Juchitán de Zaragoza.— Como parte de una gira de cuatro días por el territorio oaxaqueño, el comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez, visitó las estaciones migratorias establecidas en la entidad para detectar las necesidades en la materia, para lo cual también se reunió con integrantes del Grupo Beta, de Ciudad Ixtepec.
Fue el propio INM el que a través de sus redes sociales informó que el comisionado se encontraba en gira de trabajo por Oaxaca, para supervisar los puntos migratorios de Salina Cruz, Morro Mazatán, Huatulco y Puerto Escondido.
“En gira de trabajo por #Oaxaca, el comisionado del @INAMI_mx, @fgymexico, supervisó la labor del Instituto en puntos de internación de #SalinaCruz, #MorroMazatan, #Huatulco y #PuertoEscondido, además de verificar que la atención sea apegada a los #DDHH, escribió en su cuenta de Twitter la tarde de ayer viernes 20 de noviembre.
De acuerdo con reportes de los agentes migratorios, el comisionado del INM Francisco Garduño Yáñez comenzó su recorrido en Oaxaca por la región del Istmo de Tehuantepec, considerada como la principal zona de internación, por tierra y por mar, de centroamericanos, dada la cercanía con el estado de Chiapas.
Garduño Yáñez visitó al personal que labora en las estaciones migratorias de San Pedro Tapanatepec, La Ventosa (Juchitán), y de Salina Cruz, ubicadas en la región del Istmo y por la tarde del marte 17 se reunión con el personal del Grupo Beta, cuyos elementos solicitaron equipos actualizados para el rescate, y modernización de la flota vehicular, entre camionetas y motonetas.
Por la noche del viernes, el comisionado del INM encabezó en la capital oaxaqueña una reunión de evaluación con todos los delegados migratorios, envió el mensaje de austeridad que caracteriza a la 4T y reiteró que todas las acciones que realicen los agentes migratorios se apeguen a los derechos humanos. (Alberto López, El Universal Oaxaca, Online)
El Instituto Nacional de Migración (INM) introdujo un nuevo sistema para reducir, incluso a un día, el tiempo que requieren trámites de regularización y estancia en México que antes significaban semanas o meses.
Los responsables del proyecto explicaron que esta alternativa, en marcha desde agosto pasado en la Ciudad de México y ahora prácticamente en todo el país, es útil para frenar las prácticas de corrupción, especialmente cuando se informaba al extranjero que volviera en unas semanas y ahí cualquiera de las partes optaba por el soborno o la denuncia.
La tecnología fortalece los sistemas de identificación, por ejemplo, cuando un migrante tiene alerta de autoridades policiales.
Ayuda también a abatir el rezago histórico del instituto, organismo que da anualmente 400 mil atenciones, correspondientes a 29 trámites, los cuales generaron al erario en 2019 alrededor de 765 millones de pesos.
El nuevo modelo de gestión, con biometría electrónica, ha multiplicado los trámites resueltos. De agosto a la fecha el organismo reporta 60 mil 768 beneficiarios, de los cuales 28 mil 956 concluyeron su diligencia al momento y el resto lo hizo en un poco más porque su circunstancia requirió consultas con embajadas y otras autoridades, incluidas las fiscalías.
El avance es notablemente documental porque antes el extranjero tenía que acudir a una oficina del instituto a plasmar sus huellas con tinta sobre un papel, sacar copias y entregar fotografías de estudio, luego esperar al análisis de esta compilación de datos por varios funcionarios y volver cuantas veces se le indicaba.
La integración del expediente, prácticamente a mano, provocaba la demora y, por tanto, el coyotaje y las quejas de los usuarios.
Era un sistema muy burocrático y largo que abría la puerta para la corrupción, comentó a La Jornada Alejandro Tagle Marroquín, director general de Regulación y Archivo Migratorio del INM, quien trabaja para esta etapa de modernización administrativa en coordinación con Armando López Cárdenas, de la oficina del comisionado del INM, Francisco Garduño. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 8)
Mientras otras naciones restringieron o cerraron sus fronteras en los meses de pandemia, México no canceló el flujo ni los trámites migratorios.
De enero a septiembre, de un total de 59 mil 155 extranjeros identificados en situación irregular, el Instituto Nacional de Migración (INM) clasificó como no sujetos a devolución a casi 10 mil, a partir de oficios de regulación, oficios de salida y solicitudes de refugio, según cifras oficiales.
A ello debe agregarse aquellos que pueden permanecer en el país porque sus trámites están en curso, especialmente ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) y en la cancillería (en el caso de peticiones de asilo político), así como los solicitantes de visa humanitaria.
Según datos del INM, en los primeros nueve meses del año expidió 4 mil 171 oficios de regulación migratoria; 2 mil 147 oficios de salida y atendió a 3 mil 242 personas con solicitud de refugio, cifras altas en comparación con las de otros años.
Predominan los trámites de este tipo en favor de personas originarias de Honduras, a quienes se les dio, por ejemplo, 873 documentos de regularización, que les permiten seguir en México, así como 844 oficios de salida, esto es, una autorización para permanecer cierto tiempo aquí y luego abandonar el país, aunque es común que a partir de esa herramienta se trasladen hacia el norte, a fin de cruzar hacia Estados Unidos. También hay un gran número de beneficiarios de esta herramienta que son originarios de Cuba y de Haití.
Las facilidades para los extranjeros también se evidencian con otros indicadores. Por ejemplo, este sexenio, respecto al anterior, se ha reducido el porcentaje de personas repatriadas, comparado con el número de extranjeros que son registrados ante el INM y/o llevados a una estación migratoria.
En cuanto a los presentados, este año se inició con 14 mil 118, en enero, pero con motivo de la pandemia, el flujo en nuestro territorio se desplomó a poco más de 2 mil cada mes, durante el periodo abril-junio; a partir de entonces, se ha incrementado este movimiento de migrantes, por lo cual en agosto el INM presentó –o registró– a 4 mil 437 y en septiembre a 8 mil 860 personas.
De ese total (59 mil 155) fueron devueltas a su lugar de origen 41 mil 15, esto es, prácticamente 69.3 por ciento, mientras que en años anteriores, por ejemplo en 2018, este indicador se ubicó en 87.9 por ciento.
En lo que no ha habido cambios es en el grupo mayoritario de migrantes en situación administrativa irregular. Este año persiste en primer sitio Honduras, seguido de Guatemala y El Salvador, aunque se reportan incrementos de ciudadanos de Cuba y Haití.
En el caso de las personas procedentes de Asia y África, el porcentaje de repatriación es prácticamente cero, porque de 350 y 538 presentados, respectivamente este año, el INM sólo devolvió a una persona.
De los 41 mil 15 repatriados a nivel general, hay 5 mil 456 menores de edad; la mayoría son adolescentes y 2 mil 253 niños menores de once años. De este último grupo, 2 mil fueron devueltos con la compañía de un familiar adulto y 177 solos, aunque con la supervisión de un agente especializado en atención a la infancia, según marca la norma migratoria nacional. (Fabiola Martínez, La Jornada, Política, p. 8)
El Instituto Nacional de Migración (INM), dependiente de la Secretaría de Gobernación, continúa la ayuda a la población damnificada por las inundaciones en el estado de Tabasco.
A la fecha, personal del instituto ha distribuido 33 mil 956 raciones de alimentos para desayuno, comida y cena, lo que equivale a 6 mil 790 raciones diarias en promedio. Además, han repartido colchonetas, brindan consultas médicas y psicológicas, así como medicamento del cuadro básico.
El apoyo para las personas damnificadas se realiza a través de centros de atención y carpas instaladas en las comunidades de Aquiles Serdán, El Congo y Límbano Blandín, en el municipio de Macuspana, y Villa Cuauhtémoc en Centla, así como en 26 albergues libres y módulos de la Secretaría de Marina-Armada de México habilitados en ambos municipios.
Desde oficinas centrales del instituto, ubicadas en la Ciudad de México, se enviaron para su distribución en los albergues del INM en Tabasco, 680 toallas de baño, 10 mil cubrebocas, 519 litros de gel antibacterial, mil 531 mochilas, 2 mil 500 kits de aseo y mil pares de zapatos.
Además, 15 paquetes de agua con 24 botellas de 600 mililitros, 10 cajas jugos con 40 piezas cada una, 10 paquetes de papel de baño con 32 rollos cada uno, 15
cajas de galletas; cinco botes de leche en polvo; 18 cremas para el cuerpo, y
cuatro cajas con medicamentos.
Desde el pasado domingo, la estación migratoria de Villahermosa opera como
albergue temporal con capacidad hasta mil personas, y cuenta con servicio médico las 24 horas del día, limpieza continua del inmueble, literas, colchonetas, cobijas, toallas, kits de aseo personal, comedores, áreas de esparcimiento, regaderas, baños y espacios para el lavado de la ropa.
Se informa que a partir de este sábado quedarán instalados otros dos albergues temporales, a cargo de esta dependencia, en las comunidades de Villa Cuauhtémoc y Límbano Blandín.
El comisionado del INM, Francisco Garduño Yáñez, coincidió con el gobernador de Tabasco, Adán Augusto López Hernández, a quien le expresó todo el respaldo del Gobierno de México para brindar apoyo a las personas de las comunidades afectadas por las inundaciones en esa entidad.
Con ello, el instituto reitera su solidaridad y compromiso con la población mexicana en situaciones de emergencia o de riesgo, y con quienes se desplazaron -de manera temporal- a otros lugares para salvaguardar su integridad, salud, seguridad y garantizar el respeto a sus derechos humanos. (Novedades de Tabasco)
Debido a la profundización de la crisis económica y social en su país, el éxodo de venezolanos no se detiene.
De acuerdo con cifras de la Red Eclesial Latinoamericana y Caribeña de Migración, Desplazamiento, Refugio y Trata de Personas (Red CLAMOR) hasta octubre pasado más de cinco millones de venezolanos habían salido de su país hacia diferentes naciones del mundo donde a su llegada enfrentan explotación laboral, trata y hasta xenofobia.
En México, la llegada de venezolanos buscando refugio ha aumentado, pues mientras 361 solicitaron asilo en 2016, para 2019 la cifra llegó a mil 677, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).
El reto para estos migrantes, afirmó en entrevista con El Sol de México Farida Acevedo, coordinadora de Venemex, inicia desde su llegada a los distintos aeropuertos mexicanos donde enfrentan una estigmatización por parte de los agentes migratorios, quienes los extorsionan y maltratan por el simple hecho de ser ciudadanos venezolanos.
“Los agentes migratorios violan sus derechos humanos y los obligan a un retorno forzado a Venezuela, aunque su vida esté en peligro allá; además los maltratan, les impiden hablar con sus familiares, los mandan a estaciones migratorias don- de los extorsionan y si denuncian pues les niegan el refugio”, afirmó la activista de origen venezolano.
A diferencia de los migrantes centroamericanos, quienes cruzan la frontera con México vía terrestre para llegar a Estados Unidos, la mayoría de los venezolanos que llegan a nuestro país lo hacen vía aérea aprovechando que no requieren visa de ingreso.
Los que logran el refugio en nuestro país, según Acevedo, enfrentan explotación laboral y en muchos casos a la discriminación principalmente en los centros de trabajo donde muchos venezolanos, sobre todo varones, son rechazados por su nacionalidad.
Con la pandemia por Covid-19, la dificultad de los venezolanos para encontrar trabajo en México, agregó Acevedo, se ha profundizado y muchos que habían logrado poner restaurantes han tenido que cerrar sus negocios. Pero el mayor riesgo lo enfrentan las mujeres venezolanas, quienes, de acuerdo con Farida Acevedo, son presas del crimen organizado que las “enganchan” mediante internet con la promesa de un empleo y una vez que las traen a México les quitan sus documentos y las encierran para prostituirlas.
“La preocupación por la alimentación y la salud de las niñas, los niños, las personas adultas mayores y las personas con enfermedades crónico-degenerativas, se ha sumado a la violencia política y la constante violación de derechos humanos que se vive actualmente en Venezuela, como causas para verse forzados a dejar el país”, señaló Gustavo Rodríguez Vega, arzobispo de Yucatán y presidente de la Red CLAMOR.
En entrevista con este diario, aseguró que los robos, las extorsiones o incluso los intentos de asesinato son otras de las razones por las que los venezolanos deciden salir de Venezuela.
“La escasez de dinero en efectivo, de alimento, medicinas y los cortes de electricidad ponen aún más en riesgo la seguridad en los barrios y las ciudades venezolanas y se convierte en un catalizador para la salida del país de sus ciudadanos”, agregó el religioso, quien junto con la ONU coordinaron el estudio Pies Para que
Te Tengo, que recaba más de 200 testimonios de venezolanos en su trayecto hacia otros países.
“Tanto en las diferentes rutas de tránsito, como en las ciudades y países de acogida, incluido México, las personas refugiadas y migrantes venezolanas han sido víctimas de xenofobia, la cual se ha manifestado de diversas formas: violencia física, discursos de odio y discriminación intencionada, encubierta y estructural”, agregó.
El arzobispo de Yucatán consideró indispensable que México no sea servil a las demandas de Estados Unidos en cuanto a cerrar su frontera y por el contrario aplique una política de mayor apertura tanto para los venezolanos como para los migrantes en general.
“Superemos la barrera de la indiferencia, creemos conciencia sobre el valioso aporte que las personas refugiadas y migrantes venezolanas hacen al país que las acoge. Aprendamos a tirar los muros que nos separan y a crear puentes de encuentro para enriquecernos unos con otros”, finalizó el religioso. (Roxana González, El Sol de México, Nacional, p. 6)
(Roxana González, La Prensa, Nacional, p. 21)
Tijuana.- Jóvenes estadounidenses que integran el Emergency Circus llevaron diversión y distracción a decenas de familias migrantes que viven en un albergue en esta ciudad fronteriza a la espera de una respuesta a su solicitud de asilo en EU.
Los artistas, que con su proyecto itinerante ha recorrido varios países, se estacionaron frente al Espacio Migrante para presentar su espectáculo, de acuerdo con la agencia EFE.
Cientos de migrantes permanecen en ciudades fronterizas mexicanas a la espera de ser recibidos por jueces estadounidenses y presentar su solicitudes de asilo. (Staff, Reforma, Nacional, p. 4)
(Redacción, Ovaciones, Política, p. 2)
En el estado de Guerrero, las poblaciones obligadas a desplazarse forzadamente para huir de la violencia no sólo sufren el acoso de grupos criminales, sino que también son revictimizadas por las autoridades, quienes en muchas ocasiones no les brindan el apoyo que requieren y no se hacen presentes en diversas regiones por miedo a ser atacadas.
Así lo indicó Sergio Martín, coordinador de proyectos de la organización Médicos Sin Fronteras (MSF), quien lamentó que el éxodo de estos grupos hoy se ha vuelto todavía más difícil, pues muchos de ellos tratan de huir hacia Estados Unidos y por lo tanto se vuelven susceptibles a ser detenidos y abusados en la frontera norte.
Estas comunidades de Guerrero se han tenido que desplazar porque se volvieron un objetivo del crimen organizado, pero después son estigmatizadas y entran en un círculo de revictimización. Su escapatoria ahora es más difícil por el endurecimiento de las políticas migratorias, que complican su tránsito por diversas zonas del país, dijo en entrevista.
Sumado a lo anterior, dichos núcleos están especialmente vulnerables en el marco de la pandemia de Covid-19, pues hay clínicas que llevan meses cerradas. La Secretaría de Salud no entra porque tiene miedo, hay amenazas y ese contexto de violencia no permite que la ayuda de las autoridades llegue.
Luego de destacar que existe un contraste bestial entre los sitios turísticos de Guerrero y los altos niveles de violencia que hay en lugares relativamente cercanos a aquellos, Martín destacó que muchas poblaciones desplazadas tratan de buscar refugio en Estados Unidos, lo cual termina exponiéndolas aún más a sufrir ataques graves.
En la frontera norte, desde Baja California hasta Tamaulipas, nos encontramos con población desplazada de estos lugares. Son personas que vienen desde la sierra de Guerrero e intentan llegar a Estados Unidos, pero al ser migrantes se vuelven objetivo del crimen organizado y son fácilmente extorsionables, deploró.
Martín detalló que MSF ha visitado más de 60 comunidades de Guerrero en casi cinco años, con equipos ubicados en centros de salud o unidades móviles, en las cuales brinda atención médica y psicológica a personas desplazadas y otras víctimas de la violencia, en particular la de carácter sexual. (Fernando Camacho Servín, La Jornada, Política, p. 9)
China, NL.-Elementos de la Fuerza Civil lograron la detención de un sujeto que ‘trasladaba en la caja de un tráiler a 71 personas indocumentadas, entre ellas, tres menores de edad.
De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública del estado, los se registraron el jueves cuando los elementos realizaban labores de vigilancia en la carretera China Méndez, municipio de China.
Se informó que los uniformados visualizaron un vehículo de carga, cuyo conductor circulaba en actitud sospechosa hacia Tamaulipas. Los efectivos le marcaron el alto, pero el chofer hizo caso omiso, aunque más adelante lograron darle alcance.
Al revisar la unidad fueron localizadas 71 personas de Guatemala, El Salvador y Hondura, por lo que fueron aseguradas. El chofer, de 48 años, fue detenido. (Aracely García, Excélsior, Nacional, p. 18)
Washington.- El tema de la inmigración no está entre las cuatro prioridades marcadas en la página web del presidente electo de Estados Unidos. Durante la campaña se pasó por el asunto casi de puntillas, como si no hubiera sido uno de los temas cruciales durante el mandato de Donald Trump ni una de las armas arrojadizas del actual mandatario en su afán de implementar su retórica más dura, aislacionista y de tintes racistas y xenófobos.
Sin embargo, Joe Biden ha prometido que será uno de sus principales temas a abordar desde el primer minuto que entre en la Casa Blanca, consciente del trabajo que tiene por delante para deshacer las más de 400 normativas, directrices y políticas que el actual presidente republicano ha implementado para llevar a cabo su política de restricción de la migración en Estados Unidos.
La del demócrata será una tarea titánica. “Durante la administración Trump, la inmigración era una de las principales prioridades políticas”, resumía hace poco Sarah Pierce, experta del Migration Policy Institute (MPI). “Invirtieron todo lo que tenían en la promulgación de su agenda. Creo que bajo la administración de Biden, estamos a punto de ver que el ritmo de los cambios en inmigración se desacelerarán significativamente”, añadía hace una semana, en un coloquio virtual sobre el futuro de las políticas migratorias con la nueva administración.
“Trump ha emprendido un asalto implacable a nuestros valores y nuestra historia como nación de inmigrantes. Está mal y se detiene cuando Joe Biden es elegido presidente”, rezaba en la web de Biden todavía candidato. El demócrata deja explícito que es consciente de que “nuestro sistema de inmigración está sometido a una mayor tensión como resultado directo de las políticas equivocadas de Trump”.
En esa página, apuntaba en una lista de máximos todo lo que quiere hacer para cambiar el actual contexto migratorio en el país, que se resume en lo siguiente: revertir todos los cambios aplicados por la administración Trump y regresar a la situación en la que estaba durante el final de la presidencia de Barack Obama. Y, una vez ahí, construir hacia un nuevo modelo que solucione un sistema migratorio que todo el mundo está de acuerdo que está totalmente roto, es ineficiente y causa más problemas que soluciones.
Igual que Trump centró gran parte de su mandato en deshacer el camino recorrido por su antecesor, Biden está dispuesto a eliminar todo aquello que el actual presidente ha hecho en materia migratoria. Nada de lo que huela a la política antiinmigrante de Trump parece tener cabida en una administración Biden. “Todo lo que se hizo administrativamente a través de la autoridad ejecutiva [del presidente], un nuevo Ejecutivo básicamente puede rechazarlo y comenzar desde cero”, dijo una fuente cercana a Biden a CBS News.
Ninguna de las promesas y acciones del republicano (el muro en la frontera entre EU y México, los vetos migratorios, la política de Tolerancia Cero, el ataque al programa DACA…) tienen mucha aspiración de mantenerse con el demócrata en la Casa Blanca.
Las promesas políticas siempre se basan en todo lo que un candidato promete que hará en sus primeros cien días de gobierno, como pauta para demostrar la tendencia de sus ideas. En el caso migratorio, Biden tiene un listado sin fin de propuestas: acabar con la separación familiar en la frontera, revertir las políticas de asilo de Trump y su nefasta gestión del asunto, fulminar las medidas de “carga pública” de migrantes que necesitan subsidios federales, proteger a soñadores, buscar una vía hacia la ciudadanía de indocumentados, abolir los vetos migratorios, mejorar los programas de visados temporales, cambiar las prioridades de detención y deportación…
“Las más fáciles serán aquellas que se puedan revertir con una acción administrativa, como una orden ejecutiva, pero que no conlleven grandes desafíos logísticos”, comentaba Pierce. Básicamente, aquellas que puedan solucionarse con la firma en un decreto y fulminen por completo acciones de carácter opuesto a la idea migratoria del presidente electo demócrata.
Lo más sencillo será derogar los decretos de vetos migratorios, la primera gran medida en la materia aplicada por la administración Trump, en la primera semana de su gobierno, que generó el caos y centenares de protestas. La primera versión tuvo que ser cancelada, bajo la sombra de la xenofobia por incluir sólo países de mayoría musulmana. Un nuevo decreto dictaminando el fin será suficiente; sin embargo, es probable que aparezcan demandas en los juzgados que ralenticen su aplicación.
Después están las tareas más complejas, las que necesitan pasar por el Congreso. “He dejado bien claro que, en 100 días, mandaré al Congreso de Estados Unidos un camino a la ciudadanía para más de 11 millones de ciudadanos indocumentados. Y a los dreamers, los chicos con DACA, les vamos a certificar su legalidad otra vez, para que estén en este país, y les pondremos en camino hacia la ciudadanía […] Se los debemos”, dijo Biden en el segundo y último debate presidencial, el 22 de octubre. Ambos grupos, los indocumentados y los alrededor de 640 mil soñadores amparados de la deportación, son mayoritariamente de origen mexicano.
Esa ley que pretende presentar no se frenaría aquí: también quiere que el Congreso apruebe reformas en los programas de visados temporales, prorrogue al programa TPS de protección de la deportación temporal a unos 400 mil ciudadanos de varios países (la mayoría centroamericanos) y se expanda a los venezolanos perseguidos por razones políticas, mejore las condiciones de los trabajadores estacionales agrícolas y les dé un camino a la residencia legal.
Son promesas, sin embargo, que sólo tiene un mínimo viso de éxito si los demócratas consiguen controlar el Senado, algo que ahora mismo parece utópico y que se resolverá el próximo 5 de enero, cuando se completen las elecciones para dos asientos por Georgia. Con que los republicanos consigan uno, la Cámara Alta será controlada por los conservadores y cualquier cambio migratorio a través del legislativo será prácticamente imposible.
Biden también ha prometido una moratoria de 100 días en las deportaciones y un giro de 180 grados en el objetivo de los agentes migratorios en cuanto a la aplicación de detenciones con fines de expulsión, regresando a la indicación de la época Obama de centrarse en aquellos que hayan cometido delitos graves y sean una amenaza para la seguridad nacional, haciendo la vista gorda a aquellos sin antecedentes ni asuntos pendientes con la justicia. “[Los indocumentados sin antecedentes] no tendrían que ser objeto de deportación”, dijo Biden en el primer debate de las primarias demócratas, allá por junio de 2019.
Biden también quiere acabar cuanto antes con con el programa MPP, conocido como Quédate en México, que expulsa a los solicitantes de asilo a México para que aguarden ahí sus citas con las cortes, en campos de refugiados desamparados de cualquier gobierno. Para los expertos, sin embargo, será una tarea más compleja. Si bien se podría eliminar con sólo una firma, la cuestión logística es más compleja, ya que habría que aclarar qué hacer con los migrantes que ahora mismo están dentro del programa, por ejemplo.
Es precisamente la recuperación del sistema de asilo lo que, según los expertos, podría ser más significativo. “Quizá el esfuerzo más importante que una nueva administración podría tomar es arreglar el sistema de asilo y hacerlo justo y eficiente”, escriben los expertos del MPI en un informe reciente.
Biden ya ha prometido aumentar el número de refugiados a 125 mil en un futuro próximo (no hay plazo para cumplir esa promesa), revirtiendo la política de Trump de reducir cada vez más las aceptaciones de solicitudes de asilo, hasta el mínimo histórico de 15 mil de este 2019, la cifra más baja nunca vista, para “restablecer el rol histórico en la protección de los más vulnerables y proteger los derechos de los refugiados”.
A análisis también entrará toda la idea sobre la migración “legal”, el deseo de Trump de cambiar el sistema migratorio estadounidense a uno basado en el mérito y las condiciones socioeconómicas. Biden quiere acabar con eso y basar gran parte de su plan en la creencia del derecho que las familias merecen poder reunirse y compartir estatus migratorio.
Y después, de forma colateral, está el asunto del muro, que tiene una resolución clara y contundente: se frena por completo. La declaración de emergencia nacional con la que quería desviar fondos del Pentágono a la construcción del muro se retirará de inmediato, y las obras se paralizarán inmediatamente en cuanto Biden firme la orden ejecutiva correspondiente.
El demócrata tiene mucho trabajo por delante en materia migratoria. “La administración Trump tenía una preocupación extraordinaria con los problemas de inmigración e invirtió una enorme cantidad de atención y un enfoque decidido en la inmigración”, dijo a CBS News Doris Meissner, excomisionada del Servicio de Naturalización e Inmigración de EU en la administración Clinton. “Una administración que quiera deshacer esos cambios tendría que dedicar una cantidad similar de tiempo y esfuerzo, y posiblemente más, porque no sólo quiere deshacer cosas. También quiere mover una agenda proactiva”, añadió Meissner, también directora del programa de políticas migratorias del MPI. (Víctor Sancho, El Universal, P.p.)
Es una aciaga ironía de la democracia estadounidense que uno de los sectores más afectados por los resultados electorales sencillamente no puede votar. Más de 10 millones de migrantes indocumentados en Estados Unidos han padecido, junto con sus familias, las durísimas políticas migratorias de Trump, y el martes 3 de noviembre pasado no pudieron más que esperar que otros usaran su voto para protegerlos.
El sábado pasado, cuando se anunció que Biden ganó las elecciones presidenciales, millones de migrantes y sus familiares se unieron a las celebraciones a lo largo de Estados Unidos. Y no es para menos, como parte de su campaña, Biden prometió revertir algunas de las políticas migratorias más duras del gobierno de Trump.
Destacamos sólo algunos cambios: Biden ha prometido nunca más separar familias en la frontera; acabar con la política que fuerza a solicitantes de asilo llevar su proceso en México; detener las redadas de indocumentados en lugares de trabajo y en otros sitios sensibles como escuelas o iglesias; reinstaurar DACA -que es un programa que protege de la deportación a los más de 800 mil jóvenes indocumentados que llegaron a EU antes de cumplir 16 años y les otorga un permiso de trabajo y otros beneficios- e incluso crear un camino para la legalización para la población indocumentada en el país.
Basta tan solo ver la importancia que tiene DACA para los migrantes y sus familias para entender el cambio tan significativo que representa la victoria de Biden en las elecciones. Nuestro proyecto de investigación (liderado por el Dr. Robert Smith) Iniciativa mexicana para la acción diferida (MIDA, por sus siglas en inglés) lleva ocho años estudiando, mediante la etnografía comparada, cuán central es DACA para la movilidad social de jóvenes indocumentados y sus familias. En particular, estudiamos procesos de vida de familias e individuos y comparamos casos que son muy parecidos entre sí con la excepción de que unos consiguieron DACA y otros no.
Con esta metodología, MIDA ha identificado que la obtención de DACA incrementa los ingresos familiares, aumenta la capacidad de cumplir exitosamente la educación de los jóvenes, y en consonancia con otros investigadores, que disminuye los niveles de estrés entre migrantes y sus hijos.
DACA también ha beneficiado a incontables ciudadanos estadounidenses: cuando los padres o hermanos de ciudadanos de EU obtienen DACA, ayudan a que los hijos o hermanos menores vayan a la escuela y accedan a servicios importantes para su desarrollo. Angelo Cabrera, investigador del equipo MIDA, ha encontrado que DACA es esencial para que jóvenes indocumentados accedan a servicios de salud. Nuestros hallazgos sirvieron de base para redactar un amicus curiae para la Suprema Corte de Justicia de EU defendiendo el programa cuando Trump intentó acabar con él.
El contraste entre Biden, que ha prometido reinstaurar DACA, y Trump, quien suspendió nuevas solicitudes al programa e intentó terminar con el mismo, muestran la importancia para los migrantes de que haya perdido Trump.
Pero la victoria de Biden es sólo el primero de muchos pasos que se requieren para proteger a los migrantes en Estados Unidos. La posibilidad de la legalización podría esfumarse si los demócratas no obtienen una mayoría en el Senado. Pero también podría perderse el ímpetu para cambiar las políticas migratorias con el tiempo, como sucedió en la presidencia de Obama quien tuvo la oportunidad de presentar una reforma, pero no lo hizo cuando tenía una mayoría en el Senado.
Un pendiente inmediato y que demostrará cuán sólido es el compromiso con los migrantes, será el plan de acción contra el Covid-19 de Biden. Los migrantes indocumentados y sus familias son particularmente vulnerables a contraer el virus, y han sufrido agudamente las consecuencias económicas de la pandemia.
Bajo Trump, el paquete de rescate económico excluyó a estas familias, incluyendo a los hijos que son ciudadanos, y a pesar de que los migrantes indocumentados pagan más de 25 mil millones de dólares en impuestos al año. Biden deberá incluir medidas que protejan a estas familias, así como incluirlos en paquetes de rescate económico. También deberá asegurarles que podrán acceder a la vacuna.
El gobierno de México tiene un papel fundamental para que se respeten los derechos de los migrantes -muchos de los cuales son mexicanos- y que no impere la lógica de la exclusión. Deberá continuar con sus vitales tareas de protección consular. Pero también deberá de comprometerse con los derechos de los migrantes centroamericanos que transitan por su territorio.
Con Biden existe la posibilidad de un cambio real que beneficie a los migrantes tanto en EU como en México. Ojalá que el gobierno mexicano pueda aprovechar esta oportunidad, millones de sus ciudadanos en Estados Unidos estarán esperando no sólo que los vean como quien manda remesas al país, sino como seres humanos en búsqueda de que se cumplan sus derechos. (Robert Smith y Andrés Besserer, Reforma, Revista R, p. 15)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.