El Instituto Nacional de Migración asegura que respeta los derechos humanos
El endurecimiento de la política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador no sólo se ha limitado a frenar el flujo de indocumentados en las fronteras sur y norte del país, sino además se ha traducido en un “maltrato” a turistas, principalmente sudamericanos, quienes están siendo víctimas de violación a derechos humanos por parte de personal del Instituto Nacional de Inmigración (INM).
“Infelizmente confirmo que el Gobierno de Brasil ha recibido una cantidad significativa de quejas de ciudadanos brasileños que son impedidos a entrar a México y que son maltratados por autoridades del INM en los aeropuertos internacionales del país”, afirmó para el Sol de México, Wanja Campos de Nóbrega, cónsul general de Brasil en nuestro país.
Agregó que a pesar de que esto no es nuevo, la situación se ha agravado en los últimos meses, con el reforzamiento de medidas para detener el flujo migratorio desde el sur, bajo la presión del gobierno estadounidense de Donald Trump.
De acuerdo con la diplomática, las denuncias más frecuentes son acerca de las condiciones inhumanas de las zonas de detención en los aeropuertos de la Ciudad de México y de Cancún, así como la falta de información de parte de los agentes migratorios sobre la situación legal de los pasajeros rechazados.
“Los viajeros se quejan de la falta de alimentos y bebidas durante su periodo de detención. Muy preocupante es también la información de que a muchos de ellos no se les brinda la posibilidad de comunicarse por teléfono con este consulado general, un derecho previsto en la Convención de Viena de las Relaciones Consulares”, advierte Campos de Nóbrega.
Consultado al respecto, el INM aseguró que, en apego a la Ley de Migración y su Reglamento, el Instituto tiene la facultad de realizar entrevistas breves para conocer el motivo de la visita de los ciudadanos de otros países y en caso de existir inconsistencias, llevar a cabo una segunda entrevista para confirmar los datos proporcionados por los extranjeros ante el Agente Federal de Migración.
Subrayó, además, que el ingreso de los visitantes extranjeros se debe llevar a cabo de acuerdo a los protocolos establecidos y con respeto irrestricto a los derechos humanos de las personas. “El derecho de comunicarse con sus representantes consulares, así como el principio de no discriminación es parte fundamental de este procedimiento que lleva a cabo el personal del INM”, subrayó.
Por último, destacó que el Instituto tiene la tarea fundamental de proporcionar un servicio hospitalario y de calidad.
Las secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación entregaron 100 cartas de naturalización a personas de distintos países que lo solicitaron voluntariamente y que cumplieron con los requisitos establecidos por las leyes mexicanas.
El evento estuvo encabezado por Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación; Marcelo Ebrard Casaubon, secretario de Relaciones Exteriores, Francisco Garduño Yáñez, comisionado del Instituto Nacional de Migración y José Antonio Domínguez Carballo, titular de la Unidad de Finanzas de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Durante la ceremonia de entrega de Cartas de Naturalización, que se llevó a cabo en la Secretaría de Relaciones Exteriores, la secretaria Sánchez Cordero dio lectura a la Carta de Principios y Valores a los más de 80 naturalizados, provenientes de 17 países, que asistieron con sus familiares.
Finalmente el secretario Ebrard Casaubon tomó protesta y felicitó a los nuevos mexicanos, seguido por la entonación del Himno Nacional y dos piezas musicales de la cantante de ópera Filippa Giordano, mexicana naturalizada, en compañía de la Orquesta Sinfónica de la Secretaría de Marina.
(Roxana González, El Sol de México, Nacional, p.11)
El subsecretario de Empleo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Horacio Duarte Olivares, reconoció que en el Centro Integrador para el Migrante de Ciudad Juárez, Chihuahua, las acciones de vinculación de los indocumentados al sector laboral han sido lentas. Precisó que aproximadamente 100 de ellos tienen un empleo.
En los dos meses de funcionamiento de este centro se ha atendido a alrededor de mil 800 migrantes que esperan respuesta a su solicitud de asilo en Estados Unidos, y en este momento cuentan con cerca de 700.
Duarte Olivares explicó que hay diversas complicaciones para la colocación en vacantes, entre ellas que del total de personas en ese espacio, 50 por ciento son niños y sus madres se dedican a cuidarlos, por lo que la fuerza laboral se redujo.
También, explicó, “no hemos logrado brindar del todo” la apertura de cuentas de nómina para que las empresas puedan pagar a los migrantes. No obstante, explicó, algunos centros laborales en Ciudad Juárez lo han resuelto mediante cuentas concentradoras.
En la firma del convenio entre la STPS e Index para proveer empleo en la frontera norte a esta población, detalló que a escala general 4 mil migrantes están laborando en diversos estados, principalmente en la industria maquiladora.
(Jessica Xantomila, La Jornada, Política, p.15)
Mientras la desaceleración económica de México es algo que le quita el sueño al secretario de Hacienda, Arturo Herrera, el Fondo Monetario Internacional (FMI) redujo sus perspectivas de crecimiento para la economía del país hacia el final del sexenio, pues estima que en 2024 alcanzará un nivel de 2.4 por ciento, desde el 2.7 proyectado en abril pasado.
La consejera económica y directora del Departamento de Estudios del FMI, Gita Gopinath, atribuyó el bajo crecimiento económico de México a las altas tasas de interés.
El director adjunto del Departamento de Investigaciones del FMI, Gian Maria Milesi-Ferretti, añadió las incertidumbres políticas son por algunas de las reformas estructurales y eso ha tenido un impacto serio en la inversión. A esto se suma lo que sucedió con la migración, aunado a que México es un gran centro de fabricación de manufactura y hay una desaceleración mundial de ésta.
Arturo Herrera se reunirá con ministros de Centroamérica para hablar de la migración y acciones para enfrentarla de forma eficaz; su equipo verá a funcionarios de EU para hablar de la reforma laboral en México, que preocupa a demócratas.
(Silvia Rodríguez y Reuters, Milenio, Negocios, p.23)
Las políticas del Estado mexicano todavía distan mucho de cumplir los tratados internacionales que las autoridades del país han firmado, advirtieron diversas organizaciones civiles en un informe sombra que presentaron el lunes anterior al Comité de Derechos Humanos (CDH) de la Organización de las Naciones Unidas, que hoy y mañana realizará un examen al gobierno de México para verificar el nivel de cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En un comunicado conjunto –firmado por organizaciones como la red Todos los Derechos para Todas y Todos y los centros de derechos humanos Pro Juárez, Fray Francisco de Vitoria y Fray Bartolomé de las Casas, entre otros–, los colectivos señalaron que su informe alternativo será discutido con los miembros del mencionado comité de la ONU en Ginebra, Suiza, para informarles a profundidad sobre temas como militarización de la seguridad pública, migración indocumentada y acceso a la justicia.
La comparecencia de la delegación mexicana, señaló la activista, servirá por una parte para que los funcionarios presenten una versión actualizada de un documento elaborado por el gobierno anterior, pero también para saber si las autoridades están dispuestas a reconocer la magnitud de la crisis de derechos humanos en el país y a escuchar críticas en temas como la Guardia Nacional y los abusos contra personas migrantes.
(Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p.14)
Son siete los ciudadanos ecuatorianos a los que el gobierno de México ha brindado protección y refugio en su embajada en Quito, aclaró ayer la cancillería mexicana.
Se trata de personajes políticos de Ecuador afines a Rafael Correa, ex mandatario de ese país, que ocuparon cargos durante su gobierno y han sido férreos opositores a la gestión del presidente Lenín Moreno (a partir de la ruptura con el correísmo). Entre el sábado y el lunes fueron recibidos por México ante la crisis política y social que se vive en ese país.
(Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p.15)
Las autoridades mexicanas sí podrán cumplimentar la orden de aprehensión en contra de Gilda Austin, madre del ex director de Pémex, Emilio Lozoya Austin, y deberá enfrentar su proceso en prisión preventiva en caso de que sea extraditada a México por la justicia alemana, donde se lleva a cabo su procedimiento de entrega.
(Gustavo Castillo García, La Jornada, Política, p.16)
Ciudad de México
Una mujer de 42 años de nacionalidad canadiense fue localizada sin vida en su domicilio en la colonia Roma Norte, en la alcadía de Cuauhtémoc, informó la Procuraduría General de Justicia capitalina.
El hallazgo se realizó el domingo 13 de octubre, cuando el propietario del inmueble solicitó el apoyo de la Policia Preventiva, ya que se desprendía un olor fétido de un departamento, y además, tenía varios días sin ver a la inquilina a quien le había rentado la vivienda, recientemente.
Los elementos policiacos hallaron el cuerpo en estado de putrefacción; se notificó a la embajada de Canadá.
(Redacción, Excélsior, Nacional, p.25)
Estado de México
Dos jóvenes colombianos participaron en la ejecución de un juez federal en Metepec, Estado de México, en octubre de 2016, informaron fuentes judiciales.
Se trata de José Antonio y José Alberto Vara Espinosa, a quienes autoridades tienen identificados como los homicidas del juez Vicente Bermúdez Zacarías, ultimado de un balazo por la espalda mientras corría cerca de su casa.
Las fuentes informaron que Marisela Macías Gutiérrez, esposa del juez, mantenía una relación sentimental con José Antonio, mientras que el padre de los hermanos estaba preso en el penal del Altiplano.
La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo esta semana en León, Guanajuato, a Macías Gutiérrez, a quien acusa del homicidio calificado de quien era juez Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Civiles en Toluca.
(Staff, Reforma, Nacional, p.12)
Guanajuato
Guanajuato.- La décima sala penal del Supremo Tribunal del Estado (STJE) ratificó la sentencia de 60 años de cárcel al ex guerrillero chileno Raúl Escobar Poblete, alias El comandante Emilio, por el delito de secuestro agravado en San Miguel de Allende.
El 13 de marzo de 2017 el acusado secuestró en esa ciudad a una víctima de nacionalidad francoamericana, la mantuvo cautiva durante varios meses en un domicilio y exigió una fuerte suma de dinero a sus familiares a cambio de la liberación, recordó la Fiscalía General del Estado (FGE).
(Carlso García La Jornada, Política, p.14)
Estados Unidos
Washington.— El presidente Donald Trump vetó ayer una resolución que pretendía impedir que utilizara sus facultades de declaración de emergencia para cancelar proyectos militares a fin de financiar la construcción de un muro en la frontera con México.
Trump invalidó una medida similar en marzo pasado. En su mensaje de veto, indicó que la situación en la frontera sur del país sigue siendo una emergencia nacional y que “nuestras fuerzas armadas aún son necesarias para ayudar a confrontarla”.
Es poco probable que el Congreso cuente con los votos suficientes para anular el veto. En total, 127 proyectos de construcción militar, por un total de 3 mil 600 millones de dólares, perderán sus recursos. Los demócratas alegan que Trump pisoteó la autoridad del Congreso en materia presupuestal y eligió el muro por encima de las necesidades del ejército. El presidente dijo que la resolución habría obstaculizado la capacidad del gobierno para combatir el tráfico de drogas y de personas.
(AP y EFE, El Universal, Mundo, p.A17)
Washington. La directora de Amnistía Internacional Margaret Huang y otros 17 activistas fueron arrestados ayer frente al Capitolio durante una protesta en contra de la decisión de Donald Trump de reducir a 18 mil la cifra de refugiados que admitirá en los próximos 12 meses. El límite histórico promedio es de 95 mil.
(Staff, Reforma, Internacional, p.14)
Los Ángeles.- Defensores de migrantes presentaron en San Diego, California, una demanda a nombre de una niña salvadoreña de nueve años contra la Patrulla Fronteriza (CBP) por retenerla más del tiempo establecido.
La salvadoreña Adaluz López Martínez y su hija estuvieron bajo custodia del CBP más tiempo del establecido por los acuerdos del tema.
Ambas fueron regresadas a México como parte del Programa de Protección de Migrantes (MPP). En nuestro país fueron víctimas de robo, agresiones e intento de secuestro.
(EFE, Excélsior, Global, p.28)