En dos acciones distintas, autoridades mexicanas rescataron a nueve migrantes que fueron abandonados en su intento por llegar a EU. Grupos Beta del INM apoyó a cuatro cubanos que se encontraban varados en el río Bravo; en tanto, en Nogales, Sonora, fueron atendidos cinco guatemaltecos, entre ellos tres menores, que estaban perdidos en el desierto.


(Staff, Reforma, Nacional, p. 2)
En uno de los momentos más críticos de la era Trump con México, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador desplegó 6 mil 500 elementos de la Guardia Nacional, militares, marinos y policías federales en la frontera sur, para frenar el paso de los migrantes provenientes de Centroamérica que tenían como propósito llegar a Estados Unidos.
Los hechos ocurrieron en junio de 2019, cuando el republicano amenazó con imponer aranceles a los vehículos, frutas, vegetales, cerveza y tequila, entre otros, como una represalia hacia las autoridades mexicanas por permitir que el flujo migratorio siguiera su curso hacia el país del norte.
A pesar de que el gobierno de Donald Trump llegó a su fin en enero, el despliegue de la Guardia Nacional para contener el paso de migrantes por territorio mexicano continúa.
México dejó de ser un país de tránsito y de refugio para miles de personas que salen de sus lugares de origen por ser víctimas de violencia o en busca de mejores oportunidades.
De acuerdo con cifras de la Unidad de Política Migratoria de la Secretaría de Gobernación, en 2019 las devoluciones por parte de las autoridades de migración mexicanas aumentaron un 29 por ciento con respecto a 2018, al pasar de 115 mil 686 casos a 149 mil 812.
Blanca Alcalá, secretaria de Asuntos Migratorios del PRI, califica como preocupante ver que México se convirtió en una barrera para las personas en tránsito como lo deseaba el expresidente Trump.
“México no solamente firmó, sino fue uno de los promotores del pacto mundial por una migración ordenada, segura y regular, pues encontramos que a veces nosotros mismos hemos convertido a la frontera sur en aquel famoso muro que el presidente anterior de los Estados Unidos había promovido.
“Me parece que en ese sentido es necesario que se revise la política antimigratoria que México está desplegando, o bien una que vaya de acuerdo con los principios y por el pacto que hemos signado”, asegura.
Con respecto a la defensa de los derechos humanos de los connacionales con un estatus irregular que residen en Estados Unidos, la también exembajadora en Colombia afirma que deben reforzarse los planes para su apoyo.
Muchos de los programas de atención a los migrantes prácticamente están en cero, se han cancelado o no se les han asignado recursos. Y los pocos que existen, sobre todo en el área de migración bajo la mirada de seguridad, la verdad es que atienden más a los migrantes en tránsito, siendo México un país de origen, de tránsito y destino, concluyó Alcalá. (Eduardo Buendía, Reporte Índigo, Portada, p. 14)
Las agencias de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) y para la Infancia (Unicef), junto con la Unión Europea, destinarán 7.5 millones de euros –poco más de 9 millones de dólares– a un programa de 30 meses dirigido a la atención de los niños migrantes en Centroamérica, México y África del Sur.
El objetivo es fortalecer los sistemas de protección infantil y brindar alternativas a la detención migratoria de los pequeños.
Las agencias de la ONU trabajarán junto con los gobiernos nacionales, autoridades locales y organizaciones de la sociedad civil para garantizar la mejora de la capacidad de los sistemas de protección infantil para incluir servicios sensibles al género y opciones de cuidado alternativo a la detención de migrantes.
También buscarán incrementar la capacidad de los actores de primera línea para identificar a los niños en movimiento que sufren o corren el riesgo de vivir violencia de género y enviarlos a cuidados alternativos apropiados en la familia y la comunidad.
Los niños en movimiento, expone el proyecto, enfrentan una variedad de riesgos en los países de origen, tránsito y destino, entre ellos la detención, el secuestro, la separación de sus padres y cuidadores, la violencia, la explotación y el abuso, y son las niñas quienes más riesgos enfrentan. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 12)
La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California planteó instrumentar medidas de protección para la salud del centenar de migrantes centroamericanos y mexicanos que están apostados en la línea internacional en busca de asilo político.
El titular del organismo, Miguel Mora, explicó que se solicita a la Subsecretaría de Asuntos Migratorios y al DIF estatal que atiendan la situación de las personas que desde la semana pasada están en la garita de El Chaparral-San Ysidro.
Dijo que las medidas consisten en adoptar acciones de seguridad y sanidad en el lugar para evitar contagios y propagación del virus SARS-CoV-2. Además, que se instalen carpas, sillas y sanitarios portátiles para garantizar condiciones dignas y de seguridad ante los cambios climáticos. (Atahualpa Garibay, El Heraldo de México, Estados, p. 12)
De acuerdo con un informe realizado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2019, “México se encuentra entre los países más violentos del mundo, debido a la violencia generalizada, causada, entre otros, por actores armados”.
La presidenta del organismo, Nashieli Ramírez Hernández, manifestó que en la confrontación entre grupos, que se acredita la existencia de un conflicto armado y, por lo tanto, la necesidad de un deber reforzado por parte del Estado mexicano para garantizar la protección reforzada de niñas, niños y adolescentes.
Otro ejemplo, dijo, es de las infancias y adolescencias en procesos de migración, que los coloca en situaciones de completa vulnerabilidad, como lo dejó ver el descubrimiento de 19 cadáveres de personas migrantes en Camargo, Tamaulipas, la mayoría de origen guatemalteco, entre ellos un adolescente de 17 años.
Se refirió al Protocolo Facultativo sobre la participación de los niños en los conflictos armados de la Convención sobre los Derechos del Niño, signado y ratificado por México; exhortó a analizarlo, aunque el Estado no reconozca la existencia de un conflicto armado interno. (Patricia Carrasco, La Prensa, Metrópoli, p. 7)
Sofía se entretiene con algunos juguetes en medio de un pequeño salón. Esto la distrae y le hace olvidar por un momento su realidad. Desde hace casi cuatro meses su familia huyó de Honduras, luego de que su padre recibiera amenazas de muerte por no poder pagar el impuesto de guerra a las pandillas.
Aunque sus padres tratan de no revelar el motivo por el que dejaron Honduras, a sus siete años la pequeña se ha dado cuenta de lo que sucede. Iremos a un lugar mejor, atina a decir.
Extraña todo. Sus amigos, su familia, la escuela. Pero sobre todo a su bisabuela, que era la persona más cercana a Sofía. Papi, ¿por qué no me regresas con mi abuela, le dice en todo momento a Julián, su padre, para quien resulta muy duro haber huido con su esposa y sus dos hijos desde Cortés, uno de los departamentos más peligrosos de Honduras.
Por razones de seguridad, se usan los nombres de Julián y Sofía para no revelar las identidades de esta familia. Tampoco desean que se dé a conocer en qué ciudad de México se encuentran. Lo único que el jefe de familia acepta detallar es que están desde hace un mes en un albergue en el sureste mexicano.
Para esta familia, en especial para los hijos, el mayor es un niño de 12 años, la travesía ha sido dura. Han sido más de tres meses de pasar hambre y sed, dormir en parques públicos o junto a la carretera, largas horas de caminatas y, sobre todo, los riesgos de la ruta migrante.
La pequeña Sofía ya siente los estragos del viaje, como lo llaman sus padres. “Estoy cansada porque a veces caminamos mucho… Lo más bonito es que estoy con mis papis”.
Desde hace unas semanas, Julián comenzó el proceso para solicitar asilo en México y confía en que las cosas se resuelvan pronto debido a que los ahorros ganados en su microempresa de soldadura ya se esfumaron y ahora han podido sobrevivir gracias al apoyo que reciben en el albergue.
En cuanto tenga un documento, a trabajar, dice en entrevista con La Jornada.
Al igual que a Sofía, a Yaír, otro niño migrante, se le ha ido parte de la infancia en el intento de su familia por llegar a Estados Unidos. Con 12 años tiene claro que llegaré a trabajar para sacar adelante a mi mamá.
Las Maras ya tenían en la mira al pequeño, lo querían reclutar, asegura su madre.
Yaír, su madre, una tía y la bebé de ésta se encuentran en algún punto de la frontera norte de México. Esperanzados de que pronto sean citados por las autoridades de Estados Unidos, donde solicitaron refugio. Son parte de los procesos pendientes de los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés), programa también conocido como Quédate en México.
Hasta la semana pasada, no tenían claridad de los pasos a seguir. Sólo sabían que el gobierno de Joe Biden abriría la revisión de los procesos.
Yaír sueña con llegar a Estados Unidos y poder emplearse donde sea para apoyar a su madre. Sabe que su infancia quedó atrás desde el momento en que debido a la violencia en su país tuvo que dejar de jugar en las calles, salir con sus amigos y hasta de ir a la escuela. Espero ser feliz algún día, dice el preadolescente en llamada telefónica. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 12)
Después de estar en la incertidumbre desde 2018, e incluso ser derogada legalmente en una ocasión, la diputación migrante en la capital por fin vio la luz y ya es oficial.
Se trata de la figura a través de la que los capitalinos residentes en otros países tendrán una representación e incidencia en la política pública de la ciudad.
En enero de 2021 se aprobaron los lineamientos para la asignación de candidaturas de la diputación migrante y el pasado miércoles 17 de febrero, el Consejo General del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) publicó los formatos para el registro de solicitudes de candidatos a la figura.
Con esto, la curul en el Congreso local de los residentes en el extranjero que nacieron en la Ciudad de México se formalizó y en las elecciones del 6 de junio próximo será uno de los cargos en disputa.
Autoridades electorales afirman que con este paso se termina la discriminación en contra de un sector de la población que aporta recursos a la ciudad por medio de remesas, pero no tenía representación ni participación política.
Datos dados a conocer por el banco BBVA el 7 de octubre de 2020 estiman que para ese año, el envío de remesas de mexicanos en el extranjero, principalmente de residentes en Estados Unidos, ascendería a 71 mil 406 millones de pesos.
Con la diputación migrante, los capitalinos residentes en otros países tendrán una representación e incidencia en la política pública de la Ciudad de México
Mientras que información del Consejo Nacional de la Población (CONAPO) del Gobierno de México, que se puede consultar en el Índice de Intensidad Migratoria, México-Estados Unidos, señala que la capital recibe anualmente en promedio el 1.2 por ciento del total de las remesas provenientes del país vecino del norte.
SIN DISCRIMINACIÓN
Los lineamientos recién aprobados indican que cualquier ciudadano originario de la capital con dos años de residencia efectiva en el extranjero puede ser diputado migrante, dice el consejero del IECM, Mauricio Huesca.
Lo anterior, menciona el vocero electoral, significa que no importa si su estancia en el país donde vive es regular.
“No es un requisito que su estatus legal sea regular, puede ser una persona indocumentada pero que pruebe que tiene dos años viviendo en el país donde reside”, explica.
Esto convierte la figura de la diputación migrante en una forma de representación popular incluyente que termina con la discriminación sistemática que padecen los capitalinos en el extranjero.
“Ha sido una comunidad poco escuchada y discriminada por el tema de que nunca tuvieron una representatividad; ahora lo que importa es que tendrán la posibilidad de influir en todos los temas como la seguridad, la inversión y otros más”, explica.
EL MÉTODO
Mauricio Huesca informa que el método de elección será a través de la representación proporcional, es decir, el partido que tenga más votos de mexicanos en el extranjero para la conformación del Congreso local será el que obtenga la curul migrante.
Por eso, detalla Huesca, los aspirantes tendrán que estar afiliados a un partido político obligatoriamente.
Señala que los aspirantes —que no podrán hacer campaña porque el IECM no tiene facultades para incidir o vigilar en otros países— tendrán la posibilidad de llevar a cabo encuentros virtuales con su comunidad.
El representante de la autoridad electoral añade que hasta la fecha hay 100 mil capitalinos en el extranjero que cuentan con una credencial para votar.
No obstante, hace un llamado a que se registren en el sistema electrónico de la plataforma Voto Chilango porque, debido a las dinámicas migratorias y que los residentes en el extranjero suelen cambiar de domicilio en periodos cortos, la ley electoral estipula que se debe hacer un registro previo con los migrantes que tienen la intención de votar en la jornada del 6 de junio.
CAMINO COMPLICADO
La diputación migrante ha atravesado por un camino complicado desde su creación jurídica con la entrada en vigor de la Constitución Política de la Ciudad de México en septiembre de 2018, que estipula el derecho de todos los capitalinos en el extranjero a votar y ser votados.
Ocho meses más tarde, el IECM conformó el Comité Técnico de la Diputación Migrante, en el que expertos y miembros de la comunidad iban a estudiar cómo poder concretar la figura.
En diciembre de 2019, el Comité Técnico presentó al IECM su informe, en el que ya delineaban algunos aspectos como que debía ser la representación proporcional el método de elección.
Sin embargo, en ese mismo mes, el Congreso de la Ciudad de México aprobó derogar la figura con el argumento de que era poco representativa, pues en la elección de la jefatura de Gobierno del año 2018 se recibieron solo 20 mil votos de originarios de la ciudad que viven en otros países, equivalente al 0.36 por ciento de la población estimada de capitalinos que viven fuera del país.
En respuesta, miembros de la comunidad migrante interpusieron un recurso ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para que se anulara la derogación de la figura.
En junio de 2020, el TEPJF les dio la razón y anuló la reforma del Congreso, con lo que continuó la construcción de la Diputación Migrante que hasta este mes de febrero 2021, concluyó su elaboración y está lista para ser votada en junio próximo. (David Martínez, Reporte Índigo, CDMX, p. 18)
Washington. El término “guerra contra las drogas” ha sido un desastre porque las medidas punitivas no han dado resultado, comentó la embajadora emérita Martha Bárcena al diario The Washington Post.
Bárcena, quien llegó a la legación mexicana en Washington en el 2018, ayudó a navegar durante el fin de la negociación del acuerdo comercial entre Estados Unidos, Canadá y México, al igual contribuyó a la implementación de controvertidos acuerdos fronterizos y migratorios como el programa “Permanecer en México”, que fue diseñado para aplacar a Trump, que amenazaba con torpedear la economía mexicana a través de la imposición de aranceles.
Bárcena reconoció que el momento más difícil de su vida laboral llegó a fines de la primavera del 2019, en medio de una afluencia récord de familias centroamericanas que llegaron a la frontera sur y que enfureció a Trump. La separación de menores de edad entre migrantes fue dramática.
Sobre la relación bilateral, dijo que se teje mucho más desde la Casa Blanca y desde el Departamento de Seguridad que en el Departamento de Estado. Sobre el papel de Jared Kushner en la relación, Bárcena dijo que “ayudó a suavizar dificultades y a veces nos transmitió con fuerza la posición el presidente Trump”.
Dijo que es optimista de que el presidente Biden y López Obrador puedan trabajar de manera más productiva y le gustaría que los líderes estadounidenses involucraran a México “de una manera más constructiva”, “en lugar de tratar de sermonear a México sobre lo que debe hacer todo el tiempo”.
La embajadora emérita Martha Bárcena se retira de la actividad diplomática después de más de 40 años de trabajo. (Redacción, El Economista, GeoPolítica, p. 39)
El programa mediante el cual Banco del Bienestar comprará dólares en efectivo a migrantes no está suficientemente blindado para proteger al sistema financiero de los recursos de procedencia ilícita, advierten analistas.
Para dar una salida a la discusión de que Banxico compre estos dólares, el Gobierno presentó el 8 de febrero un programa para bancarizar a migrantes, a través del Banco del Bienestar, que incluye compra de las divisas en efectivo.
Especialistas señalan que la posibilidad de que entren recursos ilícitos aún existe con esta medida.
Diana Álvarez, directora general de Banco del Bienestar, defendió que el banco de desarrollo no será el captador de todos los dólares en efectivo que circulan en el País, pues sólo comprará moneda extranjera a migrantes y sus familias con cuenta en la institución, topada a determinados montos, con lo cual descarta riesgo de lavado de dinero.
Sin embargo, la discusión continúa.
“Aunque una persona esté identificada, ¿cómo van a saber que es el dueño real de los recursos? Banco del Bienestar se estaría convirtiendo en un captador de recursos probablemente ilícitos o de dudosa procedencia porque no puede garantizar que los dólares en efectivo que están circulando sean remesas”, dijo un funcionario experto en proceso de divisas de la banca comercial.
La compra de dólares en efectivo que realizará abiertamente Banco del Bienestar a todos los migrantes y sus familias puede beneficiar a grupos delictivos y poner en peligro a todo el sistema, agregó Jorge Martínez, CEO de la firma MG-RISK Counseling Associates.
“Banco del Bienestar no está capacitado para recibir dólares en efectivo, no fue creado para dedicarse a compra-venta de divisas y primero que todo va haber una serie de ineficiencias ahí; es posible que se beneficie un grupo delictivo que pueda estar detrás de bancos de desarrollo como éste que no está preparado, ni es su actividad principal”, sostuvo.
Gustavo Mendoza, socio de la firma Santamarina y Steta, dimensionó que de las instituciones públicas, Bienestar es a la que más se le han asignado proyectos como la dispersión de los programas sociales, y no fue creado para divisas, por lo que hay que revisar el régimen legal del banco.
“Quieren poder facilitar las remesas, pero faltan muchas más cuestiones por resolver, se captarán recursos en efectivo de migrantes que van a declarar un salario que obtuvieron, pero muchos son indocumentados, no hay ningún papel que lo justifique, entonces eso puede abrir la puerta a traer recursos derivados del narcotráfico y otros delitos”, explicó. (Charlene Domínguez, Reforma, Negocios, p. 1)
En los 2 últimos años, los mexicanos aumentaron su interés por comprar vivienda en el sur de Florida, Estados Unidos.
De ser los décimos entre los extranjeros adquirientes de vivienda, los mexicanos alcanzaron el cuarto puesto entre los inversionistas inmobiliarios, de acuerdo con la Asociación Nacional de Agentes de Bienes Raíces.
Para los mexicanos es atractivo el precio de venta y la necesidad de buscar inversiones refugio en un contexto de incertidumbre económica y financiera, explicó Jorge Uribe, director de ventas del proyecto Villa Valencia.
“Esta tendencia se presenta, en gran medida, ante la inestabilidad política y económica que se vive actualmente en México y la incertidumbre social que se mantiene por la Covid-19, por ello, cada vez más mexicanos están volteando su mirada hacia zonas más seguras que les permitan resguardar sus capitales”, expuso.
“Están pensando no en mudarse, lo están comprando casi como un seguro”.
Detalló que en Miami los buscadores de vivienda pueden adquirir una vivienda de 3 dormitorios con una inversión de casi 1.7 millones de dólares.
Valencia agregó que el perfil de los compradores no son solo familias con fortunas prominentes, sino empresarios, sobre todo del segmento industrial. (Nallely Hernández, Reforma, P.p.)
Tijuana.— Cansados de esperar por una cita de asilo en EU durante más tiempo en los albergues de esta ciudad, decenas de centroamericanos se concentraron en la garita de El Chaparral, a fin de ser vistos y escuchados, mientras que otros cientos se desplazan a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde, según sus connacionales, basta cruzar la frontera para ser admitidos en ese país, mientras que el cruce desde Baja California se traduce en una deportación exprés.
Así, los albergues que operan en esta frontera se encuentran saturados de hombres, mujeres, menores y familias enteras que ya llevan en esta frontera casi el año que ha durado la pandemia, de acuerdo con coordinadores de estos espacios, como Albert Rivera, del Agape, o José García ,del Juventud 2000.
Rivera indicó que hay 25 mil casos de Migrant Protection Protocols (MPS) activos (Protocolo de Protección a Migrantes), y que a razón de 300 admitidos diariamente para revisar su caso, tardarán más de 4 meses en ser atendidos mediante una cita de corte. “Con el gobierno de Biden, ellos se van a quedar en territorio estadunidense mientras esperan su cita, pero estas citas se las están moviendo a mediados de año”, explicó Rivera, quien destacó la intervención del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados (ACNUR).
“Tengo migrantes que llegaron desde la caravana de 2018”, pero algunos se están yendo por Arizona, ya que mientras la frontera de Tijuana con San Diego tiene un código rojo por la pandemia allá la frontera tiene operando a sus cortes, por lo que están cruzando más rápidamente”, dijo. (Arturo Salinas, Excélsior, Nacional, p. 16)

(Ramón Hurtado, El Sol de México, Ronda Estatal, República, p. 12)
Hermosillo.— Cinco migrantes originarios de Guatemala, entre ellos tres menores de edad, que estaban perdidos en el desierto de Arizona, en Estados Unidos, fueron encontrados ayer con el apoyo tecnológico del sistema denominado Carbyne, el cual pertenece al Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) Sonora.
Se dio a conocer que alrededor de las 11:45 horas del sábado 20 de febrero se recibió una llamada a la línea de emergencia 911 de una mujer de origen guatemalteco, quien solicitaba apoyo, ya que ella, su hija, un joven y dos menores más fueron abandonados en territorio estadounidense por las personas que los internaron en ese país.
La migrante mencionó que, al ser introducidos por la ruta de El Sásabe, caminaron varias horas en territorio estadounidense y las personas que los guiaban los dejaron en una zona desértica, por lo que solicitaban apoyo, ya que tenían sed, hambre y estaban cansados.
De inmediato, desde el C5i Nogales, autoridades activaron el sistema de geolocalización Carbyne, para ubicar a la mujer y a los demás, y se le dio aviso a las autoridades estadounidenses.
Al activarse por parte del C5i Nogales los protocolos binacionales con la Border Patrol (Patrulla Fronteriza) de la estación de Tucson, Arizona, en México se les dio la ubicación exacta de los migrantes extraviados.
El grupo fue localizado por los agentes y atendido por personal médico de un hospital ubicado en Tucson.
Tras la llegada del demócrata Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos, se ha incrementado el número de cruces de migrantes indocumentados que buscan asilo en ese país.
En muchos de los casos, se trata de familias con niños, quienes son procedentes de países de Centroamérica y buscan una oportunidad ante el cambio de la política migratoria que ha prometido el nuevo presidente estadounidense, pero cuyos detalles todavía no se conocen. (Amalia Escobar, El Universal, estados, p. A15)
La Fiscalía General de El Salvador informó que abrió una investigación sobre el hallazgo en México de mil 500 paquetes de alimentos de un programa del gobierno salvadoreño que fueron repartidos por el político mexicano Juan Carlos Cazares Sandoval, candidato por el gobernante partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) a alcalde del municipio de Tlahualillo, Durango, a sus seguidores .
El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, reveló que “hay un expediente abierto” sobre el misterioso desvío y aparición en México de centenares de cajas con alimentos del Programa de Emergencia Sanitaria (PES) impulsado por el gobierno del controversial presidente salvadoreño, Nayib Bukele.
“Obviamente la Fiscalía vela por los intereses del Estado y es nuestra obligación corroborar si efectivamente había paquetes de ayuda, que eran para los salvadoreños, en México”, agregó, en declaraciones a la prensa en San Salvador.
El gobierno de Bukele todavía sigue sin referirse al caso, cuyos detalles fueron divulgados por medios salvadoreños de prensa. Cazares tampoco se pronunció en torno a esta situación, que provocó denuncias de opositores en México, como del Partido Acción Nacional (PAN).
De acuerdo con la información difundida en El Salvador, mil 500 paquetes de alimentos del PES con las etiquetas o logotipos del gobierno de ese país fueron distribuidos por Cazares el 24 de diciembre de 2020 a sus simpatizantes.
El periódico digital El Faro, de San Salvador, refirió que el reparto hecho por Cazares fue publicitado en la página oficial de Facebook del sector de riego número 6 de Tlahualillo y que las despensas equivalían a “30 toneladas de alimentos”.
EL UNIVERSAL no logró obtener una confirmación independiente de estos datos.
Las cajas tenían, además, una leyenda que la Asamblea Legislativa obligó al gobierno de Bukele a poner para evitar que funcionarios públicos quisieran beneficiarse del reparto de despensas: ‘Este paquete alimentario ha sido pagado con tus impuestos’. Ahora, la fiscalía averiguará cómo las despensas terminaron en México. (José Meléndez, El Universal,Mundo, p. A 17)
(EFE, Ovaciones. Nacional, p. 9)
La llegada de Joe Biden a la presidencia de Estados Unidos se convirtió en una esperanza para que millones de migrantes puedan regularizar su situación.
En el Poder Legislativo de México se exploran caminos para iniciar el diálogo con los congresistas estadounidenses para tratar temas como las personas en tránsito, tráfico de armas y una coordinación en el combate a la pandemia de COVID-19.
A pesar de que los cambios apenas inician, Biden mostró su disposición de eliminar la política migratoria de “cero tolerancia” que impulsó Donald Trump durante su mandato.
Entre las primeras acciones en favor de los migrantes, se encuentra la firma de al menos nueve órdenes ejecutivas que buscan revertir retrocesos en la materia y violaciones graves a los derechos humanos de personas que entraron al país del norte sin documentos
Además, la semana pasada el ala demócrata presentó un proyecto de ley que propone lineamientos para que 11 millones de personas en situación irregular obtengan la ciudadanía.
Para concretarse, los cambios sugeridos impulsados por el presidente Biden deberán atravesar una ruta legislativa complicada por la configuración del Congreso que asumió funciones a inicios de enero, ya que la bancada demócrata cuenta con 222 legisladores en la Cámara de Representantes frente a 212 republicanos. Mientras que en el Senado se encuentran en igualdad de condiciones numéricas.
CORREGIR EL RUMBO
Desde los primeros días del gobierno demócrata, el mandatario estadounidense echó para atrás las políticas en el cuatrienio de Donald Trump en materia económica, social, de salud y migratoria.
El 21 de enero, un día después de asumir la presidencia de Estados Unidos, Joe Biden firmó una orden ejecutiva para suspender la construcción del muro con México, una de las principales promesas de campaña de su antecesor.
En esa misma línea, el demócrata puso un freno de 100 días a las deportaciones de migrantes para pedir que cada caso sea analizado a detalle, restablecer el sistema de asilo y también conformó un grupo de trabajo para reunir a los más de 5 mil 500 niños que fueron separados de sus padres después de cruzar la frontera sin documentos.
Tal y como lo promovió durante su campaña electoral, el hoy presidente va por una reforma migratoria cuya estrategia legislativa constará de un plan fraccionado; es decir, que los demócratas impulsarán las modificaciones de manera dividida por grupos sociales y sus distintos estatus migratorios.
Uno de los cambios va dirigido al grupo de los llamados “dreamers” (soñadores), jóvenes que ingresaron de manera irregular a Estados Unidos cuando eran niños acompañando a sus padres.
La reforma busca replicar parte del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) y que esta población pueda estudiar y trabajar en la nación del norte. Dicho plan gubernamental, fue establecido en el mandato de Barack Obama, cuando Biden era vicepresidente.
A mediados de enero, Kamala Harris, todavía como vicepresidenta electa, declaró a medios estadounidenses que los soñadores que ya habían pertenecido a DACA podrían acceder a la ciudadanía de forma automática.
En el mismo caso se encuentran los beneficiarios del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés), que permite la residencia legal a aquellos que solicitaron refugio por huir de la violencia que vivieron en sus naciones de origen como Honduras, El Salvador o Guatemala.
Entre los grupos que serían beneficiados están las personas que trabajan en campos agrícolas y otras actividades catalogadas como esenciales, quienes tendrían que pasar por un proceso que duraría ocho años para obtener la llamada “green card”.
RETOMAR EL DIÁLOGO
Desde México, los legisladores pertenecientes a la Comisión de Relaciones Exteriores de América del Norte en el Senado aprobaron un punto de acuerdo dirigido a la Mesa Directiva para exhortarla a que se promueva una reunión interparlamentaria entre México y Estados Unidos. La petición también fue dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).
Para Gina Cruz Blackledge, presidenta de la Comisión en la Cámara alta, el mensaje inicial de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador hacia la de Joe Biden no fue el mejor, ya que este no reconoció su triunfo y tardó en felicitarlo aún cuando ya se habían calificado las elecciones.
Aspiramos a que esta relación se pueda reconstruir, que se puedan empezar a tender puentes de comunicación y de entendimiento sobre todo por el bien de nuestros connacionales, pero también por el de la economía, al tomar en cuenta que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, menciona la Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara alta
La legisladora explica que la intención de reunirse con sus homónimos estadounidenses es entablar una discusión sobre temas prioritarios como la migración, el tráfico de armas y el combate a la pandemia de COVID-19. (Eduardo Buendía, Reporte Índigo, 8 Columnas)
Miguel Ángel Pérez, presidente del Consejo de Federaciones Mexicanas en Norteamérica (COFEM), afirma que es muy positiva la propuesta de reforma impulsada por el gobierno de Joe Biden.
Sin embargo, advierte que el camino para su aprobación no será sencillo por las divisiones al interior del Partido Demócrata y porque se debe de convencer al menos a 10 senadores republicanos para reunir los votos necesarios.
“Hay que trabajar con los republicanos, porque se puede quedar todo en el aire como ha ocurrido en otras ocasiones en los primeros 100 días de otros presidentes como con Obama”, expone.
El líder del COFEM considera que a Biden lo respalda su experiencia en el gobierno estadounidense, por lo que la comunidad migrante ve con una amplia expectativa que en esta administración se concrete la regularización de millones de mexicanos que residen en el país del norte.
“El problema que veo es que dentro del Partido Demócrata hay una división: algunos muy radicales, otros moderados. Ojalá lo acompañe gente que comulgue como él para lograr muchas cosas que él desea. El tiempo lo dirá, creo que Biden sí tiene esas ganas de dejar un legado”, agrega.
Pérez comenta que el ambiente en el que se desenvuelve la comunidad migrante en la actualidad es muy distinto a los días en los que transcurría el cuatrienio de Trump. Enfatiza también que por parte de la autoridad mexicana los programas han sido insuficientes.
Los consulados hacen un excelentísimo trabajo, ellos hacen todo lo que pueden, cosas increíbles para ayudar a la comunidad, desafortunadamente no tienen el apoyo económico o presupuesto del Gobierno federal
“Recuerdo que cuando empezó esta nueva administración decían muchas cosas bonitas pero no se ha cumplido ni el 60 por ciento, mucho de los no apoyos, como el 3×1 por ejemplo, lo quitaron e iba a las personas que son los que más aportan a México en las remesas”, expone.
El presidente del COFEM apunta que las organizaciones de migrantes analizan realizar diversas movilizaciones para alzar la voz con respecto a los cambios legislativos para que les garanticen resolver su situación jurídica.
Entre esas acciones, promoverán como “un día sin mexicanos” el 1 de mayo en el que se conmemora el Día del Trabajo.
Otro de los retos que visualiza es la organización entre federaciones, movimientos y colectivos de migrantes mexicanos, los cuales, considera, deberán unirse en favor de impulsar la reforma para el bien suyo y de sus familias en México. (Eduardo Buendía, Reporte Índigo, Portada, p. 14)
La economía global vivirá el efecto conocido como blue wave (ola azul) con la victoria de Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos y la mayoría demócrata en las dos cámaras del Congreso, pues el nuevo gobierno tendrá control en los tres centros de poder.
Cubrirá a México
Para México, las políticas del nuevo inquilino de la Casa Blanca podrían tener repercusiones, aseguró, como una política exterior mucho más conciliadora con los vecinos del sur.
Pero el más importante, destaca, es la recuperación de la economía estadounidense, porque seguirá teniendo efectos secundarios que beneficien a la mexicana; los fuertes vínculos comerciales son los más obvios.
La regulación de inmigración también se suavizará, permitiendo que trabajadores migrantes ingresen a Estados Unidos. La repatriación de ingresos salariales a México también dará un impulso a la economía nacional, afirmó. (Leonor Flores, El Universal, Cartera, p. A22)
Durante todo 2020, la Secretaría de Salud confirmó 984 casos de Covid-19 en población migrante, mientras que en los dos primeros meses de 2021, detectó mil 208 casos más.
La diferencia entre 2020 y 2021 tiene que ver con el incremento de casos de SARS-CoV-2 en la segunda oleada, registrada en 2021, y que sobrepasa por mucho a la de 2020, aunado a que hay un mayor flujo de esta población en territorio mexicano, aseguró Gabriela del Carmen Nucamendi Cervantes, directora de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades No Transmisibles.
Además, señaló, el año pasado, las defunciones por SARS-CoV-2 de migrantes sumaron 50 y en lo que va de 2021 se han registrado 55.
Asimismo, el número de migrantes con sospecha de Covid-19 fue menor en todo 2020, con 3 mil 863 casos, en comparación con los primeros dos meses del presente año, que suman 4 mil 869 casos.
Nucamendi Cervantes también aseguró que hubo una mayor captación de contagios porque se fortaleció la red del equipo que reporta en las entidades federativas.
“La pandemia nos ha dado la experiencia y se han fortalecido una serie de acciones que hemos venido encaminando. Los canales están mucho más oficializados, por todos esos factores es que ahora obtenemos un reporte mucho más robusto”.
Mencionó que suelen captar la información no sólo de las unidades médicas, sino también de estaciones migratorias y albergues.
Aseguró que a toda la población migrante que cumple definición operacional de caso sospechoso de Covid-19 se le realiza una prueba confirmatoria. (Natalia Vitela, Reforma, Nacional, p. 11)
(Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 4)
(Gerardo Suárez, El Heraldo de México, País, p. 5)
Densidad poblacional, altos niveles de letalidad por el Covid-19 y pobreza serán los tres criterios que, en ese orden, aplicará el gobierno federal para determinar cuáles serán los siguientes municipios del país donde se aplique la vacuna, dio a conocer la Secretaría de Salud (Ssa). Las personas migrantes o en tránsito por México también serán vacunadas.
En este sentido, dio a conocer que la vacuna se les aplicará inclusive a personas migrantes o que se encuentren en tránsito por el país, inclusive si no cuentan con el CURP.
“El grupo de personas migrantes que esté en el país recibirá la vacuna, la población mexicana está considerada para recibir la vacuna. El orden de vacunación responderá a las mismas etapas que han sido definidas”, refirió. (Teresa Moreno, El Universal, Nación, p. A10)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.