En los dos últimos días, 142 mexicanos deportados por Estados Unidos llegaron al país. El lunes, un grupo de 57 connacionales arribó vía aérea al aeropuerto de Villahermosa, Tabasco; mientras que ayer, personal del INM recibió a 85 paisanos en Morelia, Michoacán.

(Staff, Reforma, Nacional, p. 2)
A la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) se le extraviaron más de mil libretas de pasaporte tipo G.
La Cancillería mexicana puso en práctica el protocolo internacional de alerta y seguridad, ante la pérdida de los documentos.
Anoche, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó a este diario que el pasado 8 de enero se identificó el faltante de la documentación contenida en nueve cajas cerradas y correspondientes a seis lotes.
“Esta dependencia levantó un acta circunstanciada, de la cual se notificó a la Fiscalía General de la República, el Instituto Nacional de Migración y la Interpol, a fin de hacer una notificación a nivel nacional e internacional sobre los folios de las referidas libretas, a fin de evitar su uso ilegal”, indicó la dependencia federal.
La Cancillería añadió que se tiene comprobado que dichas libretas no se han utilizado para la expedición de pasaportes en las delegaciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores ni en consulados en el extranjero.
Tampoco se tiene reporte de que alguna libreta se haya pretendido usar para ingresar o transitar por países extranjeros.
La Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto (DGPOP) de Relaciones Exteriores informó a las representaciones de México en el exterior sobre la pérdida de las libretas, así como los folios correspondientes, para que se esté alerta sobre cualquier intento de mal uso de éstas.
En total son mil 446 libretas las que se extraviaron de la bóveda y almacén de la DGPOP. Se trata del lote 10, que comienza en el número 39 millones 4 mil 862.
“Por este conducto me permito informar que la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto informó (…) sobre el extravío de mil 446 libretas de pasaporte tipo G.
“Agradeceré notificar lo anterior al personal de esa representación e instruir lo conducente para que, en caso de detectarse o presentarse los citados documentos, se retengan y se dé aviso inmediato”, expuso la Dirección General Adjunta de Servicios Consulares, en el oficio (del cual EL UNIVERSAL tiene copia) enviado a las representaciones de México en el exterior.
El pasaporte mexicano tipo G es el que se expide con validez de uno, tres, seis o 10 años.
De acuerdo con fuentes diplomáticas, embajadas, consulados, notarías, sistemas financieros, entre otros, fueron alertados, así como instituciones migratorias de otras naciones.
En agosto de 2017 se reportó el robo de 200 libretas para pasaporte, por lo cual la Secretaría de Relaciones Exteriores lanzó alerta dentro y fuera del país. (Ariadna García; El Universal, p. A2)
(Enrique Sánchez, Excélsior, Nacional, p. 17)
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos comparó el hallazgo de este fin de semana de 19 cuerpos calcinados en Tamaulipas, presumiblemente migrantes guatemaltecos en su mayoría, con la masacre de San Fernando de 2010, donde fueron asesinados 72 migrantes.
“Estamos profundamente preocupados por los hechos reportados por distintos medios sobre el hallazgo de 19 personas calcinadas en Tamaulipas. De acuerdo con la información recibida, al menos varias de las víctimas serían guatemaltecas”, apuntó mediante un boletín el representante México, Guillermo Fernández-Maldonado.
“Estos hechos recuerdan a las masacres ocurridas en San Fernando, Tamaulipas, en 2010, y Cadereyta, Nuevo León, en 2012, donde los familiares de las víctimas siguen en búsqueda de verdad, justicia y reparación”, señaló la ONU-DH.
El funcionario destacó que “la falta de alternativas para una migración realmente segura, ordenada y regular orilla a las personas migrantes a recurrir a traficantes de personas o a rutas peligrosas”, y esto los lleva a ser posibles víctimas de “graves violaciones” de los derechos humanos.
Por su parte el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Reyes, condenó la masacre este fin de semana: “Estamos muy preocupados, realmente, por esa situación, lamentamos lo que está ocurriendo”.
Reyes aclaró que, luego de que todavía no logra identificarse plenamente a las personas calcinadas, el gobierno guatemalteco está pendiente de nueva información que dé claridad en el caso.
Identidades
Aunque en México se llevan a cabo las investigaciones necesarias, así como la toma de muestras de ADN de los restos para lograr identificar a las víctimas, tanto el Ministerio de Relaciones Exteriores, como el diputado de Guatemala Douglas Rivero, llevan a cabo los protocolos oficiales para que, en caso de ser compatible el ADN de las familias que reclaman los cuerpos de las víctimas, los restos sean repatriados a la brevedad.
En entrevista con MILENIO Televisión, el vocero de la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas, Luis Alberto Rodríguez, indicó que hasta el momento se ha podido establecer que de los cuerpos fueron hallados calcinados en esta entidad, 16 eran hombres, uno de ellos era mujer y hay dos que no se ha podido establecer su género.
Acerca de su identidad indicó que las muestras de ADN que se recolectaron deberán servir para cotejar la afinidad con alguna familia que esté reclamando el cuerpo.
“Ha habido ya una serie de consultas con el vicecónsul de Guatemala en México precisamente para poder intercambiar información y sobre todo canalizar esto que hemos visto en redes sociales donde se afirma que son tal o cual personas las que pudieran ser las víctimas”.
Aseguró que a través del ADN es la única manera científica y jurídica de establecer la identidad “entonces, de parte del gobierno de Guatemala o de cualquier otro país que pudiera tener interés sobre el tema, tendrá que hacer los protocolos pertinentes, que son las muestras de ADN de las familias, para poder hacer la comparación”. (Verónica Díaz, Milenio, 8 Columnas)
(César Martínez, Reforma, Nacional, p. 2)
(Alfredo Peña, Excélsior, Nacional, p. 18)
(Agencias, El Economista, Política y Sociedad, p. 39)
(EFE, Ovaciones, Seguridad, p. 10)
(Luis Carlos Rodríguez González, Contraréplica, P.p.)
El hallazgo de 19 cuerpos calcinados en el estado de Tamaulipas, los cuales al parecer eran de migrantes guatemaltecos, deja ver que los mecanismos de tráfico de personas en esta zona del país siguen intactos después de eventos como las masacres de San Fernando y Cadereyta, debido justamente a la impunidad en que permanecen dichas atrocidades, señalaron organizaciones civiles e internacionales.
Ana Lorena Delgadillo, directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho, señaló que aunque todavía no hay información fidedigna que corrobore la identidad de los 19 cuerpos encontrados en el municipio de Camargo, el descubrimiento ocurrió en una zona donde los migrantes tratan de ingresar a Estados Unidos, al tiempo que denunció la falta de castigo por los crímenes perpetrados contra este sector.
Cuando hay impunidad se manda el mensaje de que la violencia está permitida. En el caso de masacres contra migrantes existe una impunidad persistente: el año pasado se cumplieron 10 años de la masacre de los 72 en San Fernando, y en 2021 se cumplen 10 de las fosas clandestinas (también de ese municipio), y en ninguno de esos casos hay una sola persona sentenciada, recordó.
Sin alternativas para una migración segura: ONU-DH
El representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), Guillermo Fernández-Maldonado, manifestó su preocupación por el descubrimiento de los 19 cuerpos calcinados y destacó el riesgo a que se exponen los migrantes en su tránsito por México.
La falta de alternativas para una migración segura, ordenada y regular los orilla a recurrir a traficantes de personas o a rutas peligrosas, lo cual aumenta su riesgo de ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos, afirmó en una declaración difundida por ONU-DH. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p. 8)
Santa Cristina, Dora, Iván y Anderson dejaron todo atrás para dirigirse al norte en busca de mejores oportunidades. No imaginaron que los peligros de la ruta migratoria podrían alcanzarlos.
Al menos una docena de jóvenes de entre 15 y 23 años salió de la comunidad de San Marcos, en Comitancillo, uno de los municipios más pobres de Guatemala, entre el 12 y el 13 de enero con destino a Estados Unidos, y desde el jueves de la semana pasada se les perdió la pista.
Sus familiares aseguran que están entre las víctimas de los 19 cuerpos calcinados que se encontraron el viernes en el poblado Santa Anita del municipio de Camargo, Tamaulipas, en los límites con Nuevo León, versión que cada día se hace más fuerte.
Ante ello, el Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país ya tomó nuestras de ADN entre algunos de los familiares denunciantes, en espera que que las autoridades mexicanas revelen los primeros avances de las indagatorias e identifiquen los cuerpos, para así determinar si hay o no guatemaltecos entre las víctimas.
José Aguilón, originario de Comitancillo y quien desde hace 13 años vive en Massachusetts, indicó en entrevista telefónica con La Jornada que desde que salieron de su comunidad, los jóvenes estaban en constante comunicación con sus familias, pero a finales de la semana pasada perdieron contacto.
Aguilón es primo de Santa Cristina García Pérez, de apenas 17 años, y tío de la esposa de Gudiel Iván Pablo Tomás, de 22, dos de las posibles víctimas. Detalló que algunas autoridades de su país han confirmado a las familias que entre los 19 asesinados en Tamaulipas hay guatemaltecos, aunque oficialmente no hay confirmación.
Olga Pérez, madre de Santa Cristina, aseguró a un medio local que el propio coyote les aseguró que se trata de sus hijos. Sólo pido a las autoridades que me traigan el cuerpo de mi hija, aunque sea únicamente las cenizas.
Dora, de 23 años, en todo momento se estuvo reportando con su padre. Le decía que estaba bien y a punto de alcanzar la frontera entre México y Estados Unidos. Lo último que le contó fue que habían tenido que salir de la carretera debido a la presencia de agentes migratorios. Después de eso, no se supo nada de ella ni del resto de sus compañeros.
El domingo, el gobernador departamental de San Marcos lamentó la trágica muerte de nuestros compatriotas migrantes que ocurrió en Tamaulipas. Mientras el alcalde de Comitancillo, Héctor López Ramírez, se reunió con familiares de los 13 jóvenes y aseguró que el municipio está dolido y de luto por el crimen. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 8)
El hallazgo de 19 cuerpos calcinados de migrantes centroamericanos en Tamaulipas vuelve a poner sobre la mesa los riesgos para esta población y la necesidad de revisar la política migratoria entre México y Estados Unidos, con la llegada del nuevo presidente Joe Biden.
La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas (FGJ) informó el hallazgo de los cuerpos en varios vehículos en el poblado Santa Anita, en el municipio de Camargo, el 23 de enero pasado.
De acuerdo con los reportes de la Secretaría de Seguridad Pública, fueron encontrados en un vehículo incendiado, por lo que elementos de la policía estatal se trasladaron al lugar.
Información de medios locales refirió que se trataba de personas originarias de Centroamérica, la mayoría de origen guatemalteco y que pretendían llegar a Estados Unidos.
Ante el suceso, Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU-DH México, expresó que la falta de alternativas para una migración segura, ordenada y regular orilla a las personas migrantes a recurrir a traficantes o rutas peligrosas, lo cual aumenta su riesgo de ser víctimas de graves violaciones a sus derechos humanos
“El Estado tiene la obligación de garantizar la plena identificación de los restos encontrados conforme a métodos científicos y llevar a cabo una restitución digna a sus familias. Esperamos que las víctimas extranjeras y sus familias reciban todo el apoyo de sus autoridades consulares”, declaró Fernández.
Además, agregó que se debe permitir el acceso de las familias o sus representantes a la información contenida en los expedientes judiciales que se abran por estos hechos, al considerar que es un paso imprescindible para garantizar el derecho a la verdad, la justicia y la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas.
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), comenta que a pesar de que el tema de la migración ya fue mencionado por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aún falta atender las medidas para disminuir la migración de países como Honduras, El Salvador y Guatemala.
PASOS PENDIENTES PARA PROTEGER A LOS MIGRANTES
Entre las primeras acciones del presidente Biden se encuentra el regular la estancia migratoria en su país, no obstante, todavía existen pendientes para proteger a las personas que transitan por México y cuyo objetivo es llegar a la nación estadounidense.
“A su llegada, Biden anunció una propuesta de apoyar a Centroamérica con 4 mil millones de dólares a través de cuatro años, esa iniciativa y la de revisar los controles migratorios así como dar residencia permanente a más de 600 mil mexicanos que viven y trabajan allá y detener la construcción del muro son acciones positivas, sin embargo, puede que sean aún insuficientes para dar apoyo humanitario a los migrantes”, apunta Kuhner.
Al referirse sobre el trato del gobierno mexicano para atender la crisis migratoria, la directora considera que aún hay aspectos que son de terror para los centroamericanos.
“La política migratoria del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se prometió distinta, primero tenían un análisis para hacer un sistema migratorio regional, se quería ampliar el sistema de visas, porque si estás en Centroamérica resulta casi imposible poder ir a México a trabajar pero ya no se concretó. (Montserrat Sánchez, Reporte Índigo, P.p.)
San José.— Rafael López y López, un agricultor de 50 años de edad, salió el pasado 12 de enero de su natal Comitancillo, en Guatemala. Tenía como destino Estados Unidos, donde vivió durante 10 años, donde están su esposa y sus tres hijos. El año pasado fue deportado a su país y hace dos semanas inició el camino de vuelta, a través de México.
“Mi tío sólo quería volver a reunirse con su familia en Estados Unidos”, dijo Elba Orozco, en una conversación telefónica con EL UNIVERSAL desde su casa en la aldea Chijalaj de Comitancillo, en el departamento (estado) guatemalteco de San Marcos, cercano a la frontera con México.
“Comitancillo está más triste que nunca. Esta es una comunidad de migrantes, porque aquí casi no hay trabajo, y es la primera vez que nos pasa algo así. Hemos sabido de otros lugares cercanos de los que salen personas hacia EU y mueren en el camino”, relató.
López y López y al menos otras 10 personas de Comitancillo integran una lista de migrantes, en su mayoría centroamericanos, que de acuerdo con los lugareños, habrían sido asesinados el sábado pasado en Tamaulipas.
De momento, las autoridades mexicanas no han confirmado que los restos de las 19 personas que se encontraron calcinadas dentro de dos vehículos pertenezcan a los migrantes.
Los cadáveres fueron hallados dentro de dos camionetas en Santa Anita, municipio de Camargo, en los límites entre Tamaulipas y Nuevo León.
Los primeros datos confusos y sin verificación oficial sobre la noticia de la tragedia empezaron a llegar el mismo sábado a la familia de López y López.
“Un guatemalteco que iba con mi tío llamó a la casa y nos preguntó que si éramos sus parientes. Nos contó que lo habían matado con otros compañeros de viaje. Estamos a la espera del traslado del cuerpo”, dijo Elba.
Señaló que ignora si el hombre que les informó es un sobreviviente o se había separado del grupo en el que iba su tío.
Mientras autoridades de los dos países coordinan la identificación de los cuerpos, Comitancillo llora la muerte de, al menos, 11 de sus hijos.
Ayer, Guatemala reafirmó que “de momento no es posible” confirmar las identidades.
La gente tiene miedo
“La gente aquí tiene miedo de hablar”, relató el comunicador comunitario guatemalteco Efraím Zacarías, vecino de la misma zona y enlace telefónico con la familia de López.
“Si Guatemala es un país de migrantes, Comitancillo lo es todavía más. Es un negocio manejado por coyotes o polleros y es peligroso”, afirmó en referencia a los traficantes de personas.
ONU compara caso con San Fernando
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos comparó el hallazgo de 19 cuerpos calcinados con la masacre de San Fernando, en 2010, cuando fueron asesinados 72 migrantes, también en Tamaulipas.
El representante del organismo, Guillermo Fernández-Maldonado, destacó que, en este caso el Estado tiene “la obligación de garantizar la plena identificación de los restos encontrados conforme a métodos científicos y llevar a cabo una restitución digna a sus familias”. (EFE, El Universal, Estados, p. A15)
Mientras las autoridades mexicanas están bajo escrutinio para aclarar el asesinato y calcinación de 19 personas en Tamaulipas, algunas presuntamente guatemaltecas, el Consulado de México en Guatemala se dio tiempo para un baile disco. Personal de la representación consular atendió la visita del “Lobo Vásquez”, el bailarín célebre en internet, y presumió su baile en sus redes sociales oficiales. (Staff, Reforma, Nacional, p. 2)
Nueva York. El gobierno de Joe Biden emitió una serie de órdenes ejecutivas y medidas para abordar el tema de la desigualdad racial en el sistema de justicia y vivienda, reafirmar la soberanía de las naciones indígenas y la anulación formal de la llamada política de tolerancia cero que fue empleada para separar de sus padres y secuestrar a más de 5 mil niños migrantes, mientras el nuevo presidente sostuvo su primer diálogo con su par ruso, Vladimir Putin, en lo que se pronostica será un giro menos amistoso en la política bilateral con Moscú.
Biden firmó cuatro órdenes ejecutivas en torno a su promesa de abordar la injusticia racial, informó la Casa Blanca. Al firmar las órdenes, Biden recordó el caso de George Floyd, el afroestadunidense que murió cuando un policía se hincó sobre su cuello, caso que detonó manifestaciones masivas a nivel nacional. “Esos ocho minutos y 46 segundos que le quitaron la vida a George Floyd abrieron los ojos de millones de estadunidenses y millones en todo el mundo. Fue una rodilla sobre el cuello de la justicia y no será olvidado… marcó un parteaguas en la perspectiva de este país sobre la justicia racial”, comentó.
También recordó que entre quienes asaltaron el Capitolio el 6 de enero estaban supremacistas blancos y que ahora es el momento de actuar sobre la crisis de la injusticia racial, una de las cuatro que sufre el país junto con la pandemia, la crisis económica y el cambio climático, que ha identificado como las prioridades de su gobierno.
Sus órdenes ayer, según su asesora de política doméstica Susan Rice (quien se identificó como descendiente de migrantes jamaiquinos y esclavos estadunidenses), son parte de las iniciativas que ponen la equidad racial al centro de la agenda del nuevo gobierno.
En conferencia de prensa, Rice indicó que “para demasiadas familias el racismo sistémico y la desigualdad en nuestra economía, leyes e instituciones aún ponen muy fuera de alcance el sueño americano”. Añadió que la familia afroestadunidense promedio tiene una décima parte de la riqueza de su contraparte blanca, que las personas de color son más afectadas por el Covid-19 que los blancos y que uno de cada 10 trabajadores afroestadunidenses y uno de cada 11 latinos están ahora desempleados, mientras las comunidades indígenas sufren condiciones aún peores.
Una de las órdenes firmadas ayer –la no renovación de contratos del Departamento de Justicia con prisiones privadas– es parte de la respuesta a demandas para reformar el sistema de justicia criminal. Sin embargo, organizaciones de defensa de derechos de migrantes y de derechos civiles criticaron que esa orden no incluye los centros de detención para inmigrantes. Según una investigación de la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles, 81por ciento de migrantes (en promedio, unos 50 mil cada día) bajo custodia de la agencia federal ICE están en instalaciones operadas por empresas privadas.
Otras órdenes incluyen reforzar el compromiso del gobierno federal de respetar la soberanía de gobiernos tribales y promover su inclusión en la formulación de políticas federales que tienen implicaciones para los pueblos indígenas, medidas para revertir la discriminación en políticas de vivienda y dar pasos para combatir la xenofobia y los actos de violencia contra asiáticos estadunidenses (esto después de que Trump llamaba al Covid-19, el virus chino).
Por separado, el Departamento de Justicia anuló el memorando del gobierno de Trump que proclama una política de tolerancia cero, según la cual todo adulto capturado cruzando la frontera de manera ilegal sería enjuiciado, reportó la agencia Ap. Pero los menores de edad que viajan con adultos no podían permanecer encarcelados con ellos, de acuerdo con la ley, y como resultado agentes federales separaron a más de 5 mil 500 niños de sus padres en un periodo de meses antes de que la crítica feroz de la práctica la frenara en 2018. Sin embargo, luego de que un tribunal federal ordenó al gobierno pasado reunificar a todas estas familias, hoy día aún no se ha logrado ubicar a los padres de unos 600 de estos menores.
Relaciones exteriores
Mientras el enfoque político del gobierno de Biden ayer fue sobre asuntos de política interna, también se marcaron cambios en la externa. Biden se comunicó la tarde de ayer con el presidente ruso, Vladimir Putin, con el fin de abordar varios temas, como extender el tratado de armas nucleares New START por otros cinco años (caduca el 5 de febrero) y también para expresar críticas y advertencias.
Según la vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki, Biden expresó sus preocupaciones sobre la interferencia en la elección de 2020, el envenenamiento de Alexei Navalny y el trato a manifestantes pacíficos por las fuerzas de seguridad rusas. Agregó que también se habló de la agresión contra Ucrania y de las versiones de que Rusia había colocado recompensas sobre las vidas de soldados estadunidenses en Afganistán.
Biden había prometido en su campaña asumir una postura más firme con Putin y criticó a Trump por ser demasiado cercano al mandatario ruso. De acuerdo con Psaki, la intención de Biden ayer fue dejar claro que Estados Unidos actuará firmemente en defensa de nuestros intereses nacionales en respuesta a acciones malignas de Rusia.
A la vez, el encargado de la política exterior de Biden, Antony Blinken, fue ratificado por el Senado como secretario de Estado. Blinken tiene una larga relación con Biden desde que el ahora presidente era jefe del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, después fue su asesor de política exterior cuando era vicepresidente, y finalmente subsecretario de Estado en ese mismo gobierno de Barack Obama.
No todo cambia
Al mismo tiempo, el senador Robert Menéndez será el nuevo presidente del Comité de Relaciones Exteriores, como parte de los cambios del traslado del control de la cámara alta a los demócratas, noticia que preocupó a quienes tienen esperanzas de un giro más progresista en la política exterior. Menéndez tiene un largo historial como halcón y fue opositor a la normalización de la relación diplomática con Cuba (él es cubanoestadunidense) impulsada por el gobierno de Obama (con Biden como vicepresidente).
Menéndez también promueve una línea dura contra el gobierno de Nicolás Maduro y ayer la Casa Blanca no indicó que estuviera preparada para algún cambio, aunque tampoco lo descartó. La vocera de la Casa Blanca, Psaki, sólo reiteró que el objetivo de Estados Unidos es apoyar una transición pacífica y democrática en Venezuela por medio de elecciones libres e imparciales y subrayó que Biden se enfocará en abordar la situación humanitaria y buscará proceder por conducto de la diplomacia multilateral.
¿Impunidad otra vez?
Hablando de democracia, elecciones imparciales y transiciones pacíficas, hubo noticias relativamente positivas para Trump en Washington: aunque una mayoría del Senado estuvo a favor de proceder con el juicio político del ex mandatario, sólo cinco de los 50 republicanos se sumaron a todos los demócratas (50), lo que indica que no habrá suficientes votos –por ahora– para condenar a Trump (se requieren dos tercios de la cámara alta para declararlo culpable). Pero eso puede cambiar antes y durante el juicio político programado para comenzar el 9 de febrero. (David Brooks, La Jornada, P.p.)
Un juez federal de Estados Unidos prohibió ayer al gobierno del presidente Joe Biden hacer cumplir una moratoria de 100 días a las deportaciones, una prioridad clave en la agenda del mandatario demócrata sobre inmigración.
El magistrado de distrito Drew Tipton emitió un interdicto temporal solicitado por el gobierno de Texas, que presentó una demanda el viernes contra un memorando del Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés) que ordenó a las agencias de inmigración que pausaran la mayoría de las deportaciones.
Tipton, designado por el ex presidente Donald Trump en el Distrito Sur de Texas, aseveró que el gobierno de Biden no había logrado “proporcionar ninguna justificación concreta y razonable para detener durante 100 días las deportaciones”.
La orden de restricción temporal emitida por Tipton bloquea la medida en todo el país durante 14 días.
La medida tomada por el juez es un golpe para el gobierno de Biden, que ha propuesto cambios de gran alcance en inmigración, incluido un plan para legalizar a unas 11 millones de personas que viven en EU sin autorización. El nuevo mandatario prometió durante su campaña emitir la moratoria.
Además, representa una victoria para los líderes republicanos de Texas, quienes a menudo entablaron demandas para entorpecer los programas promulgados por el predecesor demócrata de Biden, el presidente Barack Obama.
Aunque la orden de Tipton prohíbe la implementación de una moratoria, no requiere que las deportaciones se reanuden a su ritmo previo.
La moratoria de 100 días entró en vigor el viernes y benefició a casi cualquier persona que haya ingresado a EU sin autorización antes de noviembre.
El fiscal estatal de Texas, Ken Paxton, argumentó que la moratoria violaba la ley federal, así como un acuerdo que Texas firmó con el DHS al final del gobierno de Trump en el que se especificaba que ese departamento debe consultar con Texas y otros estados antes de tomar cualquier medida para “reducir, reorientar, cambiar prioridades, relajar o modificar de alguna manera la aplicación de la ley de inmigración”.
Fin de “tolerancia cero”
El Departamento de Justicia de EU rescindió ayer un memorando emitido por el gobierno de Trump que estableció la política de “tolerancia cero” para los migrantes que cruzaran la frontera sur de manera ilegal, lo que resultó en la separación de miles de familias.
El secretario interino de Justicia, Monty Wilkinson, emitió el nuevo memorando en el cual señala que el departamento va a regresar a su política anterior al gobierno de Trump, e instruye a los fiscales federales de todo EU a actuar “según lo amerite cada caso individual”.
La política de “tolerancia cero” significaba que cualquier adulto que fuera detenido luego de cruzar la frontera entre EU y México de manera ilegal sería procesado por una entrada ilícita. Debido a que los niños no pueden estar encarcelados con sus padres, las familias de migrantes fueron separadas. (Agencias, Milenio, P.p.)
(Fran Ruiz y EFE, La Crónica, Mundo, p. 20)
(Agencias, El Economista, GeoPolítica, p. 40)
(EFE, El Universal, Mundo, p. A17)
(AFP, Excélsior, Global, p. 25)
(Agencias, Reforma, Internacional, p. 16)
(Reuters, 24 Horas, Mundo, p. 14)
(Redacción, La Razón, Mundo, p. 18)
(Redcción, Ovaciones, Internacional, p. 14)
Washington.- Alentados por la llegada de una Administración demócrata, con el control del Congreso, los activistas a favor de la causa de los migrantes se preparan para nuevas batallas en las que tratarán de dar impulso a la propuesta del Presidente Joe Biden que podría abrir las puertas a la naturalización de 11 millones de personas.
Organizaciones como United We Dream y United Farm Workers Foundation lanzaron el lunes una millonaria campaña en redes sociales con el hashtag #We AreHome (#EstamosEnCasa), con el fin de presionar a los legisladores a que apoyen la medida del nuevo Gobierno.
“Estamos en nuestra casa”, dice una mujer joven en la primera publicidad, que muestra a migrantes que desempeñan trabajos esenciales, como limpieza y servicios de salud.
“En casa, a pesar de que dicen que no somos de aquí”.
Las posibilidades de que la propuesta de Biden prospere son remotas. La migración sigue siendo un tema muy divisivo y los republicanos han dicho que se opondrán a la iniciativa.
Los demócratas tienen 50 de las 100 bancas en el Senado y el voto de la Vicepresidenta Kamala Harris, pero necesitan al menos 60 votos para que la ley sea aprobada.
Los opositores prometieron lanzar su propio bombardeo en las redes sociales para frenar la reforma, así como anuncios de radio y televisión. También manifestaron que escribirán cartas y se reunirán virtualmente con miembros del Congreso.
Los activistas, no obstante, tienen esperanza con la llegada del nuevo Gobierno y el creciente apoyo del público a la idea de permitir la naturalización de las personas con un estatus migratorio irregular. Destacan, asimismo, que ya tienen más experiencia en estas batallas.
“El movimiento maduró”, dijo Lorella Praeli, peruana que copreside Community Change, una de las organizaciones nacionales que impulsan la campaña.
“Es más diverso y está más fogueado”.
Praeli, quien tiene 28 años, fue traída a Estados Unidos a los 10 años para recibir tratamiento médico después de perder una pierna en un accidente. Milita en la causa de los migrantes desde la adolescencia.
Fue enlace de la campaña presidencial de Hillary Clinton con la comunidad hispana y habló durante la Convención Nacional Demócrata de 2016.
Afirmó que la batalla se libra a varios niveles, desde las organizaciones comunitarias de base hasta el cabildeo en el Congreso.
Las organizaciones participantes costearán la campaña con sus propios fondos y con la ayuda del New Venture Fund, una agrupación sin fines de lucro.
“Necesitamos progresos rápidos en el tema de la migración”, manifestó Praeli.
“Tenemos 100 días para marcar la pauta”.
Patrice Lawrence, jamaiquino codirector ejecutivo de UndocuBlackNetwork, señaló que la campaña representa a todos los migrantes.
“Sin importar el color de nuestra piel, dónde vivimos, si trabajamos, cómo rezamos o qué edad tenemos”, subrayó.
Glo H. Choi, del National Korean American Service & Education Consortium, reconoció que es hora de que se apruebe una reforma integral a las leyes de migración.
“Las medidas temporales del pasado sólo postergaron las cosas”, manifestó la activista de Chicago, quien fue traída al país de Corea del Sur de niña.
La campaña da esperanzas a migrantes como Daniela Murguía, una mexicana que se graduó de la Universidad de Washington y vive en Renton, un suburbio de Seattle.
Su familia la trajo al país en el 2008, cuando tenía 11 años, y no tiene permiso de residencia ni protección legal alguna.
Ayudó a recaudar millones de dólares para migrantes sin papeles en medio de la pandemia de Covid-19 y luchó para incluir esa ayuda en el presupuesto del estado.
Bajo el proyecto de Biden, la mayoría de las personas como Murguía deberán esperar ocho años para naturalizarse, pero quienes se acogieron al programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), cuenten con un estatus de protección temporal tras escapar de la violencia de sus países de origen y los trabajadores del campo esperarían sólo tres años.
Los opositores a la iniciativa dicen que después de la amnistía de 1986 de Ronald Reagan a casi tres millones de migrantes llegaron muchos más.
El control de los cruces ilegales, no obstante, mejoró mucho desde entonces y la propuesta de Biden contempla más tecnología en los cruces por tierra, los aeropuertos y los puertos, así como la suspensión de la construcción del muro en la frontera con México que promovió su predecesor Donald Trump.
El senador republicano Tom Cotton, quien apoyó el muro y favorece leyes migratorias más restrictivas, considera que la propuesta crearía “fronteras abiertas”.
La Federation for American Immigration Reform, contraria al proyecto, también estima que el plan de Biden equivale a una amnistía.
“No solo premiaría a todos los que violaron nuestras leyes de migración en el pasado, sino que induciría a que millones más vengan ilegalmente”, se quejó R.J. Hauman, jefe de la unidad a cargo de las relaciones gubernamentales.
“A cambio de absolutamente nada”.

(Ap, Reforma, Internacional, p. 17)
Perú inició este martes la movilización de medio centenar de unidades blindadas y motorizadas del Ejército a lo largo de la frontera con Ecuador, para controlar el ingreso de inmigrantes indocumentados,principalmentevenezolanos.
El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas peruanas indicó en un mensaje en su cuenta de Twitter que, tras una reunión con el alto mando castrense ecuatoriano, se decidió “reforzar las medidas de control”y se “continuará durante los siguientes días con las medidas pertinentes para el bloqueo de ingreso de inmigrantes ilegales”.
En Tumbes, región en la frontera norte de Perú, se pudo observar una columna de vehículos blindados desplazándose por las calles, según imágenes de la prensalocal.
El Comando Conjunto detalló que el operativo comprende “más de 50 vehículos entre blindados, camionesypatrulleros, y más de mil 200 efectivos militares” que “se desplazaron hasta 30 pasos ilegales detectados en la zona limítrofe”.
Por su parte la ministra de Defensa peruana, Nuria Esparch, indicó desde la frontera que el operativo ha sido conjunto entre Perú y Ecuador, y se mantendrá “hasta que sea necesario”.
También apuntó que “las fronteras están cerradas por motivos sanitarios y tenemos que controlar que cualquier paso tenga todas las garantías”.
Pero añadió que “hay personas aquí, no solo es contrabando, y tenemos que garantizar que los derechos y la vida de todos sea cuidada”.
Los medios locales reportaron que algunos grupos de migrantes atacaron a la policía peruana arrojando piedras.
Tumbes es el principal punto de paso en Perú para los cientos de migrantes venezolanos que cruzan al día desde Ecuador para intentar quedarse en este país o llegar a Chile o incluso Argentina.
Por su parte, el embajador venezolano designado por el líder opositor Juan Guaidó ante Perú, Carlos ScuU, solicitó en un mensaj e en Twitter a la Defensoría del Pueblo (Ombudsman) que “vele por los derechos humanos de los venezolanos en la frontera con Ecuador”. (AFP; 24 Horas, p. 2)
Las nuevas reglas de ingreso a Estados Unidos, que contemplan la realización de una prueba Covid-19 con resultado negativo y una cuarentena de 10 días, encendieron las alarmas en la industria turística mexicana, la cual tiene una fuerte dependencia de los viajeros estadounidenses, que representan hasta 63 por ciento de los vacacionistas foráneos que visitan el país.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Turismo (Sectur), los requisitos, ajustados por el presidente de EU, Joe Biden, supondrán un golpe de mil 578 millones de dólares en el ingreso de divisas turísticas al país en el peor de los escenarios.
Al inicio del año, la dependencia a cargo de Miguel Torruco, anunció que, en el peor de los escenarios, el ingreso de divisas ligadas al turismo en este año llegaría a 13 mil 78 millones de dólares, sin embargo, tras el anuncio de nuevas restricciones, la derrama caería a 11 mil 500 millones de dólares.
Las restricciones, en un escenario optimista eliminarían a 9.6 millones de visitantes extranjeros. (Aldo Munguía, El Financiero, Empresas, p. 18)
La solicitud de resultado de pruebas de COVID-19 para ingresar a EU, impuesta por el gobierno de ese país dejó varados a viajeros, mientras que otros, tras dar positivo, fueron confinados.
En Cancún se registraron los primeros casos positivos durante la aplicación de pruebas a pasajeros que viajan a la Unión Americana, los cuales quedaron confinados durante 14 días, bajo vigilancia médica, y requerirán una segunda prueba que dé negativo para que las aerolíneas les permitan el abordaje.
En el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a Víctor Alfonso, quien tenía que estar en Michigan por motivos de trabajo, le fue negado el acceso al vuelo porque su prueba PCR, tomada el 21 de enero, perdió vigencia.
“Creíamos venir con lo necesario, para viajar y no tener problemas, pero no fue así”, expresó.
A Juan Espinoza, quien viajaría a Los Angeles, no le aceptaron su constancia negativa de SARSCoV-2, por ser de las que el gobierno de la CDMX emite en sus quioscos de atención.
Otra fue la suerte de Armando Ríos, quien llegó con dos horas y media de anticipación. En los dos primeros filtros, presentó los resultados de su análisis en el teléfono, pero en el tercero se lo rechazaron ya que, argumentaron, debía llevarlos impresos.
Tuvo que acudir a un salón habilitado para hacer pruebas en un hotel del aeropuerto.
Christian Sosa, Gerente de Operación de Travelers Solutions, indicó que tienen un convenio con diversas aerolíneas, y las apoyan para aplicar las pruebas con un laboratorio de las 8:00 a las 22:00 horas, por un costo de 800 pesos.
En la Clínica de Atención Preventiva del Viajero de la UNAM, en la Terminal 1, también se aplica la prueba de antígeno. Ayer atendieron a 40 personas que la solicitaron, con un costo de mil pesos cada una. (A. García y M. Conde, El Heraldo de México, País, p. 6)
(César Arellano García, La Jornada, Política, p. 6)
(César Martínez, Reforma, P.p.)
(r Sergio Ramírez y Eduardo Cabrera, La Razón, P.p.)
(Redacción, El Sol de México, Mundo, p. 24)
España anunció ayer que los viajeros mexicanos deberán presentar una prueba negativa de covid-19 para ingresar al país europeo, una medida que ya exige a otras naciones de Latinoamérica.
“De conformidad con la normativa actualizada del Ministerio de Sanidad, se exigirá a los viajeros provenientes de México PCR para entrada en España desde las 00:00 horas del 1 de febre ro”, informó la embajada española en México.
Hasta ahora los mexicanos estaban exentos de presentar una prueba, como ya lo hacen viajeros de otras naciones de América, Europa, Asia y África. Los sitios oficiales de los consulados españoles en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara detallaron que debe presentarse “un certificado con resultado negativo” de una prueba PCR dentro de un periodo de 72 horas antes de la llegada, salvo en niños menores de 6 años.
En tanto, decenas de viajeros quedaron varados en el Aeropuerto Internacional de Cancún ya que no contaban con la prueba PCR o de Antígenos vigente que exige Estados Unidos.
Unas 120 personas de origen cubano no pudieron viajar, pues la prueba realizada ya había sobrepasado el tiempo de vigencia, según indicó la aerolínea.
“Nosotros nos realizamos la prueba el viernes en Cuba, el laboratorio nos entregó los resultados el domingo. Cuando quisimos abordar, nos informan que la prueba ya no sirve porque pasaron las 72 horas desde que me la hicieron.
“No somos turistas, no estamos de vacaciones aquí, esta es una escala que se hizo antes de llegar a Miami. Ahora ya perdí lo que pague por el vuelo y por la prueba, porque debo repetirla” refirió uno de los afectados. (A Corral. J. A. López y M. Ríos, Milenio, Política, p. 11)
(De la Redacción, La Jornada, Política, p. 4)
Staff, Reforma, Nacional, p. 5)
(Miriam Paredes y Enrique Sánchez, Excélsior, P.p.)
(Agencias, El Financiero, Mundo, p. 23)
(Sergio Ramírez y Eduardo Cabrera, La Razón, P.p.)
(Fran Ruiz y Marcel Sanromá, La Crónica, P.p.)
(Roxana González, El Sol de México, República, p. 9)
Chihuahua, Chih., La jueza Lauren Fleischer Louis, de la corte del distrito sur en Miami, concluyó la audiencia final de extradición del ex gobernador priísta César Duarte Jáquez sin sentencia sobre la entrega del político priísta a las autoridades mexicanas.
Anunció que responderá por escrito la solicitud de extradición, con base en las pruebas presentadas por la Fiscalía de Estados Unidos en representación del gobierno mexicano, y desechó las que aportaron los abogados del ex mandatario, informó el consejero jurídico del gobierno de Chihuahua, Jorge Espinoza Cortés.
Duarte Jáquez enfrenta 20 órdenes de captura en Chihuahua y permanece preso en Miami desde julio de 2020.
La jueza aceptó que la solicitud para extraditar a Duarte cumple los requisitos del Tratado de Extradición México-Estados Unidos, pues existe causa probable para los hechos que la Fiscalía de Chihuahua imputa al ex gobernador, además los delitos de peculado y asociación delictuosa de los que se le acusa en México están previstos en las leyes estadunidenses.
Espinoza Cortés manifestó que la jueza ya consideró que existe causa probable, uno de los requisitos esenciales del tratado de extradición, lo que confirma que nuestro caso es sólido y el priísta deberá ser llevado a Chihuahua. (Jesús Estrada, La Jornada, Estados, p. 23)
El gobierno de Tamaulipas y las siete agencias de seguridad estadunidense relanzarán su programa Se Busca, contra los 10 objetivos criminales prioritarios de ambos lados de la frontera.
El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, expresó que este programa binacional ha dado resultados y se garantiza la seguridad y la tranquilidad de los habitantes.
Por su parte, Brian Hastings de la Border Patrol dijo que han trabajado en una campaña de colaboración para incrementar la seguridad en la frontera con el estado de Tamaulipas y ha tenido éxito.
Convocaron a la población a reportar sin costo cualquier actividad sospechosa de los criminales en sus comunidades al 800-863-9382 y mensaje vía WhatsApp +1-956-295-0887.
Los más buscados son Juan Gerardo Treviño Chávez, El Huevo; Humberto Alejandro Uribe Mendoza, Pawa; Ernesto Sánchez Rivera, La Mierda; Pablo Misael Ramos Lara, El Pantera; los hermanos César Morfín Morfin, Primito y Álvaro Noé Morfin Morfin, R-8; José Martín Cárdenas García, Chiwilly y el último de los objetivos presentado en la cuarta etapa de esta campaña, es Agustín Ordorica López, líder del Cartel del Noreste en Nuevo Laredo, Nuevo León y el sur de Texas en Estados Unidos. (Verónica Díaz, Milenio, Política, p. 6)
(Redacción, El Universal, Estados, p. A15)
(Redacción, La Crónica, Nacional, p. 8)
(Daniela Wachauf, 24 Horas, Estados, p. 12)
(Eduardo Vizcarra, Ovaciones, Seguridad, p. 11)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.