron capaces de alcanzar un compromiso antes de las elecciones.
En tercer lugar, y no menos importante, la futura administración deberá reparar en la medida de lo posible las profundas divisiones sociales resultado de la desigualdad, el racismo y el deterioro de las instituciones encargadas del mantenimiento de la ley y el orden que requieren reformas profundas como lo han demostrado los hechos de violencia en el país.
En cuarto lugar, frente al discurso de odio, Estados Unidos debe recuperar su esencia como sociedad multiétnica y multicultural que también se nutre de la migración indispensable para su desarrollo. Una revisión a fondo de un sistema migratorio que está quebrado es una prioridad, igual que la derogación de las políticas inhumanas hacia los migrantes y de las medidas que violan el derecho de asilo contempladas en la Convención sobre Refugiados de 1951.
En quinto lugar, frente al negacionismo de Donald Trump, el futuro gobierno deberá reorientar las políticas públicas ante los estragos del cambio climático y la imperiosa necesidad de desarrollar energías limpias que impacten favorablemente el crecimiento. (Claude Heller, Reforma, Revista R, p. 15)
Tres hombres y tres mujeres –una costarricense y dos colombianas– fueron detenidos en la alcaldía Cuauhtémoc por agentes de la Policía de Investigación al ser identificados como integrantes de un grupo delictivo dedicado al secuestro, extorsión, cobro de derecho de piso y realizar préstamos a particulares, conocidos como gota a gota.
Junto con efectivos del Grupo Especial de Reacción e Intervención cumplimentaron una orden de cateo en un departamento de San Simón Tolnáhuac, donde fueron detenidos Diana R, de 37 años, Janna G, de 23, y Michelle P, de 20, mientras los hombres son Alfredo V, de 39 años, Luis M, de 29, y Carlos G, de 23, a quienes se decomisó una bolsa con 19 dosis de mariguana.
(Elba Mónica Bravo, La Jornada, Capital, p. 36)
Las Palmas De Gran Canaria (España).- El servicio español de Salvamento Marítimo auxilió este sábado a 444 migrantes, entre subsaharianos y magrebíes, que navegaban en 17 embarcaciones precarias (pateras) rumbo a las islas Canarias desde el contienente africano, en otra jornada de la grave crisis migratoria que se vive en este archipiélago español del océano Atlántico.
Durante la noche pasada fueron rescatadas 294 personas de diez pateras y una lancha neumática, la mayoría (253) llevadas al muelle portuario de Arguineguín (isla de Gran Canaria), desbordado desde hace semanas por la llegada masiva de estas barcazas. Otras 41 personas fueron trasladadas a la isla de Fuerteventura, informaron fuentes de los equipos de socorro.
Seis de los rescatados son mujeres, dos de ellas embarazadas, y una de éstas tuvo que ser evacuada a un centro sanitario por hipotermia y dolores abdominales. (Redacción, Ovaciones, Internacional, p. 14)
El último y enésimo esfuerzo del gobierno del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, por derribar el programa DACA fracasó este sábado en los tribunales. Un juez federal falló que las nuevas restricciones impuestas en julio son ilegales porque quien las firmó, Chad Wolf, no estaba ejerciendo legalmente el cargo de secretario interino de Seguridad Nacional.
La legislación, que Wolf aprobó hace cuatro meses, indicaban que a partir de entonces quedaban prohibidas nuevas solicitudes para adherirse al programa, aprobado en 2012 por el expresidente Barack Obama para proteger a los llamados soñadores, niños migrantes que llegaron a EU junto a sus padres cuando eran niños.
Las restricciones del gobierno también limitaban las renovaciones anuales a una en lugar de las dos que hasta entonces estaban permitidas.
TRES AÑOS DE OFENSIVA
El gobierno en funciones todavía puede apelar la decisión judicial, pero este nuevo fallo supone, con casi total seguridad, el fin de la larga batalla del gobierno de Trump contra el DACA (La acción diferida para los llegados en la infancia). Es poco probable que el presidente saliente pueda tomar ahora nuevas acciones antes de la inauguración del mandatario electo, Joe Biden, el 20 de enero próximo.
El 5 de septiembre de 2017, el entonces fiscal general de EU, Jeff Sessions, anunció en rueda de prensa que el gobierno republicano eliminaría el programa DACA, pero diversas cortes bloquearon estos intentos.
El caso llegó a la Corte Suprema, que este junio pasado avaló los fallos de tribunales inferiores y confirmó que el programa sigue adelante.
El alto tribunal citó que las peticiones del gobierno tenían defectos de forma, ante lo que Trump reaccionó asegurando que intentaría de nuevo cancelar DACA. De esta manera, la nueva reglamentación de Seguridad Nacional pretendía dar tiempo a la Casa Blanca para preparar la nueva ofensiva, estrategia que ahora ha entrado en punto muerto.
WOLF, AMPLIAMENTE CUESTIONADO
Durante sus casi cuatro años de gobierno, el todavía presidente Trump ha tenido ni más ni menos que cinco secretarios de Seguridad Nacional, de los cuales solo dos han llegado a estar confirmados por el Senado, como marca la ley.
Un juez en Maryland falló que Wolf estaba ejerciendo el cargo sin aval legal, y también la Oficina de Rendición de Cuentas del Gobierno de EU aseguró en un reporte publicado en agosto que su nominación fue inválida. (Agencias en Washington, La Crónica de Hoy, Mundo, p, 18)
(AP, El Universal, Mundo, p.20)
(Afp, Ap y Reuters, La Jornada, Mundo, p. 28)
(Redacción, Excélsior, Global, p. 26)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.