Gabriela Estefanía García Escobar tiene 32 años. Cuando llegó a México de Honduras tenía nueve. Su madre la encargó con una familia en Hidalgo mientras ella cruzaba a California y reunía dinero. El 27 de marzo de 2009, la prensa presentó a Gabriela como mexicana de nombre Alejandra Pérez Suárez, de 21 años, y se aseguraba que era integrante de Los Zetas y, junto a ella, una mesa llena de armas, municiones y droga que dijo jamás haber visto.
En la actualidad, Gabriela afirma haber sido contratada por sujetos durante tres días para ejercer la prostitución. Tenía un hijo de tres años que mantener. En cambio, pasó 11 años presa en el penal de Santiaguito de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, por delitos que no se le comprobaron.
Hasta noviembre de 2020, en esa prisión vivían 367 mujeres, de las cuales 120 no tenían sentencia, según la Secretaría de Seguridad del Estado de México. EL UNIVERSAL entrevistó a una docena de ellas, la mayoría detenidas y torturadas por la extinta Policía Federal (PF) durante la administración de Felipe Calderón.
Gaby, como la conocían en Santiaguito, fue liberada el 15 de diciembre; sin embargo, al salir la esperaba una camioneta del Instituto Nacional de Migración (INM). Con tal de no pasar más tiempo detenida en estaciones migratorias, firmó la deportación voluntaria; no obstante, tras ser trasladada de la Ciudad de México a Puebla, cuando este periódico la visitó en esa última estación, ya llevaba 15 días retenida, aun cuando la ley mexicana establece que no se puede pasar más de dos semanas ahí. El resto de las mujeres y madres entrevistadas permanece en Santiaguito en espera de sentencia, después de una década sin libertad.
Las 12 mujeres tienen en común haber sido arrestadas sin órdenes de aprehensión por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro, además de presentadas ante la prensa inmediatamente como culpables, haber sido torturadas física y sexualmente por elementos de las Fuerzas Armadas, que en ocasiones ni siquiera se identificaron ni estaban uniformados, y provenir de familias de clase trabajadora de la Ciudad, el Estado de México y Guerrero. Las 12 son madres, de ellas, siete cuentan con el Protocolo de Estambul que reconoce la tortura ejercida en su contra por parte del Estado.
Visiblemente deteriorada y vestida con pijama fucsia de felpa y sandalias, Gaby narró que al momento de su detención ejercía la prostitución en un bar de Huichapan, pues había sido el único lugar donde no le pedían documentos. Además, era una actividad que ya había sido forzada a realizar en la adolescencia, cuando fue a reencontrarse con su madre en Anaheim, buscando una mejor vida a los 14 años, pero ella la obligó a prostituirse, así que optó por regresar a México con su bebé en brazos.
Para Gaby este tipo de salidas por varios días era algo normal. Contó que lo único que le llamó la atención fue el tamaño del rancho al que esa vez la llevaron, y los lujos que había dentro; habló de motocicletas, autos de último modelo y un lago. Ese día debía ser devuelta al bar, cuando un comando de la Policía Federal llegó al rancho disparando y aventando gases. Ella y otra mujer, que también se prostituía, se escondieron de inmediato en un baño. La mujer nacida en Tegucigalpa no imaginó que estar ahí significaría que la inicriminaran por delincuencia organizada, secuestro, posesión de armas de uso exclusivo del Ejército, de cartuchos y de explosivos de uso exclusivo de la Fuerza Aérea, y hasta del homicidio de uno de los federales fallecidos en la balacera.
Una vez que lo consideraron, ambas salieron del baño con las manos en alto a presentarse con los policías; sin embargo, fueron llevadas junto a los demás en un helicóptero de la PF.
Antes, a Gaby la torturaron física y sicológicamente para que firmara una hoja en blanco. Este periódico buscó la versión de la embajada de Honduras en México, pero no se concretó una entrevista formal. Se aseguró que estaban al tanto del caso de Gabriela hasta que salió de Santiaguito y se añadió que hay cerca de 700 personas hondureñas en prisiones mexicanas, y 10% de éstas suelen omitir su nacionalidad.
A la fecha, se desconoce si Gabriela permanece retenida por el Instituto Nacional de Migración (INM), pues no hubo respuestade su paradero hasta el cierre de esta edición. El abogado de oficio que llevó su caso tampoco quiso dar una entrevista. (Melissa Amezcua, El Universal, P.p.)
El Instituto Nacional de Migración (INM) lamentó lo ocurrido en el ejido Santa Anita de Camargo, Tamaulipas, en donde se encontraron 19 cuerpos calcinados en un vehículo, y anunció que colaborará con las autoridades correspondientes y dará seguimiento a la investigación, puesto que se presume que los cuerpos podrían corresponder a extranjeros.
En un breve comunicado, el INM, dependiente de la Secretaría de Gobernación (Segob), señaló que algunas fuentes periodísticas refieren que las personas fallecidas serían de origen extranjero.
“Algunas fuentes periodísticas refieren que las personas fallecidas serían de origen extranjero. Ante ello, el INM dará seguimiento a la investigación y expresa su disposición para colaborar con las autoridades correspondientes.”
El Instituto Nacional de Migración informó que mantiene comunicación con el personal de los consulados acreditados en México para atender los requerimientos que se soliciten por estos hechos. (Redacción, El Universal, Online)
El Presidente Andrés Manuel López Obrador ha declarado el fin de las masacres en el País, pero ese discurso oficial no se refleja en la realidad de México ni de la denominada frontera chica de Tamaulipas, zona colindante con Nuevo León.
En los poco más de dos años del actual Gobierno federal, las matanzas se han vuelto cotidianas en la franja fronteriza con Texas que va de Reynosa a Nuevo Laredo, de acuerdo con un recuento de REFORMA.
En este periodo se reportan al menos 233 muertos en 35 hechos violentos desde diciembre de 2018, principalmente enfrentamientos del crimen organizado con fuerzas oficiales o con grupos delincuenciales rivales.
La narcoguerra entre el Cártel del Noreste (CDN) y el Cártel del Golfo (CDG) por el territorio y las aduanas con Estados Unidos es la principal impulsora de la violencia.
La masacre más reciente se dio el pasado viernes en una brecha del poblado rural de Santa Anita, en Camargo, cerca de los límites del municipio de Doctor Coss, Nuevo León, donde se hallaron 19 cadáveres calcinados.
Hasta anoche, ni las autoridades estatales ni las federales habían dado la identidad de los muertos, pero ayer había versiones de que se trataba de migrantes centroamericanos.
La Fiscalía de Tamaulipas considera que las 19 personas calcinadas fueron ejecutadas en Nuevo León y luego dejadas en territorio tamaulipeco. (Staff, Reforma, P.p.)
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) abrió una investigación de oficio sobre el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en el ejido Santa Anita, del municipio de Camargo, Tamaulipas, tras publicaciones en medios.
“Los cuerpos, aparentemente de migrantes centroamericanos, habrían sido sustraídos de una ‘casa de seguridad’ ubicada en ese poblado, hechos por los que la Fiscalía General del estado inició una investigación por el delito de homicidio, derivada del hallazgo de cuerpos y vehículo calcinados”, indicó en un comunicado.
“Por la gravedad de los hechos referidos, la Ombudsperson (Rosario Piedra) ordenó iniciar la investigación de oficio, en virtud de tratarse de presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de personas en contexto de migración”. (Staff, Reforma, Nacional, p. 4)
Ante las versiones de que entre los 19 cuerpos calcinados hallados en Tamaulipas se encuentran ciudadanos guatemaltecos, el gobierno de ese país activó los protocolos de atención consular y mantiene comunicación con autoridades mexicanas, federales y locales para el proceso de identificación de las víctimas.
En tanto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que “por la gravedad de los hechos referidos, la ombudsperson Rosario Piedra Ibarra ordenó iniciar una investigación de oficio, en virtud de tratarse de presuntas violaciones a derechos humanos en agravio de personas en contexto de migración”.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guatemala informó ayer que su embajada en México y su consulado en Monterrey ya trabajan en los protocolos diplomáticos correspondientes para la atención, en caso de ser necesaria, de sus ciudadanos.
Sus representaciones diplomáticas se encuentran en permanente comunicación con las autoridades estatales y federales de los Estados Unidos Mexicanos para determinar si dentro de las víctimas existe alguna persona de nacionalidad guatemalteca. El gobierno de Guatemala reitera su compromiso para preservar la vida y seguridad de nuestros connacionales en el mundo.
Fuentes diplomáticas del país centroamericano señalaron que el proceso de identificación de las víctimas podría tardar algunos días.
En Guatemala, medios locales dieron a conocer que ciudadanos en ese país aseguran que entre las víctimas están algunos de sus familiares, pero hasta ahora no hay certeza sobre esas versiones.
Mientras, la vocería de Seguridad de Tamaulipas reveló algunos avances en las investigaciones del hallazgo de dichos cuerpos en el poblado Santa Anita, municipio de Camargo, al norte del estado, en los límites con Nuevo León.
Señaló que una de las unidades, marca Toyota, tenía placas de Nuevo León; después de hacer las revisiones correspondientes, personal de servicios periciales no encontró casquillos en el lugar.
Mencionó la existencia de un testimonio que asegura que las camionetas cruzaron a Tamaulipas desde Nuevo León, por lo que, según la dependencia, se presume que las personas habrían sido ultimadas en un lugar distinto de donde fueron encontradas las dos unidades.
Respecto de que podrían ser de migrantes los 19 cuerpos, la vocería de Seguridad indicó que servicios periciales trabaja en la identificación de los occisos. (Emir Olivares Alonso y Martín Sánchez Treviño, La Jornada, Política, p. 6)
(María López y Redacción, Milenio, Política, p. 13)
(Miguel Domínguez, Reforma, Nacional, p. 4)
(Perla Reséndez, El Financiero, Naciona, Política y Sociedad, p. 31)
(Antonio Sosa, El Sol de México, República, p. 5)
(Antonio Sosa, La Prensa, Nacional, p. 20)
(EFE, Ovaciones, Seguridad, p. 11)
Matamoros.- Las 19 personas que fueron masacradas y calcinadas en Camargo, Tamaulipas, serían ciudadanos guatemaltecos que migraban a Estados Unidos, reportaron ayer medios de Guatemala.
Los informes periodísticos incluyeron fotografías de 11 personas que formarían parte del grupo de víctimas.
Entre las presuntas víctimas se nombró a Santa Cristina García Pérez, de 20 años de edad; Anderson Marco Antulio Pablo, de 16 años; Ribaldo Danilo Jiménez Ramírez, de 18 años, e Iván Gudiel Pablo Tomás, de 22 años.
Además, se identificó a Robelson Elías Tomás Isidro, de 17 años, originario de El Duraznal, de la misma zona.
También Omar Neftalí Miranda, de 19 años; Adán Coronado Marroquín, de 31 años, y Marvin Tomás Tomás, de 22 años, así como Perito Contador Elfego Roliberto Miranda Díaz, Édgar López y Amelia López Rangel, cuyas edades no se revelaron.
Sin embargo, ni las autoridades de Guatemala ni de México hasta anoche habían confirmado si los fallecidos eran ciudadanos de ese país.
La Cancillería de Guatemala sólo informó ayer que su Embajada en México y su Consulado en Monterrey activaron protocolos de atención consular y están en comunicación con las autoridades mexicanas. (Mauro de la Fuente, Reforma, Nacional, p. 4)
(Alfredo Peña, Excélsior, Nacional, p. 18)
De cara a la nueva relación bilateral entre México y Estados Unidos, organizaciones civiles pidieron a los Presidentes de ambos países, Andrés Manuel López Obrador y Joe Biden, atender a los migrantes que han quedado varados en la frontera norte del País.
Organizaciones como Sin Fronteras celebraron que la nueva Administración estadounidense suspendiera el programa Quédate en México, que obligaba a los migrantes que solicitaban asilo a permanecer en México mientras se resolvía el trámite.
“Resulta indispensable que las personas afectadas por este inhumano programa, en especial aquellas que se encuentran en sistemas de listas causadas por ‘metering’, sean atendidas de manera inmediata por ambos países para restituir el goce de sus derechos humanos”, señalaron las más de 80 organizaciones.
En un posicionamiento resaltaron la iniciativa mexicana de un plan de desarrollo junto con El Salvador, Guatemala y Honduras, con el acompañamiento de la CEPAL y del Sistema de Naciones Unidas, que busca hacer de la migración una decisión libre.
“Insistimos en la importancia de un trabajo en conjunto que ayude a asegurar los fines en la implementación de estos planes, construidos con enfoque de desarrollo, derechos y seguridad humana”, refirieron.
Y agregaron que es importante que durante la pandemia por Covid-19 las personas migrantes y solicitantes de asilo tengan acceso a la vacuna contra el SARS-CoV-2, destacando que la protección de las personas en movilidad representa también la de otras personas.
Por separado, Daniel Berlín, subdirector de la organización Asylum Access, destacó que a pesar de que la Administración de Biden seguramente seguirá presionando para controlar los flujos migratorios, es previsible que no se insista en el despliegue de militares en la frontera con Guatemala.
“Hemos visto, en el caso Cienfuegos, que cuando México realmente quiere rebatir a Estados Unidos tiene con qué, entonces el dejar de desplegar a la Guardia Nacional en la frontera sur será más una cuestión de voluntad (de México)”, dijo.
“Esta excusa de no abrir las fronteras por una amenaza estadounidense no va a estar más presente”.
Berlín apuntó que la colaboración entre ambos países siempre ha existido, pero a diferencia de los últimos años, cuando se trabajó para militarizar las fronteras, en la nueva Administración de Joe Biden ambos países podrán trabajar para respetar los derechos de los migrantes. (César Martínez, Reforma, Nacional, p. 2)
Supuestos trabajadores de Migración en Guatemala agrupan a extranjeros y los trasladan a Ciudad Hidalgo desde Tecún Umán por 370 pesos; son 12 centroamericanos los que han pagado por este servicio. (Eduardo Torres, El Sol de México, República, p. 12)
Tegucigalpa, Honduras.- Cinco migrantes provenientes de Cuba fueron retenidos en el departamento de Choluteca, en el sur de Honduras, así como a tres presuntos traficantes de personas que los acompañaban, informó este domingo la Policía de Honduras.
La detención, según un comunicado de la Policía hondureña, se produjo en el municipio de Namasigüe, Choluteca, fronterizo con Nicaragua, cuando los inmigrantes viajaban en dos vehículos conducidos por los traficantes, conocidos como “coyotes”.
Los hondureños detenidos, de 38 y 41 años, fueron puestos a disposición judicial y serán acusados por los delitos de “tráfico ilegal de personas y soborno doméstico”, añadió.
Los hombres fueron capturados por agentes de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal (UTIC) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y la Policía de Fronteras, en Namasigüe. (Redacción, Ovaciones, Seguridad, p. 11)
Entra a Estados Unidos un Gobierno profesional, institucional y con una gran trayectoria y experiencia de cada uno de sus integrantes, comenta Susana Chacón, internacionalista especializada en la relación bilateral, y formula la siguiente pregunta: “¿Quiero saber quién va a ser la contra parte en México, porque no nada más es cancillería, donde no tenemos una subsecretaría para América del Norte que es importantísimo que en este momento se retome, también debe de haber expertos para América del Norte en la Secretaría del Trabajo, Energía, Medio Ambiente, Economía y Hacienda”. Y sentencia: “no puede haber improvisados porque aquí parece ser que la institucionalidad de los puestos no importa, es más importante la lealtad ciega al presidente”.
Susana Chacón ha sido académica en varias universidades y editora de la edición en español de la revista Foreign Policy. Sobre la llamada telefónica entre los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, comenta que fue un “acierto porque a pesar de los mensajes contrarios que había mandado recientemente el presidente mexicano”, ocurrió la interacción entre los dos.
Para el presidente Biden “la relación con México es un tema sustancial”, dice Susana Chacón.
Sobre el contenido de la llamada, Chacón comenta que los presidentes “centraron básicamente la atención exclusivamente al tema de migración y el tema de los apoyos que dará Biden para el desarrollo de Centroamérica para evitar que vengan más caravanas”. Indica que la ocasión de la llamada era para que se hubieran tocado otros temas, pero “se desaprovechó”.
Ilustra el caso de la llamada entre Biden y el primer ministro canadiense Justin Trudeau. “Fue una llamada muy amplia: cambio climático, relaciones bilaterales entre Canadá y Estados Unidos, energía, derechos humanos”. Trudeau aprovechó muy bien su llamada y en ella se mencionó que el mes que entra tendrán una segunda reunión”, expresó.
Seguridad, clave
Regresando al tema de la conversación con AMLO, Susana Chacón recuerda que “Biden, desde que preparó su campaña y sus propuestas de Gobierno, es muy claro en los temas que le interesan: energías limpias, el respeto a los derechos humanos, migración”. En este último tema, Chacón recuerda que Biden “está cambiando radicalmente las políticas que instrumentó Donald Trump y que el Gobierno de México aceptó. Vendrán presiones muy fuertes de parte de Biden en estos temas de la agenda”.
A Estados Unidos le preocupa mucho, “y esto es histórico, el tema de seguridad; sus gobiernos han estado de acuerdo con México sí y solo sí, tienen en su frontera sur un país estable; las presiones pueden venir muy fuertes cuando en esta administración de AMLO el tema es abrazos y no balazos (…) Parece que México quiere echar para atrás la Iniciativa Mérida, cuando hay que pensar más bien en materia de seguridad cómo se puede reforzar este tema”.
Otros de los temas que preocupan a EU: la iniciativa de la nueva ley de seguridad nacional donde los agentes de inteligencia tienen que entregar informes a México y también la propuesta de ley con la que el Banco de México recibiría flujos de dólares en efectivo, que puede ser un tema de lavado de dinero”, comenta. (Fausto Pretelin Muñoz De Cote, El Economista, GeoPolítica, p. 39)
El fin del mandato Trump y la llegada del demócrata Joe Biden a la Casa Blanca encarnan para cientos de inmigrantes, varados en territorio mexicano, un futuro esperanzador en su búsqueda por ser acogidos en Estados Unidos.
“Lo primero que haré con su reforma es reencontrarme con mis hijos, llevo un año sin verlos”, asegura desde el albergue Juventud 2000 —ubicado en Tijuana— Eneida, originaria de Guerrero y quien vivió años en California hasta que fue deportada.
El salvadoreño Germán Frías también fue alcanzado por la política migratoria de EU tras vivir cinco años en Alabama. Sin embargo, no pierde la esperanza. “Con este nuevo presidente, primeramente Dios lo ilumine, que esas familias que están destruidas vuelvan a sentir paz”, dice en territorio mexicano mientras prende una veladora en honor al hombre que busca borrar el legado de Trump.
Los vientos de cambio también fueron celebrados por una familia cubana que desde hace 16 meses espera en Tamaulipas iniciar los trámites para pedir asilo humanitario en EU.
Martha Alina Rodríguez Pérez, de 56 años, es gineco-obstetra, y su esposo Wilfredo Pérez García también médico de profesión, huyeron de la represión del gobierno cubano junto a sus dos hijas, su yerno y su nieta; la llegada de Biden a la Casa Blanca les da nuevos bríos y confianza.
“Con su mandato va a hacer crecer a ese país y va a aplacar el racismo, el odio hacia los migrantes que salimos por el temor y la represión del régimen de los Castro”, expresa.
Sin embargo, frente al optimismo desbordado, activistas y defensores de derechos mostraron cautela. Es el caso del sacerdote Gustavo Rodríguez Zárate, coordinador de la Pastoral de Movilidad Humana de la arquidiócesis de Puebla, quien consideró que, si bien la política migratoria cambiará, no se abrirán las puertas de EU a los “sin papeles”.
Biden “anunció que dejará de construir el muro y se dará la oportunidad de conseguir papeles a quienes tienen más de ocho años viviendo en ese país y que van a apoyar a los dreamers… cosas concretas”, manifiesta.
Dichas medidas, en opinión de Rodríguez, pueden alimentar “falsas esperanzas” entre los inmigrantes, ya que creen que el gobierno estadunidense “legalizará a los indocumentados”, cuando el proceso solo beneficiará a quienes ya están trabajando en ese país.
“Sin duda, los migrantes seguirán siendo detenidos en la frontera con México y nuestro país, no los dejará pasar en la frontera sur”, apunta el sacerdote en entrevista. (De los Corresponsales, Milenio, Política, p. 14)
El cambio en la estrategia migratoria que el presidente de Estados Unidos Joe Biden ha anunciado –incluida la colaboración con México y el apoyo a Centroamérica– son un aliciente para la región, pero debe transformarse en mejores condiciones para quienes se ven forzados a dejar sus países, afirmaron especialistas en la materia.
Gretchen Kuhner, directora del Instituto para las Mujeres en la Migración, y Mariana Zaragoza, experta en temas migratorios, coincidieron que en la administración del demócrata se podrían sentar las bases de una mayor colaboración con México en ese rubro y dejar atrás las presiones y amenazas que caracterizaron a Donald Trump.
Uno de los objetivos primordiales, dijeron las expertas, debe ser la atención a los más de 60 mil solicitantes de asilo y que son parte del programa de Protocolos de Protección a Migrantes (MPP por sus siglas en inglés), también conocido como Quédate en México y que fue aplicado por Trump, lo que obliga a permanecer en territorio nacional a quienes han hecho la petición.
Kuhner indicó que en el caso del MPP habrá que colaborar con México para regularizar la situación de los miles de solicitantes de asilo que aún permanecen en territorio nacional –de acuerdo con estimaciones de autoridades de los dos países, la mayoría regresó o fue devuelta a sus naciones de origen– y garantizar sus derechos.
Subrayó que Biden poco ha dicho en torno al Título 42, con el cual bajo argumentos de salud y prevención del Covid-19 se ha expulsado a más de 400 mil solicitantes de asilo que han alcanzado la frontera sur de Estados Unidos.
En cuanto al apoyo para Centroamérica y abrir un camino a la regularización de 11 millones de migrantes que ya viven en territorio estadunidense, Kuhner estimó que será un proceso complejo debido a la división política y a que en el Senado hay 50 por ciento para cada partido. No será fácil con la presión de los republicanos.
Por su parte, Zaragoza subrayó que las medidas anunciadas por Biden representan un giro de 180 grados en las restrictivas estrategias que mantuvo Trump, y confió que en el caso del Título 42 el nuevo mandatario emprenda acciones para revertir esa política violatoria de derechos humanos.
Recordó que gran parte de los migrantes que intentan llegar al norte sufría en sus países una gran vulnerabilidad, particularmente de violencia extrema, por lo que requieren de la protección internacional que les pueden brindar México o Estados Unidos. (Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 7)
Han pasado 120 horas desde que asumió la Presidencia y el demócrata estadounidense Joe Biden ya entabló conversación con líderes y figuras clave de al menos seis países relevantes para su gestión.
El 20 de enero, en las escalinatas del Capitolio, el hombre de 78 años advirtió: “El mundo está mirando hoy. Aquí está mi mensaje para quienes están más allá de nuestras fronteras: Estados Unidos ha sido probado y hemos salido más fuertes. Repararemos nuestras alianzas y nos comprometemos con el mundo una vez más”.
El mandatario habló con los jefes del Ejecutivo de Canadá y México, territorios con los que la nación comparte frontera, y discutió temas como la migración regional, en el caso del Cono Sur y, al norte, los lazos económicos y la batalla contra el nuevo coronavirus.
El primero de sus enlaces fue con el premier canadiense Justin Trudeau, con quien comparte la batalla contra el cambio climático.
“El Presidente reconoció la decepción del Primer Ministro Trudeau con respecto a la decisión de rescindir el permiso para el oleoducto Keystone XL y reafirmó su compromiso de mantener un diálogo bilateral activo”, informó la Casa Blanca.
Al líder mexicano Andrés Manuel López Obrador, Biden describió su plan para reducir la migración abordando sus causas fundamentales, aumentando la capacidad de reasentamiento y las vías de inmigración alternativas legales, así como mejorando el proceso en la frontera para adjudicar solicitudes de asilo. (Luis Fernando Reyes, 24 Horas, Mundo, p. 13)
Washington, DC.- El presidente Joe Biden se enfrenta al riesgo político que conlleva una gran ambición: impulsar una reforma migratoria.
Como una de sus primeras medidas, el demócrata ofreció la semana pasada una extensa reforma migratoria que allanaría el camino a la ciudadanía estadounidense a un estimado de 11 millones de personas que están en Estados Unidos sin autorización.
También modificaría cláusulas para eliminar algunas de las duras políticas aprobadas por el expresidente Donald Trump, como la de intentar acabar con la protección a dreamers (soñadores), los migrantes traídos a Estados Unidos siendo niños, y la de restringir el asilo.
Es precisamente el tipo de acciones que los activistas latinos han deseado, particularmente después de la dura estrategia de la época de Trump. Pero debe competir con los otros objetivos legislativos prometidos por Biden, incluido un plan de 1.9 billones de dólares para combatir el coronavirus, un paquete de infraestructura que promueve iniciativas de energía limpia y una “opción pública” para expandir el seguro médico.
“Implementar una variedad tan amplia de leyes podría ser difícil. Pero en un Congreso tan dividido, sería imposible. Y eso tiene a los latinos, el bloque electoral que más crece en el país, preocupados de que Biden y los líderes del Congreso ni siquiera lo aprueben”, alertó Marielena Hincapié, directora del Centro Nacional de Leyes de Inmigración. (Agencias, El Financiero, Mundo, p. 25)
Washington. El Presidente Joe Biden restablecerá formalmente hoy las restricciones por Covid-19 a los viajeros no estadounidenses de Brasil, Irlanda, Reino Unido y otros 26 países europeos, revirtiendo así una orden del ex Mandatario Donald Trump que pedía relajar las medidas a partir de mañana. Sudáfrica será añadida a la lista por una variante del virus. (AP; Reforma, Internacional, p. 16)
La pandemia del Covid-19 no ha limitado la demanda de maestros mexicanos para enseñar español en las escuelas de nivel básico en Estados Unidos.
Con modelo híbrido de clases presenciales y a distancia, desde agosto pasado está abierta la convocatoria para que docentes mexicanos compitan con profesores de otros países latinoamericanos y accedan a un salario de 30 mil a 50 mil dólares anuales.
En 2020, EL UNIVERSAL dio a conocer la convocatoria realizada por la organización Participe Learning y la experiencia de tres maestros mexicanos en Estados Unidos, lo cual provocó que la demanda de profesores de esta nacionalidad fuera tal que saturaran la página para aplicar. (Antonio Hernández, El Universal, Cartera, A22)
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.