Tema Migratorio 250221
Caso Tamaulipas
Legisladores de Guatemala piden verdad, justicia y reparación por el asesinato de 16 ciudadanos de su país
Representantes del gobierno mexicano se comprometieron con legisladores de Guatemala a que a más tardar la segunda semana de marzo serán repatriados los restos de los 16 migrantes de ese país víctimas de la masacre de Camargo, Tamaulipas.
En entrevista con La Jomada, los diputados Carlos Barreda y Mario Ernesto Gálvez, de la bancada de Unidad Nacional de la Esperanza en Guatemala e integrantes de la comisión de nueve legisladores que visitaron México para conocer los avances de las indagatorias de estos crímenes, señalaron que también hubo un compromiso por la verdad, la justicia y la reparación.
Por dos días sostuvieron reuniones con senadoras mexicanas; con el titular del Instituto Nacional de Mgración (INM), Francisco Garduño; con los subsecretarios de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, y de Seguridad Pública, Ricardo Mejía; con el director para América Latina y el Caribe de la cancillería, Martín Borrego; con representantes del gobierno de Tamaulipas y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, entre otros.
Reconocieron que hay 12 policías estatales detenidos como presuntos responsables de los hechos en Camargo -donde se encontraron dos vehículos con 19 cuerpos calcinados, de ellos 16 migrantes guatemaltecos y tres mexicanos-, pero solicitaron que se amplíen las investigaciones a la posible complicidad de personal del INM, ya que uno de los autos en la escena del crimen era de esa dependencia; a esto, el subsecretario Encinas les informó que ya ordenó dicha ampliación.
Garduño les prometió por su parte que el INM correrá con los gastos para la repatriación de los restos de las víctimas guatemaltecas.
“Planteamos la necesidad de verdad, juicio y castigo ejemplar a los responsables y una reparación digna para las familias, para que el caso no sea otro San Fernando; además del establecimiento de una mesa de diálogo binacional que pueda permitirnos avanzar y lograr que en el futuro no se repitan hechos como éste”, señalaron los legisladores de Guatemala.
Informaron que también se trabajará en una agenda conjunta para establecer un “corredor humanitario” para garantizar protección a quienes deciden migrar, en particular a niñas, niños y adolescentes.
Asimismo, solicitaron a la fiscalía de su país intercambiar información con México para detectar la operación de los traficantes de personas y combatir frontalmente ese delito. (Emir Alonso Olivares, La Jornada, Política, p. 5)
Segob repatriará a Guatemala cuerpos hallados en Tamaulipas
Decisión. El subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, se comprometió con el embajador de Guatemala en México, Mario Bucaro, a darle un trato digno a los cuerpos identificados en Camargo, Tamaulipas. Sería el Instituto Nacional de Migración, de Francisco Garduño, el que cubrirá los gastos de repatriación. (Redacción, El Financiero, Nacional, Política y Sociedad, p. 36)
Ligan con masacre a Cabeza de Vaca
La participación de elementos estatales en la masacre de 19 personas en Camargo, entre ellos 16 migrantes guatemaltecos, abre una veta para que el Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, sea denunciado en la Corte Penal Internacional (CPI).
De acuerdo con el senador suplente Alejandro Rojas Díaz Durán, hay elementos que involucran en el ataque del 22 de enero a miembros del Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), el equipo élite de la Policía estatal creado por el mandatario panista.
Al grupo policiaco se le ha imputado en el pasado las desapariciones y ejecuciones de personas, el control de tráfico de personas, la creación de fosas clandestinas y hasta la operación del huachicoleo en Tamaulipas.
“Es un brazo armado que opera con una fachada institucional, y son los responsables de esta masacre en Camargo, están totalmente identificados algunos de ellos”, aseguró Díaz Durán, cuya denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) desató el juicio de procedencia en la Cámara de Diputados.
“Incluso hay fotografías ya del comando, de los integrantes de ese comando”, señala.
El martes, Díaz Durán se reunió con Augusto Jordán Rodas, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, a quien propuso presentar una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra Cabeza de Vaca.
El morenista le ofreció ser coadyuvante en el proceso, para poder demostrar que la masacre de Camargo es sólo un evento más de una serie de ataques sistemáticos, generalizado y reiterados, operados desde el Gobierno del Estado, lo que configura crímenes de lesa humanidad.
También le propuso que presente el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con miras a que llegue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH).
Díaz Durán acusa al Gobernador de trabajar con el Cártel del Golfo (CDG), cuyos sicarios habrían entrado al Grupo de Operaciones Especiales de la Policía estatal.
“Todo esto lo voy a llevar a Guatemala, para que el Estado guatemalteco valore todos los elementos”, añadió.
Además, dice, pedirá en Honduras y El Salvador que se sumen a la denuncia, pues asegura que migrantes de estos países son forzadados en Tamaulipas para trabajar en el crimen organizado.
Hasta el momento, por la masacre de 19 personas en la comunidad de Santa Anita, en Camargo, Tamaulipas -16 de ellas originarias de Guatemala-, han sido detenidos 12 policías estatales.
(César Martínez, Reforma, Nacional, p. 6)
El gobernador debe ser investigado por crímenes de lesa humanidad: ONG
Al margen de la solicitud de desafuero que realizó la Fiscalía General de la República (FGR) en contra del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por probables delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, existen elementos suficientes para que también se le investigue y juzgue por crímenes de lesa humanidad cometidos en la entidad durante su administración, señaló Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.
En entrevista, el abogado recordó que en la entidad han ocurrido diversos casos de abuso de autoridad, desaparición forzada y ejecución extrajudicial durante el mandato del panista, como la masacre de 19 personas migrantes en el municipio de Camargo, pero donde también figuran otras violaciones graves a las garantías básicas.
“Hay elementos suficientes para que sea enjuiciado de forma paralela por violaciones a los derechos humanos. La FGR se había tardado en actuar en contra de este mal gobernador, porque Tamaulipas no es un paraíso, sino un infierno. No olvidemos la masacre de Camargo, que involucró a policías estatales y al Grupo de Operaciones Especiales”, indicó.
Desde 2018 hay al menos cinco solicitudes de desafuero en contra de García Cabeza de Vaca, por lo que argumentar que es víctima de ataques con motivación electoral no tiene sustento, agregó el activista.
Por separado, tanto la bancada del PAN en el Senado como la Comisión Política del blanquiazul, expresaron su respaldo al tamaulipeco. A la vez, senadores de Morena demandaron que pida licencia al cargo para facilitar la investigación y se deslinden responsabilidades.
Ante las “falsas acusaciones”, el coordinador del PAN en funciones en el Senado, Erandi Bermúdez, sostuvo que “se trata de una clara persecución política contra uno de los gobernadores más frontales e independientes que no se ha dejado manipular”. Legisladores de este partido denunciaron un supuesto propósito electorero.
La Comisión Política del PAN, presidida por el ex secretario de Gobernación, Santiago Creel, demandó que en el caso se actúe con pleno respeto al imperio de la ley y los principios que integran el debido proceso, particularmente el de presunción de inocencia. (Fernando Camacho Servin, Andrea Becerril, Víctor Ballinas y Georgina Saldierna, La Jornada, Política, p. 4)
Información Migratoria Nacional
Arranca censo para asilo en EU
Matamoros.- Las agencias de Naciones Unidas, ACNUR, Oim y Unicef, preparan el ingreso del primer grupo de solicitantes de asilo bajo los Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, por sus siglas en inglés) a Estados Unidos.
La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) comenzó ayer con la lista de las personas del campamento instalado en la margen del río Bravo, como complemento al registro virtual implementado desde el 19 de febrero.
Se estima que actualmente unas 750 personas permanecen en ese campamento, algunas de ellas desde hace dos años.
Giovanni Lepri, representante adjunto de ACNUR México, explicó que se le colocó una pulsera a cada migrante, a fin de identificar a los que continuarán con su proceso.
Aseguró que el primer grupo, conformado por 25 personas, estaría cruzando la frontera esta semana, pero no especificó el día.
Su cruce, detalló, se hará luego de que sus datos sean verificados y se realicen las pruebas Covid-19 correspondientes para evitar riesgos de salud pública.
Jeremy MacGillvray, jefe adjunto de la Organización Internacional para los Migrantes (Oim) en México, dijo que los migrantes que resulten positivos, no perderán su proceso, sólo tendrán que esperar su cuarentena.
También, agregó, se dará seguimiento a las personas que están fuera del campamento que tienen casos activos MPP y que están registradas en el sitio web CONECTA.
Los representantes de las organizaciones señalaron que esta respuesta viene a petición de los gobiernos de Estados Unidos y de México para que las 25 mil personas estimadas que tienen casos activos MPP esperen su resolución en territorio estadounidense.
(Mauro de la Fuente, Reforma, Naciona, p. 2)
(Emir Olivares Alonso, La Jornada, Política, p. 5)
(Índigo Staff, Reporte Índigo, Reporte, p. 8)
(Fran Ruiz, La Crónica, P.p.)
(Roxana González y Mariela Macay, El Sol de México, República, p.8)
(Reuters, Ovaciones, Nacional, p. 9)
Sueños rotos
(AFP, La Jornada, Política, p. 13)
Ordena TEPJF incluir en plurinominales a mexicanos residentes en el extranjero
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) instruyó al Instituto Nacional Electoral que adopte las medidas necesarias, a la brevedad, para garantizar la inclusión, en el actual proceso electoral, de un candidato a diputado federal en las listas plurinominales de cada una de las cinco circunscripciones que sea mexicano residente en el extranjero. De igual forma, instruyó al Congreso a legislar al respecto, a fin de asegurar a futuro la postulación de este sector de mexicanos, marginado hasta ahora a pesar de su aportación económica al país y la magnitud de esa comunidad.
Al mismo tiempo, desechó las objeciones de varios partidos en contra de las diversas acciones afirmativas que ha acordado el INE en favor de las comunidades indígenas, las personas discapacitadas y de la diversidad sexual, los cuales deberán ser postulados tanto en los distritos como en las listas plurinominales. Desestimó la argumentación de Encuentro Solidario, que objetó su postura a “favor de la familia” para tratar de evitar incluir a candidatos de la diversidad sexual.
La magistrada ponente, Janine Otálora, explicó que, en su momento, cuando se adoptaron estas medidas afirmativas, el INE argumentó la inviabilidad de que éstas alcanzaran a los mexicanos residentes en el extranjero. Sin embargo, subrayó, la resolución vincula al instituto a adoptar la inclusión de una candidatura plurinominal de los migrantes en el actual proceso electoral. De igual forma, se vinculó al Congreso de la Unión para que a futuro se legisle en torno a este tema, a fin de incorporar en la legislación la obligación de los partidos de postular candidatos plurinominales a diputados con residencia en el extranjero. Asimismo, ampliar las posibilidades del voto de mexicanos que viven fuera del país a fin de que no se reduzca al voto para Presidente de la República.
En otro orden de ideas, el TEPJF ordenó a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena reponer el procedimiento de revisión de la convocatoria que lanzó la dirigencia nacional para la selección de candidatos a diputados federales. La razón: no se agotó la revisión de todos los agravios denunciados por los inconformes. (Alonso Urrutia, La Jornada, Política, p. 12)
(Ariadna García, El Universal, Nación, p. A5)
(Guadalupe Irízar, Reforma, Nacional, p. 7)
(Sarahi Uribe, El Sol de México, República, p. 11)
(Aurora Zepeda Rojas, Excélsior, Nacional, p. 5)
Empleados consulares al borde de la extradición
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) aún tiene pendiente el envío de la nota diplomática al gobierno de Estados Unidos para atender la situación en la que se encuentran al menos 316 empleados que laboran en los consulados mexicanos y que debido a una orden del Departamento de Estado, notificada desde 2016, deberán abandonar el país a más tardar el 23 de agosto cuando venza su VISA de trabajo A2.
De acuerdo con Dulce Flores, vocera del Comité de Empleados Consulares, quien se reunió este martes en Los Ángeles, California, con el encargado de despacho de la Subsecretaría para América del Norte, Roberto Velasco, dijo que éste manifestó su compromiso por trabajar para encontrar la solución a dicha problemática.
“Sobre la extensión de las VISAS, el subsecretario nos comentó que la nota diplomática está por enviarse, aún no se ha enviado, que recibiremos los resultados a mediados o a finales del mes de marzo, por lo cual este comité está pendiente de este tema”, dijo.
Señaló que acordaron elaborar una lista de las personas que se encuentran en mayor vulnerabilidad, con enfermedades crónicas o que sus hijos estén recibiendo tratamiento médico, para atender estos casos de forma particular
Los empleados locales que son considerados por la Cancillería como prestadores de servicios profesionales piden que se gestione la extensión de sus visas de trabajo debido a que muchos de ellos tienen varias décadas laborando en ese país y el tener que regresar a México los pondría en indefensión.
“Necesitamos hacerle ver a Velasco y a la Cancillería que estamos preocupados, pero que además, estamos interesados en trabajar y en buscar soluciones juntos y de manera ordenada, firme y propositiva”, comentó.
El Comité de Empleados Consulares denunció desde diciembre pasado que ante la proximidad del terminó de la vigencia de la VISA A2, algunos consulados comenzaron a despedir a decenas de trabajadores, particularmente en Chicago, Las Vegas, Nueva York, Houston, Los Ángeles, Denver, Tucson, Dallas, San Antonio y San Francisco.
HISTORIA CONSULAR
El Departamento de Estado, a través de su Manual de Acreditación de la Oficina de Misiones Extranjeras publicado el 23 de agosto de 2016, estableció que la visa del personal empleado localmente que no sea ciudadano ni residente sólo tendría una vigencia de 5 años que se vence en agosto de este 2021.
La embajada de México y sus 50 consulados en la Unión Americana contaban hasta diciembre pasado con 705 de estos trabajadores locales que, aunque son contratados por la Cancillería no tienen el estatus de empleados, pero gozan de un seguro médico privado, así como compensación anual y un sueldo que alcanza en algunos casos los 2 mil 500 dólares mensuales.
De esta cifra de 705, a 50 ya no se les renovó contrato en diciembre pasado por diferentes causas y solo 505 estarían sujetos a la medida anunciada por el Departamento de Estado.
En el caso de esos 505 se identificó a 139 que podrían en esto siguientes meses regularizar su situación en residencia o ciudadanía, por lo que son 316 los corren el riesgo directo de aplicación de esta medida y deban volver a México con sus familias. (Enrique Sánchez, Excélsior, Nacional, p. 16)
Ingresan ilegalmente al país más de 500 armas a diario
Se estima que a diario entran de manera ilegal a México unas 567 armas provenientes principalmente de Estados Unidos. Ante ello, el gobierno federal no sólo debe culpar, sino asumir su parte en el control de ese mercado negro, coincidieron especialistas.
Durante el foro virtual “Tráfico de armas. Estados Unidos – México”, organizado por Causa en Común, Eugenio Weigend Vargas, director de Investigación en el Center for American Progress (Centro para el Progreso Americano), resaltó que mientras en el 2004 en México el 25% de los homicidios fueron cometidos con armas, para el 2019 pasó al 72 por ciento.
Indicó que el 70% de las armas usadas en nuestro país en homicidios, robos y lesiones, provienen de Estados Unidos.
Weigend Vargas aseveró que a partir del 2005, cuando en México comenzó el incremento de la violencia, en Estados Unidos se disparó la producción de armas, particularmente de rifles y pistolas de alto calibre “que son las armas que prefieren los criminales en México y otros países”.
El especialista sostuvo que han habido operativos de la ATF (la agencia para el control de alcohol, drogas y armas de EU), que han expuesto la operación de los straw buyer (comprador paja), que es la persona que legalmente puede adquirir un arma y la entrega a los criminales. Recordó que, incluso, existen ventas por internet cuyas transacciones no cuestionan al comprador.
“Hay evidencia de que Estados Unidos es proveedor de armas no sólo a México, sino también a países de Centro y Sudamérica, llegando hasta Chile”, comentó.
Atribuyó esa situación a las regulaciones permisivas en Estados Unidos y al poco monitoreo en las armerías. Argumentó que, hasta 2019, había 53,000 armerías y 13,000 que producían, y de las cuales el 83% no eran inspeccionadas, situación no menor, dijo, ya que del 2012 al 2019 fueron robadas o perdidas 139,00 armas en esos establecimientos. Alertó que a estas armerías no se les requiere que guarden control de inventarios ni que cuenten con alarmas, por lo que es muy fácil que sean asaltadas.
Relató que otro fenómeno, es que hay armas que llegan a México de manera legal a las instituciones, pero “se desvían”, toda vez que del 2006 al 2017 fueron robadas o perdidas unas 30,000 armas en nuestro país. Por ello consideró que México debe contar con protocolos eficientes para la distribución de armas en las instituciones de seguridad nacionales y subnacionales.
Responsabilidad compartida
Por su parte, Eric Olson, miembro del Instituto México del Woodrow Wilson Center, dijo que el gobierno de Felipe Calderón “puso interés” en el tema; el de Enrique Peña Nieto “no hizo nada, no dijo nada”, y el actual gobierno federal, después del asesinato de nueve integrantes de la familia LeBarón “se ha empeñado a hacer algo, pero también no le ha puesto la importancia debida en las relaciones bilaterales, así que es una relación compartida entre los dos”.
Consideró que “la responsabilidad prioritaria tiene que estar con Estados Unidos, porque lamentablemente no ha tomado los pasos necesarios para realmente enfrentar este problema”.
Afirmó que hay dos áreas donde EU podría hacer un mejor trabajo, no para resolver el problema, sino para controlarlo. Uno: inhibir el tráfico de armas mediante el incremento de juicios penales, ya que los jueces persiguen muy poco ese delito. Lo segundo, dijo, es combatir las compras “fantasmas”, que es cuando un estadounidense adquiere legalmente armamento de alto calibre, mismo que luego traspasa a un tercero.
Refirió que México debe vigilar el ingreso de armas y dinero principalmente en las fronteras de Chihuahua y Sonora donde hay menos control.
“Catálogo de quejas”
Por su parte, María Elena Morera, apuntó que en este tema, en México hay simulación y en Estados Unidos negocios e hipocresía política, ya que son dos década de acuerdos y operativos sin ningún resultado.
Morera sostuvo que cada día ingresan 567 armas ilegales, y en los últimos 10 años han ingresado alrededor de 2.2 millones.
En Estados Unidos “hay una libre adquisición de armas y hacia el exterior hay cero controles. Lo que importa en Estados Unidos es el negocio, y en México hay fuertes restricciones para la adquisición y portación de armas, pero hay una nula capacidad para evitar el trasiego, venga del norte o venga del sur. Así, el tráfico de armas se fomenta en ambos países bajo la lógica implacable del mercado”, planteó.
La activista expuso que “la proliferación de armas de fuego es una problemática en crecimiento, sumada a otras, como las fallidas estrategias contra el crimen organizado, la debilidad de las instituciones de seguridad en México y la ausencia de resultados de operativos binacionales, lo que agrava la problemática de seguridad que vivimos en México”.
Añadió que México debería de dejar los “catálogos de quejas y hacer algo en su territorio”.
Por su parte, Isidoro Cohen, representante de la Asociación Mexicana de Usuarios de Armas de Fuego, indicó que cada país tiene que asumir su responsabiliad desde la raíz en el tráfico armamentista, y no echarse la culpa ya que advirtió que el mercado negro no se terminará si no hay una regulación real, como con sucede con el alcohol.
Estimó que México tiene que empezar con su “grano de arena”, con una reforma a la ley de armas de juego, con un registro real de armas, y que el Ejército se dedique a cerrar las fronteras al tráfico ilegal. (Jorge Monroy, El Economista, Política y Sociedad, p. 50)
Información Migratoria Internacional
Estados Unidos
Juez anula medida migratoria de Biden
Un juez federal de Estados Unidos prohibió indefinidamente que el gobierno del presidente Joe Biden aplace 100 días las deportaciones.
El juez federal de distrito Drew Tipton emitió una orden judicial preliminar solicitada por Texas, que alegó que la medida violaba la ley federal y podría suponer costos adicionales para el estado.
Biden propuso una moratoria a las deportaciones, como parte de su paquete de medidas migratorio.
Tipton, quien fue nominado por Trump, dictaminó que la moratoria violaba la ley federal sobre procedimientos administrativos y que Estados Unidos no había demostrado por qué estaba justificada.
El fallo del juez no exigía que las deportaciones se reanudan a su anterior ritmo.
Las agencias migratorias tienen amplia libertad para ejecutar las expulsiones y procesar los casos.
En este contexto, el gobierno de Biden ha seguido expulsando a migrantes bajo un proceso separado iniciado por funcionarios de Trump, que invocaron la ley de salud pública por la pandemia del coronavirus.
La batalla legal por el veto a las deportaciones es un temprano indicio de la oposición republicana a las prioridades migratorias del gobierno demócrata.
En su gobierno, Donald Trump firmó un decreto que prohibía viajar al país a personas de siete países de mayoría musulmana, lo que sembró el caos en los aeropuertos.
Los grupos legales denunciaron con éxito el caso ante los tribunales para frenar su puesta en marcha.
Los cruces hacia Estados Unidos de los acogidos al Programa de Protección al Migrante (o Quédate en México) iniciaron a cuentagotas el 19 de febrero desde Tijuana a San Diego, con grupos de sólo 25 personas al día.
Además, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que comenzaría a procesar a migrantes instalados en un campamento en Matamoros, una instalación levantada en la orilla del río Bravo.
De acuerdo con la agencia AP, las autoridades prevén habilitar el cruce entre Ciudad Juárez y El Paso.
Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), unas cuatro mil de las 12 mil personas solicitantes de asilo son menores de edad. (Afp, Excélsior, Global, p. 20)
(Agencias, Reforma, Internacional, p. 12)
(Redacción, La Crónica, Mundo, p. 18)
(AFP y AP, El Heraldo de México, Orbe, p. 22)
Tienen en Texas un fiscal rival
(EFE, Reforma, Internacional, p. 12)
Proponen ley para reforzar protección a niños migrantes
Washington.- Legisladores demócratas presentaron ayer en el Congreso de Estados Unidos un proyecto de ley para fortalecer la protección de los niños migrantes detenidos por las autoridades.
La propuesta llevaría a la creación de una oficina permanente de defensa pública dentro del Departamento de Salud y Servicios Humanos para la protección de los menores arrestados.
De igual forma, la legislación se ocuparía de que los sitios donde sean alojados los niños cuenten con los espacios, equipo y personal para su cuidado apropiado.
Las medidas responden a indicios de que el número de indocumentados que llegan a la frontera sur está aumentando, aunque sin llegar a las cifras récords de años atrás.
También se dan al tiempo de que el Presidente Joe Biden ordenara la reapertura de refugios, que son polémicos por sus malas condiciones en el pasado, ya que las instalaciones del Departamento de Salud están siendo rebasadas al haber reducido su capacidad por el Covid-19.
En tanto, debido a la saturación de los centros de cuidado a largo plazo, el Gobierno está tratando de dejar libres a niños migrantes y llevarlos con sus familiares en el país.
El Departamento de Salud autorizó ayer a los administradores de los albergues a financiar el transporte de los menores a las viviendas de sus tutores.
Bajo los lineamientos actuales de esa agencia, los patrocinadores pueden ser obligados a pagar por dicho transporte. (Agencias, Reforma, Internacional, p. 12)
Busca EU agilizar regreso de niños migrantes a sus familias en el país
El gobierno estadounidense está tratando de liberar a niños migrantes detenidos en albergues para personas indocumentadas y llevarlos con sus familiares en el país, porque las instalaciones para sus cuidados están saturadas.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) autorizó –según un memorándum interno en poder de la agencia AP– a los albergues usar fondos públicos para pagar las tarifas de transporte “en caso de que un patrocinador no pueda pagar tarifas vinculadas con transporte aéreo comercial, y ello obligue a demorar la libertad del menor”.
En 2019 fotos desgarradoras de niños migrantes encerrados en jaulas le dieron la vuelta al mundo; en aquella época organizaciones de derechos humanos y activistas alzaron la voz hasta que el entonces presidente Donald Trump anunció su cierre; sin embargo, dos años después, con Joe Biden, en la Casa Blanca, nuevamente abrieron este sitio y las críticas contra el demócrata no se hicieron esperar.
La vocera del gobierno, Jen Psaki, defendió la reapertura de los centros y alegó que no se trata de “encerrar a los niños en una jaula” y es una solución temporal anteel ingreso de decenas de infantes durante la pandemia del Covid-19.
Indicó que “no tenemos la intención de repetir las políticas migratorias anteriores. Pero estamos en unas circunstancias en las que no vamos a expulsar a menores no acompañados en la frontera.
En tanto, el juez federal Drew Tipton prohibió que el gobierno imponga una moratoria de 100 días a la mayoría de las deportaciones. Emitió una orden judicial preliminar solicitada por Texas, tras argumentar que la medida violaba la ley federal y podría suponer costos adicionales para el estado.
Biden propuso la moratoria durante su campaña electoral, como parte de una revisión más amplia de las políticas migratorias.
Paralelamente, el gobierno comenzó a tramitar en Brownsville (Texas) las solicitudes de asilo de los migrantes que ya se encuentran en el campamento de Matamoros, Tamaulipas, al otro lado del río Bravo.
En el marco de la política denominada Protocolo de Protección de Migrantes, cerca de 70 mil solicitantes de asilo fueron devueltos a México desde 2019, una vez que llegaron a la frontera.
Por último, sin esperar al gobierno federal, cinco estados de la Unión Americana aprobaron paquetes de rescate financiero propios, dando cientos de millones de dólares a comercios y personas para que puedan resistir el impacto de la pandemia. (Agencias, El Financiero, Mundo, p. 32)
(Afp, El Economista, Política y Sociedad, p. 56)
Reactiva la inmigración legal a EU
Joe Biden ordenó revocar una orden del anterior presidente, Donald Trump, que suspendía la entrada de migrantes legales debido a la emergencia por la pandemia de Covid19.
En un comunicado, la Casa Blanca indicó que la suspensión de entrada impuesta el 22 de abril de 2020 “no promueve los intereses de Estados Unidos. Por el contrario, perjudica a Estados Unidos, al impedir que familiares de ciudadanos de EU y residentes permanentes legales se unan a sus familias aquí”.
La orden “también perjudica a las industrias de EU que utilizan talentos de todo el mundo”, añade.
De acuerdo con el texto, el gobierno de Biden considera que la entrada sin restricciones a Estados Unidos de “inmigrantes legales y no inmigrantes no es perjudicial para los intereses de Estados Unidos”.
La administración de Trump afirmaba que los migrantes representaban “un riesgo para el mercado laboral de EU” tras el brote de Covid19, y ordenó suspender cierto tipo de visas para la migración legal.
En tanto, la política migratoria de Biden sufrió su primer revés judicial en Texas, donde un juez federal nombrado por Donald Trump bloqueó, por tiempo indefinido y a nivel nacional, la suspensión de las deportaciones durante cien días decretada por Biden. (Víctor Hugo Rico, El Sol de México, Mundo, p. 23)
(Víctor Hugo Rico, La Prensa, Mundo, p. 23)
Reanuda Biden la emisión de green cards
El presidente Joe Biden dejó sin efecto la orden de su antecesor Donald Trump de suspender la emisión de visas permanentes de trabajo y residencia, conocidas como green cards, que estaría vigente hasta el 31 de marzo, informó anoche el diario Los Angeles Times.
Trump dispuso esa medida con el argumento de que protege el mercado laboral golpeado por la pandemia del coronavirus, cerrando el paso a mecanismos para la inmigración legal que no había podido recortar. Al tomar esta decisión, Biden argumentó que cerrar las puertas a los inmigrantes “no promueve los intereses” de su país.
“Al contrario, perjudica a Estados Unidos, al impedir que ciertos miembros de familias de ciudadanos estadunidenses y residentes permanentes que cuentan con documentos se unan a sus familias aquí. También perjudica a las industrias de Estados Unidos que utilizan talentos de todo el mundo”, afirmó el presidente.
En tanto, anoche un juez federal prohibió indefinidamente que el gobierno de Biden imponga una moratoria de 100 días a la mayoría de las deportaciones.
El juez federal de distrito Drew Tipton emitió una orden judicial preliminar solicitada por Texas, que alegó que la medida violaba la ley federal y podría suponer costos adicionales para el estado.
Biden propuso la moratoria de 100 días alas deportaciones durante su campaña electoral como parte de una revisión más amplia de las políticas migratorias y un intento de revertir las prioridades del ex presidente Donald Trump.
Biden propuso un proyecto de ley migratoria integral que permitiría la regularización de los aproximadamente 11 millones de personas que se estima viven en el país sin los permisos necesarios. Además, ordenó otros lineamientos para agentes migratorios y fronterizos.
Tipton, que fue nominado por Trump, dictaminó el 26 de enero que la moratoria viola la ley federal sobre procedimientos administrativos y que el gobierno de Estados Unidos no demostró por qué está justificada. Su orden de restricción temporal expiraba este martes.
El gobierno de Biden ha seguido expulsando a migrantes con un proceso separado iniciado por funcionarios de Trump, que invocaron la ley de salud pública por la pandemia del coronavirus.
Por lo pronto, la administración de Biden busca dejar libres a niños migrantes y llevarlos con sus familiares en el país debido a que las instalaciones para su cuidado a largo plazo están casi llenas, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos autorizó a los administradores de los albergues a financiar el transporte de los menores a las viviendas de sus patrocinadores.
A todo esto, después de tres años y medio de vivir en una iglesia de Misuri para evitar ser deportado, el inmigrante hondureño Alex García finalmente salió ayer del lugar, luego de que el gobierno de Biden prometió dejarlo en paz. García, casado y con cinco hijos, iba a ser deportado en 2017, el primer año de gobierno de Trump. Días antes de la fecha programada, la Iglesia Unida de Cristo en Maplewood, le ofreció santuario (refugio).
Sara John, de la Comisión Interconfesional para Latinoamérica, dijo que García decidió dejar el lugar después de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) declaró que ya no buscaría su detención ni repatriación.
García no es el único que ha dejado un santuario desde que Biden asumió la presidencia. José Chicas, salvadoreño de 55 años, abandonó una residencia propiedad de una iglesia en Durham, Carolina del Norte, el 22 de enero. Saheeda Nadeem, paquistaní de 65 años, salió de un templo en Kalamazoo, Michigan, a principios de este mes. Y Edith Espinal, originaria de México, abandonó una parroquia de Ohio luego de más de tres años. (Redacción, La Jornada, Mundo, p. 28)
Festejan Reencuentro
(Staff, Reforma, Internacional, p. 12)
Autorizan licencia de conducir
El estado de Virginia, en EU, aprobó los permisos de conducir para indocumentados; un “alivio” y un “cambio de vida” para muchos migrantes que se arriesgan todos los días para ir a trabajar y viven con el temor a ser deportados de Estados Unidos, si son detenidos en un control.
Unos 300 mil inmigrantes pueden beneficiarse de este permiso especial en Virginia, una iniciativa que ya existe en 15 estados del país, más el distrito de Columbia.
“La vida es increíblemente difícil aquí en EU sin un vehículo”, contó Luis Aguilar, un migrante de origen mexicano que es el director para Virginia de CASA, una organización que ayuda a los indocumentados.
En entidades donde han aprobado este beneficio han registrado tasas de fracaso de 90% en las pruebas para obtener la licencia una de las grandes dificultades es la barrera del idioma, pero también hay obstáculos por las diferencias culturales y educativas: muchos de ellos son analfabetos y sólo se guían por los símbolos.
Para Luis este permiso es equivalente a las oportunidades a las que él pudo acceder cuando recibió el estatuto de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), un beneficio migratorio otorgado por el gobierno demócrata de Barack Obama en 2012.
“Es un cambio de vida”, resumió Luis que explicó que para muchos migrantes esto representa una oportunidad de acceder a mejores trabajos y a otro nivel de ingresos. (Afp y Ap, El Heraldo de México, Orbe, p. 22)
Una mirada global
EL UNIVERSAL presenta, a partir de este mes, la visión de expertos en América Latina, Europa, Asia y Medio Oriente sobre los temas a los que habrá que poner atención en las siguientes semanas.
Con esta contribución, esta casa editorial busca sumar al debate internacional sobre los asuntos que interesan y afectan a México, pero también sobre otras noticias que pueden incidir en las relaciones entre países como China y Estados Unidos, siempre marcadas por un grado de tensión.
En esta ocasión, abordamos cuestiones como la migración, las elecciones en Ecuador, la detención del opositor Alexéi Navalny, así como la forma como evoluciona el diálogo entre Joe Biden y AMLO.
Geopolítica y migración
*Por: Luis Herrera Lasso/Director del Grupo COPPAN
El cambio de gobierno en Estados Unidos (EUA) tiene ya implicaciones importantes en materia migratoria que van desde la suspensión de la construcción del muro, la renovación del programa para más de 800 mil jóvenes que ingresaron indocumentados a ese país, las acciones de reunificación familiar y el trato diferenciado a menores.
Los cambios en la política de EUA no son resultado de una negociación con México. Son medidas unilaterales, que buscan mayor eficiencia en el manejo de su política y brindar un trato más digno a los migrantes, pero que tienen implicaciones importantes para México, Centroamérica y El Caribe.
La situación actual se complica por la seguridad sanitaria que aconseja evitar todo tipo de movilización y por la creciente inseguridad pública en las rutas de los migrantes. En el pasado reciente México cooperó con EUA bajo amenazas. Ahora, más allá de la idea de detener la migración con el desarrollo económico, México no parece contar con un plan alternativo para aprovechar las ventanas de oportunidad que abre la administración de Joe Biden.
México- EU, en un punto de inflexión
*Por: Duncan Wood/Vicepresidente de Estrategias y Nuevas Iniciativas en el Instituto México del Woodrow Wilson
La relación México-Estados Unidos se encuentra en un punto de inflexión. Después de la naturaleza unidimensional de la relación AMLO-Trump, la nueva administración estadounidense parece estar preparada para abordar una amplia gama de desafíos y problemas de la mano de México. Si bien la migración sigue siendo una de las prioridades, el nuevo enfoque desde Washington parece ser más humano y estar orientado en los migrantes y en el mejoramiento de las condiciones en las que se les retiene durante su procesamiento de cara a una posible entrada a Estados Unidos. Al cambiar de estrategia y enfocarse en el desarrollo de Centroamérica, el gobierno de Estados Unidos estará respondiendo a las preocupaciones expresadas por AMLO sobre la migración desde el inicio de su mandato. Además, al depender en menor grado de México para retener a los migrantes centroamericanos del lado sur del Río Bravo, la administración de Biden estaría incrementando su margen de maniobra para lidiar con México en otros temas.
Hay muchos otros asuntos complejos que afectan las relaciones bilaterales en este momento. El Departamento de Comercio de Estados Unidos está inundado de quejas provenientes de empresas estadounidenses que operan en México sobre los recientes cambios en los marcos regulatorios y legislativos. Estas quejas provienen principalmente, pero no exclusivamente, de empresas que operan en los sectores farmacéutico, energético y de la economía digital. En el frente de la seguridad, los niveles inaceptablemente altos de violencia en México y los altos flujos de drogas ilegales hacia Estados Unidos desde México exigen acciones tanto inmediatas como efectivas. En el sector energético, existe también una necesidad urgente de revisar los mecanismos de cooperación que han caído en desuso en los últimos tres años. Cada uno de estos problemas promete ser desafiante y estar lleno de potenciales conflictos. (Especialistas, El Universal, Mundo, p. A 15)
Lanzan app para dreamers
La organización de defensa de migrantes United We Dream estrenó Notifica, una aplicación para facilitar la comunicación entre familias y avisar sobre noticias relacionadas al programa DACA. (Redacción, Excélsior, Global, p. 20)
Especial COVID-19
Anuncio sin sentido
(Redacción, La Jornada, Capital, p. 34)
Internacional
Estados Unidos
Mantienen Emergencia
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, renovó ayer el estado de emergencia nacional declarado por la crisis de la pandemia de coronavirus, por la que han muerto más de 500 mil personas.
En un comunicado difundido por la Casa Blanca, Biden detalló que la anterior declaración, promulgada el 1 de marzo de 2020, seguirá en vigor.
Es esencial seguir combatiendo y respondiendo a covid-19 con toda la capacidad del gobierno federal”, expresó Biden.
Estados Unidos es el país más golpeado por el coronavirus, con más de 28.3 millones de casos, según la Universidad Johns Hopkins.
La pandemia de covid-19 continúa generando un riesgo significativo para la salud pública y la seguridad de la nación”, subrayó. (DPA, Excélsior, Global, p. 20)
Acciones del día
A las 19 horas, en Palacio Nacional, la Secretaría de Salud dirige el informe diario sobre COVID-19 en México.
- Autor:
- Instituto Nacional de Migración
- Fecha de Publicación:
- 24/02/2021